Un tribunal de apelaciones de Roma consideró culpable por secuestros y ejecuciones a un grupo de militares y policías de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. La justicia italiana condenó en ausencia este lunes a cadena perpetua a 24 represores sudamericanos procesados por la desaparición y muerte de 23 opositores con ciudadanía italiana en el marco del Plan Cóndor. Los jueces de la Corte de Apelación de Roma consideraron a un grupo de militares y policías de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay responsables del operativo represivo que llevaron adelante las dictaduras de esos países en los años 70 y 80 para secuestrar y ejecutar a los disidentes. El tribunal modificó la sentencia de primera instancia, dictada en enero de 2017, en la que había condenado a cadena perpetua solo a 8 personas. La historia de la causa “Zelmar Michelini me sugirió escribir todo lo que había pasado aquella noche. Y seguir escribiendo todos los detalles de los pedidos formales que presentaba, los encuentros que ocurrían, los hechos que surgían durante la búsqueda de Daniel y de los muchachos que habían sido secuestrados con él”, cuenta Aurora Meloni. Era 1974, y ella tenía 23 años y dos hijas pequeñísimas la noche en la que el comisario Hugo Campos Hermida se presentó en el umbral de su apartamento de Buenos Aires. Campos Hermida se llevó a su esposo, Daniel Banfi, a Luis Latrónica y a Guillermo Jabif. Asombra en el relato de Meloni encontrarse con la capacidad del senador para comprender en qué medida aquella historia, prólogo de miles de historias análogas, podría prolongarse en el tiempo, superar épocas y espacios de acción. Michelini había entendido que se iba a necesitar mucho tiempo para lograr verdad y justicia. En octubre de 1976 Cristina Mihura dejó Argentina cruzando la frontera de Misiones. Llegó a Río de Janeiro y desde allí se embarcó hacia España. Su viaje todavía no había terminado. Llegó a París, a Suecia, y finalmente, en 1977, a Italia. Y llevó consigo su denuncia. Su marido, Bernardo Arnone, había desaparecido el 1° de octubre de 1976 junto con muchos otros compañeros del Partido por la Victoria del Pueblo. Meloni, a su vez, había llegado a Suecia en 1974. También ella decidió mudarse a Italia, el país del que provenía su familia, y, al igual que Mihura, trabajó para dar a conocer su denuncia desde el primer día. El 16 de octubre de 1998 el juez español Baltasar Garzón, apoyándose en el principio de la jurisdicción universal, logró que el ex dictador chileno Augusto Pinochet quedara en prisión domiciliaria en Londres. Ese hecho despertó las esperanzas de quienes no lograban obtener respuestas en los tribunales nacionales latinoamericanos debido a las leyes de impunidad. Meloni vivía en Montevideo en ese entonces y recuerda las reuniones con las organizaciones de familiares de desaparecidos y militantes por los derechos humanos. En esos encuentros empezó a tomar forma la idea de presentar denuncias en otros países. “La primera reunión se llevó a cabo en Montevideo, en las oficinas de Serpaj [Servicio de Paz y Justicia]. Fui invitada por [el ex diputado] Felipe Michelini. Por entonces [el actual presidente del Frente Amplio] Javier Miranda era el abogado de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. En ese encuentro estuvieron María Bellizzi, Luz Ibarburu, Marta Casal, Filomena Narducci y Raúl Olivera, que representaba a la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT. Yo ya había acompañado a las Madres de Plaza de Mayo en sus juicios en Italia en los años anteriores. Recuerdo que el propósito de esta reunión era presentar una denuncia en Italia”, dice Meloni. “Después de todo lo que estaba sucediendo con Garzón”, cuenta Cristina Mihura, “y de las denuncias que estaban surgiendo también en otros países europeos, me contactó Luz [Ibarburu]. Con Luz y María Esther [Gatti de Islas] ya teníamos una costumbre de trabajar juntas porque Bernardo, María Emilia [Islas] y Juan Pablo [Recagno Ibarburu] habían desaparecido en el transcurso de diez días, y a menudo habíamos colaborado en su búsqueda. Así me involucraron”. En 1999, el 9 de junio, Meloni y Mihura llegaron ante el fiscal Giancarlo Capaldo y presentaron denuncias por el homicidio de Daniel Banfi y la desaparición de Bernardo Arnone, ambos ciudadanos italianos. “No tengo una idea clara de cuándo supe de la existencia de la Operación Cóndor”, dice Mihura. “Todos habíamos sufrido los efectos de lo que llamábamos coordinación represiva, pero no habíamos oído hablar de la Operación Cóndor. Fue en algún momento de las investigaciones de Garzón que surgió en mí la idea de que Bernardo había sido una víctima de la Operación Cóndor”. Asimismo, Meloni recuerda: “Presentamos una denuncia y solicitamos una investigación para comprender qué había sucedido con los miembros de nuestras familias. La idea del Plan Cóndor llegó más tarde, y fue el fiscal Giancarlo Capaldo quien la planteó. Capaldo nos escuchó, creyó en nosotras y comenzó la investigación”. “La legislación italiana no prevé la jurisdicción internacional, como en España, entonces utilizamos la norma que permite activar la acción legal para crímenes cometidos en el exterior, con motivaciones políticas, contra ciudadanos italianos”, dice el fiscal Capaldo. “Apenas recibí las denuncias me planteé el problema de cómo proceder para recopilar información y construir un caso judicial sólido. De hecho, estábamos hablando de hechos que habían acontecido muchos años atrás y en varios países de América Latina”. Capaldo pidió a la policía judicial de Italia que recopilara toda la información posible en las bases de datos italianas. El resultado fue decepcionante. No había nada. “La respuesta fue tan desalentadora que decidí abandonar la idea de utilizar a la policía italiana para hacer esas investigaciones”, dijo el fiscal. En una decisión totalmente atípica, optó por recurrir a las asociaciones de víctimas y a algunas personas en particular. De esta manera, se activó un mecanismo mediante el cual se recibieron declaraciones espontáneas de familiares de las víctimas a través de las oficinas diplomáticas italianas en los países involucrados en las denuncias. A los testimonios, que llegaron casi al