Spagnuolo pasó de negar su voz y hablar de inteligencia artificial a sostener ante la Justicia que “pareciera ser” la suya. El giro, conocido el 23 de septiembre, se suma a la confirmación de 19 procesamientos y a la declaración de Beller desde Bolivia. La denuncia que señala a la hermana del Presidente exige una investigación que llegue hasta arriba. Hay una pregunta que debería incomodar mucho más que un audio: ¿cómo puede un Gobierno exigirles sacrificios a las personas con discapacidad mientras la investigación sobre el organismo que debía asistirlas describe un negocio de sobreprecios y pagos a funcionarios? Esa es la contradicción que el caso ANDIS pone delante de todos. No un problema de comunicación. Un problema de poder, de dinero público y de humanidad. Diego Spagnuolo fue abogado de Javier Milei y estuvo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Primero negó que fuera suya la voz de las grabaciones y después habló de inteligencia artificial. Ahora, en un escrito judicial, sostuvo que “la voz del interlocutor pareciera ser la del suscripto”. De la negativa a ese “pareciera” hay un cambio que el Gobierno no puede pretender que pase inadvertido. La frase sigue siendo deliberadamente ambigua. El camarista Eduardo Farah le cuestionó precisamente que evitara decir si era él quien hablaba, qué había dicho y en qué circunstancias. Pero esa ambigüedad ya no devuelve la discusión al punto de partida: la denuncia que señala a Karina Milei como destinataria de un 3% debe leerse junto con una investigación que avanzó sobre contratos, comunicaciones y dinero. Los detalles los cuento en el programa «Algo salió mal», del stream de Data Diario y que se emite de lunes a jueves de 9 a 11 horas por Youtube. La discusión ya no cabe en un audio La Procuraduría de Investigaciones Administrativas identificó $5.984 millones en sobreprecios al analizar apenas once medicamentos. La causa examinó 21 procedimientos de compra por $30.337 millones. El primer monto corresponde al sobreprecio identificado; el segundo, al volumen de las contrataciones investigadas. No hace falta mezclarlos para entender la dimensión del problema. Hay un ejemplo que se comprende sin hablar el idioma de los expedientes. Una unidad de burosumab de 20 miligramos se pagó a más de $45 millones en una convocatoria restringida y a $25 millones en otra más amplia. Mismo medicamento, misma presentación, una diferencia de más de $20 millones por unidad. Ese contraste está incorporado a la investigación. La Cámara describió un mecanismo en el que se seleccionaba a quién invitar y se utilizaban oferentes de pantalla para simular competencia. “Los integrantes conocían de antemano las asignaciones”, señalaron los jueces. La competencia, bandera permanente del discurso oficial, aparecía allí convertida en escenografía. Tampoco se trata solamente de empresarios que cobraron caro. La resolución describe una entrega de $5 millones del intermediario Miguel Ángel Calvete a Spagnuolo, y la investigación rastreó pagos para amueblar la casa del funcionario. El 22 de septiembre, la Cámara Federal confirmó 19 procesamientos. Es un avance judicial concreto sobre una trama que involucra a privados y funcionarios. El apellido no puede ser una barrera Spagnuolo no cayó de un plato volador sobre la administración pública. Había sido abogado del Presidente y registró 38 visitas a Olivos entre enero de 2024 y marzo de 2025. Esa cercanía no resuelve por sí misma una responsabilidad penal, pero vuelve insostenible tratar el caso como una anomalía ajena al corazón político del Gobierno. El 23 de septiembre se agregó la declaración de Nadia Beller desde Bolivia. Después de la audiencia, dijo que ratificó lo que había contado a la prensa: que Fernando Cerimedo le había hablado de la participación de Karina en hechos de corrupción. También afirmó que puso el contenido de su teléfono a disposición de la Justicia. Hay una línea concreta para investigar y material que debe examinarse. No propongo reemplazar una investigación por una consigna. Exijo lo contrario: que se investigue hasta el final y que la condición de hermana del Presidente no funcione como una barrera. ¿Por qué el juez no cita a Karina? ¿Qué medidas faltan para esclarecer lo que se le atribuye? La Justicia debe explicarlo con actuaciones, no con silencios. Las cuentas y la crueldad Por otra parte, una auditoría encontró $158.717 millones de diferencia entre registros de deuda del organismo. Se trata de un desfasaje contable que requiere explicación, no de un monto que pueda sumarse automáticamente a los