El Proceso Cóndor concluye en Italia gloriosamente Desde Roma La Corte Suprema de Italia comunicó este miércoles que el ex presidente de Perú Francisco Morales Bermúdez y el coronel Martín Felipe Martínez Garay, fueron definitivamente condenados a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la década del 70. La Corte rechazó la apelación presentada por los acusados confirmando la sentencia a cadena perpetua que había sido ya emitida por la primera (2017) y la segunda instancia (2019) de la justicia italiana. La nueva sentencia concluye definitivamente con el Proceso Cóndor. Este proceso condenó a militares latinoamericanos del terrorífico Plan Cóndor, acusados de torturar, hacer desaparecer y asesinar en los años 70 a 43 ciudadanos de origen italiano (seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, cuatro chilenos secuestrados en Chile, y trece uruguayos secuestrados en Argentina). A éstos se agregan otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina pero cuya desaparición es atribuida a uno sólo de los imputados, el ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que fue miembro del servicio de inteligencia de la armada uruguaya. Tróccoli vive en Italia y fue el único acusado que presenció sesiones del juicio. Para los demás el juicio se hizo en ausencia, cosa permitida por la justicia italiana. Ahora se espera la extradición de los condenados de los respectivos países, en principio para que cumplan sus condenas en Italia. En la sentencia conocida el 9 de julio pasado, la Corte Suprema había confirmado la condena a cadena perpetua de 24 imputados emitida precedentemente por la Corte de Apelaciones, a diferencia de lo que había sucedido en la primera instancia del juicio en la que sólo ocho fueron condenados. Pero faltaba decidir sobre los casos de Morales Bermúdez y Martínez Garay, que habían apelado, y de un tercer militar peruano, el general Germán Ruiz Figueroa, que luego resultó oficialmente muerto. Morales Bermúdez fue presidente de Perú de 1975 a 1980 y fue quien permitió la entrada al país de una suerte de organismo representante del Plan Cóndor, que coordinaba el accionar de varias dictaduras latinoamericanas en materia de secuestro y desaparición de personas. Morales Bermúdez es el único presidente todavía vivo de los países latinoamericanos implicados en el Plan Cóndor, por lo cual su condena es simbólica como condena a todos aquellos que fueron los ideólogos, coordinadores y jefes de estado durante el terrorífico Plan, originariamente creado en Chile por los servicios secretos de Augusto Pinochet. Uno de los hechos ocurridos en este contexto fue el secuestro en Lima, de parte de gente del Batallón 601 del ejército argentino, de la ítalo-argentina Noemí Gianotti Molfino, cuyo cadáver fue encontrado cuatro días después en Madrid. En esta operación, según lo que salió a relucir en el juicio y también en documentos diplomáticos de Estados Unidos liberados del secreto, fue determinante la contribución del Coronel Martínez Garay, responsable entonces de la Policía de Inteligencia Peruana. Otro caso atribuido en este proceso a Morales Bermúdez, en tanto responsable y mandatario del Plan Cóndor, fue el asesinato de otros dos ítalo-argentinos, Lorenzo Viñas Gigli y Horacio Domingo Campiglia, ambos secuestrados en Brasil y llevados a Campo de Mayo en Buenos Aires, donde desaparecieron. Un cambio en la justicia italiana “Ha sido un proceso largo y difícil pero esta sentencia lo cierra definitivamente. Ha sido un duro trabajo pero estamos contentos. He hablado con los familiares. Es una sentencia importante e internacional. Italia, a diferencia de otros países donde juzgaban a sus propios militares por sus propias víctimas, ha sido capaz de juzgar a los responsables de una operación criminal en distintos países”, declaró a Página 12 Jorge Ithurburu, presidente de la organización no gubernamental 24marzo.it que durante todos estos años ha ayudado a familiares y abogados de este proceso. También contó que ya se ha pedido la extradición de los condenados a los respectivos países. “Ha habido un cambio importante en la justicia italiana a diferencia de otros años. El gobierno de Mario Draghi y la ministra de Justicia Marta Cartabia, cambiaron la posición respecto a las extradiciones y las solicitaron para los militares condenados. Después se verá si los países las rechazan o no. La justicia italiana también pasó toda la información a Interpol y ésta ya respondió que tiene localizados a todos los militares condenados y que están esperando que las autoridades decidan qué hacer. Como hay diferencias entre los países en materia de autoridades y la extradición es una cuestión de colaboración entre los estados, veremos hasta donde se llega”, concluyó Ithurburu. Fuente: https://www.pagina12.com.ar/

