Un joven de 18 años asesinó de un disparo en la cabeza a su novia de 16 y luego se suicidó en una vivienda de la localidad chaqueña de General Pinedo. Con este crimen, ya son 49 las víctimas de femicidios reportadas en lo que va de 2019 en distintos puntos del país. La víctima fue identificada por los voceros como Daiana Castillo, quien según los primeros datos obtenidos por la pesquisa, fue asesinada el último martes de un tiro con un arma calibre 22 por su novio, Juan Carlos Villalba. El episodio ocurrió cerca de las 23 y la policía fue alertada por los vecinos que escucharon primero una discusión y luego un disparo. Al llegar a la vivienda, los efectivos encontraron a la joven aún viva y la trasladaron primero al hospital local y luego a un centro asistencial de mayor complejidad de la ciudad Presidencia Roque Sáenz Peña, aunque a las 5.30 murió de este miércoles, dijeron los voceros. En tanto, el joven fue hallado muerto en la casa, ya que se había efectuado un disparo con un rifle. De acuerdo a un informe preliminar, la pareja de jóvenes mantuvo una discusión y Villalba tomó el arma con la que disparó a su novia, tras lo cual se suicidó. En base a dichos de testigos, la pareja mantenía una relación conflictiva y violenta que era conocida por sus vecinos y familiares, aunque no existían denuncias de ninguno de los dos. En la investigación del hecho interviene la fiscal Virginia Loto, quien dispuso las diligencias de rigor, entre ellas la localización de una persona que, según vecinos, podría haber sido testigo del episodio.

La ex presidenta había sido introducida en el expediente por una declaración de Fariña. La Cámara Federal ratificó el fallo de Casanello, quien sostiene que no hay pruebas en su contra, a pesar de la insistencia de Laura Alonso. La Cámara Federal porteña ratificó este miércoles la decisión del juez federal Sebastián Casanello de dictar la falta de mérito para la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por lavado de dinero conocida como «La ruta del dinero K» y por la que está detenido el empresario Lázaro Báez. En el mismo fallo, la sala I del tribunal de apelaciones destacó «la necesidad de profundizar la pesquisa», a fin de determinar si la ex mandataria tuvo algún grado de relación con los delitos por los cuales se investiga a Báez. El fallo lleva la firma de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi quienes resolvieron sobre la apelación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) contra el fallo de Casanello. Ambos organismos habían impugnado el fallo con el que Casanello afirmó que «no existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina Fernández por los hechos por los que fuera intimada», en el marco de la causa de lavado de dinero contra Báez. Sobre la apelación de la OA y la UIF, los jueces de la Cámara Federal sostuvieron que «las objeciones de las querellas, que encierran en definitiva un disenso con la cuestión de fondo, se exhiben insuficientes como para justificar una sanción procesal que invalide el resolutorio». «Con relación a los planteos que tildaron de infundada y arbitraria la decisión del magistrado de grado se observa que el juzgador ha expresado las razones de hecho y de derecho que lo condujeron a adoptar la decisión criticada, y se advierte, más allá de su acierto o error, la existencia de una conexión lógica entre las conclusiones y las premisas valoradas», remarcaron Llorens y Bertuzzi. Más allá de respaldar la decisión de Casanello, los camaristas sostuvieron que aún resta «corroborar la hipótesis que podría dar cuenta del conocimiento de la encartada sobre el accionar de Báez como posible prestanombre». La idea de que Báez podría ser un testaferro de la ex mandataria fue introducida en el expediente por el valijero Leonardo Fariña, quien sostuvo que, frente a una comunicación de la Embajada de los Estados Unidos, Fernández de Kirchner le habría pedido a Báez que sea más prudente con los movimientos de dinero. «Luce como acertado proceder también a la evaluación de los dichos del contador Víctor Manzanares, los de Juan Manuel Campillo, como así también los de José López y cualquier otra declaración brindada en el marco de la ley 27.304», sostuvieron los jueces de la Cámara Federal en referencia a las declaraciones brindadas por imputados de la causa de las fotocopias de los cuadernos. Tanto el ex secretario de Obras Públicas José López, como el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, fueron admitidos como arrepentidos en dicha causa, pero aún no ocurrió lo mismo con Manzanares, quien pidió ser arrepentido y quien declaró ante los fiscales del caso si ser aceptado aun por el juez Claudio Bonadio, por lo que su declaración no fue incorporada al expediente.