El dólar sigue su escalada sin límites. Apenas tres horas desde la apertura, la moneda estadounidense trepó 1,10 pesos y se disparó hasta los 41,45 pesos, su valor más alto en más de cuatro meses. Tras el nuevo aumento del gobierno en la tasa de las Leliq, la divisa estadounidense mantuvo la tendencia alcista de los últimos días. En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) el dólar subió 1,08 pesos, hasta los 40,35 pesos. En el sector minorista, el billete norteamericano avanzó por quinta jornada consecutiva. En tanto, en el segmento mayorista se mantuvo dentro de la zona de no intervención del Banco Central, establecida para este martes por la autoridad monetaria entre $38,371 y $49,658.

Después de considerar «insuficiente» la nueva oferta del gobierno nacional, la Conadu confirmó la medida de fuerza para los días posteriores a los feriados de carnaval. El 8 coincide con el paro internacional de mujeres. Ante la negativa del gobierno nacional de otorgar la recomposición correspondiente a la revisión salarial en la paritaria docente universitaria, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió llevar adelante un cese de actividades de toda la comunidad universitaria a nivel nacional con fecha 6, 7 y 8 de marzo, entre otras acciones. Los días 6 y 7 la medida se desarrollará en conjunto de las centrales de la educación, y con posible movilización para el día 6. El 8 de marzo se desarrollará en el marco del Paro Internacional de Mujeres. El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales se llevó a cabo tras la reunión paritaria de este martes, en la que el gobierno no se movió de una oferta unilateral del 4%, que se suma al 5% otorgado a fines de enero. «El Gobierno no está cumpliendo con el aumento que nos corresponde en la revisión salarial del acuerdo paritario; nuestro Plenario de Secretarios Generales resolverá medidas de acción directa», declaró Carlos De Feo, secretario general de Conadu. “El Plenario desplegó un intenso plan de lucha en defensa del salario docente y de la Universidad Pública. Ya demostramos el año pasado que la comunidad universitaria y la sociedad están dispuestas a defender la universidad y la educación pública como herramienta fundamental para el desarrollo del país. Por eso vamos a continuar desplegando la más amplia unidad para defender los derechos de los trabajadores y el pueblo argentino. Esto es un llamado de atención al gobierno para que revea su posición y destine mayores recursos, porque de no hacerlo se comprometerá el normal funcionamiento de las universidades”, afirmó el referente. Los docentes universitarios explicaron que la oferta que hizo en las últimas horas el Gobierno (4%) se suma al 5 por ciento otorgado a fines de enero, pero la oferta «fue declarada insuficiente ante el contexto de deterioro salarial». «La Conadu continúa reclamando el 16,6 por ciento de aumento (con la totalidad de las sumas en blanco) de la primera cláusula de revisión salarial 2018 para recuperar el poder adquisitivo de los y las docentes universitarias luego de atravesar la escalada inflacionaria más alta desde 1991», argumentaron. Cronograma 21 de Febrero: Participar del Acto a un año del 21F con las centrales sindicales combativas, hacia un paro general del movimiento obrero frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional. 28 de Febrero: Jornada Nacional de Protesta 6 y 7 de marzo: Paro Nacional Universitario de 48 hs, movilización en unidad de acción con el conjunto de los gremios docentes del país para el día 6. 8 de Marzo: Paro de Mujeres en el marco del día internacional de la mujer trabajadora. 18 de marzo: acto en Pizzurno durante la convocatoria a la paritaria docente y en las distintas universidades del país. 19 de Marzo: Plenario de Secretarios Generales. 19 de Marzo: Plenario de Secretarios Generales.

