Ante las declaraciones vertidas por el Ministro de Educación de la Provincia de San Juan, Felipe de los Rios, en medios de comunicación respecto a las denuncias de diversas sanciones a estudiantes secundarios de la provincia por usar el pañuelo verde, sostenemos que: esto atenta contra la libertad de conciencia y expresión de las niñas, niños y adolescentes en la provincia y exige la intervención inmediata de las autoridades nacionales y provinciales.
La Ley de Educación Nacional 26.206 establece que lxs estudiantes de los servicios educativos del Sistema Educativo Nacional (nacional, provincial y municipal, incluidos los de gestión privada) tienen el derecho a “que se respete su integridad, dignidad, libertad de conciencia y de expresión”. Todo establecimiento educativo tiene la obligación de respetar estos derechos fundamentales. Aunque se escuden en los reglamentos internos, la sanción o apercibimiento de jóvenes que utilizan el pañuelo verde es ilegal, inconstitucional y contraria a las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina.
Por otra parte el Ministro es el responsable de la implementación de la Educación Sexual Integral con perspectiva de género y derechos humanos, como establece la Ley. No sólo que hasta el presente la ley no se implementó, habiendo transcurrido 12 años, sino que se delegó la formación docente en la temática a instituciones de ideario religioso que mantienen posturas contrarias a la normativa Argentina e internacional en materia de equidad de género y derechos humanos.
Por otra parte, al mismo tiempo que el Ministro avala las sanciones a estudiantes que usan el pañuelo verde como expresión de apoyo al proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, su Ministerio tolera prácticas como sacar de las escuelas y hacer marchar con pañuelos celestes a alumnos de pre escolar y primaria. Además de las ya tradicionales imposiciones de imágenes y prácticas del culto católico en escuelas en que debería garantizarse la laicidad.
Por estos motivos las organizaciones firmantes solicitamos a las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia que cese en sus atropellos a las más elementales libertades democráticas y garanticen la no repetición de estas prácticas. El Estado debe promover la participación y el involucramiento de la juventud en estos debates fundamentales, no imponer los dogmas de los gobernantes a los niños, niñas y adolescentes.