Colombia logra un avance histórico al despenalizar el aborto hasta la semana 24 Por Inés Santaeulalia Ninguna mujer colombiana podrá volver a ser juzgada por interrumpir su embarazo hasta la semana 24. La Corte Constitucional del país ha decidido, por cinco votos a favor y cuatro en contra, retirar el delito de aborto del código penal en ese plazo, aunque no ha logrado una mayoría para la despenalización total. El movimiento feminista, a través de la agrupación de organizaciones Causa Justa, pidió a la Corte hace un año y medio poner fin a la lista de mujeres que son criminalizadas por abortar, unas 400 cada año, con penas que van de los 16 a los 54 meses de cárcel. El fallo supone un avance histórico y coloca a Colombia a la cabeza de América Latina en derechos sexuales y reproductivos, pero aún no marca el final del camino de los grupos feministas, que buscan eliminar el delito en todos los casos. El país se pone a la vanguardia de la lucha de las mujeres del continente, que ha vivido un despertar imparable en los últimos años. La decisión de este lunes llenó los alrededores de la Corte de cientos de personas que han celebrado el fallo: “¡América Latina será toda feminista!”. Otros países, como Argentina o México, también rescataron la interrupción del embarazado del estigma, la condena y el rechazo para convertirlo en un derecho de las mujeres en los últimos meses. Pero el delito aún persiste en algunos Estados mexicanos y fuera de las 14 semanas que establece la ley en argentina para el aborto libre. La decisión este lunes en Colombia va más lejos que la argentina al llegar hasta la semana 24. La Corte informó del fallo en un comunicado en el que “exhortó” al Congreso y al Gobierno a legislar y garantizar que la decisión se cumpla en el menor tiempo posible. Hasta ahora en Colombia convivía el derecho al aborto en tres causales -violación, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo para la salud física o mental de la mujer-, aprobado en 2006, con el delito en caso de interrupción del embarazo fuera de estos casos. Pero en la práctica, la posibilidad de una condena ha frenado el acceso al aborto legal y seguro. En especial entre las mujeres más vulnerables. El miedo a ser denunciadas separó a lo largo de estos 15 años a miles de mujeres de las clínicas legales, incluso encontrándose dentro de las causales. La mayoría de las demandas por el delito de aborto han partido del propio sistema de salud -entre el 59 y el 70% de las denuncias son de sanitarios- lo que siempre mandó un mensaje que se leyó como un “aquí no vengan”, explica Mariana Ardila, abogada de Women’s Link, una de las organizaciones que integran Causa Justa. El delito incluido hasta hoy en el código penal -y que continuará para quienes aborten fuera del plazo establecido y de las tres causales- apuntaba en dos direcciones: a la mujer y al ejecutor del aborto, lo que generó un rechazo generalizado entre los sanitarios a practicar interrupciones. Entre los años 2006 y 2019, más 5.700 mujeres tuvieron que enfrentarse a la justicia. Las demandantes han defendido a lo largo de estos meses que el delito no protege la vida en ningún caso. Tampoco frena los abortos. Lo que consigue la criminalización es apartar a las mujeres del sistema de salud para buscar métodos o clínicas ilegales que ponen en peligro su vida. Ahora solo será delito después de la semana 24 siempre que no se ajuste a las causales. Hoy, como hace 15 años, ha sido la justicia quien ha dado respuesta a la lucha del movimiento feminista por imponer el derecho al aborto en la agenda del país. “Ganan las mujeres”, aseguraron las demandantes tras conocerse la decisión. Los sucesivos gobiernos colombianos nunca han entrado de lleno a legislar un tema que ni consideran prioritario ni les resulta beneficioso por la controversia que genera en la calle. Colombia es un Estado laico pero profundamente religioso. Una encuesta de 2017 revelaba que el 97% de los ciudadanos creen en Dios. Las diferentes iglesias, especialmente la católica y la evangélica, mantienen todavía un enorme poder sobre los creyentes, a los que empujan a una lucha sin cuartel contra el aborto. En las manifestaciones de estos meses en contra de la despenalización no era extraño ver a grupos rezando el rosario. Pero la sociedad también ha cambiado desde 2006, cuando los jerarcas de la iglesia amenazaban con la excomunión a los magistrados de la Corte si votaban a favor del aborto. Hoy apenas un 20% de los colombianos aprueba que las mujeres vayan a la cárcel por abortar. Y aunque los ataques y las presiones en contra de la despenalización han arreciado estos días, incluso para el movimiento feminista ha sido una sorpresa la escasa presencia de los llamados grupos provida. Más numerosas, más festivas y más ruidosas han sido las concentraciones a favor que, en muchas ocasiones, como este lunes, tiñeron de verde los alrededores de la Corte. El camino, sin embargo, no ha acabado. “Seguiremos insistiendo hasta que deje de usarse este delito que es injusto, ineficaz y contraproducente”, aseguran desde Causa Justa. Fuente: El País