Macri se vanagloria de haber habilitado el debate sobre el aborto, pero restringe cada vez más los derechos de las mujeres. El proyecto de reforma del Código Penal enviado al Congreso limita el acceso en relación al fallo de la Corte Suprema y a la legislación vigente desde 1921 La reforma al Código Penal que impulsa el Gobierno significa un enorme retroceso para los derechos de las mujeres. No solo propone que el aborto siga penalizado sino que además restringe su acceso en relación a la legislación vigente desde 1921 y a la interpretación que dio la Corte Suprema con el histórico fallo FAL. Así se lo plantearon al ministro de Justicia, Germán Garavano, una articulación de organizaciones como Amnistía Internacional y el CELS –que forman parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito– junto con la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA). La propuesta del oficialismo no modifica la criminalización de las mujeres que recurren a una interrupción voluntaria de embarazo (IVE). Pero, además, crea nuevas figuras como el “aborto culposo” –por imprudencia o negligencia–  y le da estatus jurídico al feto al incorporar como delito la “lesión a la persona por nacer” en forma dolosa y culposa, ampliando la amenaza persecutoria para los profesionales de la salud. Y aunque reduce de 4 a 3 años el castigo máximo para las mujeres que abortan –convirtiéndolo en delito excarcelable–, le otorga a los jueces el poder discrecional de perdonarles la pena         –¿qué pasaría si se trata de un magistrado antiderechos?– pero de todas formas, la imputada como victimaria tendrá que enfrentar todo el proceso judicial.   La noticia de que el presidente Mauricio Macri envió anoche el anteproyecto de reforma al Código Penal al Congreso cayó como una bomba en el seno de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que planeaba presentar en abril su nuevo proyecto, en el que –con algunas modificaciones–vuelve a proponer despenalizar y legalizar la práctica dentro de las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo en las causales ya previstas en el Código Penal, desde 1921. El proyecto fue firmado por Garavano, el presidente  Macri y  la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.  “Consideramos que aleja aún más las posibilidades de modificar la legislación para desincriminalizar a la mujer y a los profesionales intervinientes en los casos de IVE en las primeras semanas de gestación, e incluso agrava las posibilidades de injerencia en la privacidad de la mujer y la expone a mayores obstáculos para acceder a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en un marco de respeto, seguridad, confidencialidad, libertad e igualdad”, advirtió a este diario la abogada María Elena Barbagelata, de la AABA, ex diputada socialista y la única mujer que formó parte de la comisión convocada durante el kichnerismo para reformar el CP, cuya propuesta nunca llegó a discutirse. En octubre, la AABA junto con otras ONGs como Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), CELS, Católicas por el Derecho a Decidir, Mujeres en Igualdad, Cedem, Cladem y la Alianza por los Derechos Humanos de las Mujeres, presentó una petición al ministro Garavano para que se modificara la redacción propuesta en el anteproyecto en relación a los delitos de aborto (doloso) y de las nuevas figuras que incorpora como el aborto culposo y lesión a la persona por nacer (dolosa y culposa). Ninguna de las sugerencias fue tomada en cuenta, de acuerdo con el texto que trascendió en las últimas horas.  Las organizaciones objetan que el anteproyecto de Código Penal “no recepta las importantes modificaciones aprobadas en la Cámara de Diputados” en el reciente tratamiento del proyecto de ley que propuso despenalizar y legalizar la interrupción del embarazo en forma voluntaria hasta la semana 14 de gestación. Y advierten que, aunque las causales que permiten el aborto siguen siendo las mismas que ya están hoy vigentes (peligro para la vida o la salud de la mujer y en caso de violación), el texto propuesto “puede resultar regresivo”.  