San Juan, 13 de Abril de 2021 El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié estará este martes en el Complejo Astronómico El Leoncito, donde arribará a las 15 horas. El objetivo de la visita del integrante del Gabinete de Alberto Fernández es presentar una actividad de observación astronómica en uno de los dos observatorios localizados dentro del Parque Nacional. A las 17 horas, el ministro participará del Seminario Virtual: «Cambio Climático. Acciones para un ambiente saludable», organizado por la Fundación Internacional Para el Desarrollo Local. Fuente: Radio Nacional San Juan

En una entrevista exclusiva para elCimbronazo.com dialogamos con Gonzalo Evangelista, Coordinador de Litigios, Asuntos Legales y Acceso a la información Pública del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, quien nos comentó sobre los objetivos y acciones de dicho organismo y sobre algunos aspectos de la situación de derechos humanos en las provincias de Cuyo. San Juan, 13 de abril 2021 Los derechos humanos en la Argentina son una temática de larga data y vigencia, actualizada de manera constante ante los fluctuantes escenarios político-sociales que se presentan y desarrollan en los vastos territorios que hacen al país. Hace poco más de un año, ingresamos a un inédito periodo histórico, marcado por la pandemia del Covid-19. Ante esta situación de crisis sanitaria mundial, los primeros pasos asumidos por los gobiernos fueron restricciones individuales (presentadas como móviles necesarios para un “bien colectivo mayor”: frenar la expansión del virus), las cuales requirieron y requieren del despliegue de las fuerzas de seguridad en los espacios públicos. En los últimos meses, varios crímenes cometidos contra ciudadanos y ciudadanas tuvieron lugar en este nuevo escenario social, crímenes donde diferentes fuerzas estatales han tenido participación. Uno de los casos de mayor resonancia a nivel país, fue el asesinato de Facundo Astudillo, joven secuestrado, torturado y desaparecido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 30 de abril de 2020. Ante este escenario, nos propusimos dialogar con el abogado Gonzalo Evangelista, integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Gonzálo es abogado, tiene un Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos, y en el ámbito académico, se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Derechos Humanos y Garantías de la Sede de San Rafael de la Universidad de Congreso e integra la misma cátedra en la Sede de Mendoza. Posee una amplia experiencia en Derechos Humanos, al respecto, nos cuenta cómo llegó a integrar la Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. “Mi recorrido en la promoción y defensa de los derechos humanos comenzó en la facultad, mientras estudiaba. En el año 2010 participé de unas competencias de litigación y luego ingresé como ayudante alumno a la cátedra de derechos humanos, que en ese momento tenía como titular al Dr. Diego Lavado, con quien continúo trabajando. En el año 2014, animado por Diego, me acerqué a la Asociación Civil XUMEK y comencé a participar de sus actividades. Dentro de XUMEK, pasé por diferentes espacios, estuve en el área de violencia institucional, movilidad humana, litigios y, en el año 2019, fui Director Ejecutivo. Tuve la oportunidad de ser parte del equipo que litigó causas importantes como el Segundo Juicio de Lesa Humanidad en San Rafael, el caso conocido como “torturas de San Felipe”, y el caso “Provolo”.  ¿Qué es el Comité Nacional Contra la Tortura? ¿Cómo surge? “El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) es un organismo creado por Ley N° 26.827, del año 2012. Comenzó a desarrollar sus funciones en el año 2018, luego de finalizar el procedimiento previsto para su conformación. Es el mecanismo nacional de prevención de la tortura establecido en virtud de compromisos internacionales asumidos por el Estado al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. En el marco de la protección universal de los derechos humanos, existen varios tratados orientados a la prevención de la tortura. De acuerdo a la experiencia de los organismos de control, los hechos de tortura tienen características específicas, entre las que se destaca que se dan en un contexto de privación de libertad con algún grado de participación estatal, por lo que las víctimas están totalmente a disposición de las personas victimarias, quienes tienen control total de la situación, resultando muy dificultoso denunciar, conseguir pruebas y evitar represalias. Los mecanismos de protección se idearon con el desafío de prevenir la tortura en ese contexto. Para lograrlo, se propuso como estrategia principal, la creación de un órgano dentro de la ONU encargado de realizar visitas de inspección -sin aviso previo- a los lugares de privación de libertad (llamado Subcomité para la Prevención de la Tortura), y que cada Estado que ratificara el tratado internacional paralelamente se comprometiera a crear un órgano de alcance nacional que cumpliera similares funciones. El CNPT es, precisamente, el organismo creado en Argentina a raíz de ese compromiso. Por eso, la ley aclara que ejerce sus funciones sin recibir instrucciones de ninguna autoridad (Ley Nacional N° 26.827, art. 6). Porque su función es controlar al Estado en materia de prevención de tortura y malos tratos. ¿Cuáles son las tareas, las funciones del Comité? ¿Quiénes lo conforman? “Las facultades y funciones están detalladas en extenso en la ley. Entre las principales se destaca: Prevenir la tortura y malos tratos en lugares de privación de libertad en Argentina mediante monitoreos