En un fallo considerado histórico por la Confederación Mapuche, el máximo tribunal del país ordenó al gobierno provincial que dé participación a las comunidades indígenas y que respete los derechos de los pueblos originarios. El conflicto se inició por la creación inconsulta del Municipio de Villa Pehuenia. 18 de Abril de 2021 La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Confederación Mapuche de Neuquén y de la comunidad Catalán por la creación inconsulta del Municipio de Villa Pehuenia. El máximo tribunal del país confirmó que el gobierno neuquino vulneró los derechos indígenas. La sentencia ordenó la puesta en marcha de una mesa de diálogo que adecúe el funcionamiento municipal a la normativa indígena. “El fallo marca un punto de inflexión respecto a la jurisprudencia federal y provincial que siempre ha sido muy reticente en reconocer el derecho a la participación política colectiva de los pueblos indígenas mediante sus instituciones”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado, quien llevó adelante la demanda. El conflicto se inició en 2003, cuando la Legislatura de Neuquén sancionó la Ley 2439 de creación de la Municipalidad de Villa Pehuenia (en el noroeste provincial) dentro del territorio de las comunidades mapuches Catalán, Puel y Plácido Puel, sin haber realizado el procedimiento de consulta al que el Estado está obligado. Luego de un largo proceso judicial, y sin haber tenido respuesta en los juzgados provinciales, el máximo tribunal del país sentenció a favor de la Confederación Mapuche y las comunidades indígenas. La Corte Suprema condenó a la Provincia de Neuquén a que, en un plazo razonable, establezca una mesa de diálogo con las instituciones del Pueblo Mapuche para que implementen la consulta que fuera omitida al crear la figura administrativa-política municipal. El fallo también ordena que se diseñen mecanismos permanentes de comunicación y consulta para que los pueblos originarios puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren. Establece que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén será el encargado de controlar la ejecución de la sentencia y de recibir los informes con los avances logrados en la mesa de diálogo. Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche, celebró la decisión de la Corte Suprema y llamó a que jueces y fiscales tomen nota: “El Poder Judicial tiene una enorme tarea para ponerse al día con todos los avances de derechos del Pueblo Mapuche, derechos que el poder político de Neuquén pretende convertir en letra muerta. El pueblo preexistente Mapuche no permitirá un solo abuso de poder y ejercerá sus derechos”. El Odhpi explicó que la Corte declaró la validez de la creación del Municipio sólo por los graves efectos que tendría declarar la nulidad después de tanto tiempo de funcionamiento, pero al mismo tiempo instó a que Provincia y Municipio subsanen las inconstitucionalidades y adecúen sus normativas y procedimientos que se cumplan los derechos de participación indígena vigentes en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de Derechos Humanos. La Confederación Mapuche de Neuquén resaltó que es imprescindible recordar que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que está vinculada con el derecho a la identidad, a la integridad cultural y a las propias instituciones y costumbres. “Es una obligación del Estado desde el momento en que se modificó la Constitución Nacional en 1994 y se ratificó el Convenio 169 de la OIT”, afirmó la organización indígena. El dictamen de la Procuración General (al que la Corte Suprema adhirió en sus fundamentos) también es innovador en cuanto a su enfoque respecto de entender la realidad indígena: “En el seno del Pueblo Mapuche las decisiones son tomadas a través de mecanismos e instituciones propias tales como los parlamentos comunitarios y los lonkos, que representan la autoridad moral e histórica de las comunidades. En estas condiciones, la creación de un municipio implica adoptar una estructura y un modelo de organización del poder que es ajeno a la cosmovisión y a las instituciones políticas de las comunidades indígenas”. Fuente: Tierra Viva. Agencia de Noticias

Desde el territorio andalgaleño, Marianela Gamboa, integrante de Feministas Antiextractivistas del Sur y Asamblea el Valle en Movimiento-PUCARÁ, nos comparte una crónica teñida de sentires de la lucha que el pueblo de Andalgalá encabeza ante el avance minero extractivista en el cerro Aconquija. 