A principios de mayo, la vecina provincia de Mendoza se vio sacudida por un escándalo judicial que involucra a un juez federal y a varios abogados de renombre. La investigación, iniciada y solicitada por el Fiscal General Dante Vega, apunta a desmantelar una asociación ilícita que cobra coimas a cambio de favores judiciales. En el día de hoy, Dante Vega se encuentra con custodia policial tras amenazas a su persona y a su familia.
San Juan, 21 de may. de 2021
Justicia Federal de Mendoza y asociación ilícita
A comienzos de mayo de 2021, el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas, hizo lugar al pedido del fiscal general Dante Vega y ordenó la convocatoria a prestar declaración indagatoria de un juez federal de la ciudad de Mendoza imputado de ser jefe u organizador de una asociación ilícita que tenía como fin cobrar coimas a personas imputadas en causas por graves delitos federales que involucraban grandes sumas de dinero. Tanto el juez federal como su esposa también se encuentran imputado e imputada por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo. Si bien la fiscalía solicitó la detención del magistrado, por ahora permanece en libertad en función de sus fueros.
Puigdéndolas, quien actúa como juez subrogante en el caso, también ordenó la detención e incomunicación de tres abogados del foro local -uno de los cuales permanece prófugo- imputados por la asociación ilícita y cohecho activo en seis hechos. La investigación también alcanza a otras seis personas, actualmente detenidas, acusadas de cohecho activo agravado. Una mujer y otros dos hombres están acusados como cómplices primaria y secundarios, respectivamente, en uno de los cohechos. Y, asimismo, se imputó por falso testimonio a dos personas y se solicitaron remisiones administrativas a la Cámara Federal de Mendoza para que se investigue a dos empleados y a un funcionario judicial.
El fiscal Vega, titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal, actúa en el caso tras la inhibición de tres fiscales de la jurisdicción. A pedido del fiscal, el procurador general interino, Eduardo Casal, dispuso que lo acompañen de manera conjunta o alternada el fiscal general Mario Villar y la fiscal federal Laura Roteta, titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. El MPF también cuenta en el caso con la intervención de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes.
Asociación de Fiscales pidió seguridad para el fiscal Dante Vega
Mientras la causa de la asociación ilícita sacude a Mendoza, la Asociación Argentina de Fiscales y Funcionarios de la Nación expresó su alarma. Es por las amenazas que ha recibido el magistrado que investiga el caso en los Tribunales Federales de Mendoza.
Desde hace algunos días el fiscal Dante Vega tiene custodia policial. El magistrado, que encabeza la investigación por la presunta red de coimas en la Justicia Federal de Mendoza, ya recibió amenazas, por lo que se ha optado por esa medida precautoria. Ante esta situación, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina (AFFUN) acaba de emitir un comunicado en el que expresa su preocupación y solicita que se garantice la seguridad de quienes están llevando adelante la pesquisa.
Enfrente, claro, está uno de los mayores escándalos de la historia reciente: la posible existencia de una red de acomodos a cambio de dinero en esos tribunales. De comprobarse los hechos, las consecuencias podrían ser resonantes.
«Llamamos la atención debido a las graves amenazas recientemente efectuadas al fiscal Vega en el marco de su función ante la Excelentísima Cámara Federal de la Provincia de Mendoza», reza el mensaje firmado por Carlos Rívolo, Ricardo Toranzos y Susana Pernas.
«Vega debe ejercer sus funciones sin intimidación ni hostigamiento…» Y sigue: «Hacemos llegar nuestra solidaridad al colega e instamos a las autoridades a que garanticen su seguridad, ‘para que pueda ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento ni injerencias indebidas».
La entidad denunció, por otra parte, que estas situaciones vienen reiterándose en diversas jurisdicciones del país, por lo cual solicitó que «se ajusten los protocolos de prevención».
La AFFUN nuclea a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de los Ministerios Públicos Provinciales, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
