Desde el martes 2 de enero rige la nueva tarifa para el transporte público. Si bien desde el gobierno había sido anunciado, todavía no se conocían los valores d las nuevas tarifas. Así es como desde este martes quienes se manejan en colectivo verán el aumento. La primera sección la Sube le descontará 11,20 pesos; mientras que a la tercera les costará entre 9 y 12,30 pesos. Para más adelante, cuando empiecen las clases y los pequeños usen las líneas de colectivos se verán con la noticia de que todos los boletos escolares tendrán el mismo importe, 3,20 pesos. Lo que quiere decir que los chicos de los departamento alejados pagaran el mismo importe que en el gran San Juan. Ahora, se recuerda que hay algunos beneficios. Los que tenían el 55 por ciento de descuento seguirán manteniendo este descuento. AUH, pensionados jubilados, amas de casa, servicio doméstico registrado, veteranos de Malvinas, asignaciones familiares por hijo seguirán con dicho descuento sobre el valor de 11.20 pesos.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de los imputados por la venta irregular de las tierras aledañas al Lago Escondido, donde vacacionó el Presidente en marzo de 2016. Uno de ellos es Charles Lewis, hijo del multimillonario amigo del líder PRO, que fue uno de los compradores en 1996 de parte del territorio rionegrino. ¿Será la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal parte de la «sistemática búsqueda para agredirlo» a Joe Lewis, expresión que usó Mauricio Macri para defender a su amigo magnate inglés por los graves problemas judiciales que enfrenta en la Argentina? Es que ese órgano de la justicia dispuso la reapertura de la causa que investiga presuntas irregularidades en el proceso de ventas de las tierras linderas al Lago Escondido y que son propiedad de Lewis, el magnate británico y amigo íntimo del Presidente, quien de hecho se alojó allí en sus vacaciones de marzo de 2016. La medida anuló un fallo anterior que había declarado extinto a ese caso en el que están involucrados cuatro exfuncionarios rionegrinos que, según la denuncia, habrían alterado la regulación inmobiliaria vigente en la provincia a favor del empresario. La decisión del tribunal complica Charles Lewis, hijo de Joe, que fue uno de los compradores en 1996 de parte de las 12 mil hectáreas propiedad del magnate. Bajo la lupa también están los exfuncionarios públicos Ricardo Juan José Mayer, la escribana María Szama, la abogada Susana Beatríz Sarto y Lisandro Alfredo Allende, quienes habrían operado a favor de Lewis, que en 1996 estaba interesado en esas tierras pero a las que sin embargo no podía acceder. El escollo principal era que, por tratarse de una zona de alto valor natural y fronterizo, ningún extranjero podría hacerse de esos territorios. Sin embargo, el empresario británico las adquirió. En los papeles, el comprador fue su hijo Charles. Se trata de un territorio parte de las zonas que el Estado denomina «de seguridad». Son regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Si bien la ley original prohíbe que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en estas zonas, existe la posibilidad de solicitar un pedido de previa conformidad del Ministerio del Interior, donde deben cumplirse ciertos requisitos para la adjudicación. Para la Defensoría del Pueblo, la adquisición del predio de Lago Escondido resultó “irregular”, algo que podría “encuadrar en figuras penales”. La Sala I había rechazado la denuncia y sobreseyó a cada uno de los imputados. Sin embargo, la Sala III, tras un recurso de casación interpuesto por el titular interino de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Santiago Eyherabide, desempolvó el caso, rechazó los sobreseimientos y anuló la extinción de la causa. La PIA denunció que la venta de las tierras era contraria a la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44. Sin embargo, los Lewis constituyeron una compañía con personas jurídicas argentinas y concretaron la adquisición. La primera era la empresa Properties Buenos Aires, y las tierras luego fueron inscriptas a nombre de Hidden Lake. El informe de la Defensoría del Pueblo indicó que Properties se creó en 1994 y que entre sus accionistas estaban Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti. Dos años después, se incorporó como titular de la empresa el abogado Lisandro Alfredo Allende”, en su carácter de presidente de Properties. La decisión del tribunal integrado por Carlos Alberto Mahiques, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani no es el único revés que el amigo del líder PRO recibió este año. La principal es por la prohibición al acceso del Lago Escondido. La otra es producto de sendas movilizaciones en El Bolsón contra un emprendimiento inmobiliario en 850 hectáreas de una reserva natural de esa localidad. La Justicia exigió que se revise el loteo de esos terrenos que había adquirido Lewis y puso bajo la lupa al intendente Bruno Pogliano, quien cedió las tierras a pesar de que durante la campaña electoral de 2015 había prometido que no lo haría. En enero de este año, Macri sostuvo que no comprendía la «sistemática búsqueda para agredirlo» a Lewis, a quien reconoció que lo conoce «de años» y es amigo. Respecto de las quejas de los vecinos que denunciaron no poder transitar libremente por Lago Escondido, propiedad del magnate, el mandatario indicó que «tiene un mejor acceso que el que tenía antes» de que el inglés comprara el lugar, ya que ahora posee «un acceso peatonal».