El texto propuesto califica a la salud en su aspecto “físico” y “mental”, en tanto en el actual Código Penal vigente, así como en el proyecto aprobado en Diputados, sólo se habla de “salud”. Y el fallo FAL se refiere al concepto de salud integral de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la considera en sus dimensiones biológicas, psicológicas y también los factores sociales. “El cambio resulta limitativo y puede ser interpretado en forma restrictiva, generando mayores obstáculos a la hora de acceder a la interrupción legal del embarazo por esta causal, tal como hoy  está prevista”, señala el documento de las organizaciones. “¿Qué significa mental? Se exigirá un certificado para evaluar la afectación a la salud mental?”, objetó en diálogo con PáginaI12, la abogada Patricia Bustamante, del grupo de trabajo de Feminismos y Justicia Penal del Inecip.  Por: Mariana Carbajal/Página12

Será el próximo lunes, junto con las nuevas tarifas de gas. Además las petroleras presionan por más aumentos. Por la fuerte incidencia del dólar y el impuesto interno, vuelven a subir los combustibles, metiéndole más presión a la inflación. El lunes 1 de abril las petroleras trasladarán al público el 50% del aumento en el impuesto a los combustibles que el gobierno resolvió por decreto percibir en dos etapas, una en marzo y otra en abril.  La incidencia del 50% del impuesto sobre el precio final será menor que en marzo, sobre todo en el caso del gasoil. Esto porque en el mes actual ya se está pagando el 100% del impuesto a la emisión de dióxido de carbono en todos los productos y del adicional sobre el gasoil. De esta manera, por el factor impositivo las naftas subirán en abril $0,4268 y el gasoil $0,2538 por litro, ya descontada la parte del biocombustible porque no está gravada. Pero las petroleras están dispuestas a aplicar desde ese mismo día un nuevo ajuste porque hay coincidencia en que resulta contraproducente realizar dos aumentos en un mismo mes. Y en ese sentido, en este caso la evolución del dólar es el elemento más determinante. Desde el 28 de febrero, cuando se decidió el último incremento al público, el dólar pasó de $40,14 a $43,01 al cierre de este lunes, lo que significa un alza del 7,1%.  Si no hubiera presiones políticas y sin la cautela que impone la caída del consumo, las petroleras trasladarían esa devaluación al precio de salida de refinería sin impuestos, lo que en un litro de nafta super de YPF significa un alza de más del 4% al público, que llegaría al 5% sumando $0,4268 del impuesto.  Falta saber todavía el nivel del dólar el último día de esta semana y los aumentos en los biocombustibles que están a cargo de la Secretaría de Energía. Por ahora del lado de la cotización internacional del petróleo no surgen presiones, porque el crudo de referencia en el mercado local se ubica entre u$s66 y u$s67, casi igual que a fines de febrero. El mismo 1 de abril empezarán a regir las nuevas tarifas de gas, que va a reconocer a las petroleras que producen este hidrocarburo un tipo de cambio de $41,97 por lo que vendan hasta el 30 de septiembre. Esa cotización es un 11,3% más alta que la considerada en las tarifas vigentes ahora, pero para las productoras significa un precio del dólar menor al de ayer y al que puede esperarse a medida que se acerquen las elecciones, lo que puede acentuar el mal humor de estas empresas con el Gobierno. Se presume que para cubrirse de esa situación, las petroleras ofrecieron gas a las distribuidoras a un precio superior a u$s7 por el 30% del producto que faltaba contratar para el invierno, después de la subasta que organizó el Gobierno en febrero. Lo que todavía no se puede precisar es si el ENARGAS convalidara ese precio para el gas contratado en el último mes. Porque en caso de que lo haga el aumento en las tarifas del público será mayor al 30% con que el gobierno viene insistiendo. Además, el ENARGAS y el Gobierno deben definir si mantienen el índice de precios mayoristas (IPIM) para el ajuste de los ingresos de transportistas y distribuidoras. El acumulado del semestre septiembre-febrero fue del 38,5%. En octubre pasado el Gobierno resolvió cambiar el método de ajuste pero la medida fue cuestionada por las empresas que se reservaron el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales. En audiencia pública, pidieron que se les reconozca lo que se les restó en octubre. Si esto se acepta, los márgenes de transporte y distribución deberían aumentar un 48%, y la meta de contener el aumento final en 30% sería incumplible.

