Esperan que no haya más golpe bajo de quienes están en contra del proyecto de interrupción del embarazo. Docentes, filósofos, periodistas y figuras del espectáculo expondrán en la Cámara de Diputados. Los desaciertos de la semana pasada todavía retumban en la sala. En el marco de las jornadas sobre la despenalización del aborto, este martes se retomará el debate en la Cámara de Diputados y entre sus expositores estarán presentes médicos, docentes, filósofos, periodistas y hasta figuras del espectáculo. En su quinta jornada y bajo la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir”, se encuentran los tres ejes fundamentales del debate; despenalización del aborto para las mujeres que lo decidan, la interrupción del embarazo hasta la semana 14 y la atención en servicios de salud para situaciones de vulnerabilidad. Las posturas a favor y en contra sobre el proyecto de ley se llevaran a cabo de forma intercalada y se espera que en esta ocasión los expositores puedan generar argumentos sólidos para defender sus posiciones al respecto, sin caer “en el golpe bajo”, como ocurrió en la última audiencia donde el médico obstetra del Hospital Austral, Francisco Turri, mostró imágenes sobre el procedimiento del aborto, las cuales fueron duramente criticadas. Entre los expositores a favor se encuentran: -Mónica Santino: Ex jugadora de futbol y directora técnica. Representa la asociación civil “La Nuestra”, que propone la inclusión de todas las mujeres al ámbito futbolístico por fuera del monopolio masculino en el deporte. A su vez, Santino es una referente fundamental de los derechos de las mujeres, porque busca ubicar al futbol femenino como una ruptura de las imposiciones hegemónicas, el discurso patriarcal y la violencia machista. -Luciana Peker: Periodista y escritora especializada en género y forma parte del equipo del diario Página 12. Es una representante del feminismo conocida por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres, a través de su militancia y de sus escritos sobre el tema. Su obra más destacada es el libro “La Revolución de las mujeres”, donde repasa por medio de distintas notas la violencia machista desde hace dos décadas atrás, hasta la primera movilización de mujeres el 3 de Junio de 2015, mejor conocida como la marcha de “Ni Una Menos”. Respecto al debate sobre la despenalización del aborto, Peker es contundente “El gatillo conservador de la clandestinidad quita la vida. No estaban enfermas, ni se infectaron, ni tuvieron un accidente. Murieron por ser mujeres en una sociedad que incita al sexo pero arrincona a quienes abortan a una ruleta rusa”. -Victoria Tesoriero: Socióloga. Doctorada en Ciencias Sociales de la UBA. Es integrante del colectivo Católicas por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Aunque parezca contradictorio, Tesoriero se encuentra en otra posición a la que plantean los sectores más conservadores de la religión. A raíz de la tasa de mortalidad en las prácticas de abortos clandestinos, Tesoriero asegura que el derecho al aborto es una cuestión de salud pública y de justicia social para las mujeres. También participarán, la conductora de televisión y psicologa , Veronica Lozano; La Legisladora en CABA, Victoria Montenegro; dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Y Licenciada en Comunicación Social, Mercedes Trimarchi; La licenciada en Filosofia, Silvia Augsburger. Entre los expositores en contra se encuentran Maria Marta Rodriguez, Coordinadora de la organización social fundada en 2010, “Frente Joven” y creadora de “Defensores de Mamás”, un programa que busca atender las problemáticas de las embarazadas; la médica Paola Basualdo, Leandro Jacobí: Abogado la agrupación “Gobernar Bien, entre otros.

