Bolsonaro utiliza a uno de sus hombres de confianza, el senador Magno Malta, para modificar la ley antiterrorista
Se cumplen las amenazas contra el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo
El futuro Gobierno y su estructura de apoyos tienen prisa por reabrir el debate y están utilizado las modificaciones propuestas meses después de la aprobación de la ley por el senador Lasier Martins, que estaban paralizadas desde entonces. El relator de las nuevas medidas es Magno Malta, que no ha conseguido ser reelegido en las últimas elecciones y está a semanas de que se termine su legislatura como senador. Sin embargo, Malta suena con fuerza como ministro en el nuevo gobierno de Bolsonaro.
Malta sigue la línea dura marcada durante los últimos años por el nuevo presidente. En 2017, definía al MTS y el MTST como «grupos de ciudadanos que recibieron un pedazo de tierra y que no fueron emancipados porque en todo esto hay una estrategia comunista para mantenerlos en la palma de la mano, es decir, para que sean voto seguro todo el tiempo».
Basándose en la ideología que gobernará Brasil durante los próximos cuatro años, la propuesta comienza ampliando la definición de terrorismo. Hasta ahora, el texto lo resumía en la «práctica por uno o más individuos de actos previstos en este artículo, por razones de xenofobia, discriminación (…) cuando fueran cometidos con la finalidad de provocar terror social o generalizado». El texto de Malta añade «razones políticas, ideológicas o sociales».
Uno de los vetos con los que Dilma aprobó la ley, y que ahora se busca levantar, es el referido al aumento de la pena en el caso de que el crimen de terrorismo –y la colaboración con este– sea llevado a cabo en internet o a través de cualquier red social. La modificación persigue también tipificar como acto terrorista los incendios o destrucción de bienes públicos o privados y recluir a los condenados en prisiones de máxima seguridad. La oposición ha conseguido, por el momento, que se haya convocado una audiencia pública para tratar el tema, frenando durante un par de semanas la aprobación de las medidas.
Fuente: www.eldiario.es