Spagnuolo pasó de negar su voz y hablar de inteligencia artificial a sostener ante la Justicia que “pareciera ser” la suya. El giro, conocido el 23 de septiembre, se suma a la confirmación de 19 procesamientos y a la declaración de Beller desde Bolivia. La denuncia que señala a la hermana del Presidente exige una investigación que llegue hasta arriba.
Hay una pregunta que debería incomodar mucho más que un audio: ¿cómo puede un Gobierno exigirles sacrificios a las personas con discapacidad mientras la investigación sobre el organismo que debía asistirlas describe un negocio de sobreprecios y pagos a funcionarios? Esa es la contradicción que el caso ANDIS pone delante de todos. No un problema de comunicación. Un problema de poder, de dinero público y de humanidad.
Diego Spagnuolo fue abogado de Javier Milei y estuvo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Primero negó que fuera suya la voz de las grabaciones y después habló de inteligencia artificial. Ahora, en un escrito judicial, sostuvo que “la voz del interlocutor pareciera ser la del suscripto”. De la negativa a ese “pareciera” hay un cambio que el Gobierno no puede pretender que pase inadvertido.
La frase sigue siendo deliberadamente ambigua. El camarista Eduardo Farah le cuestionó precisamente que evitara decir si era él quien hablaba, qué había dicho y en qué circunstancias. Pero esa ambigüedad ya no devuelve la discusión al punto de partida: la denuncia que señala a Karina Milei como destinataria de un 3% debe leerse junto con una investigación que avanzó sobre contratos, comunicaciones y dinero. Los detalles los cuento en el programa «Algo salió mal», del stream de Data Diario y que se emite de lunes a jueves de 9 a 11 horas por Youtube.
La discusión ya no cabe en un audio
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas identificó $5.984 millones en sobreprecios al analizar apenas once medicamentos. La causa examinó 21 procedimientos de compra por $30.337 millones. El primer monto corresponde al sobreprecio identificado; el segundo, al volumen de las contrataciones investigadas. No hace falta mezclarlos para entender la dimensión del problema.
Hay un ejemplo que se comprende sin hablar el idioma de los expedientes. Una unidad de burosumab de 20 miligramos se pagó a más de $45 millones en una convocatoria restringida y a $25 millones en otra más amplia. Mismo medicamento, misma presentación, una diferencia de más de $20 millones por unidad. Ese contraste está incorporado a la investigación.
La Cámara describió un mecanismo en el que se seleccionaba a quién invitar y se utilizaban oferentes de pantalla para simular competencia. “Los integrantes conocían de antemano las asignaciones”, señalaron los jueces. La competencia, bandera permanente del discurso oficial, aparecía allí convertida en escenografía.
Tampoco se trata solamente de empresarios que cobraron caro. La resolución describe una entrega de $5 millones del intermediario Miguel Ángel Calvete a Spagnuolo, y la investigación rastreó pagos para amueblar la casa del funcionario. El 22 de septiembre, la Cámara Federal confirmó 19 procesamientos. Es un avance judicial concreto sobre una trama que involucra a privados y funcionarios.
El apellido no puede ser una barrera
Spagnuolo no cayó de un plato volador sobre la administración pública. Había sido abogado del Presidente y registró 38 visitas a Olivos entre enero de 2024 y marzo de 2025. Esa cercanía no resuelve por sí misma una responsabilidad penal, pero vuelve insostenible tratar el caso como una anomalía ajena al corazón político del Gobierno.
El 23 de septiembre se agregó la declaración de Nadia Beller desde Bolivia. Después de la audiencia, dijo que ratificó lo que había contado a la prensa: que Fernando Cerimedo le había hablado de la participación de Karina en hechos de corrupción. También afirmó que puso el contenido de su teléfono a disposición de la Justicia. Hay una línea concreta para investigar y material que debe examinarse.
No propongo reemplazar una investigación por una consigna. Exijo lo contrario: que se investigue hasta el final y que la condición de hermana del Presidente no funcione como una barrera. ¿Por qué el juez no cita a Karina? ¿Qué medidas faltan para esclarecer lo que se le atribuye? La Justicia debe explicarlo con actuaciones, no con silencios.
Las cuentas y la crueldad
Por otra parte, una auditoría encontró $158.717 millones de diferencia entre registros de deuda del organismo. Se trata de un desfasaje contable que requiere explicación, no de un monto que pueda sumarse automáticamente a los sobreprecios como si fuera dinero desaparecido de una caja. La cifra es suficientemente grave sin cambiarle el significado.
El 21 de septiembre, al día siguiente de conocerse públicamente ese hallazgo, renunció Alejandro Vilches, a cargo del área de Discapacidad. Invocó “razones estrictamente personales”. A mí no me pidan que esa fórmula me deje tranquilo. La salida de un funcionario no reemplaza la obligación de explicar las cuentas que administraba.
Mientras tanto, las personas con discapacidad y sus familias conocieron otra cara del Estado: pensiones suspendidas, veto a la emergencia del sector y represión cuando salieron a reclamar. No estamos hablando de privilegios. Estamos hablando de los recursos y las prestaciones que hacen posible vivir con dignidad.
Ese contraste es el centro de mi lectura. El Gobierno exigió sacrificios a quienes necesitaban asistencia, mientras la investigación describe negocios millonarios en el organismo que debía garantizarla. La crueldad del ajuste no puede separarse de la pregunta por quiénes se beneficiaban de esos contratos.
Los tiempos de la Justicia no suspenden la responsabilidad política. No hace falta esperar una sentencia para exigir que el Gobierno rinda cuentas, que se expliquen los sobreprecios y que se siga cada pago y cada decisión hasta su destinatario.
Para sus derechos, ajuste. Para sus reclamos, represión. ¿Y para quienes aparecen señalados cerca del poder, un límite que la investigación no puede cruzar? No. La causa tiene que llegar hasta arriba. También hasta Karina.
Fuente: https://www.datadiario.com/
