Sin otra sorpresa que la cortísima duración de la sesión, los tres integrantes del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre rechazaron, por unanimidad, los recursos presentados por la defensa del expresidente Lula da Silva. En escasos catorce minutos el relator, juez João Pedro Gebran, y sus colegas Leandro Paulsen y Victor Laus leyeron sus resoluciones. La defensa del expresidente afirmó, cuando se supo el resultado, que estudiará presentar nuevo recurso o junto al mismo tribunal, o al Superior Tribunal de Justicia, penúltima instancia máxima. De no ser por el salvoconducto concedido a Lula da Silva el pasado jueves por la Corte Suprema, que juzgará un pedido de hábeas corpus el próximo miércoles, 4 de abril, su prisión podría ser determinada en poquísimos días o horas. Hay indicios de que se le concederá el hábeas corpus, lo que significaría más tiempo para nuevos recursos, permitiendo eventualmente que dispute las elecciones presidenciales de octubre. Le decisión de hoy era más que esperada, desde que el pasado 24 de enero el mismo Tribunal Regional no solo confirmó la condena de Lula da Silva por unanimidad sino que aumentó su pena a doce años y un mes. La sentencia fue duramente recriminada por más de un centenar de juristas brasileños y extranjeros, quienes denunciaron una vastísima serie de equívocos, manipulaciones y violaciones de los procedimientos. Lula pretende obtener, en las cortes superiores, la anulación total del proceso. Las muchas contradicciones señaladas por la defensa al refutar ambas sentencias, tanto la de primera como la de segunda instancia, no fueron consideradas. Tampoco sirvieron de nada las reiteradas denuncias contra la ausencia total y absoluta de pruebas contra el expresidente: prevaleció la insólita condenación en base a la “convicción”, figura que no está contemplada en los códigos penales brasileños. En un primer momento, Lula da Silva, quien se encuentra viajando por el interior de las provincias sureñas, no hizo comentarios sobre la decisión del tribunal de Porto Alegre. La gira del expresidente, la llamada “caravana”, enfrenta agresiones de grupos promovidos por grandes terratenientes y seguidores del actual diputado y capitán retirado del Ejército, Jair Bolsonaro, quien además es precandidato de extrema derecha a la presidencia. Llamó la atención de periodistas que tanto las policías de Rio Grande do Sul como de Santa Catarina y Paraná permaneciesen impasibles frente a grupos que cortaron rutas y tiraron piedras y huevos a la comitiva del expresidente. Muchos analistas consideran que semejante agresividad es especialmente preocupante y se preguntan ¿cómo será cuando estén todos en campaña electoral por el país? Fuente: www.pagina12.com.ar
Moldes pidió investigar a Macri por el Memorándum con Qatar
El fiscal ante la Cámara Federal apeló el sobreseimiento dictado a favor del Presidente por la Sala I de ese tribunal. «Las denuncias de esta gravedad institucional deben ser abiertas a la investigación no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio”, afirmó. El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes pidió investigar a Mauricio Macri por la firma del Memorándum de Entendimiento con Qatar. «Las denuncias de esta gravedad institucional deben ser abiertas a la investigación no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio”, afirmó el fiscal para fundamentar su decisión de apelar el sobreseimiento dictado por la Sala I de ese tribunal a favor del Presidente. El Memorándum de Entendimiento con el Estado de Qatar fue firmado el 6 de noviembre de 2016. El acuerdo, anunciado por la vicepresidenta Gabriela Michetti en el marco de su visita a ese Estado árabe, contempla la intervención a una estructura offshore para canalizar inversiones. Macri y Michetti fueron denunciados por la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático. Además del Presidente y su vice la entidad también pidió investigar a la ex canciller Susana Malcorra; el titular de Anses, Emilio Basavilbaso; y el tenista Gastón Gaudio, a quien se le atribuye haber