Diputados y organizaciones de mujeres que brindan servicios de consejería pre y post aborto debatieron la necesidad de que el Estado garantice el acceso a medicamentos para la interrupción legal del embarazo.
El debate por la legalización del aborto no se agotó con el voto negativo de los 38 senadores “percha”, y la búsqueda de que el Estado de respuesta a las demandas que el movimiento de mujeres instaló fuertemente en la sociedad, continúa.
Este miércoles se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados una audiencia dedicada a la producción pública de misoprostol y mifepristona, con la presencia de les diputades Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Cecilia Moreau, Nathalia González, Gabriela Cerruti y Daniel Filmus, donde se escuchó la voz de las organizaciones de mujeres que brindan servicios de consejería pre y post aborto, y se expuso en detalle el proyecto de éste último, que prevé la producción pública de medicamentos para la práctica farmacológica de la interrupción del embarazo no punible y tiene el apoyo de 15 legisladores de todos los bloques.
La iniciativa busca garantizar el derecho de las mujeres al acceso equitativo a estos medicamentos recomendados por la OMS para la interrupción segura de embarazos –menos costosa que el tratamiento quirúrgico tradicional, ambulatoria y sin generar complicaciones de salud–, al tiempo que supone una medida de soberanía sanitaria, puesto que serían los laboratorios nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos los que produzcan misoprostol y mifepristona, para que el Ministerio de Salud de la Nación los incluya en el Plan Médico Obligatorio y en el vademécum de de medicamentos de cobertura gratuita, en sintonía con normativas que ya avanzaron en las provincias de Santa Fe y Río Negro.
“Hay un solo responsable de hacer cumplir los derechos y es el Estado. El mercado sólo resuelve a favor de unos pocos y excluyendo a las mayorías. Es entonces el Estado el que debe garantizar la producción y distribución de los medicamentos que permitan la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a lo que marca la legislación –dijo Filmus durante la charla pública–. Hay dos modos de mirar en perspectiva lo sucedido este año: hemos perdido la votación en el Senado, pero se ha ganado un debate público. Es sólo una cuestión de tiempo. Pensando en que en algún momento la interrupción voluntaria del embarazo sea una realidad en la Argentina, se trata de ir generando ya las condiciones para el acceso equitativo a ese derecho”.
Actualmente, dos laboratorios producen y comercializan misoprostol, con diferentes fines. La lucha del movimiento de mujeres logró que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) autorizara el uso ginecológico del misoprostol y la producción del producto Misop 200, en forma farmacéutica de comprimidos vaginales, en una concentración de 200 mcg, con la condición de que se venda bajo receta archivada para uso institucional y hospitalario exclusivo. La otra versión en comprimidos vaginales para inducciones de parto posee una concentración de 25 mcg y también sólo es permitida por la ANMAT bajo el plan de gestión de riesgos, con uso exclusivo en instituciones hospitalarias con servicio de obstetricia, entre otros requisitos.
En farmacias sólo está disponible como un subcomponente del Oxaprost, nombre comercial que contiene dos principios activos, diclofenac y misoprostol, y que se vende en forma de comprimidos para ser administrados por vía oral para afecciones gástricas. Según denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el laboratorio que produce el Oxaprost incrementó un 300% el precio de la caja de 16 pastillas entre 2014 y 2016, además de modificar la presentación para eludir los controles de precios y obligar a los usuarios a comprar más pastillas de las que necesitan, a un precio mayor.
Respecto de la mifepristona, aún no está autorizada la producción y comercialización de esa droga en el país.
