Así lo reveló una investigación realizada por el periodista Horacio Verbitsky Una investigación realizada por Horacio Verbitsky reveló que el juez federal Claudio Bonadio -magistrado que tiene en su poder la mayoria de las causas contra funcionarios kirchneristas- posee acciones en unas 25 empresas del sector energético y del mercado del gas. Muchas de estas empresas fueron beneficiadas por las políticas adoptadas por el gobierno de Cambiemos en detrimento del pueblo argentino. En una suma de «casualidad» las empresas donde tiene participación el juez nacieron en 1995, un año después que Bonadio haya sido designado juez. La primera de ellas fue radicada con el nombre de su hermano. Luey Gas y Gas Lanus, Gas Avellaneda, Petrokem, Melinka, Kioshi, Paranay SA, GNC Plus SA, Gas Avellaneda SA Mansue SA son solo algunas de las compañías que forman parte del polémico holding. Incluso, el juez federal declaró poseer acciones de Telecom Argentina, la empresa de telecomunicaciones del grupo Clarín, según afirma El Destape. Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/

Carlos Sersale publicó un mensaje muy polémico y repudiable para todos los argentinos, con respecto al reclamo por la soberanía de las islas argentinas en mano de ingleses. Enseguida se desató un escándalo y tuvo que borrarlo. El embajador de Cambiemos en Londres publicó un mensaje triste en las redes sociales, donde reconoce la soberanía de Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas. A través de Twitter, Carlos Sersale se refirió a los funcionarios británicos como las “máximas autoridades de la isla”, y estalló la polémica. Es la primera vez que un diplomático argentino se expresa de esa manera sobre la usurpación de las Islas, y tal como revela Página 12 sobre declaraciones de la exembajadora Alicia Castro, “compromete la negociación de Argentina con el Reino Unido”. El comentario se dio en el marco de la visita del titular de Aeropuertos Argentina 2000, Eduardo Eurnekian, al Cementerio de Darwin. Castro puntualizó: «Hay que recordarle a Sersale que hay una provincia que se llama Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que es la que debiera ejercer la autoridad a nivel provincial. Pero luego que estallara el escándalo de magnitudes siderales, el funcionario borró el tuit y lo reemplazó por otro. Por suerte, alguien estuvo allí para tomar una captura. “Es impensable como un error porque Sersale es un viejo embajador de carrera”, sentenció la excanciller, quien recordó que el acuerdo firmado en 2016 con Gran Bretaña está «favoreciendo a los intereses británitos». Fuente: www.diarioregistrado.com

Las redes de medios comunitarios junto a otras organizaciones reclaman al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que permita a las radios empadronadas tramitar su licencia. Las redes de medios comunitarios acompañadas por organizaciones sociales, sindicatos, y carreras de comunicación reclaman que se incluya a las radios empadronadas en el procedimiento de normalización que inició el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Las emisoras que quedaron impedidas de iniciar el trámite para obtener su licencia son las radios que surgieron luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. En un comunicado, las redes de medios señalaron que con esta medida el gobierno “excluye y discrimina”. “Excluye y discrimina cuando, mediante la resolución 4951 de este año, convoca un proceso de “Normalización” para otorgamiento de licencias en los grandes centros urbanos (denominados “zonas de conflicto”) al que sólo pueden acceder las radios comunitarias con un reconocimiento dado en 2006, dejando lado a las emisoras de nacimiento posterior a esa fecha. Padeciendo justamente esta discriminación las radios “hijas de la Ley”, es decir, las que fueron creadas durante y después de todo el proceso de debate y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, con el compromiso y entusiasmo de un horizonte que prometía legalidad, fomento y participación en el 33% del espectro” explica el texto . El mismo lleva las firmas del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la red de televisoras comunitarias CONTA, la Red Colmena, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y las carreras de comunicación popular de la Universidad Nacional de La Plata y de Gestión de Medios de la Universidad Nacional de Quilmes. El presidente del FARCO, Pablo Antonini, comentó que “hoy estamos movilizando una vez mas frente a la sede del organismo encargado de implementar las políticas públicas de comunicación en Argentina. En esta oportunidad, específicamente en la sub sede que lleva adelante en los últimos meses el llamado tramite de normalización, es decir, el procedimiento que aprobó el gobierno para acceder a licencias en zonas de conflicto. Dicho proceso deja afuera a todas las radios que nacieron posteriormente la resolución 753, a las radios hijas de la Ley”. Según Antonini las radios quedaron afuera de esta normalizaciòn “como consecuencia de una política destinada a destruir esa ley”. Con la convicción de que esto se tiene que modificarse, desde FARCO presentron un proyecto de ley en el Congreso de la Nación junto al diputado Pablo Carro, que incorpora esta cuestión, entre otros puntos como la modificación del protocolo que permite cierre y decomiso de emisoras invocando interferencias y una tarifa social para el servicio de luz. “Hay una política sistemática de discriminación y de exclusión que se vuelve a manifestar acá como se manifiesta con la pauta publicitaria , con la continuidad y vigencia del protocolo que permite los decomisos arbitarios y como se manifiesta en cada acción destinada a seguir garantizando la concentración y el cerco mediático que necesita este gobierno para implementar el plan económico que tenemos”, expresó el presidente de FARCO. https://www.youtube.com/watch?v=QO0WXA6TXRI Fuente: http://agencia.farco.org.ar

Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Civil en una demanda del administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi. Ahora sólo puede apelar ante el tribunal supremo. Elisa Carrió no podrá ampararse en sus fueros como diputada nacional ante la demanda civil que le inició por daños y perjuicios el administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi. Así lo determinó un falló de la Sala B de la Cámara Civil ante la estrategia de la legisladora para anular la denuncia en su contra tras la serie de imputaciones que le había hecho al funcionario. Carrió y el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Fernando Sánchez denunciaron al entonces titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y a Marchi el 13 de enero de 2016 por enriquecimiento ilícito ante el juez Sergio Torres, que fue luego archivada por “inexistencia de delito”. Marchi los demandó civilmente un año después, cuando Lilita apuró un pedido de juicio político y mantuvo un cruce de cartas documento con Lorenzetti. Pero pese a que sostuvo públicamente que no se ampararía en sus fueros, Carrió se defendió argumentando que sus dichos estaban amparados en su función como legisladora. «Al denunciar penalmente al actor imputándole la comisión de delitos exorbitaron la inmunidad de opinión parlamentaria» Twitear Sin embargo, explica Gabriel Morini en ámbito.com, la Justicia rechazó la “inmunidad parlamentaria” que interpuso Carrió e incluyó a Sánchez. Ahora quedaron expuestos a ser investigados sobre si plantearon una falsa denuncia y montaron una “operación de prensa”. A fines de noviembre, los cinco ministros desecharon el pedido de auditoría que a través de una nota Carrió entregó en mano a Carlos Rosenkrantz para que se revisen las cuentas del máximo Tribunal. «La denuncia penal no es equiparable a una opinión o discurso» Twitear “Los demandados, al denunciar penalmente al actor imputándole la comisión de delitos exorbitaron la inmunidad de opinión parlamentaria al ocurrir ante otro poder de la Constitución pretendiendo llevar a juicio a un ciudadano”, indicaron los camaristas Roberto Parrilli, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijoó en su fallo del 11 de diciembre. “Se considera que la imputación de un delito es una cuestión no alcanzada por la inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 68 de la Constitución Nacional ya que la denuncia penal no es equiparable a una opinión o discurso, más aún cuando dicha imputación no es una derivación de la actuación atinente a la propia función legislativa asignada”, indicó la Sala B. Además de calificarlo de “testaferro” de Lorenzetti, Carrió fue mucho más allá sobre imputaciones en el ámbito privado de Marchi, a quien señaló históricamente por manejar los cuantiosos fondos de la Corte. Agregó a aquella demanda elementos bajo secreto fiscal de la AFIP que habría recibido mediante un “anónimo”, algo que constituía un delito en sí mismo. En ese sentido, sostuvieron que negar la chance de que Marchi reclame un resarcimiento en el ámbito civil por los daños ocasionados “violaría el límite de igualdad ante la ley”. Fuente: www.minutouno.com  

