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Alerta en los Derechos Indígenas de Argentina

 En el Día Mundial de los Pueblos Originarios, celebrado el pasado 9 de agosto, Amnistía Internacional alertó sobre la situación de vulnerabilidad, discriminación y afectación de los derechos de las comunidades indígenas en la Argentina, agravada por el contexto COVID-19.

17 de Agosto de 2021

Por Alejandra Passarelli

Remarcando que “Argentina NO cuenta con un relevamiento oficial sobre el impacto del Covid-19 en los derechos humanos de la población indígena”.  Pero SI señala algunas vulneraciones que sufren los pueblos originarios como: limitaciones para trasladarse y trabajar, ausencia de medidas sanitarias o acceso, el despojo territorial tanto en manos de privados o de la fuerza pública o discriminación por las fuerzas de seguridad.

Como resaltó Amnistía que por la pandemia perdieron la vida, referentes como Francisco Pérez (Salta), de la Asociación Lhaka Honhat que impulsó un reclamo por la titularización comunitaria de las tierras de ocupación ancestral en los ex lotes fiscales 55 y 14, en el límite tripartito con Bolivia y Paraguay. Se suman “Milton Caballero (Qom de Clorinda), Sergio Caballero y Zacarias Nanooki, de La Primavera Rosendo Nagalarin, Bernabé Kisinakay, Tito Chiliani Eleno Moreno, Esteban Moreno (Barrio Nam Qom), Israel Alegre, líder de comunidad Nam Qom, Miguel Flores, Rubén Muratalla de Misión Tacaaglé, Bartolo Fernández, líder del pueblo Pilagá “, que trata de enumerar el líder Qom Félix Díaz del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina (CCPPIRA). 

Asimismo Diaz relata que “en el Oeste formoseño, en una comunidad Qom Pozo de Maza, fallecieron como 10 hermanos desde fin de julio y también en las zonas de Ramón Lista, El chorro, Ing. Juárez, Las Lomitas, Laguna Yema en todas esas comunidades fallecieron “dicen” que por Covid-19”, y resalta que “es muy desesperante la situación que están pasando, eso genera miedo a los hermanos que no quieren ir al hospital porque si son Covid positivos, los aíslan y ya no se comunican con los familiares hasta que fallece, entonces  no hay contacto ni despedidas,  ni en el entierro está permitido que lo despida algún familiar por temor al contagio, esto demuestra las realidades que sufren las comunidades y que es difícil de revertir, debido a los decretos y protocolos impuestos por el gobierno nacional o provincial o local”. Ya que los hospitales no cuentan ni con infraestructura ni profesionales médicos, por ejemplificar en Las Lomitas hay 4 camas en UTI sin respirador y no sé intuban por falta de medico terapista. Lo que llama la atención son las bajas entre los líderes indígenas y no entre la clase política que goza de privilegios.

No solo nombra a Formosa, sino que revela la “violencia institucional contra pueblos originarios” que sufren en el Chaco. Para ello, cita al caso de Josué Lagos (23) del barrio Los Silos, San Martín, que falleció en medio de una represión en junio 2021 por un impacto de bala de las fuerzas de seguridad. El caso sigue impune por el dictamen de la Justicia por “falta de mérito” y los culpables están libres.  Recordamos otros casos: En el año 2018 mataron a Ismael Ramírez de 13 años cuando la policía de Chaco reprimió a la comunidad Qom del barrio Las 100 Viviendas en Sáenz Peña. Este caso de muerte infantil por portación de identidad continúa sin resolverse y los responsables siguen impunes. En 2020, en la localidad de Fontana, la policía golpeó a hombres y mujeres de la comunidad Qom. No solo les pegaron, sino que hubo balas, tortura y abuso sexual a dos chicas. En 2021 en los barrios 81 y 100 Viviendas en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, hubo una represión policial que dejó un saldo de más de 15 heridos (bebé hasta ancianos).

Otro derecho vulnerado citado, que lo considera como “deuda histórica con la propiedad comunitaria indígena” y la entrega de los títulos territoriales. Por eso, sostiene la importancia de mantener vigente la Ley 26160 de Emergencia Territorial Indígena, que suspende los desalojos y continuar con los relevamientos de las tierras ocupadas. Reitera así, el pedido de información pública al INAI respecto a los avances en esta materia.

Esta alerta se suma al informe emitido por la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet que expresó “las preocupaciones críticas de los derechos humanos en Formosa”, debido a las políticas restrictivas durante la pandemia Covid-19, emitido en Washington, el 16 de abril de 2021. Bajo la resolución 32/2021, en la cual otorgó medidas cautelares a favor de las 7 mujeres indígenas en Formosa, que denunciaron discriminación, violencia obstétrica, partos no respetados, cesáreas no necesarias, aislamiento forzado compulsivo, separación de hijos al nacer, entre otros.

Asimismo, Human Rights Watch, el 26 de marzo de 2021, informa que Formosa adopta medidas abusivas en su respuesta al Covid-19 por condiciones insalubres en centros de aislamiento y cuarentena; y suma las restricciones a la libertad de expresión.

“El Estado deberá llevar adelante políticas activas para transformar las prácticas que reafirman esos patrones y garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios”, concluye Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

Fuente: El Desafío

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