actuado de intermediario. El juez federal Daniel Rafecas sobreseyó en una primera instancia a Macri y los demás denunciados. La decisión del magistrado fue confirmada la semana pasada por la Sala I de la Cámara Federal, pero la causa seguirá ahora su trámite en la Cámara Federal de Casación Penal porque desconforme con la decisión de cerrarla Moldes decidió apelar. Moldes, en la misma línea de su colega Paloma Ochoa en primera instancia, consideró que el Presidente y sus funcionarios deben ser investigados. «Desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo invariablemente que una denuncia que acredite los mínimos márgenes de seriedad y verosímiles no puede ser cerrada caprichosamente, tal como lo ha hecho una vez más el juez (Daniel) Rafecas, sin abrir siquiera liminarmente un arco de diligencias de investigación que permita circunscribir al menos la etapa de conocimiento del hecho que es materia de examen”, escribió en su dictamen el fiscal, uno de los promotores de la marcha que se hizo al mes de la muerte de Alberto Nisman. Tal vez para por su conocida simpatía con el macrismo, Moldes agregó que “no puedo hoy borrar con el codo lo que entonces escribir con la mano. Una denuncia como esta debe ser investigada». También remarcó que «las denuncias de esta gravedad institucional deben ser abiertas a la investigación no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio. Por eso interpongo este recurso». Fuente: www.pagina12.com.ar
ARA San Juan: familiares denunciarán penalmente al ministro Aguad
El abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes de submarino ARA San Juan, confirmó hoy que un grupo de familiares presentará una denuncia penal contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad, ‘por incumplimiento de los deberes de funcionarios público, encubrimiento, abandono de persona y traición a la patria’. ‘Hemos tenido paciencia pero sus dichos de los últimos días en una nota fueron la gota que colmó el vaso. Reconocer que todo está hecho para que no sepamos lo que pasó es una confesión y habla de un encubrimiento. Vamos a presentarnos en la Justicia y esperemos que lo citen a indagatorias para que diga quiénes están involucrados en el encubrimiento’, aseguró Tagliapietra en declaraciones a radio Diez. En el marco de la causa, esta semana la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que investiga la desaparición del submarino ARA San Juan, escuchará los testimonios de jefes de la Armada que participaron del operativo de búsqueda del buque que perdió contacto con la base naval de Mar del Plata el 15 de noviembre pasado, mientras navegaba con 44 tripulantes a bordo. En tanto, en las declaraciones que formuló esta mañana, el abogado y padre de uno de los tripulantes de submarino -que es querellante en la causa- consideró que Aguad ‘tenía conocimiento del estado del submarino y no hizo nada para evitar que zarpe‘. ‘Dentro de lo que es el tipo penal de abandono de persona, aplica a quien enviare a una persona a una situación en peligro, agravado por el supuesto resultado’, argumentó Tagliapietra al explicar el contenido de la presentación que, según confirmó, realizará junto a otros familiares en las próximas horas. La denuncia contra Aguad, según adelantó Tagliapietra, incluirá ‘incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento, abandono de persona y traición a la patria‘, precisó. Según Tagliapietra, ‘por sus declaraciones, (Aguad) nos ha puesto en riego como país y nos ha puesto en una crisis diplomática con gran Bretaña gravísima, luego de que con un informe dieron a entender que el submarino estaba en el área de Malvinas’. Además, dijo que el ministro ‘usó la palabra imposible respecto de encontrarlo’.’Las afirmaciones de Aguad van en contraposición del compromiso del presidente (Mauricio) Macri en la apertura de las sesiones. Como jefe yo ya le hubiera pedido la renuncia porque dice que está imposibilitado de cumplir con la tarea que le encomendé. Debería haberle pedido la renuncia’, aseveró Tagliapietra. Finalmente, el abogado afirmó: ‘Lo que más queremos es encontrar a nuestros seres queridos y con un ministro con esta actitud realmente no lo vamos a lograr: esta búsqueda es absolutamente pasiva’ y aseguró que ‘es agotador pero no vamos a aflojar‘, concluyó. La Comisión Bicameral Investigadora de lo sucedido con el ARA San Juan, a cargo del senador fueguino José Ojeda (PJ), se reunirá mañana por primera vez después de su confirmación, a las 10 en el Salón Artutro Illia del Palacio Legislativo, donde serán recibidos los familiares de los tripulantes del submarino. Fuente: www.diariodecuyo.com.ar
A pedir del gobierno: UOCRA cerró su paritaria en 15% y con cláusula de revisión
La mejora salarial se dará en dos tramos y llegará a más de 600 mil trabajadores en todo el país. La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y la Cámara Argentina del sector (CAC) acordaron hoy en la cartera laboral una mejora salarial del 15 por ciento en dos tramos, que incluyó la cláusula de revisión en diciembre próximo, lo que beneficiará a 600 mil trabajadores de la actividad, confirmaron esta tarde las fuentes sindicales y oficiales. El secretario general de la organización sindical y el vicepresidente de la cámara, Gerardo Martínez y Juan Chediak, respectivamente, acordaron en negociaciones paritarias una recomposición salarial del 15 por ciento «acumulativa» -lo que en definitiva significó un 16,5 por ciento- en dos cuotas: un 10 en abril y otro 5 en agosto próximo. El acuerdo incluyó la aplicación de la cláusula de revisión en diciembre para el caso de que el proceso inflacionario supere las expectativas y desborde lo rubricado hoy. El convenio salarial para los 600 mil trabajadores de la actividad fue firmado por Chediak y Martínez, también secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. La paritaria de la Uocra, otro de los grandes sindicatos, se sumó de esa forma al acuerdo ya firmado por mercantiles, porteros, Luz y Fuerza y obras sanitarias, entre otros gremios. Las fuentes gremiales explicaron a Télam que el acuerdo es «acumulativo», es decir, los trabajadores percibirán un 10 por ciento en abril y, el 5 restante acumulativo, en agosto próximo, lo que les permitirá embolsar una mejora salarial total del 16,5 por ciento. Además, las partes homologaron en Trabajo otro 3 por ciento en concepto de «recomposición salarial» por el desfase de 2017, lo que acumuló para ese año una paritaria del 24 por ciento, según puntualizaron a Télam los voceros de la Uocra. La paritaria anual fue firmada en la sede laboral de la Avenida Leandro N. Alem al 600 de forma inmediata al regreso de Martínez de la ciudad suiza de Ginebra el viernes último, donde participó en el encuentro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con vistas a la Conferencia Anual de junio próximo. Fuente: Télam
Carrió se quedó con $355.000 de sobresueldo del Congreso y Rial salió a destruirla
Elisa Carrió realizó maniobras polémicas para desembolsar esa plata. El periodista destrozó a Lilita. Elisa Carrió se quedó con $355.000 de sobresueldo del Congreso tras una maniobra polémica. Por el hecho, Jorge Rial salió a destruirla. El suceso lo reveló Infobae. «Elisa Carrió no utilizó ninguno de los tickets aéreos y terrestres que la Cámara le entregó, pero sí hizo los trámites cada mes para canjearlos por cash». Esa fue la estrategia de la diputada nacional. «Así, se llevó un sobresueldo mensual de $19.300 durante los primeros 6 meses del año y de $40.000 durante la segunda mitad de 2017, cuando una resolución de Emilio Monzó duplicó el valor de canje de los pasajes». «En total, la líder de la Coalición Cívica percibió $355.800 pesos por los pasajes que no usó a lo largo del año», confirma el portal. El mismo hecho sucedió en 2015, 2016 y 2017. Por eso, el periodista salió a destruirla. «No va mucho, pero a la hora de canjear pasajes @elisacarrio primera todos los años». Rial se refirió así a la cantidad de ausencia de la diputada. https://twitter.com/rialjorge/status/977943113913257989 Fuente: www.eldestapeweb.com
Cambiemos: hacienda proyecta la disolución del INDEC. ¿Qué opinas?
Un proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda contempla la reformulación del sistema estadístico nacional, prevé la disolución del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la creación del «Consejo Nacional de Información Estadística», presidido por el Secretario de Política Económica. La iniciativa, a la que tuvo acceso Ámbito Financiero, cuenta con 77 artículos y se contrapone con otra elaborada por la actual conducción del INDEC y que apunta al fortalecimiento de este organismo. En el Ministerio de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, se elaboró un proyecto de ley por el cual se deroga le ley 17.622 – que creó el INDEC – y se dispone la transferencia del personal de este instituto a la órbita de uno nuevo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) «con la condición que el citado personal cumpla los requisitos del nuevo organismo». Asimismo, contempla la transferencia al INE de la totalidad de los bienes, presupuesto, activos y patrimonio del INDEC. El esquema diseñado por Hacienda, propone, en su primer artículo, la creación del Sistema Estadístico Nacional, integrado por el Consejo Nacional de Información Estadística y el Instituto Nacional de Estadísticas. Asimismo, participarán los organismos del sector público nacional, sector público nacional financiero y sector público provincial y municipal. El proyecto establece que el Consejo Nacional de Información Estadística sea un organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, entidad con personería jurídica propia, independencia funcional y autonomía financiera. Le corresponderá a este Consejo dictar anualmente el Plan Estadístico Nacional, «estableciendo los productos estadísticos a generar, metodologías y formas de diseminación» (artículo 32). En cambio, para el nuevo INE (el reemplazo del INDEC) se establece un rol fundamentalmente ejecutor ya que tendrá como funciones «recolectar datos estadísticos mediante el uso de encuestas, datos de registro y otros», «elaborar indicadores sociales y económicos», «producir las cuentas nacionales, cuentas internacionales, cuentas satélite y análisis laborales», entre otras. Será conducido por un director y un director técnico, ambos elegidos por concurso de antecedentes y oposición. Durarán en sus cargos cinco años, con opción a una única renovación. En lo que surge claramente como una intención de profesionalizar al organismo, el proyecto establece que «el 65% de los agentes del INE, cualquiera sea su modalidad de contratación, deberá poseer título universitario específico a las funciones que desempeñen». De aplicarse este requisito, se indica en medios gremiales, numerosos empleados del INDEC se verían afectados. El encargado de definir el plan estadístico, es decir el Consejo Nacional de Información Estadística, estará conformado por nueve miembros (artículo 61): el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda (actualmente a cargo de Sebastián Galiani) -que oficiará como presidente -, representantes de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Banco Central, Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (a propuesta de los integrantes de las provincias), universidades públicas (nombrado por el Consejo Interuniversitario Nacional), por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y los directores de Metodologías y Planificación de este consejo. En cambio, el director del instituto a crearse en reemplazo del INDEC, participará «con voz pero sin voto». En las condiciones de funcionamiento del Consejo que proyectará el plan estadístico se propone que su directorio sesionará con un quórum de cuatro miembros y adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de los presentes. En caso de empate, el presidente, es decir el secretario de Política Económica, tendrá doble voto. • La propuesta del INDEC Por su parte, la conducción del INDEC elaboró un anteproyecto de ley orgánica del sistema estadístico en respuesta a un pedido a la Presidencia, que fue presentado recientemente a la Jefatura de Ministros. A diferencia de la iniciativa de Hacienda que, como se señaló, determina para el Instituto un rol meramente ejecutor, esta propuesta apunta a concentrar y fortalecer al INDEC como rector del sistema estadístico. En tal sentido, el primer artículo de la iniciativa establece que «Las actividades estadísticas oficiales nacionales y la realización de los censos que se efectúen en el territorio de la Nación se regirán por la presente Ley Orgánica y por las disposiciones reglamentarias emanadas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que crea la presente, con carácter de ente autárquico, personería jurídica y patrimonio propio, y dependiente del Poder Ejecutivo Nacional». En el artículo cuarto del proyecto se hace referencia a las facultades del INDEC señalando que tendrá a su cargo «dictar las normas reglamentarias de la