San Juan, 24 de Marzo 2021
Por Silvina Ojeda
Lic. en Historia, UNSJ
En 1976, el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” procuró un retorno al “orden” en el plano político – institucional, dando por finalizado el “desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo”. En esta breve nota de reflexión se relacionan hechos del presente y del pasado poniendo el acento en las complicidades económico-financieras con un proyecto dictatorial que dejó el saldo más nefasto de la historia reciente argentina.
Los historiadores solemos decir que para explicar el presente debemos conocer nuestro pasado. En la última semana el país se conmovió con la situación de la niña “M”. Ella- como miles de niñes en la Argentina- viven en una extrema pobreza, frente a una sociedad indiferente y egoísta influenciada por medios hegemónicos que responden a intereses económicos que expresan una continuidad de defensa de esos mismos interese desde 1810.
Hace cuarenta y cinco años, la toma de conciencia de los sectores populares, la militancia fabril, la politización de los sectores medios y la fuerza de los discursos críticos en el ámbito cultural molestaban y causaban gran preocupación a los intereses económicos concentrados en el CEA, Consejo Empresarial Argentino. Estos últimos reunidos para defender el libre mercado y, a la vez, presionar y exprimir el Estado con su poder de lobby. Uno de sus miembros más influyentes fue José Alfredo Martínez de Hoz. Tales empresarios habían sentido amenazada su tasa de ganancia y sus estatus patronales por la apertura política de 1973, y con una sociedad reclamante, donde los jóvenes eran los principales protagonistas.
Pero lo que más complicaba a la elite económica, era toda esa marea de movilización y de transformaciones en la política, presente desde la resistencia tras la caída de Juan Domingo Perón en 1955, junto con los cuestionamientos de poder a escala nacional, continental y mundial que desbordaban desde la segunda posguerra. Esos cuestionamientos que se mostraban en las luchas anticolonialistas o en las rebeliones estudiantiles de los países centrales y periféricos, encontraron aquí sus representantes apasionados y sus formas propias: peronistas, sindical-clasista, marxistas. Ellos hostigaban sus posiciones y eso era lo que había que decapitar.
En 1976, con la llegada al Ministerio de Economía de Martínez de Hoz, la política económica que implementó la dictadura cívico-militar se asentó en reformas institucionales y jurídicas que alterarían el patrón de acumulación para todo el período y las décadas siguientes. Se habilitó una tercerización de ciertas actividades que pasaron del Estado al sector privado, permitiendo configurar un “estado neoclásico privatizador”. Esto abrió el juego también a un modelo de organización estatal cívico-militar que promovió la gestión empresarial por medio de inversión en grandes obras públicas. Esa fue la llamada “patria contratista”, con grupos económicos como Techint, Macri, Clarín y La Nación entre otros.
En aquella época se puso en marcha un modelo de desindustrialización selectiva con valorización financiera que alteró las bases del patrón de acumulación anterior, contando para ello con todo el aval de organismos externos, como el Fondo Monetario Internacional; al que se recurrió constantemente para conseguir avales y legitimación internacional, endeudando al país para sostener el sistema financiero de las minorías concentradas.
Es por todo esto que, a 45 años del golpe cívico militar más brutal que sufrió el país, debemos tener memoria que el gobierno de las fuerzas armadas contó, no sólo con una llamada “complicidad civil”, sino con la autoría y protagonismo directo de las élites corporativas. La Dictadura de 1976 violentó los derechos humanos, no sólo civiles y políticos, sino los económicos, sociales y culturales, y ha dejado su estela de continuidad en las tensiones que sacuden los días del tiempo presente.
