El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género realizó la primera investigación sobre violencia política con testimonios en primera persona. Argentina es considerado un país clave en cuanto a participación política de mujeres por haber introducido una ley de cupo femenino y elegido en dos oportunidades a una presidenta. Sin embargo, según una investigación sobre la actuación política en este campo, muchas mujeres reciben violencia de género en altos porcentajes y formas, en su mayoría violencia psicológica. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) realizó la primera investigación sobre violencia política de Argentina a partir de experiencias en primera persona de mujeres de todo el arco político. El resumen estuvo coordinado y elaborado por Lucía Martelotte junto al trabajo de campo de Ximena Cardoso Ramírez, Nadia Ferrari, Victoria Gallo, Natalia Gherardi, Celeste Minetto y María Eugenia Nieto. El estudio se presentó el pasado 4 de septiembre en el salón Illia del Senado en un evento organizado por la senadora Nancy González. Mujeres en cargos actuales, mujeres políticas en su trayectoria, autoridades electas o militantes en sus primeros pasos de carrera. Todas las políticas han recibido un tipo de violencia en algún momento. La publicación recoge los primeros datos sobre la dimensión del problema y las experiencias dentro del Poder Legislativo, “un problema poco explorado” que implica violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica.   El informe visibilizó una cifra alarmante: el 64 por ciento de las entrevistadas fueron amenazadas o intimidadas durante el ejercicio de sus funciones políticas; al 58% le han impedido que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes; al 53 por ciento le han restringido el uso de la palabra en reuniones o sesiones e incluso el 27 por ciento ha percibido un ingreso salarial menor por su condición de género. En la investigación respondieron legisladoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Congreso de la Nación, sobre sus trayectorias políticas, los obstáculos para la participación a lo largo de sus carreras y la prevalencia de situaciones de violencia política. Posteriormente se elaboró un cuestionario de 30 preguntas cerradas, que se realizó a una muestra de 45 casos incluyendo legisladoras porteñas y legisladoras nacionales de once provincias (Buenos Aires, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Santa Fe, San Juan). El informe advierte que la violencia contra las mujeres en política constituye un “obstáculo que impide su plena participación en puestos de toma de decisión en diferentes espacios y refuerza roles tradicionales de género, socavando la calidad de la democracia, el desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos”. Los resultados: ¿quién agrede y cómo? * La violencia contra las mujeres en política está muy extendida. Ocho de cada diez encuestadas afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas. * Las más frecuentes: psicológica (50%), simbólica (28%), económica (22%). La violencia física como la violencia sexual fueron reportadas en menos del 10% de los casos. * Los factores que actúan como obstáculos para la participación de las mujeres en política fueron en su mayoría de tipo cultural: las responsabilidades familiares (91 por ciento), la cultura dominante y su concepción del rol de las mujeres en la sociedad (89 por ciento), y la falta de apoyo de los hombres (76 por ciento). Aparecen factores como la falta de recursos económicos (64 por ciento) y el temor por la integridad física (18 por ciento). * El 63% de las encuestadas señaló que la violencia fue ejercida por varones; un 32 por ciento que las habían agredido indistintamente varones y mujeres; un 5% que las agresoras habían sido mujeres. Las opciones mencionadas con más frecuencia fueron “alguien a través de las redes sociales” (71%), y “Alguien de otro partido” y “Alguien de mi partido” (ambas con 67%). En relación con el lugar en el que se produjeron las agresiones, los más mencionados fueron internet (62%), la sede o alguna actividad del partido (44%) y el recinto (40%). * Falta de apoyo familiar: aunque un 67 por ciento señaló la falta de apoyo de las familias como uno de los principales obstáculos para que las mujeres se involucren en política, sólo el 29 por ciento de las encuestadas afirmó que sus parejas se quejan de que no pasa tiempo con ellos, y un 51 por ciento recibir reclamos de hijas e hijos.   Fuente: Ela/tiempoArgentino