presente ley que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y de acuerdo con los principios programáticos que la inspiran», como así también «establecer pautas, definiciones y clasificaciones homogéneas que permitan garantizar la comparabilidad de la información estadística oficial y dictar las normas regulatorias que rigen la elaboración y difusión de estadísticas en todo el territorio de la Nación». En esta iniciativa, el gobierno del INDEC está a cargo de un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la Nación por un período de cinco años, pudiendo ser designados nuevamente. Se dispone asimismo, que para la remoción del presidente y el vicepresidente el Poder Ejecutivo deberá tener previo acuerdo del Senado. La última palabra es de suponer que la tendrá Jefatura de Ministros, según se señala en la Casa Rosada. • Sospechas y discusiones A lo largo de la historia, las estadísticas elaboradas por el INDEC fueron motivo de sospechas y debates. Uno de los antecedentes en este sentido, se remonta hacia el año 1979, cuando el gobierno militar no encontraba la forma de bajar la inflación. Como uno de los rubros que más incidía en la conformación del índice de precios era la carne vacuna, el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, no tuvo mejor idea que elaborar el llamado índice «descarnado», es decir una medición del costo de vida en la que se excluyó a las carnes rojas y sus derivados. De esta forma, en los primeros ocho meses de 1979 la inflación «descarnada» acumuló 85%, diez puntos menos que el índice tradicional. Lo insólito fue que el INDEC siguió publicando ambos índices de medición de precios. Otro antecedente se encuentra en la gestión ministerial de Roberto Lavagna cuando hacia 2004 el entonces comandante del Palacio de Hacienda decidió utilizar cálculos alternativos para demostrar que la cantidad de pobres era inferior
Córdoba sacó de la boleta de la luz, todo lo que no sea consumo
Varios organismos recaudan a través de esa factura. Un diputado quiere limitar los extras. En Córdoba el Ente Regulador protegió a los consumidores. ¿Qué hace el EPRE en San Juan? En momentos en que en San Juan un legislador quiere convertir en ley un proyecto que limita el cobro de ítems extras en la factura de la electricidad, en la provincia de Córdoba una resolución del Ente Regulador le mete presión a esa iniciativa local. Es que con la eliminación de subsidios y los incrementos, la electricidad subió en tres años un 692%. Una familia tipo pasó de pagar una factura de 350 pesos por mes a 1.200 pesos mensuales, lo que impacta de lleno en la economía familiar. El tema es que de ese total, sin sumar boleta de OSSE, el 40% representa otro tipo de imposiciones que a lo largo de los años se fueron anexando, todas por ley de la Cámara de Diputados y por ordenanzas municipales. Un detallado informe con datos oficiales deja al descubierto que desde diciembre del 2015 hasta febrero de este año, la tarifa de un consumo promedio de 264 kw/h en San Juan, sufrió un aumento del 692%. La iniciativa está dando vueltas desde hace algún tiempo, pero recién tomó forma de proyecto de ley en las últimas semanas, cuando empezaron las campañas en la web a través de charge.org, sitio mediante el cual se juntan firmas digitales con distintos fines. En la docta, el Ente Regulador de Servicios Públicos, ERSEP, anunció tres cambios claves para la facturación de le energía eléctrica, servicio que presta EPEC. El cambio más importante es la definición que hace el ERSEP de gratuidad del espacio público que utilizan los sistemas de distribución de energía y que son los que están gravados por impuestos municipales que llegan, en algunas localidades, a un 20% de la boleta. Esta medida promete polémica con las intendencias, pero sería un concepto importante que se reduciría de la factura al usuario. Por otro lado, ni EPEC ni las distribuidoras podrán facturar otros servicios en la misma boleta (internet, por caso) y estarán obligadas a emitir facturas independientes por la energía. A su vez, ni EPEC ni las cooperativas eléctricas podrán seguir actuando como agentes de retención de tasas que no estén vinculadas directamente con el uso de la energía (por caso: alumbrado público o semáforos). Queda fuera las tasas por cloacas. En San Juan, el presidente del Ente Regulador de la Electricidad (EPRE), Jorge Rivera Prudencio, no quiso responder al respecto. Una pregunta clave era si puede emitir una resolución tendiente a proteger al consumidor y, fundamentalmente, que se cumpla con el espíritu de que el precio de la factura de electricidad debe ser un precio razonable. El proyecto Munisaga Carlos Munisaga, diputado provincial del bloque Compromiso con San Juan, presentó un proyecto de ley tendiente a eliminar imposiciones que nada tengan que ver con el rubro de la electricidad. El proyecto establece un mecanismo de emergencia para fijar