La polémica Graciela Ocaña encabezó un documento presentado ante la Procuraduría General para bancar al fiscal acusado de espionaje ilegal y extorsiones en la causa de los cuadernos. Curiosamente, un diputado radical se enteró en vivo que estaba entre los firmantes que piden «que D´Alessio no sea el Lagomarsino de Stornelli». En el marco del operativo encabezado por el propio Mauricio Macri, un grupo de 30 diputados de Cambiemos presentó un desprolijo documento ante la Procuraduría General de la Nación para bancar a Carlos Stornelli, el fiscal investigado por espionaje ilegal y extorsiones en la causa de los cuadernos. Sin embargo, de forma insólita y aunque parezca increíble se olvidaron de avisarles a los propios firmantes del escrito vendido por Graciela Ocaña bajo la arenga «que (Marcelo) D´Alessio no sea el (Diego) Lagomarsino de Stornelli». Es que Alejandro Echegaray, diputado nacional de la UCR que integra el interbloque de Cambiemos en la Cámara baja, reconoció esta mañana que “acaba” de conocer que estaba entre los firmantes del escrito de apoyo al fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos. “Me acabo de enterar de esta situación. Me estoy enterando por los medios”, dijo, sorprendido y en vivo, Echegaray cuando lo consultaron en FM Cielo por el respaldo de 30 legisladores de Cambiemos a Stornelli. Metido en esa situación insólita, el diputado radical intentó explicar: “Hay un dato que me acabo de enterar, un conjunto de diputados firmamos contra un pedido de inhabilidad moral contra la doctora (Elisa) Carrió por parte del kirchnerismo y evidentemente también hubo una presentación del interbloque con este tema”. “Yo con este tema me estoy enterando por los medios que estoy firmando en apoyo al fiscal Stornelli. Seguro salió como una cosa de la conducción del interbloque pero me estoy enterando en este momento”, aclaró Echegaray. Para reforzar su explicación según la cual desde el interbloque macrista habría «tomado» de un documento relacionado al tema y las habrían trasladado sin consultar a esta otra presentación, el legislador de la UCR agregó: “Creo que han tomado las firmas de apoyo a Carrió y seguramente entendieron que dábamos el apoyo para lo de Stornelli porque está íntimamente ligado”.

A pesar de los intentos del Gobierno de instalar el discurso de que la economía se está recuperando, el Indec reveló una fuerte caída en el índice de enero. El gobierno nacional insiste en intentar instalar el discurso de que la economía se está recuperando, pero la realidad le vuelve a dar la espalda. Ahora, el Indec reveló que en enero las ventas en supermercados y shoppings cayeron por séptimo mes consecutivo.  En lo que respecta a los supermercados, las ventas retrocedieron un 10.5% comparadas con el mismo mes del año anterior. En igual período, el desplome en shoppings fue del 15.1%. Respecto a los medios de pago, de los datos del Indec se desprende que el 35,7% de las compras en supermercado y el 15,6% de las mayoristas fueron pagadas con tarjeta de crédito; lo que significa un aumento del 44,3% y 54,7% comparado con enero de 2018.  Este último es un dato que revela la incapacidad de la gente para comprar en efectivo, lo que la lleva a usar crédito para terminar pagando más adelante o en cuotas.  En 2018, las ventas en los supermercados cayeron 3% a precios constantes, mientras que en los grandes centros de compras (shoppings) fue de 2,4%.   

El máximo tribunal se pronunciará este martes sobre un caso particular que tendrá impacto en el resto de los haberes previsionales que tributan el impuesto. Expectativa política.  La Corte Suprema de Justicia definirá este martes si es constitucional o no que las jubilaciones paguen el Impuesto a las Ganancias.  Si bien la decisión se centrará en un caso en particular -el de la jubilada entrerriana María Isabel García-, la resolución podría impactar en el resto de los jubilados que tributan el impuesto e, incluso, en aquellos que cobraron sentencias favorables por actualizaciones en los últimos años. El caso que analiza la Corte es de 2015, cuando García presentó una demanda contra la AFIP y luego obtuvo dos fallos favorables del juzgado de primera instancia y de la Cámara Federal de Paraná, respectivamente. Ambos definieron la inconstitucionalidad de la aplicación del Impuesto a las Ganancias para los haberes previsionales. La justicia entrerriana consideró que la jubilación no es una ganancia.Ambos definieron la inconstitucionalidad de la aplicación del Impuesto a las Ganancias para los haberes previsionales. La justicia entrerriana consideró que la jubilación no es una ganancia.