17 de abril de 2021, Andalgalá, Catamarca. Por Marianela Gamboa. Integrante de Feministas Antiextractivistas del Sur y Asamblea el Valle en Movimiento-PUCARÁ “Detuvieron a una de las cabezas y podaron los brotes, quieren hachar el árbol”- Rosa Farías ¡PERO LAS RAÍCES SON MÁS FUERTES! La sensación de despertar hoy sábado 17 de abril de 2021 en Andalgalá, es la de amanecer palpitando la caminata 585. No es sólo una caminata más, es la caminata después de una cacería política-policial desatada brutalmente por el gobierno catamarqueño sobre les asambleístas y vecinxs de Andalgalá que se oponen al proyecto de muerte MARA (Integración Agua Rica-Alumbrera). La caminata 584 del sábado 10 de abril, realizada días después de que la Asamblea El Algarrobo denunciara que las máquinas perforadoras estaban subiendo al cerro Aconquija de forma ilegal, a espaldas del pueblo, custodiadas por gendarmería, trascendió las fronteras cuando las imágenes de las oficinas de Agua Rica se viralizaron ardiendo en llamas. Ese día, las calles de Andalgalá estaban llenas de asambleístas, pero también de vecinos y vecinas que cuando sienten el avance de las máquinas, salen a decirle a las mineras que ¡¡NO TIENEN LICENCIA SOCIAL!! Como dicen lxs compañerxs: la subida de las máquinas de forma clandestina al cerro, es la chispa que prendió el fuego. Presxs políticos y criminalización de la lucha Es importante poner en contexto que, desde el 22 de marzo, se realizaba un nuevo corte selectivo a la empresa minera Agua Rica, al Proyecto MARA, a la empresa YAMANA GOLD cuando les vecines dieron alerta del paso de camionetas mineras por el camino del potrero. Durante el corte, las acciones violentas por parte de la empresa fueron constante, incluyendo la acción de un proveedor minero quien atropelló a 2 personas en el corte (hecho que hasta el día de hoy no ha sido abordado por la justicia). ¡El corte del Algarrobo hoy como en 2010, no es cualquier corte, es cortarle el paso AL PODER EXTRACTIVISTA! La militarización de Andalgalá fue inminente desde el momento en que se difundieron las imágenes de las perforadoras subiendo clandestinamente al cerro en medio de un corte y, aún más, luego del incendio de la oficina de Agua Rica. El día lunes 12 de abril, comenzaron las detenciones violentas y allanamientos brutales sin presentar en los domicilios las órdenes judiciales. Las irregularidades de los procesos son innumerables, vulnerando todos los derechos humanos y violando normativas nacionales e internacionales que resguardan los derechos de las personas. El día lunes detuvieron a 8 personas: Aldo Flores, Sara Fernández, Enzo Brizuela, Walter Mansilla, Damián Abel y Matías Paz (sumado a la detención del hermano de Sara que en intentó detener la detención de su hermana, y fue arrestado por 1 día por obstrucción a la justicia); y el día miércoles a otras 4 detenciones más: Ailen Saracho, Oscar Martiarene, Jorge Ramos, Rubén Sachetti y Eduardo Villagra. Actualmente, 8 personas siguen detenidas en la comisaría y 4 con prisión domiciliaria (Ailen, Sara, Aldo y Oscar). Los allanamientos incluyeron violencia sobre lxs familiares que estaban en las casas. Los testimonios dan cuenta de mujeres y niñes presenciando los actos de violencia, esposadxs y arrodilladxs, mientras los grupos de choque destrozaban todas sus pertenencias, puertas, paredes, murales, etc. Todo esto, sin presentar la orden judicial. A uno de los detenidos, de 72 años de edad, lo tiraron al piso apuntándole con un arma, pisando su espalda y negándole estar presente mientras se allanaba su domicilio. A otro de los detenidos lo golpearon en el rostro y en el abdomen reiteradas veces. Algunxs familiares de detenidxs testificaron que la policía sembró pruebas en esos procedimientos. Otros arrestos sucedieron en las calles. A estas alturas, se conoce públicamente que la fiscal Soledad Rodríguez, quien emitió las órdenes de detención, es conocida por “operar en conflictos minero”, por haber trabajado para empresas mineras y estar vinculada parentalmente a personajes claves en la política minera catamarqueña. Las medidas de privación de la libertad tomadas por la fiscal, las fuerzas represivas y los funcionarios estatales involucradxs, son excesivas para la situación, demostrando que las intenciones pretenden disciplinar a quienes defienden el agua, criminalizando así la protesta, la lucha por el cerro Aconquija. Es importante pensar este accionar en correlación con otros hechos que se vienen dando a nivel país, como en Chubut, en medio de una pueblada ante el intento de zonificación minera se criminaliza a compañerxs culpándolos de “atentados terroristas” al presidente Alberto Fernández. Hay una avanzada criminalizadora de la lucha por la defensa de los bienes comunes, de quienes se organizan asambleariamente y están dispuestos a defender el agua y los territorios de la política extractivista estatal. El abrazo compañero y la firmeza de las mujeres Mi llegada a Andalgalá el día jueves 15 abril, implicó vivenciar el clima de tensión social y de bronca colectiva, como también de desconfianzas infundidas y temor al constante hostigamiento policial que continua en curso. Aun así, el impacto más fuerte y lo que más moviliza, es el amor colectivo, el abrazo compañero de lxs asambleístas y principalmente de las mujeres del silencio que cada día continúan las sentadas pacíficas frente a fiscalía y el acompañamiento frente a la comisaría que les da fuerza a quienes están privadxs de su libertad, encerradxs en la comisaría. Los ruidos de cacerolas y bocinas se hacen sentir a las 21 horas, ya que las disposiciones del COE encierran a las 20 horas a la población en sus casas. Andalgalá sigue haciendo pública su voz, en cada barrio. Las denuncias y acompañamientos abarcan un abrazo a nivel plurinacional y latinoamericano. ¡Somos muches quienes estamos acompañando desde múltiples lugares esta defensa del agua y el cerro! El calor de estar sintiendo dolor por quienes están privados de