sobreprecios como si fuera dinero desaparecido de una caja. La cifra es suficientemente grave sin cambiarle el significado. El 21 de septiembre, al día siguiente de conocerse públicamente ese hallazgo, renunció Alejandro Vilches, a cargo del área de Discapacidad. Invocó “razones estrictamente personales”. A mí no me pidan que esa fórmula me deje tranquilo. La salida de un funcionario no reemplaza la obligación de explicar las cuentas que administraba. Mientras tanto, las personas con discapacidad y sus familias conocieron otra cara del Estado: pensiones suspendidas, veto a la emergencia del sector y represión cuando salieron a reclamar. No estamos hablando de privilegios. Estamos hablando de los recursos y las prestaciones que hacen posible vivir con dignidad. Ese contraste es el centro de mi lectura. El Gobierno exigió sacrificios a quienes necesitaban asistencia, mientras la investigación describe negocios millonarios en el organismo que debía garantizarla. La crueldad del ajuste no puede separarse de la pregunta por quiénes se beneficiaban de esos contratos. Los tiempos de la Justicia no suspenden la responsabilidad política. No hace falta esperar una sentencia para exigir que el Gobierno rinda cuentas, que se expliquen los sobreprecios y que se siga cada pago y cada decisión hasta su destinatario. Para sus derechos, ajuste. Para sus reclamos, represión. ¿Y para quienes aparecen señalados cerca del poder, un límite que la investigación no puede cruzar? No. La causa tiene que llegar hasta arriba. También hasta Karina. Fuente: https://www.datadiario.com/
La Provincia llamó a licitación para intervenir 28 kilómetros de la Ruta 40 Norte
Se trata de la primera de las cuatro secciones previstas para recuperar este corredor. La obra comprende el tramo Tucunuco–San Roque e incluye ensanche, pavimentación, nuevas banquinas y mejoras en el sistema de drenaje y seguridad vial. El Gobierno de San Juan llamó a licitación para ejecutar la primera de las cuatro secciones previstas para la recuperación de la Ruta Nacional 40 Norte. La intervención comprende aproximadamente 28 kilómetros entre Tucunuco y San Roque, en Jáchal. La obra forma parte del Plan de Conservación y Mejoramiento de la Red Vial de la Provincia y se ejecutará en el marco del convenio suscripto entre el Gobierno de San Juan y la Dirección Nacional de Vialidad. Actualmente, este sector presenta un elevado grado de deterioro, producto del agotamiento de la vida útil del pavimento y la falta de intervenciones periódicas de conservación y refuerzo. A esto se suman deficiencias en alcantarillas, sifones y otras obras de drenaje, que afectan las condiciones de transitabilidad y seguridad. Cómo quedará la Ruta 40 La intervención permitirá recuperar y ensanchar la calzada existente. Actualmente, la ruta tiene un ancho promedio de 6,30 metros y, una vez ejecutada la obra, alcanzará los 7,30 metros. El tramo mantendrá un carril por sentido de circulación, uno hacia el norte y otro hacia el sur. Además, se construirán banquinas de tres metros a cada lado: un metro pavimentado y dos metros de material granular. Los trabajos contemplan pavimentación y repavimentación con concreto asfáltico en caliente, reconstrucción de sectores deteriorados y ejecución de un nuevo paquete estructural en las zonas donde se amplíe la calzada. También se intervendrán alcantarillas y sifones, se realizarán alteos donde sea necesario y se mejorará el sistema de drenaje. La obra se completará con sistemas de contención lateral, demarcación horizontal y nueva señalización vertical. Estas intervenciones permitirán mejorar la transitabilidad, reforzar la seguridad vial y prolongar la vida útil de la ruta. Un corredor estratégico para el norte de San Juan La Ruta 40 constituye la principal conexión entre la ciudad de San Juan y Jáchal y es un corredor clave para la integración territorial y el desarrollo de las actividades productivas, turísticas y mineras del norte provincial. Durante 2025, en el sector Tucunuco–San Roque se registró un tránsito medio diario anual de 831 vehículos. A su vez, se prevé un crecimiento de la circulación asociado al desarrollo de la actividad minera y al consecuente incremento del transporte de cargas, servicios y vehículos particulares. Por este motivo, el proyecto no sólo apunta a recuperar las condiciones actuales de la ruta, sino también a adecuar su infraestructura a las demandas futuras del corredor. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $26.103.057.000, a valores de septiembre de 2026, y establece un plazo de ejecución de 540 días corridos.
La Cámara de Diputados aprobó nuevas designaciones en el Poder Judicial
Durante la Décima Sesión Ordinaria, el cuerpo legislativo eligió a los profesionales que ocuparán cargos vacantes en el Poder Judicial. Asimismo, aprobó la imposición del nombre Comisario Inspector Jorge Carvajal al puesto de bomberos de Las Flores, departamento Iglesia y otorgó la distinción Diploma al Mérito a los funcionarios fallecidos en el accidente del helicóptero. La jornada incluyó además la ratificación de convenios en materia de infancia y género, la donación de terrenos para obras sociales y la sanción de la ley de libre acceso a sanitarios públicos. Cargos vacantes en el Poder Judicial Durante la Décima Sesión Ordinaria, el cuerpo legislativo puso a consideración las ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura con el propósito de cubrir diversos cargos vacantes en el Poder Judicial de la Provincia. Tras la formulación de las mociones y la votación correspondiente, quedó conformado el cuadro de nuevas designaciones para los siguientes organismos judiciales: En primer término, para el cargo de Fiscal de Cámara, resultó electo el Dr. Ignacio Antonio Achem con 22 votos a favor y 6 en contra, tras la propuesta emitida en el recinto por el diputado Juan de la Cruz Córdoba. Posteriormente, la Cámara dio paso a la votación para el cargo de Asesora de Menores e Incapaces, resultando elegida la Dra. Yanina Peri con 19 votos positivos y 9 negativos. La moción fue impulsada por la diputada Marcela Quiroga. Para el cargo de Juez de Cámara de Apelaciones Laboral (Sala II), fue designada la Dra. Daniela Belén Rivas Tello, quien reunió 20 votos a favor y 7 en contra, a partir de la propuesta presentada por la diputada Alejandra Leonardo. Finalmente, el cuerpo aprobó la designación del Dr. Alejandro Francisco Genest como Juez de Cámara de Apelación de Paz, alcanzando 22 votos positivos y 6 negativos, tras la moción efectuada por el diputado Luis Rueda. Imposición de nombre a un Puesto de Bomberos en Iglesia Tras la presentación de los fundamentos del diputado Gustavo Deguer, como miembro informante, la Legislatura aprobó la imposición del nombre Comisario Inspector Jorge Carvajal, al Puesto de Bomberos ubicado en la localidad de Las Flores, departamento Iglesia, en homenaje a su trayectoria, vocación de servicio, compromiso y entrega a la comunidad sanjuanina. Reconocimiento a los funcionarios fallecidos en el accidente del helicóptero Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Resolución mediante el cual se otorga la distinción Diploma al Mérito, al Sr. Carlos Heredia, Director de Protección Civil de la Provincia de San Juan; al Sr. Rubén Castro, Comisario General y Jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; al Sr. Jorge Carbajal, Comisario Inspector y Segundo Jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; y al Sr. Germán Videla, Comisario General y Subjefe de la Policía de San Juan, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 868-F. En la ocasión, habló como miembro informante, el autor del proyecto, diputado Leopoldo Soler. Convenio con la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Tras los fundamentos brindados por la diputada Marcela Quiroga, la Legislatura aprobó el Convenio Marco de Colaboración, suscripto en el mes de julio de 2026, entre la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Gobierno de la provincia de San Juan. Este acuerdo tiene por objeto promover y desarrollar actividades y programas de colaboración y cooperación, recíproca para el desarrollo, capacitación, promoción y difusión de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes de la Provincia. Convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Luego, el diputado Daniel Ripoll brindó los fundamentos de este punto del orden del día, el cual resultó aprobado. Se trata del convenio