En Washington, ubicado en el noroeste del país, el cannabis es legal para fines recreativos desde hace 9 años. Ya habían ofrecido tragos pero la iniciativa no había tenido éxito. 8 de Junio de 2021 Primero ofrecieron un trago gratis en cualquier bar para incentivar a vacunarse contra el Covid-19, pero la idea no logró el impacto imaginado. Ahora, las autoridades del Estado de Washington fueron por más: en una polémica iniciativa ofrecen un cigarrillo de marihuana a todo aquel que se aplique una de las vacunas autorizadas en Estados Unidos contra el coronavirus. La oferta es legal. ¿El motivo? Este estado ubicado en el noroeste del país, y que no tiene nada que ver con la capital, Washington DC, legalizó el uso del cannabis para fines recreativos en 2012. La medida busca incentivar a los habitantes de este distrito gobernado por el Partido Demócrata, fronterizo con Canadá, para sumarse a la campaña de inmunización contra el COVID-19, cuya tasa de adhesión viene disminuyendo con el correr de las semanas. Por ello, las autoridades estatales autorizaron a las tiendas que expenden marihuana a ofrecer un “porro” a cualquier persona de 21 años o más que se vacune en algunas de las clínicas habilitadas para la campaña. No es la primera opción que eligieron las autoridades de Washington para captar más adherentes al plan de vacunación estatal. El mes pasado, autorizaron a todos los bares del distrito y a otros negocios que expenden bebidas alcohólicas a entregarle un trago gratis a los adultos que acreditaran haberse vacunado. La iniciativa fue aprobada por el estancamiento de la campaña de inmunización. Hasta ahora, se estima que poco más de la mitad de los adultos del estado de Washington, un 54% del total, recibió al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, según cifras del Departamento de Salud local. Fuente: El País
Monotributo: el Gobierno presentará un proyecto para suspender el retroactivo
Cuáles son las dos claves del nuevo plan 8 de Junio de 2021 El Gobierno nacional presentará en el Congreso un proyecto que suspenderá el retroactivo de enero a junio de las categorizaciones que había aplicado la AFIP. La iniciativa surge tras la reunión de Alberto Fernández con Martín Guzmán y Sergio Massa. En el cónclave, el jefe de Estado le solicitó al presidente de la Cámara de Diputados que se debata en el Congreso un nuevo programa de mejoras para el monotributo y de alivio fiscal. En la reunión también estuvo presente el secretario de Hacienda, Raúl Rigo. Según informaron desde el Gobierno, el nuevo proyecto contará de dos puntos centrales: la condonación y/o exmición de deudas del retroactivo de enero a junio correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, por las diferencias ocasionadas por el incremento del componente impositivo y previsiona. El segundo punto constará de un esquema excepcional de actualización de escalas con una visión progresiva. El lunes pasado, la AFIP informó la aplicación del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes (Ley 27.618) que estableció que el organismo fiscal debía, por única vez, volver a categorizar a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado. Según la norma, los nuevos valores se actualizaron en igual proporción que el haber mínimo jubilatorio y las escalas pueden consultarse en la web de AFIP. Sin embargo, esas categorizaciones modificaron la situación fiscal de 4 millones de monotributistas y, en muchos casos, generaron deudas retroactivas, incluso entre aquellos que estaban al día. Por ejemplo, los monotributistas que habían pagado durante los primeros 5 meses del año los importes correspondientes a la Categoría C y con la categorización prevista en la ley pasaron a la Categoría B, con una deuda de 2.718 pesos. En paralelo, la AFIP anunció que quienes hubiesen encontrado una diferencia generada como resultado del proceso de recategorización retroactiva, podrían financiarla hasta en 20 cuotas, con pagos mínimos de 500 pesos. Fuente: Página 12
En Italia crece la expectativa por el veredicto final sobre el Plan Cóndor
Los familiares de las víctimas confían en que la sentencia condene definitivamente a los 24 acusados por el secuestro y desaparición de 38 ítalo-latinoamericanos. 8 Junio 2021 Mientras se espera ansiosamente el veredicto definitivo de la Corte Suprema de Justicia de Italia, que podría conocerse el 24 de junio, sobre las condenas contra 24 exponentes del llamado Plan Cóndor por el secuestro y desaparición de 38 ítalo-latinoamericanos, numerosos familiares de víctimas de distintos países se reunieron este martes en una video conferencia internacional para conocer algunos detalles del procedimiento italiano.Pergeñado por la dictadura de Augusto Pinochet, el Plan Cóndor coordinó el accionar de las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil en las década del 1970, en la operaciones de secuestro y desaparición de miles de latinoamericanos. El veredicto de la Corte de Apelación- segunda instancia de la justicia italiana- que condenó a cadena perpetua a los 24 exponentes (excepto un caso que fue absuelto), fue dado a conocer en julio de 2019. Fueron condenados siete militares de Chile, trece de Uruguay, uno de Bolivia y tres de Perú (País que ocasionalmente colaboraba con el Plan Cóndor). Pero como en Italia la justicia tiene tres instancias, los acusados apelaron a la Corte Suprema esperando así obtener al menos una reducción o anulación de las condenas. A partir del 24 se conocerán las decisiones de la Corte Suprema que, según lo previsto por las leyes italianas, podría confirmar las condenas de la Corte de Apelación o bien indicar la necesidad de hacer un nuevo proceso o nuevos juicios en algunos casos.La audiencia de la Corte está prevista para las 10 de la mañana hora de Italia y se prevé que la sentencia se pueda conocer el mismo día por la tarde. Los fundamentos de la sentencia, en cambio, se conocerán varias semanas después. Uno de los abogados de los familiares de desaparecidos, Giancarlo Maniga, contó en el vídeo encuentro que no todos los acusados presentaron recurso ante la Corte Suprema. Lo que significa que para esos casos, cuyos nombres no fueron revelados, la sentencia de la Corte de Apelaciones a cadena perpetua está confirmada.Los familiares, que confían en que la sentencia condene definitivamente a los acusados, esperan poder difundir la noticia a todo el mundo y con insistencia, para que el tema no se duerma en los medios de difusión después de un día o dos, subrayaron.El represor argentino Carlos LaidlawDurante el encuentro, del que participaron unas 29 personas entre familiares de desaparecidos de distintos países, representantes de organizaciones de derechos humanos, abogados y periodistas, se le dio importancia también al nuevo caso de un represor argentino que se espera pueda ser procesado próximamente. Se trata del general Carlos Laidlaw, quien fue jefe de la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Argentina) durante la dictadura y en consecuencia coordinador del Plan Cóndor, cuya coordinación cambiaba cada año de un país a otro, según documentos liberados del secreto por Estados Unidos en 2019. El abogado italiano Arturo Salerni y su equipo iniciaron una investigación sobre el caso Laidlaw como defensor de Silvia Beatriz Potenza, familiar de uno de los desaparecidos atribuidos a este general: el argentino José Agustín Potenza. Potenza y su pareja Rafaela Filippazzi, fueron secuestrados en Uruguay en mayo de 1977, detenidos en el centro clandestino de detención y tortura de Fusileros Navales (FUSNA, dirigido entonces por otro de los acusados del proceso Cóndor, el uruguayo Jorge Néstor Troccoli), y trasladados a Paraguay donde fueron asesinados. En ese período Laidlaw estaba al frente de la Side. Los restos de los dos desaparecidos fueron encontrados en Paraguay en una fosa común en 2016.El fiscal italiano ya recibió el sumario defensivo elaborado por el abogado Salerni que incluye, entre otros, los testimonios de varios familiares de desaparecidos. Fuente: Página 12