El ultranacionalismo español se sirve de distintas tácticas, más allá de la difusión de bulos, para promover su agenda política La estrategia de desinformación orquestada por la ultraderecha sobre la crisis del coronavirus va mucho más allá de la difusión de bulos. El ultranacionalismo español ha aprovechado la situación excepcional creada por la pandemia de SARS-CoV-2 para desplegar toda una batería de técnicas propias de un manual de manipulación informativa que, en última instancia, busca el beneficio de su propia agenda política. Y para ello se sirve de varias tácticas con las que puede atacar desde distintos flancos: al mismo tiempo que intenta desprestigiar con bulos al Gobierno o a representantes de la izquierda, repite mensajes como la necesidad de controles más estrictos en las fronteras para frenar la expansión del virus, que es al mismo tiempo una de sus demandas tradicionales para controlar la inmigración. De hecho, durante el estado de alarma, Vox ha reclamado que se quite la sanidad gratuita a los inmigrantes irregulares. Los investigadores de la Universidad de Cambridge Jon Roozenbeek y Sander van der Linden han identificado las principales narrativas de desinformación en el Juego de los bulos, una herramienta lúdica para educar contra la manipulación informativa a través de una simulación virtual en la que los participantes intentan imitar a un divulgador de mentiras en redes sociales. La propuesta, basada en la “teoría de la inoculación”, tiene como objetivo —tomando el símil del virus y la vacuna— enseñar a fabricar bulos como antídoto para identificarlos. La ultraderecha ha usado todas las narrativas descritas en el Juego de los bulos durante la crisis del coronavirus: 1. Imitación de una fuente de información fiable El primer paso que propone el Juego de los bulos es “disfrazarse de una fuente de noticias creíble”, lo que en la práctica supone disponer de una plataforma para divulgar contenidos, como un blog o un supuesto portal de noticias. Esta narrativa es efectiva porque “la mayoría de las personas prestan poca atención a las fuentes”, sostienen los investigadores. Es el caso del canal de YouTube Estado de alarma, que el periodista Javier Negre lanzó el pasado 25 de marzo y en el que colaboran comunicadores y políticos vinculados a la extrema derecha —EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con Negre—. “En este canal conocerás la verdad de lo que ocurre realmente en nuestro país, sin censura, sin mordaza”, asegura en su presentación. Sin embargo, la mayor parte de contenidos son opiniones defendidas por la ultraderecha presentadas como noticias y no informaciones basadas en fuentes fiables. E incluso ha dado pábulo a teorías de la conspiración, como la que sitúa el origen del virus en un laboratorio chino, desmentida por las evidencias científicas. La carátula de su primera entrada es toda una declaración de intenciones: una imagen en la que, junto a una ilustración del coronavirus, aparecen el presidente, Pedro Sánchez; el vicepresidente Pablo Iglesias; la ministra de Igualdad, Irene Montero; el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. El canal, en un solo mes, ya cuenta con casi 200.000 suscriptores. 2. Exaltación de las emociones Apelar a sentimientos como el miedo, la ira o la compasión “es una gran herramienta para difundir un mensaje”, aseguran Roozenbeek y Van der Linden. Y añaden: “Los artículos virales a menudo tienen titulares cortos y agudos que evocan este tipo de emociones”. En este apartado se podrían incluir bulos como la fotografía que mostraba un almacén repleto de ataúdes junto al emblema del PSOE, una ilustración del virus y un texto que rezaba: “Imágenes de la España que nos está dejando Pedro Sánchez. La foto por la que están investigando a decenas de policías y sanitarios”. La foto intentaba dar a entender que en los ataúdes reposaban los restos de personas muertas en España por la covid-19 y que los responsables de esas muertes eran dirigentes socialistas, cuando en realidad eran los de inmigrantes fallecidos en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa, en 2013. Pero no solo las mentiras desinforman. Las continuas alusiones al “Gobierno asesino” en las redes sociales son una muestra de este intento de exaltar los sentimientos de la opinión pública. También la iniciativa propuesta a través de Instagram de dar un “zapatillazo” al presidente del Ejecutivo, que consistía en fotografiarse mientras se lanzaba un zapato contra la televisión en un momento en el que apareciera Pedro Sánchez y que exalta el sentimiento de la ira o del enfado. 3. Polarización “Encontrar quejas existentes y explotarlas” puede crear fricciones y hacer pensar a la opinión pública que una “historia es mucho más importante de lo que realmente es”, señala el Juego de los bulos, que sugiere a los participantes aprovechar la gran distancia que separa a la “izquierda y la derecha”. La ultraderecha en España ha aprovechado el malestar que pueden causar los supuestos privilegios de los políticos frente al resto de ciudadanos. Es el caso del bulo sobre el respirador que habría recibido en su domicilio Manuela Carmena, difundido por el tuitero Alvise Pérez (seudónimo de Luis Pérez, exasesor del dirigente de Ciudadanos Toni Cantó), que publicó una foto en la que se veía frente a la casa de la exalcaldesa de Madrid una furgoneta de la empresa VitalAire, que distribuye oxígeno a personas con enfermedades respiratorias crónicas —EL PAÍS ha intentado, sin éxito, contactar con Alvise Pérez—. “Evita acudir a un hospital público y hacer cola como el resto de los españoles”, afirmó en Twitter, una información desmentida, no solo por Carmena, sino por la propia compañía. 4. Teorías de la conspiración El Juego de los bulos propone aprovechar “el deseo de las personas por conocer la verdad para arrastrarlos a tu grupo de seguidores”. Y para ello no es necesario inventar teorías de la conspiración, sino aprovechar las que ya existen. Precisamente en torno al origen del nuevo coronavirus hay al menos una decena de teorías de la conspiración que niegan, en general, que el SARS-CoV-2

En Francia y España ya se benefició con la prisión domiciliaria al 10% de la población carcelaria.  En medio de la campaña de desinformación que impulsaron sectores del macrismo contra la posibilidad de que a personas privadas de su libertad se les conceda la prisión domiciliaria por ser pacientes de riesgo por coronavirus, el Servicio Penitenciario Bonaerense indicó que menos del 1% de la población que hay en cárceles son los beneficiarios con esa posibilidad. Asimismo, indicaron que entre el 17 de marzo y el 17 de abril pasado 439 presos salieron de la cárcel por decisión judicial. En el primer mes de aislamiento egresaron de los penales de la provincia un total de 2.244 presos, de los cuales 1.607 fueron por pena cumplida, libertad condicional o libertad asistida. De ese total, 439 fue por prisiones domiciliarias originadas por integrar los detenidos el grupo en riesgo de contraer coronavirus y 198 por arrestos domiciliarios que no tienen que ver con la Covid-19. En el mismo período del año pasado, los presos excarcelados fueron 1.743, de los cuales 1.713 fueron egresos por pena cumplida y morigeración de la condena (106 más que este año), y 30 por arrestos domiciliarios. Un vocero del Ministerio de Justicia provincial aseguró a Página 12que «si se tiene en cuenta que la población carcelaria en la provincia es de casi 50 mil presos, se le concedió la prisión domiciliaria por el coronavirus a menos del 1 por ciento de los detenidos». «En países como Francia o como España, la cantidad de excarcelaciones en momentos de pandemia fue de alrededor del 10%de la población carcelaria, muy por encima de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires», explicó el vocero. Fuente: www.eldestapeweb.com

Regirá a partir del próximo 5 de mayo para aquellos que tengan que volver a sus domicilios habituales para seguir con la cuarentena. A partir del próximo 5 de mayo, las personas varadas en distintos puntos del país por al aislamiento social vigente por el coronavirus podrán regresar a sus domicilios habituales para seguir con la cuarentena una vez que tengan la autorización de los gobiernos provinciales, que a su vez deberán comunicar la decisión de habilitar el retorno y solicitar el permiso para concretarlo a la Jefatura de Gabinete nacional, según se estableció hoy en el Boletín Oficial. La medida se hizo efectiva a partir de la publicación de la Resolución Conjunta 3/2020 que lleva la firma de los ministros de Transporte, Mario Meoni, y del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro. De acuerdo al nuevo procedimiento, «cada jurisdicción provincial y la Ciudad de Buenos Aires deberán abrir y administrar un registro de personas que deseen regresar a su residencia habitual». «Las personas que deseen regresar deberán inscribirse en el registro que habilite la jurisdicción donde tienen su residencia habitual» con los datos particulares, de movilidad, provincia, localidad y domicilio de origen y destino y cantidad de personas que se movilizarán, según se precisa en el Anexo II del texto oficial. Se considerará domicilio de residencia habitual de las personas al indicado en su Documento Nacional de Identidad, a excepción de que pudieran acreditar que se modificó mediante documentación fehaciente, y el traslado podrá ser realizado por única vez. Para continuar con el procedimiento, las provincias y la ciudad de Buenos Aires «aprobarán o desestimarán las solicitudes fundadamente y de conformidad con la capacidad de ingreso diario de cada jurisdicción, en condiciones de seguridad sanitaria, comunicando la decisión a los solicitantes». A su vez, «establecerán si autorizan que un vehículo se traslade hasta el punto donde está el solicitante para buscarlo y así poder regresar, o si deberá exclusivamente contar con un vehículo en el mismo lugar donde esté cumpliendo el aislamiento social». Recién a partir del martes 5 de mayo de 2020, «las provincias informarán diariamente la nómina de personas para cuyo desplazamiento prestan conformidad, a través de una nota suscripta por el Gobernador, Jefe de Gobierno o el funcionario público delegado al efecto, quien solicitará la emisión del Certificado para el Regreso al Domicilio Habitual». Dicha nota deberá ser remitida por las jurisdicciones a la Jefatura de Gabinete de Ministros, adjuntando una planilla con los datos de las personas respecto de las cuales prestan conformidad para su traslado, y una vez recibida la información completa, se habilitará la emisión del «Certificado para el Regreso al Domicilio Habitual». Luego, cada jurisdicción deberá remitir a los interesados el único permiso de circulación necesario para trasladarse desde su lugar de origen hasta su lugar de destino. Se aclara que el «Certificado para el Regreso al Domicilio Habitual» tendrá una vigencia de noventa y seis (96) horas computadas a partir de su emisión, de acuerdo a la resolución publicad en el Boletín Oficial. Para establecer esta nueva modalidad, el Gobierno tuvo en cuenta «la experiencia colectada durante el primer periodo de esta medida» con el otorgamiento de 20.000 permisos de traslado a los varados y la cantidad de personas que no pudieron regresar a su residencia, lo que hizo «necesario implementar un nuevo procedimiento para evaluar autorizaciones excepcionales». Finalmente se aclaró que ante el requerimiento de la autoridad competente en la vía pública, la persona deberá exhibir copia digital o impresa del «Certificado» junto con la documentación respaldatoria, que deberán coincidir con los datos del domicilio de residencia habitual al que se dirige. Por otro lado, se advirtió que la falsedad de los datos en la tramitación del «Certificado para el Regreso al Domicilio Habitual», que es una declaración jurada, dará lugar a sanciones, sin perjuicio de la denuncia penal ante la eventual comisión de delitos de acción pública. La Defensoría del Pueblo de la Nación informó en las últimas horas que hay al menos 6.885 personas que están varadas fuera de sus provincias debido al aislamiento social vigente por el coronavirus, la mayoría de ellas en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Córdoba, de acuerdo a un relevamiento en base a consultas y reclamos sobre esa situación. «La Defensoría del Pueblo de la Nación recibió múltiples consultas y reclamos de dichas personas manifestando la necesidad imperiosa de regresar a sus hogares. Es por ello que desde el domingo 26 de abril, la institución lanzó una encuesta para que los varados argentinos que necesitan volver a sus provincias completen sus datos y se pueda generar un Registro para informar a las autoridades pertinentes», informó la Defensoría en un comunicado. Fuente: www.telam.com.ar

Se trata de Carlos Mahiques, exministro de Vidal, y Guillermo Yacobucci, exescriba de la revista Cabildo. Beneficiaron al represor Cinto Courtaux, quien estuvo prófugo 3 años y está alojado en una cárcel subpoblada. Podría cumplir su condena en un country. Repudio de las víctimas. Los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, integrantes de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, lo volvieron a hacer. En un fallo que provocó el repudio de organizaciones de DD.HH. y familiares, beneficiaron a otro represor con la excusa de la pandemia del coronavirus. Se trata del exjefe de inteligencia militar Cinto Courtaux, detenido en el marco de la causa Contraofensiva. La unidad penal en la que está alojado no tiene superpoblación ni hacinamiento y posee un hospital. A pesar de que la máxima instancia penal del país rechazó el 90% de los planteos de “excarcelación” que le llegaron por el COVID-19, Mahiques y Yacobucci hicieron lugar al planteo de Courtaux y ordenaron al tribunal inferior que había rechazado su domiciliaria que revise su fallo, dado que consideraron que el militar es grupo de riesgo. Para estos jueces debe validarse el pedido de domiciliaria en un country, que hizo el genocida. No obstante, dejaron que esa decisión la firmen los