San Juan, 10 de diciembre del 2020 Se mantienen las 14 semanas de gestación para solicitar legalmente la IVE. Sigue siendo no punible el aborto producto de una violación y en casos de peligro para la salud de la gestante. Contempla la objeción de conciencia pero le exige la inmediata derivación para que se cumpla la solicitud. El proyecto tuvo dictamen de mayoría el miércoles. El proyecto de ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria de Embarazo —que despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación-– obtuvo dictamen por amplia mayoría de cuatro comisiones en la Cámara de Diputados y se tratará este jueves a partir de las 11 en una sesión que estiman se extenderá por 24 horas. Primero se tratará el proyecto IVE y luego el Plan de los 1000 días.  La iniciativa del Gobierno fue modificada para asegurarse más apoyos también en el Senado. Se agregó un artículo que se refiere a la objeción de conciencia en las instituciones de salud privadas y de obras sociales, que establece que en caso de que todo su personal se declare objetor, “deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación”, es decir, será su responsabilidad que se garantice la IVE en otro centro de salud. “Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.  Los otros dos cambios al texto se refieren a la atención a menores de 16 años: por un lado se modificó la redacción pero no los requisitos para que ellas puedan accedan a la práctica; por otro, se agregó que en caso de violación, la obligación de denunciar y dar intervención al organismo de protección administrativo de derechos de cada jurisdicción, no debe obstruir el aborto ni vulnerar el derecho a la privacidad y confidencialidad de la niña o adolescente, para evitar, por ejemplo, que se difundan sus datos personales. El dictamen de mayoría obtuvo 77 votos. El de minoría, de rechazo al proyecto del Ejecutivo, 30. Y hubo 4 abstenciones. La plenaria de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidades y Acción Social y Salud Pública, sesionó en el recinto.   La mayoría de los integrantes de las cuatro comisiones estuvieron presentes aunque también hubo diputadxs justificados por su condición de personas de riesgo frente a la covid que lo hicieron de manera remota, como sucederá en la sesión de este jueves. La reunión, presidida por la diputada oficialista Cecilia Moreau, titular de Legislación General, comenzó poco antes de las 17.30 y se extendió alrededor de una hora y media. Las reformas que se incorporaron al proyecto del Ejecutivo fueron acordadas para favorecer que una vez que obtenga media sanción en Diputados –como se espera que ocurra en la madrugada o la mañana del viernes– pueda ser tratado sin cambios en el Senado.  La discusión en la Cámara Alta podría empezar la semana próxima, con un esquema similar al que se dio en Diputados: dos o tres audiencias informativas con expositores a favor y en contra, y la votación quedaría para después de Navidad, aunque no estaría definida aún la fecha. Podría ser el 29 de diciembre o pasar para febrero. La redacción final del dictamen se consensuó en una reunión que se hizo de manera virtual el martes por la tarde, en la que participaron la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, un equipo de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, que encabeza Vilma Ibarra –quien coordinó la redacción del proyecto–, lxs presidentxs de las cuatro comisiones que dictaminaron, la senadora Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque oficialista en la cámara Alta, y algunas legisladoras verdes más del oficialismo y la oposición. El cambio más significativo tiene que ver con la incorporación del artículo 11°, cuyo título es “Objeción de conciencia. Obligaciones de los establecimientos de salud” y dice: “Aquellos efectores de salud del Subsector Privado o de la Seguridad Social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia” individual “deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó. En todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones de la presente ley.  Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación. Todas las derivaciones contempladas en este artículo deberán facturarse de acuerdo con la cobertura a favor del efector que realice la práctica”. En el Gobierno aclararon que no se crea la objeción de conciencia institucional, sino que se establece cómo debe actuar un centro de salud privado o de una obra social cuando todos sus profesionales se declaran objetores. No le quita responsabilidad frente a la solicitud de una IVE sino que la obliga a derivar y garantizar que se cumpla con la práctica. Además, no habilita a una institución a ser objetora en sí. También se incluyeron modificaciones en el artículo 5° para proteger la intimidad y la privacidad de las menores de edad en caso de que soliciten a una ILE cuando hayan sido violadas. Y en la redacción del artículo 8° que define el régimen de atención de niñas y adolescentes. En la reunión plenaria se volvieron a escuchar voces a favor y en contra de diputadxs del oficialismo y la oposición, con argumentos ya pronunciados la semana pasada (ver aparte). De un lado y del otro destacaron el tono respetuoso del debate. La diputada Romina del Pla –cuyo mandato termina este miércoles por acuerdo con su bloque del FIT- planteó una disidencia parcial con el dictamen de mayoría y rechazó el artículo 11° que se agregó: “Se parece mucho a la objeción de conciencia institucional”, dijo, y opinó que se trata de