Con la sanción de nulidad de las leyes 23.492 de Punto Final y 23.521 de Obediencia Debida en 2003, y su posterior declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema, las causas y procesamientos que hasta ese momento habían permanecido frenadas salieron del profundo e inmoral letargo. De todas ellas, la causa Etchecolatz fue la primera en llegar a juicio y su inicio fue histórico desde múltiples dimensiones. En San Juan, el primer juicio inició en el año 2011.

24 de Junio de 2021

El juicio pionero tuvo como único imputado al exdirector de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz, por los delitos de “homicidio calificado”, “privación ilegal de la libertad calificada” y “aplicación de tormentos” cometidos contra 8 víctimas entre octubre y noviembre de 1976.

Desde 2006 hasta hoy, Etchecolatz recibió 8 condenas a prisión perpetua y, en general, se dictaron 250 sentencias por crímenes de lesa humanidad en todo el país con más de 1000 imputados que recibieron condenas. Pero ni aquel comienzo de este tipo de juicios sería fácil ni el recorrido de 15 años estaría libre de obstáculos.

En el país, nunca se había realizado, hasta ese día, una audiencia de debate oral y pública por este tipo de crímenes, excepto por el Juicio a Las Juntas. “Este no es el juicio que queremos, pero es el que tenemos”, dijo Adriana Calvo, de la Asociación de ExDetenidos Desaparecidos, por no indagar esa causa en la totalidad del circuito de centros clandestinos de detención bajo el mando de Etchecolatz.

La valoración de la sobreviviente y testigo sería, en adelante, ratificada constantemente por el movimiento de derechos humanos argentino a raíz de la fragmentación de las causas y de los hechos ventilados, y de su no inserción dentro del plan sistemático de exterminio en muchos de los expedientes tramitados, además de las demoras en la instrucción de las causas que ha favorecido la impunidad biológica por el fallecimiento de muchos de los imputados.

De hecho, en los 15 años transcurridos desde el primer juicio, más de 700 imputados murieron antes de obtener sentencia. Y hacia fines de 2020, se registraban todavía 280 causas en etapa de instrucción, lo que, a juicio de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, “requiere de la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento en el menor tiempo posible”.

Por primera vez, un juicio por crímenes de lesa humanidad era televisado y transmitido por canales de aire y de cable; por primera vez, las víctimas y testigos podían hablar y contar lo que sabían ante la justicia federal, luego de haber testimoniado en los Juicios por la Verdad; por primera vez, la perspectiva de “cárcel común, perpetua y efectiva” se tornaba posible, cercana, palpable.

La escenificación de aquel juicio –el control del uso de la palabra y, en general, de lo que se puede y no se puede hacer, así como la disposición espacial de las partes y la presencia masiva de la “sociedad” frente a los que impartirían justicia, entre muchos otros aspectos- resultó un cambio radical que, con el correr de los meses, se convertiría en una imagen habitual en otros debates orales y públicos.

A 15 años del histórico juicio, el Programa de Apoyo a los Juicios, de la UNLP, y la CPM lanzan una convocatoria abierta para construir un registro colectivo de memorias del juicio. En este sentido, se invita a compartir fotografías, videos, audios, dibujos y notas, además de cualquier producción de la época, al correo fuegenocidio@comisionporlamemoria.org.

Fuente: Agencia ANDAR / Imagen de portada: ANDAR.

Reinicio de los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad en San Juan

