El anteproyecto de reforma del Código Penal transforma a ese hecho en delito, hoy es una contravención.
El anteproyecto de reforma del Código Penal, que en marzo llegaría a manos de Mauricio Macri para ser presentado en el Senado, incluye modificaciones en relación con los accidentes de tránsito. Uno de los cambios importantes es que manejar alcoholizado o bajo el efecto de drogas y circular superando la velocidad permitida pasarían de considerarse contravenciones a ser delitos contra la seguridad pública, aunque no generen un daño a otra persona.
De esta forma, tendrían consecuencias más allá de una multa o de la retención del auto. Por ejemplo, un test de alcoholemia positivo podría derivar en una pena de hasta tres años de prisión. Además, frente a ciertos agravantes -como violencia de género, discriminación o tenencia de armas- buscan que quien mate al volante vaya preso sí o sí.
Con la reforma, incorporarían el tipo penal de “peligro” para aquellos conductores que manejen habiendo consumido estupefacientes o más alcohol que el permitido. Ante estos supuestos, la intención es que se considere que el infractor cometió un delito contra la seguridad pública.
“La idea es que estas conductas no queden en la nada, que tengan consecuencias. Las penas son de hasta tres años de prisión, la persona puede terminar con prisión domiciliaria o realizando tareas comunitarias”, explica a Clarín Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal que preside la comisión de reforma del Código Penal. Y aclara, sobre este punto, que se está siguiendo el sistema del Código Penal de España, que logró reducir las muertes en siniestros viales de esta forma.
Otra inclusión fundamental, entre los peligros, es la realización de picadas. Contempla a quien “estuviese participando en una prueba de velocidad o de destreza realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”. Y suma un detalle interesante: no sólo buscan castigar al protagonista, sino también al resto de los involucrados.
En este sentido, la norma modificada, a la que le falta el visto bueno del Congreso, indica que “aplicará la misma pena a quien hubiese organizado o promocionado la prueba de velocidad o destreza o entregado un vehículo de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que se utilizara para ese fin”.
El borrador, además, añade una pauta clave a la que deberán atenerse los magistrados a la hora de definir las penas. “Frente a ciertos agravantes, la idea es que la pena se ubique en el tercio superior. Ese es un cambio a incorporar en la parte general que deberá tenerse en cuenta para todos los delitos. De esta forma, se tornaría no excarcelable matar al volante ante, por ejemplo, supuestos de discriminación, violencia de género, desprecio por la condición de vulnerabilidad de la víctima o tenencia de armas, entre otras. La intención es reducir la discrecionalidad de los jueces”, agrega Borinsky.
Para Sergio Kohen, miembro de la ONG Conduciendo a Conciencia y papá de Nicolás, fallecido en la tragedia de Ecos, “es un gran paso que manejar borracho o drogado sea considerado un delito”. “Creo que incorporar una norma punitiva ante una transgresión que puede comprometer la vida de otros sirve para educar a la sociedad. Espero, además, que la inclusión de agravantes ayude a que este delito deje de ser excarcelable, teniendo en cuenta que hoy es mínimo el porcentaje de personas que termina en prisión por matar en siniestros viales”, dice Kohen, quien destaca que, más allá de que exista una norma, después hay que garantizar su correcto cumplimiento.