El Ministerio de Seguridad acusó a legisladores opositores de intentar cancelar la sesión por el recorte jubilatorio. El Gobierno denunció penalmente a once diputados opositores por un presunto intentar cancelar la sesión en la que Cambiemos no consiguió quórum para aprobar el recorte jubilatorio, el jueves 14 de diciembre. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, también los acusó de amenazar a la Gendarmería e interponerse para evitar detenciones. Luego de reprimirlos, la cartera que maneja a las fuerzas de seguridad presentó hoy, último día antes de la feria, un escrito que recató en el juzgado de la jueza penal federal María Servini. Fue firmado por Guillermo Soares Gache, el subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, que depende de Bullrich. Los denunciados son los diputados Leopoldo Moreau , Victoria Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla, Andrés Larroque, Daniel Filmus, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Marcos Cleri, Gabriel Mariotto, además de Nicolás del Caño y Myriam Bregman. Según publicó La Nación, el Gobierno de Mauricio Macri los acusó de “abalanzarse sobre los gendarmes que se encontraban realizando el cordón de seguridad». En segundo lugar, dijo que Moreau insultó y amenazó a un gendarme. El tercer supuesto episodio consistió en que Pietragalla «obstaculizó las detenciones que estaba llevando a cabo personal de Gendarmería», cuando el diputado intentó mediar ante el arresto de una persona en situación de calle que no estaba involucrada con la manifestación. El cuarto hecho detallado por el diario refiere a que Ferreyra y Cleri se aferraron a los barrotes de un camión de Gendarmería para evitar el traslado de detenidos. El quinto presunto episodio fue el de entorpecimiento de la sesión legislativa. Como agravante, el funcionario que responde a Bullrich opinó: «No puede descartarse como hipótesis delictiva la participación de estos funcionarios en el ilícito cometido por los particulares que intentaron perturbar el orden de la sesión legislativa». Fuente: El Destape

Sorpresivamente y en sesiones extraordinarias, los senadores provinciales aprobaron sobre tablas un proyecto de ley que ingresó a última hora y que autoriza las fumigaciones aéreas y terrestres con agroquímicos a solo 500 metros de viviendas y escuelas. La iniciativa, que pasó a Diputados, deja sin representación a las organizaciones ambientales y sólo prevé llamados de atención y multas para los fumigadores La Cámara de Senadores de la provincia dio media sanción este martes a un proyecto de ley que permite fumigar con glifosato a sólo 5 cuadras de escuelas y centros poblados (límite sensiblemente inferior al que rige en la actualidad), desoye fallos judiciales y no se basa en ninguna evidencia científica para establecer las distancias. Aunque la iniciativa -aprobada entre gallos y medianoche por los senadores del Frente para la Victoria y Cambiemos- menciona entre sus objetivos «que tiene por objeto la protección de la salud humana, los recursos naturales, el ambiente y la producción agropecuaria mediante el uso adecuado, racional, responsable y correcto de productos fitosanitarios», queda claro a lo largo de su articulado que «privilegia los intereses de las grandes empresas del sector» nucleadas en las organizaciones que tienen una amplísima representación en el Consejo Fitosanitario creado por la ley, en total desmedro de la salud de la población, punto que se evidencia en la casi nula representación que tendrán las organizaciones ambientales y sociales que vienen luchando y denunciando el aumento de los casos de cáncer directamente relacionados al uso de agroquímicos en la provincia. El proyecto, sorpresiva y llamativamente, fue aprobado por los senadores en la primera sesión “extraordinaria” realizada este martes 26 de diciembre. El texto (Expediente 12493 – 13918) ingresó el mismo día al Senado y no fue analizado en ninguna comisión. Por el contrario, la iniciativa -inconsulta- de autoría de los senadores Mario César Torres, Aldo Ballestena, Ángel Giano y Daniel Olano (todos del Frente para la Victoria), y Nicolás Mattiauda y Francisco Morchio (del bloque Cambiemos) fue tratada “sobre tablas” en la última sesión del año, según la información a la que accedió NOTICIAUNO. Cabe recordar que a principios de diciembre, el senador Héctor Blanco presentó un proyecto de ley que prohíbe el uso y las fumigaciones con agroquímicos en todo el territorio provincial, especialmente con glifosato, declarado potencialmente cancerígeno por la Agencia Internacional del Cáncer dependiente de la Organización Mundial de la Salud. “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin). También causa daño en el ADN y en los cromosomas de las células humanas”, reza el informe de alto impacto al que se puede acceder desde aquí, y que es mencionado entre los antecedentes científicos que dan fundamento al proyecto del senador de Rosario del Tala. