El republicano logra el botín de los minerales estratégicos de Ucrania, no se compromete a defenderla en la guerra actual y sigue forjando su pacto de superpotencias con Putin. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cede ante Donald Trump y acepta compartir la explotación de las reservas de minerales estratégicos de Ucrania, sin que el presidente estadounidense le garantice su ayuda militar para evitar una previsible derrota en la actual guerra. Trump consigue así el mayor de los botines sin perder un solo hombre en combate (al menos oficialmente) y prosigue sus negociaciones con Rusia, de las que Ucrania y Europa están excluidas. Tal exclusión parece lógica si, por una parte, se está tratando de limar las profundas diferencias que hay entre Rusia y EEUU al mejor estilo de la Guerra Fría, y, por otra, si lo que se está considerando es cómo asumir la derrota de facto de Ucrania en la guerra que comenzó hace tres años con la invasión. Con la pérdida del 20% de su territorio bajo la bota rusa (que podrá ser más, si continúa la guerra) y la obligación de compartir con Estados Unidos la explotación de sus más valiosos recursos minerales, incluidos los hidrocarburos, Ucrania se prefigura como la principal perdedora de esta guerra. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no quiere aparecer como el líder que ha vendido su país a cambio de vagas promesas de seguridad y sin el compromiso de EEUU de seguir prestando ayuda militar a Ucrania cuando la guerra está aún lejos de concluir. Por eso, Zelenski sigue insistiendo en que Ucrania necesita esas garantías mínimas de cara a la firma del documento final. Trump da por hecho el acuerdo e incluso anunció que Zelenski acudirá a Washington este viernes para firmar el trato. Por si acaso, la Casa Blanca también ha advertido a Kiev sobre cualquier cambio de posición de última hora. Dudas de última hora de Kiev Tras las aparentes dudas de Zelenski, puede que esté un simple intento de regateo para obtener mejores condiciones en el acuerdo, pues evidentemente quien gana es Estados Unidos. Ucrania queda supeditada económica y políticamente por muchos años a lo que decida Washington en ese ámbito de las tierras raras (necesarias para las altas tecnologías), el uranio, el titanio, el níquel, el hierro, el carbón e incluso el gas y el petróleo. El acuerdo establece que el 50% de los beneficios de la explotación de los recursos naturales de Ucrania aún por extraer, especialmente esos minerales considerados críticos y estratégicos, se destinará a un fondo de inversión conjunto sobre el que EEUU y sus empresas que tomen parte en el negocio tendrán un mayor poder de decisión que la parte ucraniana. Ese fondo servirá para hacer inversiones en la economía ucraniana. Es decir, más negocio para los estadounidenses. El documento final, que en principio ha sido aceptado por Kiev, pese a las reticencias de última hora, excluye condiciones incluidas en borradores anteriores presentados por EEUU que preveían que la contribución al fondo debía alcanzar el medio billón de dólares como pago por todos los miles de millones que Washington ha entregado a Ucrania para enfrentarse a la invasión rusa. Ayuda que no se reduce a las armas y el dinero entregados desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, sino que se remontan al menos hasta 2014, cuando los servicios de inteligencia de EEUU ayudaron a echar a los prorrusos del poder en Kiev y el Pentágono comenzó a armar al ejército ucraniano. E incluso antes, desde la caída de la URSS en 1991, cuando ya los planes de EEUU contemplaban en Ucrania una posible palanca para debilitar a Rusia. Fuente: https://www.pagina12.com.ar/
«Idiota», «Imbécil» y «Débil mental»: las figuras que usa el Gobierno para tratar las pensiones por discapacidad
Con la excusa de que hubo otorgamiento de pensiones no contributivas a personas con discapacidades «truchas», la gestión libertaria implementa un paradigma regresivo de derechos que incluye un modelo médico retrógrado. El desmantelamiento progresivo del sistema de protección a los derechos de las personas con discapacidad en Argentina no tiene tregua. El gobierno estableció, por medio de la resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), nuevos criterios para otorgar pensiones no contributivas en la que utiliza expresiones peyorativas y retoma un modelo médico retrógrado para medir la “invalidez laboral”. De esta manera, en el apartado XIII del Anexo de la mencionada resolución, clasifica a las discapacidades vinculadas a la salud mental y psíquica con el uso de una terminología peyorativa como «Idiota», «Imbécil» y «Débil Las reacciones al texto de la norma se hicieron virales en las redes sociales en las que diferentes personas señalan la discriminación y estigmatización que implica la resolución aprobada. Incluso, en el ámbito internacional, el economista español Julen Bollain publicó en su cuenta de X: «El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como «idiota», «imbécil» y «débil mental». Se ha publicado en el Boletín Oficial de la República de Argentina y viola acuerdos internacionales contra la discriminación. Es una barbaridad». Un paradigma normativo regresivo en materia de discapacidad La resolución de Andis, publicada el 16 de enero pasado, fue repudiada por diversas organizaciones que trabajan en la temática. Según expresaron entidades civiles a Contraeditorial, la norma atenta contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado internacional con jerarquía constitucional en nuestro país, poniendo en grave riesgo derechos humanos fundamentales. Cabe resaltar que con este motivo ya se presentó un recurso administrativo que, de ser con resultado negativo, permitirá la judicialización del conflicto. Las modificaciones al esquema de otorgamiento de las pensiones no contributivas ya habían comenzado con cambio de paradigma a partir del decreto 843/24 publicado en septiembre del año pasado, en el que se incluyó un requisito inexistente hasta eneotnces, la condición y medición de la “invalidez laboral”. Según el comunicado oficial, a través de esta medida, el Gobierno nacional inició “la lucha contra el malgasto de los recursos” y “busca garantizar un proceso más equitativo y accesible para las personas en situación de incapacidad laboral que realmente requieren apoyo económico”. No obstante, cabe resaltar que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en nuestro país, estableció que la discapacidad no impide trabajar, pero que a la vez las personas con discapacidad enfrentan barreras por las cuales es necesario brindarles una asignación. En este sentido, el decreto 843/24 retrotrajo la cuestión a un paradigma ya perimido en el plano internacional. En este sentido, es regresivo de los derechos de las personas con discapacidad. Recorte progresivo Cabe mencionar que la motosierra libertaria ya viene recortando sin miramientos los derechos de este colectivo. No solo se desfinanció y vació Andis, el organismo encargado de velar por los derechos de las personas con discapacidad, sino también se desfinanciaron los hogares que dependen de esta institución, que se encuentran al borde del cierre. Asimismo, la política actual del organismo, lejos de garantizar el acceso a los derechos, por medio de resoluciones como la mencionada recorta cada vez más el acceso a los derechos mínimos de las personas con discapacidad. Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/
AQUI NO HA PASADO NADA: la Corte Suprema tomó juramento a García Mansilla pese a que fue nombrado por decreto
El Máximo Tribunal evaluará el nombramiento de Lijo el 6 de marzo. Hoy Zaffaroni dijo que si aceptan a los jueces, los miembros de la Corte puede ser cómplices de un delito. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tomó juramento como juez en comisión a Manuel García Mansilla nombrado por decreto por Javier Milei. Del acto también participaron los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. La jura de Ariel Lijo está pactada para el 6 de marzo. El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni repudió la designación por decreto de Lijo y García-Mansilla al máximo tribunal y aseguró que los magistrados estarán cometiendo un delito como es la «usurpación de la función pública». Además, para el exjuez si los tres jueces de la Corte le dan «legitimidad» a esa decisión y firman el nombramiento serán «partícipes necesarios» del delito. «Esto los mete en un lío a los tres que están en la Corte. Están en una disyuntiva muy grave», agregó. Fuente: https://www.eldestapeweb.com/
DE REPUBLICA NADA: el Gobierno no admitirá fotógrafos a la Asamblea Legislativa y restringirá el lugar para la prensa
La secretaria de la Presidencia, Karina Milei, tomó una decisión sin antecedentes en el Congreso. El rechazo del Círculo de Periodistas. La censura se hace cada vez más notoria en el Gobierno de Javier Milei. Por primera vez en la historia de la democracia, la administración nacional comunicó que no se permitirá el ingreso de fotógrafos nacionales e internacionales al palacio legislativo para la apertura de sesiones ordinarias. De esta forma, solo habrá imágenes oficiales. Un hecho inédito que levantó alarmas en los círculos de reporteros gráficos. La agencia Noticias Argentinas consignó que “el apagón fotográfico” es un pedido expreso de la secretaria de presidencia, Karina Milei, a las autoridades de las direcciones de prensa de ambas Cámaras. Esto se da en medio del escándalo por el criptoGate que involucra al mandatario. Pero no solo es contra los fotógrafos: el Gobierno también decidió bloquear el palco que históricamente es adjudicado a los periodistas gráficos acreditados, el palco de la grada en el primer piso detrás de la presidencia. El nuevo lugar será un apartado corralito en el segundo piso, el más alto del recinto de Diputados. Según la agencia de noticias, las autoridades del parlamento no opondrán resistencia a las decisiones que llegan de Casa Rosada. El pedido del gobierno no tiene margen de negociación. La mensaje oficial ya avisó que “las localizaciones a la prensa en general se verán reducidas”. El repudio del Círculo de Periodistas Parlamentario Anta la decisión del Gobierno, el Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) criticó la medida de «impedir el acceso de los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación a los palcos que históricamente estuvieron asignados a los medios de comunicación« en la Asamblea Legislativa del próximo sábado, en la que el presidente Javier Milei hablará ante ambas cámaras. «Se trata de una decisión inconsulta, sin antecedentes en más de un siglo de tarea periodística en el Parlamento, y sin una explicación de las causas por las que se pone esta traba innecesaria a la tarea de informar sobre uno de los acontecimientos más importantes del año legislativo», afirmó el CPP en un comunicado. En el documento, la organización planteó que «deplora y rechaza la decisión de los presidentes de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarruel». «Todos los invitados tienen habitualmente palcos designados para el acto y no se entiende la razón por la que a los periodistas se los discrimina de esta manera absolutamente irracional y sin ningún sentido práctico«, sostuvo el organismo. Además, critica que las autoridades «hayan tomado esta medida sin ninguna necesidad, ya que la prensa acreditada ha ocupado esos palcos de manera histórica sin que se registrara un incidente que justifique una decisión de estas características». La reducción de los accesos para la prensa ya tiene antecedentes. En la última participación de Milei en el Congreso, para presentar el Presupuesto 2025 que nunca se termino tratando en el recinto, los periodistas tuvieron un palco distinto al que se utiliza durante las sesiones. Fuente: https://www.datadiario.com/
San Juan refuerza la seguridad laboral con un nuevo convenio
El vicegobernador Fabián Martín encabezó la firma de un acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para mejorar la prevención de accidentes y enfermedades en el ámbito laboral. En un acto celebrado en Casa de Gobierno, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, en ejercicio del Poder Ejecutivo de la provincia, suscribió un convenio marco de cooperación con el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Darío Morón. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la prevención de riesgos laborales y mejorar las condiciones de salud y seguridad en los ámbitos de trabajo. El evento contó también con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, quienes destacaron la importancia de esta alianza estratégica para reducir la siniestralidad laboral en la provincia. A través de este convenio, ambas partes se comprometen a desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a la implementación y optimización del sistema de riesgos del trabajo, en el marco de la Ley N° 24.557 y su normativa complementaria. Entre los principales ejes de trabajo se incluyen el intercambio de información, investigaciones conjuntas y la promoción de programas de capacitación y concienciación para empleadores y trabajadores. Asimismo, se prevé la ejecución de estudios técnicos y la transferencia de tecnología con el fin de mejorar las prestaciones y servicios destinados a la protección de los trabajadores. «Nuestro objetivo es generar un entorno laboral más seguro, donde prime la prevención y la capacitación como herramientas fundamentales», señaló el vicegobernador Martín durante la firma del acuerdo. Por su parte, el superintendente Morón subrayó la relevancia de la cooperación entre el gobierno provincial y la Nación para garantizar condiciones laborales óptimas y reducir los riesgos asociados a diversas actividades productivas. Este convenio se enmarca en una política integral de seguridad y salud laboral que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores sanjuaninos y fomentar una cultura de prevención en todas las áreas productivas de la provincia.