Por la tarde del martes, se desarrolló la primera reunión de la Mesa Nacional de Negociación Salarial del sector Docente de las Universidades Nacionales, a casi dos meses de haberse vencido la paritaria del año pasado. El gobierno nacional ofertó un incremento salarial consistente en un 15 por ciento distribuido en cuatro cuotas: 2 por ciento en abril, 2 por ciento en junio, 5 por ciento en agosto y 6 por ciento en diciembre (cuotas no acumulativas). El ofrecimiento no contempla la incorporación de una cláusula gatillo. CONADU HISTÓRICA, en sintonía con las restantes Federaciones, rechazó la propuesta por considerarla claramente insuficiente y una verdadera provocación ante el cuadro inflacionario y con los tarifazos anunciados por los funcionarios del gobierno nacional. Reiteraron asimismo el rechazo al tope salarial que el gobierno nacional intenta imponer en todas las negociaciones con los distintos sectores de la clase trabajadora. Desde la Federación, manifestaron que se ratifica el plan de lucha nacional y el Paro de 48 horas convocado para los días 26 y 27 de abril en todo el país, con diversas acciones de movilización y debates en asambleas. Por CONADU HISTÓRICA asistieron las paritarias nacionales Luis Tiscornia, Sergio Zaninelli, Claudia Baigorria, Francisca Staiti y Laura Carboni, además de la Sec. Gral de AGD UBA Ileana Celotto. Prensa Adicus

Las empresas de salud ya iniciaron con los avisos de aumento a sus pacientes. Unos seis millones de argentinos deberán hacer un nuevo esfuerzo con sus bolsillos si pretenden que la atención de su salud siga a cargo de una empresa de medicina prepaga. Es porque el Gobierno acaba de dar el visto bueno para que las cuotas sufran un nuevo incremento. Los afiliados ya comenzaron a recibir las cartas con la amarga novedad. Todavía no se publicó en el Boletín Oficial la resolución que autorizará el incremento. De todas formas, en la Superintendencia de Servicios de Salud le confirmaron este lunes a Clarín que la decisión ya está tomada: se resolvió, según detallaron, permitir una suba del 7,5% para todas las compañías, que entrará en vigencia a partir del primer día de junio. “Veníamos conversando con las autoridades sobre la necesidad del incremento y se llegó a un acuerdo para aplicarlo en junio, con la primera cuota de los aumentos salariales para los trabajadores de la salud. Esperamos ahora la resolución y algunas empresas ya empezaron a enviar los avisos a sus afiliados”, contó Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), entidad que nuclea a más de 30 empresas del sector. Miles de pacientes de Galeno, por caso, recibieron por correo electrónico un mensaje que avisa sobre un próximo “ajuste en los valores de las cuotas médicas”, alegando “el impacto de los mayores costos médicos ya incurridos hasta la fecha, que justifican la necesidad del aumento”. “Por dicha razón, el organismo de contralor ha dispuesto un aumento del 7,5% a partir del próximo 1° de junio”, sigue la carta, que lleva la fecha de este lunes. Las cuotas de las prepagas habían subido por última vez un 4% en febrero. Durante 2017, en tanto, los planes habían tenido ajustes acumulativos en diciembre (6%), septiembre (5%), agosto (5%), julio (6%) y febrero (6%). Así, el nuevo incremento será el segundo en lo que va de este año y el sexto de los últimos 12 meses. Los precios de los planes, en tanto, quedarán un 11,8% más caros que en enero y un 38,5% más costosos que un año atrás, calculó Clarín. Números bastante superiores a la inflación general, que ronda el 25% interanual. Así, si un joven soltero de unos 30 años pagaba $ 2.033 en junio de 2017 por un plan médico básico de una prepaga de primera línea, con el nuevo aumento anunciado el valor le llegará a $ 2.815. Un matrimonio con dos hijos menores, en tanto, pasará a tener pagos que oscilan entre los $ 8.000 y los $ 11.000, según los alcances de la cobertura. “Los pacientes viven cada vez más años y se nos obliga a cubrirles tratamientos nuevos de alto costo. Eso eleva en todo el mundo los costos de la salud más que la inflación general. Acá se sumó a eso el impacto de la devaluación en insumos y equipos, los fuertes aumentos en las tarifas de luz y gas para los centros médicos y una paritaria que no va a cerrarse en menos del 15% con cláusula gatillo para los empleados del sector”, justificó Magonza. Sin embargo, Sandra González, de la asociación de usuarios Adecua, se manifestó en desacuerdo con la forma en que se aprueban estos aumentos. “Se les permite a todas las prepagas el mismo porcentaje. ¿Pero todas tienen igual estructura de ingresos y gastos? ¿Da igual que sea una gran empresa o una pequeña cooperativa de salud? Están cartelizadas y el Gobierno lo permite”, protestó. También consideró “absolutamente ilegal” que las firmas ya estén avisando sobre una suba que aún no fue oficializada.

Con un mensaje grabado desde el megayacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, el presidente Mauricio Macri pidió a provincias y municipios eliminar los impuestos a los servicios públicos, y a los usuarios reducir el consumo. Es la estrategia del Gobierno para «coparticipar» los costos del aumento de las tarifas de luz, gas y agua. «Les quiero pedir a los distritos que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos, así van a aliviar las cargas sobre los comercios, sobre las pymes y sobre los consumidores», sostuvo el Presidente. «La energía no es gratis, tiene un costo. Los subsidios al gas y a la electricidad los pagamos todos con más inflación y deuda», afirmó el mandatario. «Para cubrir subsidios nos teníamos que endeudar. El otro camino era hacer un shock de ajuste, pero elegimos el gradualismo, y para eso todos tenemos que hacer un esfuerzo en ese camino que empezamos», sostuvo. El Presidente dijo que el Gobierno está «haciendo las obras necesarias para tener más energía» y está «acompañando con la tarifa social a 1 de 4 hogares», mientras las empresas concesionarias están «invirtiendo más de 8.000 millones de pesos cada año». No obstante, hizo una contundente defensa de su política de salida de los subsidios a las tarifas de servicios, al señalar que «no son gratis» y que fue la «mentira que más daño nos hizo». «Que todos los argentinos asumamos el compromiso de consumir menos. Que todos tomemos la responsabilidad de este desafío porque cuidando el consumo también vamos a cuidar la factura», sostuvo Macri, y agregó que «nuestra factura es muy baja en comparación con nuestros vecinos». El discurso de Macri se dio en momentos en que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, encarará una negociación con las provincias para que acepten colaborar con el financiamiento de una demora en la reducción de subsidios a la a la energía. Como publicó este lunes Ambito Financiero, habrá incentivos para las provincias. Tendrán ayuda financiera aquellas que el Gobierno entienda que están cumpliendo con la pauta de reducción de tributos que se acordó en el consenso fiscal (sobre todo baja de Ingresos Brutos), que también implica las tasas que cobran sobre energía. La negociación con las provincias busca repartir el costo político del último aumento de la tarifa del gas que generó un fuerte rechazo en diversos sectores. La semana pasada, tras una cumbre de socios de Cambiemos en Casa Rosada, el Gobierno decidió no dar marcha atrás con los incrementos y en cambio habilitar el pago en cuotas de las facturas del invierno durante el verano. El Presidente pronosticó que el país se está «preparando» para ser una «gran productor de gas», pero consideró que, en ese proceso, los argentinos tienen que «consumir menos para que la factura no sea tan alta». Macri fue recibido por el gobernador Omar Gutiérrez; el intendente de Neuquén, Horacio «Pechi» Quiroga, y el presidente del directorio de YPF, Miguel Gutiérrez, con quienes se trasladó a Vaca Muerta donde recorrió primero las oficinas de la planta y luego las instalaciones dedicadas al tratamiento de crudo. Luego de completar la recorrida y dialogar con el operador de los equipos de perforación, Macri compartió un almuerzo con el gobernador, el presidente de la empresa y personal que se desempeña en la planta. El yacimiento de Vaca Muerta, considerado la segunda reserva más importante del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo del mismo tipo, tiene una superficie 30 mil kilómetros cuadrados, de los cuales YPF posee la concesión de más de 12 mil, sobre los que ha realizado estudios para evaluar con más precisión el potencial de los recursos. Según datos de la Secretaría de Energía, la producción mensual de hidrocarburos asignada a Vaca Muerta para diciembre de 2017 fue de 6.400 metros cúbicos por día de petróleo y de 8 millones metros cúbicos diarios de gas.

Las mujeres de la colectiva feminista Mala Junta – Patria Grande, exigen que, el ex coordinador acusado de abusar sexualmente a una joven estudiante, sea nuevamente enjuiciado. Desde la colectiva feminista Mala Junta – Patria Grande estarán juntando firmas durante toda la semana para pedir un nuevo juicio contra Enzo Lampasona, ex coordinador de viajes de egresados quien fue acusado de haber abusado a una menor que estaba a su cargo en octubre de 2015. «El Tribunal de Bariloche, compuesto por Miguel Ángel Gaimaro Pozzi, Ricardo Calgano y Emilio Riat liberó de cargo a Lampasona hace unas semanas, sin tomar en cuenta las pruebas aportadas y otorgándole el beneficio de la duda”, explicó Leticia Campodónico desde la organización. «Por eso presentaremos un amicus curiae, exigiendo un nuevo juicio en el que se tenga en cuenta a la víctima.» https://www.facebook.com/malajuntabariloche/photos/a.418073461920859.1073741846.184817048579836/518768485184689/?type=3&theater En el mismo sentido desde la organización Mala Junta San Juan lograron que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan aprobara una declaración pública en repudio al fallo de los jueces. La comunidad podrá acercarse a firmar el martes 24 a Ruiz Moreno 970 de 14 a 16, donde funciona una consejería en violencia de género y a las 17 al Centro Cívico, donde se realizará un pañuelazo por el derecho al aborto. Fuente: NB Bariloche.