Por M. Florencia Pessio Vázquez para elCimbronazo.com

Una grieta en el silencio se abría camino en San Juan el día 7 de noviembre del año 2011, fecha donde se celebró el inicio del Primer Mega Juicio por Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el marco del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Como en el resto del país, en la provincia cuyana destacó el arraigo al estoicismo que, frente a la impunidad de los años del terror, había recorrido los espacios sociales desde los tiempos en donde la amnesia fue obligatoria. Sin embargo, esto llegaba a su fin con las históricas jornadas judiciales celebradas con la reapertura de los Juicios de Segunda Generación.
Los días previos a la celebración de la Mega Causa I, la noticia se instaló en los medios de comunicación locales. El reciento elegido para albergar al evento fue el entrepiso del edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), ubicado en la esquina de la calle Mitre y Jujuy de la Capital provincial. Devenido durante dos años en Sala de Juicio Oral, el espacio del entrepiso se organizó en cuatro secciones claramente definidas. Subiendo por las escaleras situadas a mano derecha de la entrada principal al edificio, se ingresaba a la Sala de Audiencia. Una vez dentro, frente a la sección del público se ubicó el Tribunal Oral, de mano izquierda los defensores e imputados, de mano derecha los Fiscales, y en el centro del salón, el banquillo de las personas declarantes.
En la Sala de Audiencia, se constituyó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia, bajo la presidencia Dr. Héctor Fabián Cortés e integrado por los Dres. Raúl Alberto Fourcade y Alejandro Waldo Piña. El Juicio dio inicio con la elevación de las cuatro causas a tratarse: causa n° 1086/” Bustos”, causa n°1085/” Erize”, causa n°1090/” Camus”, causa n° 1077/” Amín de Carvajal”. Acumuladas en los Autos n°1077, se constituían de cincuenta y ocho (58) casos de personas afectadas por el accionar represivo de la última dictadura militar en la provincia de San Juan.
De acuerdo a los requerimientos Fiscales en la Elevación a Juicio, y siguiendo el procedimiento ya instalado por el Juicio a las Juntas Militares, a los ocho (8) represores acusados se les abrían causas penales caratuladas como delitos de lesa humanidad por: asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad mediante el uso de violencia y amenazas, aplicación de tormentos y desaparición forzada como modalidad de encubrir un homicidio calificado por alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas. En la Elevación a Juicio, quedó expuesta la ausencia de una perspectiva de género que fuera capaz de reconocer a la violencia sexual como un crimen específico en el marco de los delitos contra la humanidad.
Una vez presentadas las causas penales de Elevación a Juicio, se procedió a referenciar el contexto histórico donde los hechos investigados cobraban sentido. Como punto de partida, se tomaron los decretos presidenciales del año 1975, a partir de los cuales, se brindó de un marco legal al accionar de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad para la “lucha contra la subversión”. A esto se sumaron las investigaciones efectuadas y ratificadas con la Sentencia de la “Causa 13/84”, la cual estableció la existencia de un plan de exterminio clandestino nacional puesto en funcionamiento, de manera sistemática y generalizada, luego del Golpe de Estado del año 1976.
Finalizada aquella primera instancia judicial, se dio inicio a las Audiencias de Debate Oral de la Mega Causa I en San Juan. En el transcurso de los años 2011 y 2013, se celebraron setenta y una (71) Audiencias de Debate y ciento sesenta (160) testimonios públicos sobre los sucesos represivos del pasado reciente provincial. A esto, se sumaron cinco (5) inspecciones a ex centros clandestinos de detención.
Las numerosas, y a veces interminables, Audiencias Orales fueron el escenario de la fragilidad del sentir humano al que incidió el terror del aparato represor clandestino. Los relatos cargados de férrea impunidad de los represores acusados. El quiebre de aquellas personas que habían realizado el Servicio Militar Obligatorio entre los años 1976-1979. Los familiares en la búsqueda de la verdad y la justicia de sus hermanas/os e hijas/os desaparecidas/os por el régimen del terror. Los relatos dolientes de ex presas/os políticas/os, navegantes con valor por los daños inscriptos en sus psiquis y en sus cuerpos, cuando fueron despojada/os de toda humanidad. Fue allí, en el entre piso de la casa de altos estudios, donde la memoria se abrió paso para echar luz a lo que por años se silenció.
El Juicio Oral n°1077 concluyó en julio del año 2013 y aportó una esclarecedora Sentencia, de público conocimiento en septiembre del mismo año. En la sentencia, se reconoció a la provincia de San Juan como un eslabón más en la represión ilícita, generalizada y sistemática, conforme a un plan criminal llevado a cabo por la dictadura militar en todo el territorio nacional. De la información ventilada en aquel Juicio, se conoció que varios de los imputados en San Juan por delitos de lesa humanidad participaron del Operativo Independencia. De los represores sanjuaninos participes en los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en la provincia, se reconoció que Jorge Antonio Olivera, Gustavo Ramón de Marchi, Daniel Gómez, Cardozo y Francisco Del Torchio fueron enviados a Tucumán en los meses previos al golpe de Estado, y formaron la unidad especial de represión contrasubversiva en San Juan. Concluidas las investigaciones judiciales, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, pasó al dictado de las condenas para siete represores, de acuerdo a su participación en el accionar represivo clandestino de la provincia.