La ministra de Seguridad, junto a su par de Justicia, defendieron el nuevo régimen penal juvenil, que implica una baja en la edad imputabilidad de menores. El ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó el anteproyecto del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión. Garavano lo presentó en la sede de la cartera de Justicia, con la asistencia de otros ministros, legisladores, jueces y los miembros de la comisión que redactó el texto, entre otros invitados. La figura más destacada fue Patricia Bullrich, ministra de seguridad y una de las mayores defensoras del proyecto. Uno de los puntos centrales del anteproyecto es la edad de imputabilidad, que se establece de acuerdo al monto de las penas fijadas por las leyes a partir de los 15 años, en el caso de que el menor cometiera algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal. La iniciativa que consta de más de 100 artículos, tiene como ejes «contar con una Justicia especializada, abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa; fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos; y procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas», según la información oficial. Será imputable el adolescente mayor de 16 años y menor de 18 que cometiera un delito de acción pública previsto en el Código Penal y leyes especiales, con excepción de aquellos penados con un máximo de tres años o sancionados con multa o inhabilitación como pena principal. El anteproyecto fija con carácter excepcional la sanción privativa de la libertad «que sólo podrá imponerse cuando las medidas o sanciones socio-educativas y disciplinarias no resultaren adecuadas para los fines de esta ley o fracasen con anterioridad por razones imputables al adolescente». Voces críticas En enero, cuando el tema ya estaba en la agenda del gobierno, Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), le concedió una entrevista a Tiempo en la que aseguró que nuevo régimen penal juvenil es necesario, «porque nos estamos manejando con un decreto de la dictadura», pero que bajar la edad de imputabilidad no lo es. «Una cosa no tiene nada que ver con la otra –explica–.Lo importante es hacer un buen régimen penal juvenil en el que los chicos tengan sus garantías y se contemple una serie de medidas alternativas que, según parece, se plantean dentro del proyecto, pero sin presupuesto. Sin recursos, lo único que se va a lograr es que los chicos vayan presos en vez de a los 16 a los 15 años. Me parece que es una cuestión netamente electoralista para tapar los problemas socioeconómicos que vive el país».

A través de un informe en 2013, el Grupo Clarín y su periodista estrella atacaron al kirchnerismo vinculando a Norberto Yauhar, entonces titular de Agricultura, con un caso de narcotráfico en Chubut. La justicia los condenó a todos: deberán resarcir al ex funcionario y, además, publicar un humillante reconocimiento de la noticia trucha. Los detalles y el fallo judicial. En una nueva exhibición del grado de falsedad de los informes que acostumbran publicar y las afirmaciones que suelen hacer, la justicia le dio un durísimo revés al Grupo Clarín, y Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki, dos de sus periodistas «estrella», por una fake news para perjudicar al kirchnerismo en 2013: los condenaron a pagarle $ 600 mil a Norberto Yauhar, exministro de Agricultura, por una operación en su contra, y a realizar una humillante publicación en que el medio y los escribas reconozcan que mintieron a través de una noticia trucha. La decisión expresada en el fallo del juez Fernando Pablo Christello significa que Yauhar, ministro de Cristina Fernández de Kirchner entre 2011 y 2013, le ganó una demanda por daños y perjuicios a Lanata, Wiñazki y a los medios Canal 13 y Radio Mitre (ambos del Grupo Clarín) por haberlo acusado de «narco» y haberlo involucrado en un caso de narcotráfico ocurrido en 2013 en Chubut, que terminó con el hallazgo de 110 kilos de cocaína en la pesquera Poseidón. Lanata y compañía señalaron directamente por el caso al exministro sin ninguna prueba documental ni testimonial, cosa que se corroboró en la causa en la que nada tuvo que ver quien estuviera al frente de la cartera de Agricultura. El fallo judicial, entonces, obliga a ambos medios, a Lanata y a su sucesor en Clarín para las operaciones