A través del decreto 250/2020 habilita al ministro Guzmán a comenzar la renegociación «a efectos de resolver la situación de inconsistencia macroeconómica, resulta fundamental implementar políticas de deuda como parte de un programa integral diseñado con el objetivo de recuperar un crecimiento sostenible de la economía».

El Gobierno que preside Alberto Fernández comenzará el camino de reestructuración de la deuda externa, así el Presidente y su equipo de ministros firmaron el decreto que hablita al titular de Economía Martín Guzmán a comenzar el proceso de negociación con los acreedores por la suma de US$ 68.842 millones.

«A efectos de resolver la situación de inconsistencia macroeconómica, resulta fundamental implementar políticas de deuda como parte de un programa integral diseñado con el objetivo de recuperar un crecimiento sostenible de la economía y restaurar la sostenibilidad de la deuda pública», indica el documento, que lleva la firma del presidente, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

En su artículo 2 el decreto señala que «las prórrogas de jurisdicción sean en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York –Estados Unidos –, Londres — Reino Unido –, y de los tribunales ubicados en la ciudad de Tokio — Japón –«. Ese artículo agrega que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana por parte de Argentina «será exclusivamente respecto de reclamos que se pudieran producir en las jurisdicciones que se prorroguen con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen con cargo al presente decreto».

Según datos de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, a fines de diciembre pasado la deuda bruta de Argentina ascendía a 323.177 millones de dólares, de los cuales unos 194.000 millones de dólares corresponden a deuda en títulos públicos de mediano y largo plazo.

Unos 44.000 millones corresponden a deuda que se contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que expresó su apoyo al proceso con el argumento de que la deuda «no es sostenible» y que un plan de ajuste «no es económicamente ni políticamente factible» con una recesión de casi dos años. Fernández dijo ante el Congreso que la iniciativa «no se hará a costa del hambre del pueblo» y aseguró que el país pagará cuando su economía «vuelva a crecer».