A través de la resolución 1-E/2018 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la creación de un Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGEBE) para registrar, identificar, seleccionar y adjudicar viviendas sociales que son construidas con fondos públicos. De esta manera, la adjudicación de las viviendas sociales ya no será por sorteo sino por otorgamiento directo sobre la base de una evaluación del Gobierno. La base con los datos de las personas interesadas en acceder a una vivienda social será utilizada para el Plan Nacional de Viviendas, creado el 15 de marzo de 2017 en el ámbito del ministerio del Interior. Ese plan tiene como finalidad atender el déficit habitacional existente en la Argentina, a través de diferentes líneas de acción, tendientes a facilitar a la población con recursos económicos insuficientes, el acceso a una vivienda adecuada. Amaya señaló que el SIGEBE tendrá como finalidad «ser una herramienta tecnológica de registro, identificación, selección y/o adjudicación de beneficiarios, a los fines de conocer y validar la demanda de soluciones habitacionales y futuras adjudicaciones que se realicen en la Argentina». A los datos de ese sistema podrán adherir todos aquellos entes ejecutores que hubieren promovido y financiado proyectos de soluciones habitacionales en sus jurisdicciones con fondos propios o nacionales en la Argentina.

Chaco, Entre Ríos, Salta, Chubut y Río Negro ya pidieron fondos de Nación para anticipar jubilaciones, retiros y planes de reinserción laboral, a los fines de cumplir con el Pacto Fiscal. En la provincia no habrá ajuste porque no hay planta excesiva. El Consenso Fiscal, más conocido como Pacto Fiscal comenzó a dar los primeros coletazos. Es que entre los puntos a cumplir está la reducción de la planta de estatales por parte de las provincias. Entonces Chaco, Entre Ríos, Salta, Chubut y Río Negro ya pidieron fondos de Nación para anticipar jubilaciones, retiros y planes de reinserción. Sin embargo San Juan quedó afuera de este difícil requisito ya que no tiene exceso de personal del Estado. Desde estas cinco provincias comenzaron las rondas de consultas para hacer cumplir el punto que establece que el Gobierno se compromete a financiar el achique. Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral. Si bien todavía no se implementó ninguna línea especial, las administraciones provinciales que enviaron sus consultas al Palacio de Hacienda fueron definidas como las que presentan mayores complicaciones desde el punto de vista de sus cuentas públicas. La secretaria de Hacienda, Marisa López, quien resaltó que en la provincia, desde la firma del Pacto Fiscal se está trabajando para cumplir con las exigencias planteadas, pero que sabían que en el punto del personal no tendrán inconvenientes debido al orden alcanzado. Asimismo argumentó que discutirán a nivel nacional este punto para saber cómo se va a hacer la medición de la planta estatal. Algunos detalles del convenio:   Compromiso de las provincias para bajar «impuestos distorsivos», como IngresosBrutos y Sellos, por 1,5 por ciento del PBI en los próximos cinco años. Ley de Responsabilidad Fiscal: compromiso para aprobar y adherir al proyecto de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Las provincias mantendrán su gastoconstante en términos reales durante los próximos años. Acuerdo por el Fondo del Conurbano: $40.000 millones de pesos en 2018 y $65.000 millones en 2019 para la provincia de Buenos Aires. Ley de Ganancias: derogación del artículo 104. Juicios: todas las provincias (menos San Luis) acordaron desistir de los juicios contra el Gobierno nacional (340.000 millones de pesos las provincias y $400.000 millones la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano). Ley de revalúo impositivo: se coparticipará el impuesto. Impuesto al cheque: 100 por ciento a la ANSES. Reforma Previsional Cajas previsionales no transferidas: el Gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit de las cajas previsionales no transferidas. Ley de Responsabilidad Fiscal para municipios: las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar una Ley de Responsabilidad Fiscal en los municipios de cada una de sus jurisdicciones. Impuesto inmobiliario: las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo a las valuaciones de mercado.

El anteproyecto de reforma del Código Penal transforma a ese hecho en delito, hoy es una contravención. El anteproyecto de reforma del Código Penal, que en marzo llegaría a manos de Mauricio Macri para ser presentado en el Senado, incluye modificaciones en relación con los accidentes de tránsito. Uno de los cambios importantes es que manejar alcoholizado o bajo el efecto de drogas y circular superando la velocidad permitida pasarían de considerarse contravenciones a ser delitos contra la seguridad pública, aunque no generen un daño a otra persona. De esta forma, tendrían consecuencias más allá de una multa o de la retención del auto. Por ejemplo, un test de alcoholemia positivo podría derivar en una pena de hasta tres años de prisión. Además, frente a ciertos agravantes -como violencia de género, discriminación o tenencia de armas- buscan que quien mate al volante vaya preso sí o sí. Con la reforma, incorporarían el tipo penal de “peligro” para aquellos conductores que manejen habiendo consumido estupefacientes o más alcohol que el permitido. Ante estos supuestos, la intención es que se considere que el infractor cometió un delito contra la seguridad pública. “La idea es que estas conductas no queden en la nada, que tengan consecuencias. Las penas son de hasta tres años de prisión, la persona puede terminar con prisión domiciliaria o realizando tareas comunitarias”, explica a Clarín Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal que preside la comisión de reforma del Código Penal. Y aclara, sobre este punto, que se está siguiendo el sistema del Código Penal de España, que logró reducir las muertes en siniestros viales de esta forma. Otra inclusión fundamental, entre los peligros, es la realización de picadas. Contempla a quien “estuviese participando en una prueba de velocidad o de destreza realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”. Y suma un detalle interesante: no sólo buscan castigar al protagonista, sino también al resto de los involucrados. En este sentido, la norma modificada, a la que le falta el visto bueno del Congreso, indica que “aplicará la misma pena a quien hubiese organizado o promocionado la prueba de velocidad o destreza o entregado un vehículo de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que se utilizara para ese fin”. El borrador, además, añade una pauta clave a la que deberán atenerse los magistrados a la hora de definir las penas. “Frente a ciertos agravantes, la idea es que la pena se ubique en el tercio superior. Ese es un cambio a incorporar en la parte general que deberá tenerse en cuenta para todos los delitos. De esta forma, se tornaría no excarcelable matar al volante ante, por ejemplo, supuestos de discriminación, violencia de género, desprecio por la condición de vulnerabilidad de la víctima o tenencia de armas, entre otras. La intención es reducir la discrecionalidad de los jueces”, agrega Borinsky. Para Sergio Kohen, miembro de la ONG Conduciendo a Conciencia y papá de Nicolás, fallecido en la tragedia de Ecos, “es un gran paso que manejar borracho o drogado sea considerado un delito”. “Creo que incorporar una norma punitiva ante una transgresión que puede comprometer la vida de otros sirve para educar a la sociedad. Espero, además, que la inclusión de agravantes ayude a que este delito deje de ser excarcelable, teniendo en cuenta que hoy es mínimo el porcentaje de personas que termina en prisión por matar en siniestros viales”, dice Kohen, quien destaca que, más allá de que exista una norma, después hay que garantizar su correcto cumplimiento.