La APYME denunció que la eliminación de controles a la importaciones implica la destrucción de las pymes y de la industria nacional. Las pymes están entre los sectores que se verán mas afectados por el“megadecreto” (Nº 27/2018) de 192 artículos emitido por el gobierno nacional la semana pasada. En diálogo con, Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), explicó que “dentro de sus múltiples artículos y capítulos se modifican leyes para ‘simplificar’ el Estado, pero hace mención a que viene a poner a la legislación argentina a la altura de lo que solicita la Organización Mundial del Comercio (OMC)”. Una de las medidas es que la Secretaría de Comercio eliminó más de 300 posiciones arancelarias del sistema de control de Licencias No Automáticas para la importación de bienes. Fernández señaló que “se eliminan barreras arancelarias y controles a la importación que implicaban un resguardo para la empresa nacional y la producción regional”. “Vemos con preocupación que el poco apoyo que existe para las pymes sea desviado también a las grandes empresas. Esto se suma a que ya vimos como se ha retrotraído el mercado interno al ampliar la apertura de importaciones”, dijo y agregó que el sector se encuentra en estado de alarma. En un comunicado, la APYME pidió que el gobierno reconsidere estas medidas que de ningún modo favorecen a las Pymes. “El megadecreto del poder Poder Ejecutivo ratifica un proyecto con eje central en la liberalización comercial, la desregulación financiera y la flexibilización laboral. En suma, mayores ventajas para grandes grupos económicos, multinacionales y la especulación en detrimento de las Pymes, la industria y el trabajo local“, dice el texto. Fuente: Farco

Tras el hallazgo del cuerpo, el organismo internacional consideró que las cautelares para determinar el paradero del joven se había quedado “sin objeto”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó este martes las medidas cautelares que había impuesto contra el Estado argentino por la desaparición de Santiago Maldonado en la represión de Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen. El organismo consideró que ya no se encuentran presentes «los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de prevenir un riesgo de daño irreparable», en relación a que las cautelares buscaban determinar la situación y paradero del joven. «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamenta la muerte del señor Santiago Maldonado y, en virtud del cambio de circunstancias, considera que las medidas han quedado sin materia, no encontrándose presentes los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de prevenir un riesgo de daño irreparable, correspondiendo levantar las presentes medidas cautelares», informó al Estado argentino. Sin embargo, la Comisión, que forma parte de la OEA, advirtió que «el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte del propuesto beneficiario». «Corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo de la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes», agregó. Ante le medida impuesta por la CIDH, diversos funcionarios argentinos presentaron informes sobre el caso y las investigaciones judiciales, tras lo cual el organismo decidió tomar esta decisión. Las medidas cautelares habían sido reclamadas por el CELS y la familia Maldonado en reclamo por la desaparición del joven el 1 de agosto. El 22 de agosto, la CIDH pidió al Estado que adopte «las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal». Con la aparición del cuerpo y posterior autopsia, que determinó que Santiago murió ahogado en el lugar del río donde fue encontrado, funcionarios del gobierno nacional comenzaron a presionar para dar de baja las cautelares. Algo que finalmente ocurrió el pasado 13 de enero.