En la tercera audiencia del juicio por La Tablada un militar se quebró y denunció que 30 años atrás lo obligaron a mentir y que firmó una falsa declaración que lleva la firma de Alberto Nisman. Sostuvo que Iván Ruiz y José Díaz fueron capturados con vida, torturados y desaparecidos. El juicio que comenzó este lunes en los tribunales de San Martín, por las desapariciones ocurrida entre el 23 y 24 de enero de 1989, luego que militantes del MTP tomaran el Regimiento de La Tablada. Este viernes, en la tercera audiencia, el militar César Ariel Quiroga, quien se desempeñaba conduciendo una ambulancia dentro del Cuartel, denunció que le hicieron firmar una declaración con hechos que él no vio. Esa declaración testimonial falsa lleva la firma de Alberto Nisman, por entonces Secretario del juzgado de Morón. La abogada Liliana Mazea, quien integra la querella, contó la importancia que tiene la declaración de Quiroga para demostrar que son ciertas las declaraciones de los testigos que sobrevivieron la feroz represión. Hace 30 que junto a organismo de derechos humanos vienen denunciando que la versión oficial acerca de lo sucedido durante la represión en el cuartel de La Tablada, son falsas. “Luego de años de ser parte de juicios de lesa humanidad, de escuchar a los militares decir ‘no me acuerdo, pasaron muchos años’ y otras mentiras por el estilo, uno que confesó la verdad. Inédito”. Mazea subrayó que el militar retirado confesó ante el tribunal haber firmado una declaración testimonial, hace 30 atrás, a pedido de sus superiores para encubrir los fusilamientos y las desapariciones. La versión oficial, armada por el gobierno de Raúl Alfonsín y el Ejército, sostiene que José Díaz e Iván Ruiz fueron capturados y subidos a la ambulancia que conducía Quiroga. Y luego este se los entregó en custodia del Suboficial Raúl Ricardo Esquivel, quien también estaba en el regimiento. Uno de los imputados en esta causa, que investiga la desaparición de Ruiz y Díaz, el militar Jorge Eduardo Varando, sostuvo hasta su muerte que Ruiz y Díaz huyeron del regimiento luego de matar a Esquivel. Las declaraciones del testigo llamado por la defensa sorprendió al abogado del otro imputado en la causa, el ex general Alfredo Arrillaga, quien esperaba que Quiroga ratificara la declaración que figura en el expediente, tomada en agosto de 1990, en el juzgado de Morón que dirigía Gerardo Larrambebere, con la secretaría en este caso de Alberto Nisman. “Si no hubiera habido connivencia entre el juzgado de Larrambebere y Nisman, nunca podría haberse permitido que un testigo fuera con un auditor del Ejército”, dijo la abogada Mazea, y agregó que la declaración inicial de Quiroga era opuesta a lo que le hicieron firmar. “El testimoniante primero sostuvo que no pasó lo que querían hacerle firmar, luego se van y el auditor del Ejército lo presiona para volver y que firme lo que se convertiría en la versión oficial”. Mazea afirma que con esta declaración del testigo “cae el encubrimiento tanto judicial como político.” Quiroga durante la audiencia en los tribunales de San Martín sostuvo: “Esto que conté es lo que yo viví, porque el resto de las cosas que dice la declaración yo nunca las viví. Me engancharon ahí porque yo tuve movimientos dentro del cuartel. Ahí dice que yo me encontré con un tal Mayor Varando. No lo conocí”. César Quiroga denunció que lo obligaron a firmar una declaración y que le dijeron: “Hay que hacerlo por la institución” y agregó “me dieron dos hojas dijeron que era un trámite que tenía que hacer por si en algún momento alguien reclamaba algo”, y mostró las copias que le entregaron en aquel momento, “para que recordará que decía lo que me hicieron firmar por si alguna vez me volvía a citar para declarar”. Esa copia de la declaración firmada por el exfiscal Alberto Nisman ahora son parte del expediente y serán sometidas a peritaje según anunció el presidente el TOF Nº4 de San Martín, Matías Alejandro Mancini. Otro testigo En la misma audiencia otro testigo, que ya había denunciado en 2004 las torturas y desapariciones, volvió a declarar. José Almada, un ex sargento del ejército, militar que participó del operativo represivo en el cuartel el 23 y 24 de enero, denunció en 2004 a sus compañeros de la fuerza por las torturas y desapariciones de Ruiz y Díaz, a quienes vio cuando fueron capturados, y más tarde cuando fueron torturados. Fuente: http://www.laizquierdadiario.com