integrantes del TOF 4 de San Martín. Es que tanto Mahiques y Yacobucci ya se ganaron el repudio de los organismos de DDHH luego de firmar, en el marco de esta pandemia, el arresto domiciliario del represor Lucio Nast, condenado a 22 años de cárcel por crímenes contra la humanidad. Ni Courtaux ni Nast son casos extremos que ameriten una urgente excarcelación, tal como expresó en su voto disidente en ambos casos, el camarista Alejandro Slokar. Es decir, esa decisión choca con la acordad 9/20 que firmaron los propios jueces de la Casación. Courtaux fue el jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares que funcionó en Campo de Mayo. Está detenido en el marco de la causa Contraofensiva, que integra la megacausa Campo de Mayo, por su rol central en la inteligencia militar. Según testigos de la época, participó varios operativos en la zona norte del conurbano bonerense. Cuando fue citado a indagatoria en 2014 no se presentó y fue declarado en rebeldía por la jueza federal de San Martín Alicia Vence. Se pidió por él una recompensa de 500 mil pesos. Recién se lo apresó tres años más tarde, en 2017. Por esta razón se cree que hay peligro de fuga. “El fallo en esa sala era previsible porque sabemos que Mahiques y Yacobucci comulgan ideológicamente  con las ideas de Cinto Cortaux”, aseguró a El Destape el abogado querellante, Pablo Llonto. “Mahique es un juez liberador de asesinos igual que Yacobucci. Ya lo han hecho en anteriores oportunidades”, señaló. “En la resolución hablan de reevaluar la situación de la unidad carcelaria donde esta Courtaux. Pero está en una unidad carcelaria que es un privilegio. No tiene  hacinamiento. Allí hay menos gente de la que podría estar, todo lo contrario de algunas otras cárceles. Y hay un hospital a poca distancia. Además no tiene un solo caso de coronavirus. Su fundamento es político y no jurídico”, añadió Llonto. Según un informe del Servicio Penitenciario Federal, la U.31, donde está detenido este genocida, tenía una tasa de ocupación a fines de marzo del 55%, es decir, tiene la mitad de los detenidos que puede albergar. Por su parte, Gustavo Molfino, familiar de víctimas de la Contraofensiva, aseguró que analiza pedir el juicio político de los dos jueces que firmaron este fallo. Y aclaró, ante la consulta de este medio, que como familiares no fueron notificados de esta resolución.  Tampoco pasó desapercibido entre familiares que esta decisión se tomó en un nuevo aniversario de las Madres de Plaza de Mayo.Cuando fue el fallo de Nast, las agurpaciones HIJOS, APDH y también Justicia Legítima cuestionaron a estos magistrados. La asociación de jueces tituló su comunicado “La pandemia como coartada”.Argumentos La acordada 9/20, donde se recomienda descongestionar las cárceles en el marco de la pandemia, fue firmada por 11 de los 13 jueces de la Casación Federal (entre ellos, Mahiques y Yacobucci). Respecto a las personas que cometieron delitos graves, allí se especificó que se debe meritar “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad» de excarcelaciones y domiciliarias, «conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso”. Algo que ninguno de estos dos jueces hizo en los fallos Courtaux y Nast. En la reciente resolución por la que favoreció a Courtaux, Mahiques esgrimió la pandemia como excusa y lejos de restringir la excarcelación en casos graves como este consideró que “corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Cinto Courteaux puesto que el tribunal de grado omitió valorar debidamente y con sujeción a lo antes expuesto, todas las circunstancias relevantes, lo que priva a la resolución de una adecuada -y no sólo aparente- fundamentación. En consecuencia, debe anularse la decisión impugnada (NdelR: el tribunal inferior había rechazado la excarcelación y la domiciliaria) y remitir las presentes actuaciones a la instancia anterior, a fin de que se dicte una nueva resolución conforme a derecho y a las pautas aquí establecidas”. Yacobucci compartió el voto de su colega. Ambos destacaron que Courtaux integra el listado de grupo de riesgo al COVI-19 que elaboró el SPF como si ese fuera un pasaporte directo a la domiciliaria. Quien no estuvo de acuerdo con este criterio fue el juez Slokar, quien remarcó los hechos que se le achacan a Courtaux son homicidios agravados; privaciones ilegales de la libertad; abusos deshonestos y torturas. También se refirió a los riesgos procesales de darle una domiciliaria a una personas que estuvo más tiempo prófuga que detenida. Y se hace eco de la situación de las víctimas. Además, resaltó que anteriormente la misma sala le había rechazado la domiciliaria al mismo genocida y que la cárcel donde está alojada está “subpoblada”.