de este tipo, Wiñazki, a abonar una suma de $ 600 mil, y además a publicar un texto en el diario Clarín y en Radio Mitre, en el que admitan que fueron condenados por publicar una noticia falsa. Para justificar la contundencia de su fallo, el juez Christello precisó la responsabilidad de los medios en la publicación de noticias, diferenció entre la información errónea y la falsa y, con esto último, dejó en claro que lo que hicieron Clarín, Lanata y Wiñazki fue montar una operación trucha e intencional. “La información errónea no origina responsabilidad civil por los perjuicios causados si se han utilizado los cuidados, atención y diligencia para evitarlos”, explicó, y diferenció esto de lo que hicieron los condenados: “La información falsa genera, como principio, responsabilidad civil y penal, según sea el bien jurídico afectado”. Yauhar inició la demanda en 2013, cuando Lanata emitió en su programa un informe titulado «Narkolandia» sobre el caso narco ocurrido en Chubut. Sin pruebas y aunque en ningún momento trascendió ni hubo información sobre que Yauhar estuviera vinculado al episodio, quien supo fundir al diario Crítica y Wiñazki (autor de la «investigación») sostuvieron en ese y en otros envíos en los que participaban en Radio Mitre que el entonces ministro de Agricultura estaba involucrado. Es más, Lanata se refirió a Yauhar como “narco” y aseguró que iba a “ir preso”. Después de un proceso de mediación iniciado el 5 de agosto de aquel año, al que Lanata faltó, quedó habilitada la vía judicial para el reclamo por daños y perjuicios, derivado de injurias. Yauhar acusó a Lanata, Wiñazki, Canal 13 y Radio Mitre de “armar intencionalmente, promocionar y poner al aire una supuesta ‘investigación periodística’ en la que le atribuyeron, de modo asertivo y contundentemente, vínculos con el narcotráfico, agregando la sospecha de que el propietario de la pesquera donde se halló un cargamento de cocaína disimulada en cajas de langostinos (Omar “Cura” Segundo) era su testaferro”. En cuanto a Wiñazki, escriba de innumerables operaciones periodísticas que contienen desde desvaríos semánticos hasta errores ortográficos, en la demanda se argumentó que “aportó su parte relevante a la construcción de la injuria, desde que fue quien hizo los reportajes, tergiversó información y dio, en modo asertivo, datos falsos con los que abonó las suspicacias sobre un vínculo entre Yauhar y el dueño de la pesquera donde se encontró la cocaína”. Como consecuencia de esto, la justicia no sólo condenó a los responsables a pagarle a Yauhar, sino que Canal 13 y Radio Mitre también deberán publicar en ambos medios “durante las transmisiones de los programas que conduzca el co-demandado Lanata (o en caso de que éste no se encuentre saliendo al aire, en los horarios de las transmisiones que nos ocupan -día jueves a las 09:00 hs. en el caso de la radio; días domingo a las 22:30 hs. en el caso de la televisión- y en lugar visible de la pantalla de inicio de las páginas web de ambos medios», una humillante noticia que reconozca la condena por la fake news. “CONDENAN A CANAL 13, RADIO MITRE, JORGE LANATA, NICOLAS WIÑAZKI Y OZONO PRODUCCIONES S.R.L. POR DIFUNDIR UNA NOTICIA FALSA Y/O INEXACTA. Con fechas 4 de julio de 2013, 7 de julio de 2013 y 12 de septiembre de 2013, el Sr. Norberto Gustavo Yauhar fue injustificada e incorrectamente vinculado por estos medios y periodistas con el narcotráfico, habiéndose sostenido que formaba parte de ese inmoral negocio y que por ello en el futuro iría preso. El interesado demandó ante la Justicia Civil por la noticia que lo incriminaba. Se estableció que la noticia no era exacta, lo que motivó que todos los involucrados sean condenados por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 46 de la Capital Federal y, en consecuencia, tengan que indemnizarlo, y publicar esta noticia de acuerdo con lo establecido por el art. 1071 bis del Código Civil, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados a ésta”, reza el texto que deberán reproducir los culpables del delito. La publicación se reiterará por el lapso de dos días y contendrá un hipervínculo o link al texto completo de esta decisión resguardando los nombres de los testigos y profesionales –los que serán indicados con sus iniciales- y los importes dinerarios, que serán tachados.