y visitas de inspección. Oficiar de órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otro Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Dar seguimiento a denuncias y casos de torturas, mediante diferentes intervenciones orientadas a impulsar investigaciones adecuadas a los estándares internacionales en la materia. Estas funciones permiten coordinar acciones con diferentes actores en todas las provincias, como autoridades públicas, mecanismos locales de prevención de la tortura (en las provincias que ya lo crearon), organizaciones de la sociedad civil, etc. ¿Cuál es la interacción que mantienen con la sociedad? ¿Las comunidades tienen acceso a él? ¿Cómo? “En efecto, este año se han mantenido gran cantidad de reuniones para impulsar la creación de mecanismos locales en las provincias que aún no tienen; se ha puesto en marcha el registro de organizaciones sociales que hacen monitoreos en cárceles y comisarias del país (para fortalecer sus acciones), y se abrió la convocatoria para integrar dos redes de profesionales para colaborar con el CNPT (profesionales de la salud y del derecho) En el año 2020, y lo que va del 2021, se han realizado visitas de inspección en Neuquén,

14 de Abril de 2021 La policía catamarqueña ingresó con violencia en los domicilios de varios integrantes de la Asamblea El Algarrobo, que se oponen a la instalación del proyecto Agua Rica. En un intento por acelerar el esclarecimiento del ataque contra las oficinas de Minera Agua Rica – Alumbrera (proyecto M.A.R.A), y la sede del PJ, la Procuración General de la Corte de Justicia determinó que el fiscal de quinta nominación Hugo Costilla se ponga al frente de la investigación. Con los allanamientos y arrestos librados durante la jornada de ayer por la fiscal subrogante de la segunda circunscripción judicial, María Soledad Rodríguez, se tensa el clima social en Andalgalá. El intendente Eduardo Córdoba continúa sin hacer apariciones públicas. Mientras que ayer, voces de la comunidad científica se manifestaron en favor de los grupos manifestantes. Hay descontento generalizado con la actuación de la fiscal Rodríguez, que recién a 48 horas de los hechos consiguió librar los primeros arrestos. En la noche de ayer se conoció que un equipo con Costilla a la cabeza será el encargado de agilizar la actuación judicial en Andalgalá. Desde horas tempranas del lunes personal policial irrumpió en domicilios de activistas antimineros. Al cabo de la jornada hubo seis detenciones de vecinos andalgalenses, entre ellos una mujer. Se espera que hoy sean puestos a disposición del juez de Control de Garantías, Roberto Cecenarro. Se conoció que entre los secuestros figuran cámaras de fotos, celulares y elementos que podrían servir para la elaboración de bombas molotov. La Asamblea El Algarrobo denunció persecuciones y violencia en los allanamientos, y difundió fotos de daños en los domicilios allanados: “todas las residencias quedaron destrozadas”, expresaron en redes sociales. Se conoció que el gobernador Raúl Jalil finalmente no viajará a Andalgalá por la situación de COVID, pero expresó que “estamos en una etapa de conversación. La violencia es mala para todos y creo que tiene que actuar la Justicia ante los hechos”. Legisladores de la oposición pidieron una reunión con el mandatario para conocer más de la actuación del gobierno ante los hechos: “Les pedí una conferencia conjunta cuando terminamos, pero dijeron que iban a dar expresiones individuales. Ellos (por los legisladores) pensaban que íbamos a intervenir Andalgalá, una cosa ridícula. No vamos a mandar ninguna intervención. Creemos en la democracia”, expresó. El delegado provincial de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, acusó al intendente Eduardo Córdoba de ser uno de los responsables de los hechos: “Con sus declaraciones arrojó nafta al fuego. Creo que esto fue algo premeditado que iba a suceder. Lamentamos daños materiales, pero pudo sucederle algo a los compañeros”, dijo.  Se conoció, además, que 50 contratos de trabajadores que se encontraban haciendo el preocupacional dentro de la empresa perforista habrían quedado suspendidos. Hay, además, 100 trabajadores directos preocupados por su situación laboral. En tanto, el equipo de investigación de Ecología Política del Sur, integrado por profesionales del CONICET, CITCA y la UNCa (Universidad Nacional de Catamarca), emitió un comunicado, donde expresan: “Aunque sí, efectivamente violentas, las roturas y la quema de las oficinas de Yamana Gold, no dejan de ser una acción política; son la expresión colectiva de más de quince años de violentamientos que, mayoritariamente, el pueblo de Andalgalá viene sufriendo y resistiendo frente al poder estatal-corporativo minero que pretende instalarse y adueñarse de su territorio; destruyendo su territorialidad pre-existente y futura”, señalan. Por su parte, el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), organismo dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos, que tiene a Adolfo Pérez Esquivel como presidente honorario, envió una nota al gobernador Jalil en la que piden la suspensión de las actividades de la exploración avanzada en Andalgalá. Señalaron que “las perforaciones y construcción de los 2700 metros de nueva huella minera producirían la afectación a la naciente del río minas, el cual es uno de los que da nacimiento al río Andalgalá y es el que provee de agua potable, tanto para consumo humano como para la agricultura a la población de Andalgalá”. El SERPAJ es un organismo con estatus consultivo en Naciones Unidas (ECOSOC) y estatus permanente en UNESCO. Fuente: Página 12