Lo hizo a través de la firma de un decreto que se publicó en el Boletín Oficial. El decreto número 248 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo se conoció esta mañana y ya está generando malestar en algunos sectores de la provincia. Finalmente el gobierno decidió reglamentar la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la estimulación hidráulica o fracking. El decreto determina que estará a cargo de autorizar y seguir estos procedimientos la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Esta Secretaría convocó una audiencia pública en Malargüe el pasado 28 de diciembre, en una fecha insólita, para acelerar la decisión que da luz verde al uso de fracking en Mendoza. Durante 2017 el gobierno provincial preparó el terreno para llegar a la reglamentación que se conoció en el día de hoy. En la localidad de Malargüe llevó adelante una «prueba piloto» aplicando este método en cuatro pozos petroleros, meses antes de convocar la audiencia pública. El gobernador Cornejo por su parte, fiel a su estilo provocador, frente al reclamo de organizaciones y profesionales del tema declaró que se trataba de «politiquería y opiniones infundadas de gente que ’le parece’ que esto contamina». En el artículo 3º se especifica qué entiende el Ejecutivo provincial por los términos de explotación convencional, explotación y exploración no convencional, pozos no convencionales, agua de retorno y aditivos de fractura. Posteriormente se aclara que todos los proyectos de exploración y explotación en formaciones no convencionales deberán contar con una evaluación ambiental previa a su ejecución y fija una vasta lista de requisitos a los que se debe ajustar esa evaluación aportando declaraciones juradas, datos de los pozos, del recurso hídrico a utilizar, de los aditivos que se usarán, del agua de retorno, de las medidas de prevención y mitigación y también de control. Las principales críticas de los detractores del fracking apuntan al riesgo de contaminación del agua que tiene esta actividad. Ante esto, la norma que entra en vigencia en la provincia determina que «durante el proceso de Fractura Hidráulica se deberá adoptar un sistema cerrado de procesamiento de fluidos que utilice el concepto de ‘locación seca’». Además dispone que se realicen controles para preservar aguas superficiales y subterráneas. En tanto, establece que el agua de fractura para el caso de yacimientos en producción deberá provenir preferentemente del agua de formación y que queda prohibido durante las etapas de perforación, explotación y terminación de pozos no convencionales, la utilización del agua subterránea con aptitud para satisfacer el abastecimiento a poblaciones y otros usos productivos. Asimismo, el agua proveniente de retorno (denominada flowback), no podrá ser vertida sobre cuerpos de aguas superficiales, bajo ninguna condición, ni podrá ser almacenada previa y durante su tratamiento en receptáculos a cielo abierto. Asimismo queda prohibido su vertido en piletas naturales o artificiales de infiltración y/o evaporación, pozos absorbentes, cavados, perforados, sumideros o inyectores, cualquiera sea su profundidad, que de algún modo puedan estar vinculados o conectados a acuíferos libres o confinados y que sean susceptibles de contaminar o alterar la calidad de las aguas subterráneas. Por otra parte, se implementará un procedimiento de consulta a las comunidades de pueblos originarios que pudieran ser afectadas por los proyectos. No obstante, la normativa establece que esas comunidades deben estar «debidamente registrada y reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)». Las organizaciones socioambientales de la provincia rechazaron en numerosas oportunidades la utilización de fracking, a la vez que denunciaron las faltas de controles y estudios sobre los impactos ambientales que producirán este tipo de explotaciones en el sur provincial. El uso del recurso de agua es también uno de los ejes del reclamo, en una provincia que desde hace años se encuentra en emergencia hídrica.