Memorándum de Entendimiento, (MDE) junto a sus ANEXOS I y II, celebrado entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Gobierno de la Provincia de San Juan. El objeto es garantizar que niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos saludables, y accedan de manera equitativa a servicios integrales que promuevan su salud física, nutricional y bienestar emocional. Este asunto tuvo despacho positivo en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Convenios de Cooperación Área Género 2026 A continuación, la Cámara de Diputados ratificó las adendas a los convenios de Cooperación Área de Género 2026 celebrados entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los diecinueve municipios de la provincia de San Juan. En esta oportunidad, habló como miembro informante la diputada Rosana Luque. Donación de inmuebles destinados a programas de desarrollo social Por otra parte, el cuerpo legislativo dio tratamiento y aprobación sobre tablas al expediente Nº 1281, el cual contó con el despacho emitido tras constituirse la Cámara en comisión y fue sancionado por 21 votos positivos, 2 negativos y 4 abstenciones. La iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo Provincial, autoriza la donación de inmuebles pertenecientes al patrimonio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan. La transferencia dominial de estos terrenos ubicados en los departamentos de Chimbas y Pocito- tiene como fin exclusivo su afectación al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. La medida permitirá destinar las instalaciones al cumplimiento de funciones de contención social y salud pública de vital importancia para la comunidad, tales como la implementación del Plan Provincial de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos y el desarrollo del Complejo Residencial de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Garantía de acceso libre y gratuito a sanitarios en espacios públicos Durante la sesión, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad -tras constituirse en comisión para emitir el despacho correspondiente- el proyecto de ley tramitado bajo el Expediente Nº 992. La iniciativa, impulsada por la diputada Marta Edit Gramajo (Bloque Crecer), establece el marco legal para garantizar el acceso universal, libre, gratuito y equitativo a sanitarios públicos en todos los espacios de uso común e instalaciones de alta concurrencia en el territorio provincial. La norma aprobada contempla la obligatoriedad de disponer de infraestructura sanitaria
Renunció el administrador de la estructura residual de IOSFA en medio de una toma de ATE por el riesgo de 600 despidos
El coronel retirado Ariel Guzmán renunció como administrador de la estructura residual de IOSFA tras un cruce con el ministro de Defensa, Carlos Presti, por los plazos de liquidación de la entidad y la continuidad de la atención a los afiliados. La crisis institucional y financiera tras la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) sumó un capítulo de máxima tensión. El administrador a cargo de la liquidación del organismo residual, coronel (R) Ariel Guzmán, presentó su renuncia tras mantener una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Presti. La dimisión se produce en paralelo a una jornada de protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuya cúpula nacional —encabezada por Rodolfo Aguiar— forzó el ingreso y tomó la sede central del organismo en la calle Paso 551, en reclamo por la parálisis prestacional y el riesgo inminente que pesa sobre 600 puestos de trabajo. Puntos centrales del conflicto y la renuncia Instalaciones y puestos de trabajo en riesgo La dirigencia sindical advierte que el esquema de reorganización y traspaso de activos instrumentado por la cartera de Defensa vulnera la continuidad laboral de la planta de personal y desmantela la red social del organismo:
