Otro triunfo de Clarín: ya no habrá ningún evento deportivo gratuito por TV Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le otorgó la medida cautelar quesuspende los artículos de la Ley de Medios que garantizaban la transmisión gratuita de eventos deportivos que la Enacom (ex AFSCA) considere relevantes. esto abre la puerta a una mayor privatización del fútbol y el resto de los deportes. Luego del DNU que eliminó los cuatro artículos de la norma cuestionados por Clarín y la Justicia y ratificados por la Corte Suprema, ahora la Cámara puso en suspenso la aplicación del artículo 77, el cual establece que el Estado elaborará una lista de eventos deportivos cuya transmisión debía ser garantizada por la TV abierta. Entre los eventos estaban el Mundial de fútbol, Juegos Olímpicos, cualquier torneo internacional disputado por clubes argentinos a partir de las semifinales, entre otros. Ahora, esos eventos podrán transmitirse solo por servicio de cable o codificado y ya no habrá alguna alternativa gratuita, como podía ser la TV Pública. Sin embargo, esto no afecta a la ley sancionada durante el gobierno de Fernando De la Rua que garantiza la transmisión gratuita de los partidos oficiales de la Selección Argentina de fútbol, una respuesta al intento en aquel entonces de Torneos para exigir un pago adicional para ver los partidos de la Selección en las Eliminatorias para Corea y Japón 2002. Esta norma no garantiza a los partidos amistosos. La demanda había sido iniciada por Fox Sports, una de las empresas que se quedó con la transmisión de la Superliga luego de que el Gobierno liquidara al Fútbol para Todos. Fuente: www.eldestapeweb.com
Seguridad Vial: las víctimas de accidentes tendrán una mejor contención y asistencia
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se acordó trabajar en conjunto con la Subsecretaría de Tránsito y Transporte para ayudar no solo a las personas que sufren los accidentes sino también a sus familias desde lo económico, legal y psicológico. En la mañana de hoy, en la sala Margarita Ferrá de Bartol de Casa de Gobierno, se reunieron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte para la creación de la Red Provincial de Contención y Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales. La idea no es solo ayudar a las personas que sufren un accidente sino también a sus familias desde el momento del hecho hasta su recuperación, incluyendo su paso por un hospital. En este sentido, destacaron que brindarán asistencia en aspectos económicos, legales, psicológicos, y cualquier otro tipo de contención que esté al alcance del Gobierno de San Juan. Cabe destacar que, hasta el momento cada área realizaba esta problemática por separado y se espera que comience a funcionar en conjunto durante este primer semestre del 2018. Al encuentro también acudieron autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La Asamblea Jachal No se Toca llegó a Buenos Aires
Un grupo de ocho ciclistas llegó a la Plaza del Congreso, integrantes de la Asamblea Jachal No se Toca, llegó a Buenos Aires, luego de pedalear 1300 kilómetros desde Jáchal, localidad sanjuanina afectada por los derrames de cianuro de la minera Barrick Gold, para pedir que no se modifique la ley de glaciares, que protege estas áreas como reservas de agua para consumo humano. Según denunciaron los activistas, el Gobierno impulsa desde noviembre pasado una reforma a la ley 26.639 de «presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial» que reduciría las áreas protegidas para favorecer los emprendimientos de las mineras. Desde la asamblea exigieron la aplicación plena de la ley vigente, ya que según denuncian, nunca se terminó el inventario de glaciares y se dejó afuera todos los que tienen menos de una hectárea de superficie. Los activistas empezaron el 19 de febrero su aventura. Primero, pararon en Patquía, La Rioja; luego cruzaron a Córdoba donde frenaron en Serrezuela, Cosquín, Córdoba capital y Bell Ville; el sábado llegaron a Rosario y después pasaron por las localidades bonaerenses de San Nicolás y San Andrés de Giles. La última parada, el Obelisco. Los ocho viajeros son hombres de Jáchal, lugar en el que viven: los hermanos Faustino y Cruz Esquivel, ciclistas profesionales, quienes pedalearon acompañados por el hijo de Faustino; Saúl Zeballos; Domingo Jofré, periodista y encargado de cocinar y hacer crónicas audiovisuales diarias de la travesía; Carlos Ibarbe, el mayor del grupo, de 65 años; Arturo Capdevilla, artesano de Jáchal; y Ariel Codorniú, profesor de escuela en esa localidad. La mina Veladero, operada por la empresa Barrick Gold, está ubicada 120 kilómetros aguas arriba de la localidad de Jáchal, donde viven unas 10 mil personas. De los tres derrames de cianuro originados en Veladero en septiembre de 2015, septiembre de 2016 y marzo de 2017, al menos dos contaminaron los ríos que abastecen a varias localidades de San Juan.