valores máximos de los tributos provinciales vinculados al consumo de energía eléctrica. En los fundamentos del proyecto, el legislador sostiene que “dentro del bloque de normas que regulan el servicio público de electricidad, se destaca aquella legislación que tiene un impacto sobre el costo del mismo por cuanto implican una afectación directa sobre el bolsillo de cada consumidor. En este sentido, es de notar que los gravámenes, tributos y/o adicionales en la práctica acaban distorsionando el precio final que abona todo cliente y configuran, per se, una barrera para el acceso al servicio”. Hoy los usuarios residenciales del servicio público de electricidad abonan, además del costo básico del servicio, otros conceptos que varían de acuerdo a su localidad de origen, como por ejemplo contribuciones provinciales y municipales, aportes, impuestos (nacionales y provinciales), tasas, percepciones a cuenta de ingresos brutos, fondo solidario hospitalario, contribuciones para la construcción de obras de infraestructura relacionadas con el mejoramiento del sistema eléctrico. Algunos de estos cargos son fijos y otros variables, es decir, su valor se modifica en función del consumo de la boleta y del valor de la energía eléctrica. Para este segundo grupo, vemos que un mayor costo por kW se traduce en una mayor carga impositiva. En otras palabras, el aumento en la tarifa se transforma también en un incremento de impuestos que debe afrontar el usuario, doble carga, no sólo más tarifa sino también impuestos. Todo lo que se paga en la boleta En el proyecto, Munisaga hizo un análisis de la boleta de la luz, determinando que los gravámenes que figuran dentro de la factura pueden agruparse en tres conjuntos, dependiendo del ente que los determina. 1) En el primero de ellos figura el Impuesto al Valor Agregado (IVA), regulado por el Estado Federal -Congreso de la Nación y Poder Ejecutivo Nacional-. El IVA es un impuesto proporcional al valor del consumo, por lo cual los usuarios al abonar la factura de luz deben hacer frente a un importe considerable sobre el total de la boleta. Por lo tanto, si se aumenta la tarifa del kW, se incrementa el pago del IVA -lo cual sucedió en gran magnitud luego de 2015-. Por ser este un tributo que recauda la Nación, desde Legislatura provincial no existen posibilidades de modificar dicha situación. 2) En un segundo grupo se encuentran otros impuestos y cargas de carácter provincial, los cuales se detallan a continuación: · Lote Hogar (LH) y Fondo Solidario Hospitalario (FSH): estos dos conceptos, si bien son pequeños en cuantía, no presentan vinculación con el consumo eléctrico. En total, la provincia recaudó alrededor de 10 millones de pesos por ambos tributos dentro de la boleta de la luz. El FSH fue creado por la Ley provincial 426-Q. · Ingresos Brutos: habitualmente, IIBB es un impuesto indirecto que la empresa tributa y lo traslada al precio que abona el consumidor final. Sin embargo, en la factura de energía eléctrica se encuentra desglosado. · Fondo para la Línea de Interconexión en 500 kW, creado por Ley provincial
Aplicación de agroquímicos: conmoción en Córdoba por la muerte repentina de 72 millones de abejas
Este suceso ocurrió en la zona de Traslasierra, donde los productores apícolas apuntan a una mala y desmedida aplicación de agroquímicos. Se están evaluando las causas. Productores apícolas en Traslasierra quedaron devastados por la muerte de millones de abejas, lo que implicó no solo una pérdida económica sino todo el esfuerzo que pusieron para llevar adelante su producción. Todo se dio a conocer a través de unos videos y fotos que se viralizaron esta semana, despertando interés en los medios locales La zona afectada es un sector de unos 30 km entre el cruce a La Paz y la ruta 148. Allí los apicultores y entidades comenzaron un relevamiento para cuantificar las pérdidas del sector, al tiempo que ordenaron la toma de muestras para enviar a un laboratorio a los fines de procurar determinar qué provocó la muerte de las abejas. Aproximadamente, son 72 millones las abejas muertas. Según indican los medios, la situación esta vinculada con una mala aplicación de productos fitosanitarios en la zona. Sin embargo, se siguen realizando las pruebas necesarias para determinar qué fue el causante de este suceso inesperado. “Tengo 62 años, soy apicultor de toda la vida en esta zona, y jamás vi una mortandad tan grande y repentina, nos llama la atención porque fue muy de golpe”, planteó Alfredo Montenegro, productor del paraje Loma Bola, quien perdió más de 200 colmenas completas y unos 170 núcleos a punto de ser vendidos y agregó que “para colmo, justo estamos en el final de temporada, que es cuando se entregan las reinas en los ‘nucleros’, las pérdidas son muy graves“. Esperemos que se den las causas de esta masiva mortandad y que los productores puedan salir adelante. Fuente: http://www.infocampo.com.ar
