El asesinato del primer mandatario haitiano, Jovenel Moïse, colocó los ojos del mundo en el país caribeño, abriendo un abanico de preguntas sobre el escenario político, social y económico que lo atraviesa y lo constituye. Compartimos la lectura realizada por Lautaro Rivara, sociólogo y miembro de la Brigada Dessalines de Solidaridad con Haití. Los mismos inductores del caos organizado son los que ahora pretenden saldar la crisis de forma pretoriana, presentándose como garantes del orden y la democracia. 8 de Julio de 2021 Por Lautaro Rivara* A 24 horas de que tomara estado público el asesinato del presidente de facto de Haití, Jovenel Moïse, lo que sabemos a ciencia cierta es efectivamente poco. Un lacónico comunicado oficial firmado por Claude Joseph, y dos conferencias de prensa igualmente escuetas sostenidas en creole, son apenas toda la información de fuentes oficiales con la que contamos. Sin tener a disposición aún evidencia que convalide o refute la versión estatal, podemos, de todos modos, resumirla como sigue: — Moïse y su esposa, la primera dama, fueron atacados por un “grupo comando” en su domicilio particular en Pelerin en las primeras horas del día 7 de julio. — Los atacantes burlaron la seguridad presidencial presentándose como agentes de la DEA, e ingresaron hablando inglés y portugués. — El primer mandatario murió de forma inmediata, mientras que la situación de la primera dama, atendida de urgencia en un hospital en Miami, es aún indeterminada. — Tras el hecho, se produjo un enfrentamiento entre el grupo comando y la policía, en el que cuatro de los sicarios habrían sido abatidos y otros dos detenidos, estando éstos en poder de la Policía Nacional. Además, tres agentes fueron heridos y se encuentran ya fuera de peligro. — Ante el vacío de poder generado, el Primer Ministro de facto, Claude Joseph, se autoproclamó como presidente interino, asumió el control de las fuerzas armadas y policiales, y convocó de urgencia a un Consejo de Ministros. — Dicho Consejo decretó por 15 días el estado de sitio en todo el territorio nacional y, entre otras medidas, cerró el aeropuerto internacional Toussaint L’Ouverture. Moïse, ¿devorado por sus propios demonios? Es importante dar un breve contexto y una sucinta caracterización de Moïse, ante la tentación post mortem de erigirlo como un mártir de causas que le resultaron, en vida, absolutamente ajenas. Moïse llegó a la presidencia de la república como representante del partido PHTK, una formación política ultraderechista y ultraneoliberal, representante de los sectores residuales del duvalierismo presentes aún en el seno de las clases dominantes haitianas. De hecho, su mentor y fundador, apadrinado por los Estados Unidos y el Core Group, el ex presidente Michel Martelly, inició su “carrera política” como paramilitar a sueldo de la dictadura vitalicia y hereditaria de François y Jean-Claude Duvalier. Diferentes personeros de este régimen que asoló al país entre 1957 y 1986 ocuparon, a lo largo de los gobiernos de Martelly y Moïse, cargos políticos, diplomáticos, legislativos y ministeriales. Moïse fue ungido como sucesor de Martelly por tratarse de una suerte de outsider de la clase política, en una maniobra recurrente utilizada por las más variadas derechas latinoamericanas. Su “capital” fue amasado como exponente de una oligarquía presuntamente modernizadora, y su nave insignia para arribar a la política fue el proyecto de desarrollo de zonas francas agrícolas orientadas a la exportación con asiento en el noroeste del país, en particular a través de su empresa AGRITRANS S.A., erigida sobre el despojo sicarial de miles de hectáreas de propiedad comunal y campesina. Las elecciones que lo consagraron presidente en el año 2015 fueron caracterizadas por una práctica de fraude masivo, lo que implicó, tras casi un año de conflictos e interinato, la realización de nuevos comicios que también serían impugnados como fraudulentos por diferentes actores nacionales y veedores internacionales, pero que sin embargo resultarían convalidados por las Naciones Unidas y la OEA, organizadores y financistas casi exclusivos del propio acto electoral. La participación ciudadana, en aquel entonces, fue de apenas un 18% de los votos, reflejando el hastío y el descreimiento del conjunto de la población. Una vez iniciado su gobierno, Moïse comenzará a enfrentar rápidamente la oposición de las clases populares, los sectores medios y hasta de algunas fracciones de la burguesía local. La profundización de las políticas neoliberales degradarían rápidamente la situación económica del país, teniendo como punto de no retorno la “recomendación” del FMI de eliminar los subsidios a los combustibles, que catapultó en julio de 2018 a dos millones de personas a las calles del país. A esto se sumaría un desfalco multimillonario de fondos públicos equivalente a por lo menos un cuarto del PBI nacional, según sendas investigaciones del Senado y del Tribunal Superior de Cuentas. El propio Moïse, sus empresas y una docena de sus más altos funcionarios, se verían implicados en el hecho. Ante este proceso de removilización popular que comenzaba a exigir su renuncia, Moïse empezaría a transitar una extensa deriva autoritaria que hemos venido analizando y documentando en los últimos años, la cual incluyó: el cierre del Parlamento, la intervención del poder judicial y el nombramiento de magistrados adictos, el gobierno por decreto, el asesinato de periodistas y opositores, la realización de masacres en barrios populares de la capital, la creación de una suerte de policía política conocida como la “Agencia Nacional de Inteligencia”, la no celebración de las elecciones previstas por la carta magna, el intento de modifidación ilegal de la constitución vigente, y, desde este 7 de febrero, la permanencia en el poder una vez vencido su mandato constitucional. En los últimos años, se multiplicaron las evidencias de la connivencia de Moïse y el PHTK con el crimen organizado y las bandas armadas, según las investigaciones y denuncias de organismos de derechos humanos como la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos de Haití (RNDDH) y la Fundación Je Klere. Bandas que, vale la pena subrayar, han crecido exponencialmente coincidentemente con el ciclo de removilización popular, en lo que hemos analizado como una suerte de “solución paramilitar” al problema planteado al establishment en una zona