Se define la extradición de Facundo Jones Huala a Chile
El lonko de la comunidad mapuche de Cushamen (Chubut) está acusado de un delito en ese país aunque nunca se comprobó su culpabilidad. Su situación ya había sido resuelta en 2016 en otro juicio donde se lo absolvió. El Gimnasio Municipal 3 de Bariloche amaneció este miércoles vallado y con una inusual presencia policial ordenada por el juez federal Gustavo Villanueva. Allí se dará comienzo a un nuevo juicio de extradición contra el lonko de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen Facundo Jones Huala, detenido en Esquel desde el 27 de junio del año pasado. Como anticipó este diario el martes, desde la tarde se concentraban en un acampe en las puertas y las inmediaciones del lugar diversas organizaciones de las comunidades mapuches de la comarca andina. A ellas el Estado decidió “custodiar” con presencia de personal de la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal, es decir las mismas fuerzas encargadas de reprimir e incluso asesinar a miembros de esas comunidades. A la audiencia ingresó una delegación de las comunidades mapuches. Entre las personas presentes se encuentra la tía de Rafael Nahuel, el joven asesinado por la espalda a manos de la Prefectura Naval el 25 de noviembre pasado en Villa Mascardi, cerca de Bariloche. Hasta Bariloche viajaron también diversos referentes de la lucha por los derechos humanos como la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, la hija de desaparecidos y miembro del CeProDH Alejandrina Barry, Margarita Cruz de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Maria Elena Naddeo y Gisela Cardozo de la APDH, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y miembros de La Gremial de Abogados de la región, entre otros. El primer juicio de extradición contra Jones Huala se hizo en agosto de 2016, y en ese momento el proceso fue declarado nulo por el juez federal de Esquel Guido Otranto. Sin embargo, tras un acuerdo entre Macri y la presidenta chilena Michele Bachelet, el juez Villanueva decidió volver a detener a Jones Huala en junio de 2017 y tramitar una nueva causa por el mismo motivo. De allí que un gran número de organizaciones de derechos humanos y políticas, además de las propias comunidades mapuches, denuncien la evidente persecusión política contra Jones Huala, que hoy tiene un nuevo y grave capítulo.
El gobierno debió pedir disculpas a Bolivia por el supuesto convenio de reciprocidad en salud
A través de un comunicado, el gobierno de Evo Morales desmintió haber recibido una propuesta para firmar un convenio en el medio de una polémica para instalar la necesidad de cobrar la salud a los extranjeros. A través de un comunicado, el gobierno de Evo Morales salió al cruce de una versión oficial para instalar la necesidad de cobrar la salud a los extranjeros. El gobierno nacional debió pedir disculpas. El Gobierno de Bolivia salió al cruce de una versión instalada desde el oficialismo sobre que había rechazado realizar un convenio de reciprocidad en salud en el medio del debate que instaló el gobierno nacional para cobrar la salud y educación a inmigrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia explicó en un comunicado que “no ha recibido ningún proyecto de Convenio en materia de Asistencia Médica por parte del Gobierno argentino” y que sólo recibió “una nota verbal de la Embajada Argentina en La Paz, como un planteamiento general sobre la intención de “suscribir un Convenio”, documento transmitido al Ministerio de Salud para su consideración preliminar, que fue respondido haciendo referencia a la normativa vigente en nuestro país”. La respuesta que hace referencia el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia es un documento que hizo circular el gobierno argentino a los medios como un rechazo el país vecino al intento de realizar un convenio. Recordó Bolivia que el tema no estuvo en la agenda bilateral entre ambos países que se elaboró el 15 de enero de este año en Santa Cruz de la Sierra. Explicó además que el 26 de febrero, en reunión sostenida con la Viceministra de Relaciones Exteriores y el Viceministro de Gestión Institucional y Consular, el Embajador de la República Argentina, Normando Álvarez García, el funcionario ofreció “explicaciones por el manejo mediático del tema” y “expresó disculpas al gobierno de Bolivia por los inconvenientes ocasionados”. Por otra parte, expresó que “en consecuencia al buen nivel de diálogo y respeto que caracterizan a la relación bilateral entre ambos países, se encuentra dispuesto a analizar cualquier propuesta que se plantee en el marco de la práctica diplomática y los mecanismos bilaterales creados para el efecto”.
Apareció Luján Agüero
La familia de la menor pas{o los peores momentos de angustia y preocupación. La adecente de 15 años oriunda de Caucete, Luján Agüero, estuvo desaparecida durante varias horas y su familia la buscaba con desesperación, ya que no había vuelto de la escuela y se desconocía su paradero. Sin embargo, en horas de la tarde, la muchacha apareció sana y salva. Según informaron de la Comisaría 9na de Caucete, la joven dio señales de vida y no presentó ningún tipo de lesión física, lo que representó un alivio para sus allegados. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales se mantuvo ausente.
23F: los estudiantes detenidos durante la manifestación recibieron condena de hasta 4 meses en suspenso
Esta fue la sentencia que recibieron Zalazar y Robledo. A Benítez, Campos Maturano le concedieron la probation Los imputados durate la manifestación del pasado viernes 23 de febrero frente al Centro Cívico, donde fueron reprimidos por la fuerza policial y encarcelados por orden del ejecutivo local, acordaron con la fiscalía condenadas que en el peor de los casos significó la sentencia de 4 meses de prisión en suspenso para Jeremías Zalazar y Mauricio Robledo, ambos bajo cargo de resistencia, lesiones leves agravadas, daño agravado y obstruccion a la via publica. En un juicio bajo el sistema de Flagrancia que tuvo lugar en la Sala B de la mencionada institución, Leiza Benítez, Sergio Campos y Mercedes Maturano, los otros tres imputados, recibieron la concesión de probation debiendo realizar trabajos comunitarios en la Municipalidad de la Capital y una donación de 400 pesos cada uno a la Escuela Hogar. Los 5 estudiantes detenidos por ejercer su derecho de protesta en defensa de la educación pública quedaron en libertad bajo el manifiesto consentimiento de cumplir con las normas de conducta dictadas durante los 2 próximos años.
La hormiguita era un elefante: denuncian penalmente a Ocaña por enriquecimiento ilícito
La diputada está sospechada por negociaciones incompatibles con su condición de funcionaria pública y falsedad maliciosa en la presentación de su declaración jurada de 2016. La diputada nacional por Cambiemos Graciela Ocaña fue denunciada penalmente por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con su condición de funcionaria pública y falsedad maliciosa en la presentación de su declaración jurada del año 2016. La acusación fue formulada por el referente de la ONG La Alameda, Gustavo Vera.La causa penal contra Ocaña (número de expediente 2809/2018) presentada con el patrocinio del abogado Daniel Llermanos fue iniciada tras una investigación de la Alameda sobre la propia declaración jurada del 2016 de la diputada.El juez federal Julián Ercolini y el Fiscal Jorge Di Lello quedaron a cargo de investigar las sospechas que despertó el patrimonio que alcanza casi los 5 millones de pesos, inmuebles (una mansión en un country, un departamento en Puerto Madero y dos domicilios más, sin incluir los otros cuatro de su marido) y empresas que fijan domicilio en su propia fundación Confianza Pública que lleva el mismo nombre de su partido que integra la alianza gobernante Cambiemos. La denuncia de Vera, con respaldo legal del abogado de Hugo y Pablo Moyano, da cuenta en los primeros párrafos que la diputada Ocaña fija domicilio en el opulento barrio de Puerto Madero, más precisamente en el Madero Center (en Azucena Villaflor 350) conocido por la financiera conocida mediáticamente como “La Rosadita”. Los incrementos del patrimonio millonario y la inconsistencias de Ocaña surgen de su propia declaración de 2016 ante la Oficina Anticorrupción (que dirige Laura Alonso) “ya que en un año es notable el incremento patrimonial. Pasó de $ 1.523.321,70 a $ 4.052.874,46 pesos, aclarándose que había adquirido deudas por 629.714,03 pesos”, figura en la denuncia penal. Vera sostiene que “es llamativo tan brutal incremento siendo que Graciela Ocaña, de 58 años, en los últimos veinte años el único trabajo que tuvo es en el Estado”. LA DENUNCIA COMPLETA LA MANSIÓN EN UN COUNTRY La denuncia penal precisa datos sobre la mansión de Ocaña. “Se ubica en el lote 236 de la manzana E-1, que pertenece a la denunciada en su carácter de socia número 00764/00 no se encuentra baldío como lo manifestó. En esa parcela existiría una muy lujosa casa –cuya fotografía se acompaña en el expediente- valuada en un millón de dólares estadounidenses”. Llermanos pide al juez Ercolini y al fiscal Di Lello que soliciten a la administración del barrio privado“Terravista”, quien es el titular del inmueble identificado y si la denunciada reviste condición de socia. Asimismo, si la parcela mencionada se encuentra baldía o edificada, señalando la tasación aproximada del inmueble. LOS CHEQUES REBOTADOS La diputada nacional aliada a Cambiemos señala en el 2016 que recibe de ingresos 1.175.000 pesos por vender activos de su empresa “Área Tr3s Constructora SA”. A Vera y Llermanos le llama la atención que “la sociedad actualmente se encuentra con un proceso de iliquidez debido a la extensión de 5 cheques sin fondos, por un total $ 139.351,00”. Sumado a ello es la sospecha de tráfico de influencias al haber ganado una licitación en el partido de Pilar sin tener la constructora experiencia en la materia. “Área Tr3s Constructora SA fue registrada en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, en el año 2015, para llevar adelante construcciones, reformas y reparación de edificios residenciales. En Abril de 2016, la empresa fue adjudicataria en el Municipio de Pilar, para llevar adelante el mantenimiento de la Escuela Secundaria 16 – Presidente Derqui, para la reparación de techos y zingueria, por la suma de $ 805.400,00. Así surge del expte. 1082/2016 que concluyó el 1 de abril de 2016 con la citada adjudicación suscripta por el Intendente del PRO, Nicolás Ducoté, y otros funcionarios de la comuna, entre ellos la actual diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, por entonces secretaría de Educación en Pilar. La denunciada conformó la constructora de cheques rechazados con Cristian Gregorio Re y Matias Fernandez Lopez Osornio. Este último socio registra su domicilio en el mismo barrio privado “Terraavista”. LA CASA Y EL AUTO DE CENTAVOS Ocaña declaró conservar un inmueble que en Haedo de 197 m2, también comprado mediante crédito en el año 2000, e informó que su valor era de un centavo de peso, a pesar de que a la fecha original de la adquisición manifestó que el precio correspondiente era de $ 282.097,00 pesos. Por otro lado declaró un automóvil Peugeot 408 ALLURE+ 2.0N del 2012, que no declaró si conservaba o había vendido el automóvil adquirido ese mismo año también con crédito, manifestando en aquella oportunidad que valía un centavo. TRAMPAS EN EL PATRIMONIO El titular de la ong Alameda junto a su abogado sospechan que algunas inconsistencias en la declaración jurada de Ocaña es en realidad una táctica para descender su patrimonio personal. Por ejemplo declaró Ocaña la compra de un inmueble de 59 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, (adquirido según afirma ella misma mediante el otorgamiento de un crédito en el año 2013) informando una valuación de $ 630.000,00. Este importe sería inferior al real”. Con su auto Toyota Corolla XEI PACK 1.8 CVT modelo 2015, comprado ese mismo año –también mediante crédito- en un valor de casi 300 mil, en el 2016 informa la misma valuación, sin modificación alguna. También declara la titularidad de una caja de ahorro con fondos por un monto de $ 154.718,71 obtenidos mediante la venta de activos, sin detallar que cosas vendió, y sin explicar de qué manera en ese mismo ejercicio el monto depositado se eleva a 825.000 mil pesos. LA FUNDACIÓN LIGADA A EMPRESAS Más que la Fundación “Confianza Pública” es la fundación que confía en las empresas privadas. Esa frase surge porque creen Vera y Llermanos que se debe investigar la relación de la fundación y diversas empresas que comparten domicilio y además fueron aportantes a campañas electorales Graciela Ocaña es presidente honorífica, de la “Fundación Confianza Pública”. Marta Velarde, coordinadora académica de la fundación, es empleada de la Legislatura Porteña desde marzo de 2016, además de ocupar un cargo como síndico “Agencia de Bienes de
