El primer ensayo estatal de este tipo se realizará sobre 100 pacientes que padecen una forma severa de epilepsia. Un grupo de médicos del Hospital Garrahan llevara adelante el primer estudio estatal con Marihuana medicinal en pacientes que sufren de epilepsia refractaria,  el objetivo es determinar los beneficios de esa sustancia.  Según se informó desde la institución médica, son cien los pacientes que serán sometidos a los análisis quienes  padecen una de las formas más severas de epilepsia que se encuentran sin ningún tipo de tratamiento actualmente. El objetivo de la investigación es evaluar la eficacia y seguridad del nuevo fármaco, y contar con sustento médico y académico para su administración. La modalidad del estudio es ambulatoria y los controles se realizarán por consultorios externos. En el marco de un ensayo clínico ideado en el centro de salud porteño, el aceite se le aplicará a un adolescente de 15 años, mientras que se prevé que se incorporarán al programa ocho menores por mes en promedio. El programa, que arrancó 17 meses después de sancionada la ley que permite uso del aceite basado en el cannabis con fines medicinales, prevé estudiar a al menos cincuenta pacientes en el Garrahan y a otros cincuenta en centros de salud de otras provincias. «Nuestra misión es agotar todas las posibilidades para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Cuando todo fue probado y no hay respuesta favorable, entonces debemos investigar y buscar otras alternativas, en este caso el cannabis medicinal”, afirmó el presidente del Garrahan, Carlos Kambourian. Y destacó: “Esperamos que el uso del cannabis como fármaco compasivo permita a los pacientes y sus familias transitar la enfermedad de la mejor forma posible”. En tanto, Roberto Caraballo, jefe de Neurología y a cargo del estudio, explicó que “el uso del cannabis medicinal puede ser una esperanza para los pacientes y las familias”. Sin embargo, fue prudente y señaló: “Queremos entender el rol de este nuevo tratamiento para que nos permita dar un paso importante en el conocimiento del uso del fármaco”. Si bien la investigación está estimada para los próximos dos años, esperan tener las primeras conclusiones en marzo próximo. El Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis creado por la ley 27.350 sólo prevé el tratamiento con los derivados de esa planta a quienes padezcan epilepsia refractaria.

Matías Farías, Juan Pablo Ofiddani y Alejandro Maciel enfrentarán los cargos del fiscal Daniel Vicente que podrían derivar, para los dos primeros, en una condena a prisión perpetua por el hecho ocurrido en octubre de 2016. Tres hombres comenzarán a ser juzgados hoy bajo la acusación de haber intervenido, en diferentes roles, en la violación y asesinato de la adolescente Lucía Pérez, ocurrido en octubre de 2016. Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel enfrentarán los cargos del fiscal Daniel Vicente que podrían derivar, para los dos primeros, en una condena a prisión perpetua. Los dos primeros llegan al debate en calidad de detenidos, mientras que el tercero fue excarcelado. En ese marco, el Tribunal en lo Criminal N° 1 integrado por Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso escuchará también una postura extremadamente opuesta de la defensa, que apoya la hipótesis de una muerte involuntaria devenida del consumo de drogas y de relaciones sexuales consentidas. Un juicio, tres imputados y una sola gran verdad: la muerte de una adolescente. Lucía Pérez tenía 16 años y falleció dentro de la casa de Matías Farías, el mismo joven que el día anterior le había vendido marihuana en la puerta de una escuela. La investigación del caso se vio alterada por una labor polémica de la fiscal María Isabel Sánchez, quien de manera apresurada e inédita encabezó una conferencia de prensa en los primeros días en la que dio como probados sucesos que al día de hoy siguen siendo conjeturas. De hecho, su trabajo fue duramente cuestionado por la Justicia de Garantías y la Cámara de Apelaciones, e incluso el Fiscal General ordenó la disolución de su fiscalía N° 8. El contexto En los días siguientes a conocerse el hecho se sucedieron increíbles errores en la investigación de la fiscal María Isabel Sánchez, al punto tal que la Fiscalía General aprovechó una licencia concedida con anterioridad para “pasarle” la causa a la fiscal Andrea Gómez y que se hicieran correcciones de fondo, como por ejemplo desactivar la figura de homicidio criminis causa. Sánchez decía que a Lucía la habían matado para ocultar que la habían drogado y que los asesinos no habían elegido un arma de fuego, un estrangulamiento, un cuchillo sino el ataque sexual. Los motivos que llevaron a Sánchez a actuar mal son indescifrables pero su carrera -ya venía cuestionada en causas como Lario y Bello, entre otras- se precipitó. Hoy cumple funciones en una fiscalía menor, como es la de Flagrancia, donde sólo se tramitan expedientes que no requieren investigarse demasiado. Esos errores de Sánchez, desde hace mucho tiempo indiscutidos, fueron plasmados en el avance judicial de la causa “Lucía Pérez” a través de distintas crónicas que derivaron en una situación periodística siempre saludable aunque a veces antipática: controvertir lo políticamente correcto, lo establecido. En suma, se trató de un caso que tuvo de la prensa repercusión internacional, al punto tal que motivó un paro de mujeres, ocasionado por la indignación producida tras conocerse la versión del hecho planteada por Sánchez, que luego fue cuestionada y aún en la actualidad lo sigue siendo. Drogas Lucía Pérez era menor de edad cuando ingresó a la casa de un dealer mayor de edad. Este corruptor de la adolescencia se llama Matías Farías, quien debería recibir una pena ejemplar solo por ello. Respecto a lo que sucedió dentro de la vivienda de la calle Racedo nadie lo sabe excepto Farías. Ni los fiscales que pasaron, ni la defensa, ni los peritos, ni los jueces anteriores, ni el Tribunal que juzgará. Mucho menos los periodistas. Todo lo que se haya dicho con grado de certeza es un exabrupto. Para algunos peritos Lucía fue abusada, vejada inhumanamente y asesinada; para otras médicas, murió por causas indeterminadas, sin empalamiento, ni ataque sexual. Lo que sí está claro es que Lucía no regresó a su casa, que Lucía no quería morir. Las posibilidades que se barajan son varias en términos de condena aunque está casi predefinido que ni Farías ni Juan Pablo Offidani saldrán por la puerta principal sin pena alguna. Es que el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores (artículo 11 de la ley 23.737) estaría casi probado, por más intentos de la defensa por relativizarlo. Los mensajes de texto de Farías demuestran una conducta sostenida en el tiempo al respecto. Sólo por ello, Farías y Offidani, podrían recibir de 6 a 20 años de prisión. El otro escenario de condena tiene relación con los hechos II y III, el primero atribuido a Farías y Offidani y el restante a Alejandro Maciel, quien era ayudante terapéutico del segundo, que intentaba recuperarse de su adicción a las drogas. El hecho II es el abuso sexual por acceso carnal agravado por el resultado muerte y el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio. Este es el gran punto del debate: saber qué pasó con Lucía Pérez dentro de la casa de Farías y todo dependerá de la jornada del día 5 de noviembre, cuando se presenten los médicos y peritos. En caso de probarse el abuso sexual (algo que hasta el momento parece haber sido puesto en duda en el expediente por las peritos de la Suprema Corte bonaerense), el resultado muerte será casi automático, de modo que a Farías como autor responsable y a Offidani como partícipe secundario le impondrán prisión perpetua. El hecho III, que se desprende del II, implica el encubrimiento de lo ocurrido. En ese aspecto, se acusó a Maciel de lavar el cuerpo de Lucía para borrar las pruebas que permitirían esclarecer el caso. En el supuesto de que los jueces no vieran acreditado el abuso sexual ni se inclinaran por la hipótesis de la muerte provocada el hecho II se desmoronaría y, por lo tanto, el hecho III contra Maciel también.

El Gobierno estableció la medida a través de un decreto de necesidad y urgencia.   A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el Gobierno estableció que el próximo 30 de noviembre será feriado en el ámbito de Capital  Federal con motivo de la realización la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20). La norma, que llevó la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y todos los ministros, señaló que debido “a los diversos aspectos que involucra la organización de la Cumbre –logísticos, de seguridad, de transporte, entre otros– se impone la adopción de medidas que tengan como finalidad facilitar su organización y desarrollo”. Tras indicar que “el G20 es el principal foro de coordinación económica mundial con creciente gravitación en temas de naturaleza política, que está integrado por diecinueve países más la Unión Europea”, el Gobierno destacó que el “evento más importante” del encuentro es la Cumbre de Líderes, que tendrá lugar el viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre. “Se estima que ocho mil personas concurrirán a la Cumbre, entre los Líderes y sus acompañantes, los sherpas, las autoridades ministeriales, las delegaciones, el personal de seguridad y la prensa”, se informó. “Por primera vez los Jefes de Estado y/o de Gobierno más importantes del mundo se reunirán en el país, constituyéndose por ello la citada Cumbre en uno de los eventos de política internacional más importantes de la historia argentina”, subrayó el Gobierno.

Hasta ahora su aplicación solo estaba dirigida para al ámbito hospitalario. Se venderá bajo receta archivada y estará disponible antes de fin de año. La ANMAT aprobó la venta. Se trata del Misop 200, un método no quirúrgico que cuenta con una droga específicamente para interrumpir la gestación. Se trata del Misop 200, un medicamento que hasta ahora se distribuía sólo en hospitales, pero ahora los ginecólogos la podrán recetar a sus pacientes en el consultorio cuando consideren que la mujer está bajo alguna de las circunstancias que prevé la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Según informó Clarín, el laboratorio que fabrica el medicamento prevé que «estará disponible en los comercios antes de fin de año». La interrupción del embarazo está autorizada sólo cuando representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer (entendida la salud como el bienestar físico, mental-emocional y social) y si el embarazo proviene de una violación.