Después de seis años, la Corte Suprema reactivó la investigación por delitos de lesa humanidad contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño de la agroindustrial Ledesma SAAI y emblema de los casos de responsabilidad empresarial en crímenes cometidos durante la última dictadura. 8 de Julio de 2021 Con la decisión de tres de sus miembros y la disidencia de Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de Casación que en 2015 benefició con la falta de mérito a Blaquier. Los supremos acusaron al máximo tribunal penal de haber obstaculizado indebidamente el proceso y le reclamaron que dicte un nuevo pronunciamiento de manera urgente, que debería encaminar a Blaquier hacia el juicio oral. Con las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, la Corte dejó a Blaquier en gateras para ir a juicio oral por 29 casos de privaciones ilegales de la libertad, ocurridas entre marzo y julio de 1976. Los supremos y la suprema criticaron fuertemente a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, que, en marzo de 2015, revocó el procesamiento de Blaquier. Dijeron que no debió haber intervenido y que demoró el proceso indebidamente.  «Las reglas vulneradas en el caso, relacionadas con la habilitación de la competencia de la Cámara Federal de Casación, no consisten en meras sugerencias del legislador, sino en mandatos expresos que no deben ser relativizados ni dejados de lado toda vez que, en definitiva, procuran asegurar principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia”, escribieron Rosatti, Maqueda y Highton. La Corte le reclamó a la Casación que dicte de inmediato un nuevo pronunciamiento, que se entiende que debería convalidar que Blaquier vaya a juicio oral. «Lo contrario implicaría posponer el análisis de un agravio –con incierta perspectiva, y en un expediente cuya celeridad resulta especialmente relevante por tener por objeto la dilucidación de delitos de lesa humanidad cometidos hace más de cuarenta años, y cuya investigación fue coartada por múltiples obstáculos legales«, resaltaron. El presidente de la Corte, Rosenkrantz, validó lo que había resuelto Casación. «No se ha demostrado la configuración de una situación de gravedad institucional y la decisión apelada no genera, en modo alguno, una ruptura del compromiso con el juzgamiento de esta clase de delitos», escribió. Ricardo Lorenzetti, por su parte, no firmó el fallo. Móviles de la acusación original a Blaquier Blaquier, que el 28 de agosto próximo cumplirá 94 años, se hizo cargo del directorio del ingenio Ledesma a principios de la década de 1970. Había entrado a la empresa casi 20 años antes, después de casarse con María Elena “Nelly” Arrieta, hija única y única heredera de Herminio Arrieta, el dueño de Ledesma. Durante esos años, la gerencia de Relaciones Humanas estaba a cargo del brigadier retirado Teodoro Álvarez, que había tenido un rol protagónico durante la dictadura de la Revolución Argentina. Blaquier está procesado en dos causas, junto con Alberto Lemos, quien, al momento del golpe, oficiaba de administrador general de Ledesma.Por un lado, el juez Poviña lo procesó por dos secuestros que se realizaron el mismo día del golpe del 24 de marzo de 1976 –entre los que se cuenta el del exintendente Luis Arédez– y uno que se concretó en los primeros días de abril de ese año. El otro procesamiento incluye 26 casos de personas secuestradas en lo que se conoce como las noches del “apagón”. Esas personas fueron detenidas ilegalmente entre el 20 y el 27 de julio de 1976 y en todos los casos pasaron por el centro clandestino de detención de Guerrero, montado en esos días en las instalaciones de una de las hosterías provinciales. Poviña entendió que la empresa proveyó los vehículos para que los secuestros pudieran llevarse a cabo, ante la falta de recursos de las fuerzas armadas y de seguridad que estaban apostadas en la zona. Lo que no dio por acreditado fue que la empresa hubiera generado los cortes de electricidad que facilitaron los secuestros en pleno terror nocturno. La Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos de Blaquier y de Lemos en agosto de 2013. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación los benefició en marzo de 2015, en el marco de un convulsionado año electoral. Los casadores sostuvieron que la empresa pudo haber cedido las camionetas sin saber para qué iban a ser usadas, retomando el argumento que ofreció la defensa de Lemos ante el juez Poviña. Así fue como revocaron los procesamientos de los dos empresarios y dictaron su falta de mérito. Fuente: Página 12

¿Acaso no es hora de empezar a mirar el vaso medio lleno? El programa #NiLosChocos en Radio Nacional San Juan, realizó un especial por las 400000 personas vacunadas contra la COVID-19. San Juan, 8 de Julio de 2021 San Juan ya superó las 400.00 personas vacunadas contra la COVID. Es y ha sido un trabajo enorme, en comunidad, de miles de personas en todo el país. Un trabajo que necesita dedicación, esfuerzo, buena onda. En la provincia llevamos 7 días de una curva que asciende. Pueden decir cualquier cosa, seguir admirando la actitud aperturista de otros países y criticando al gobierno, diciendo que Argentina es un país de mierda. Pero se viene un inminente parate, un nuevo cierre, dicen los rumores. Algo que también se está dando en todo el mundo. En este editorial Ariel Sampaolesi te comparte algunos testimonios de personas vacunadas, agradecimientos. Porque somos uno de 12 países del mundo que producen vacunas. Y el único en Latinoamérica que produce 3 de ellas: La AstraZeneca, la Sputnik, y la Sinopharm. Además en nuestra provincia ya se está trabajando en las vacunas para menores de 18 años. Fuente: Radio Nacional San Juan