La crisis laboral se concentra en Santa Fe. El fabricante de electrodomésticos Electrolux licenció a la totalidad del personal, la automotriz General Motors inició un esquema de suspensiones rotativas y la productora de acoplados Helvética paralizó su producción hasta fin de año. El denominador común para las medidas que afectan a más de 2500 trabajadores santafesinos es la caída de la demanda interna y el persistente proceso de apertura comercial. Las medidas dispuestas por las empresas se suman a la destrucción de puestos de trabajo acumulada en los sectores industriales desde el recambio presidencial en 2015. Las vacaciones adelantadas del personal de Electrolux se extenderán durante todo octubre y afectarán a los 1000 operarios que se desempeñan en la planta rosarina donde, entre otros bienes, se producen heladeras. La firma pretende así reducir sus costos operativos frente al descenso abrupto de las ventas que incrementó sus stocks. Como no se trata de una suspensión de personal, la empresa pagará el ciento por ciento de los salarios. Desde la UOM señalaron que la caída en el consumo frente al escenario de estancamiento con alta inflación “afecta a toda la actividad productiva, tanto a línea blanca, como a carroceras y fundiciones”. Electrolux despidió el año pasado a 80 trabajadores. Dos meses atrás la empresa y el gremio acordaron que no habría despidos hasta fines de 2018 pero la profundización de la crisis derivó en las medidas confirmadas ayer. En General Motors los 1400 operarios comenzaron a rotar con suspensiones y, en consecuencia, a cobrar sólo el 70 por ciento de sus sueldos. La medida estará vigente hasta finales de enero de 2019 para prevenir despidos. Por su parte, la fábrica de acoplados Helvética de Cañada de Gómez estableció la suspensión de sus 90 trabajadores y el pago de la mitad del salario hasta fin de año “para aguantar la caída de ventas, que llegó al 90 por ciento”, indicaron desde la empresa. Fuente: Página 12.

El texto que presentó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en Diputados apunta a modificar el Artículo 16 de la Ley N° 27.260, que instituyó el alcance de la pensión. El Presupuesto 2019, que fue presentado el lunes en la Cámara de Diputados, establece que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que cobran quienes cumplieron 65 años pero no cuentan con los 30 de aportes para jubilarse, «será incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia». De este modo, buscan que sea modificado el artículo 16 de la Ley N° 27.260 que instituyó el alcance de la PUAM. La norma actual contempla que el goce de esa pensión «es compatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia». Asimismo, el artículo determina que «los aportes y contribuciones que las leyes nacionales imponen al trabajador y al empleador ingresarán al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y serán computados como tiempo de servicios a los fines de poder, eventualmente, obtener un beneficio previsional de carácter contributivo». A partir del proyecto que estipula el Presupuesto para el año entrante, el Poder Ejecutivo apunta a modificar ese texto por el siguiente: «El goce de la Pensión Universal para el Adulto Mayor es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia». Qué es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) La PUAM -vigente desde mediados de 2016- es una prestación mensual que equivale al 80% del haber mínimo y actualmente es de 6.909 pesos. Para acceder a su cobro, se requiere tener 65 años como mínimo (igual edad para varones y mujeres), y ser argentino natural, por opción o naturalizado (en este último caso, con una residencia legal mínima de diez años) o ser extranjero con residencia legal mínima de 20 años. A marzo de este año, este beneficio era percibido por 78.119 personas, según datos oficiales. Otras reformas a las jubilaciones que contempla el Presupuesto 2019 Por otra parte, el proyecto de Presupuesto 2019 también contempla una reducción de las nuevas jubilaciones y prensiones contributivas y no contributivas del sistema previsional nacional, para quienes residen en la región Patagónica. En la actualidad, se aplica un diferencial por el cual los montos que rigen para el resto del país se multiplican por 1,4 para los habitantes de las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y en el partido bonaerense de Carmen de Patagones. Fuente: https://lmdiario.com.ar/noticia/98649/presupuesto-2019-buscan-restringir-el-acceso-a-la-pension-para-adultos-mayores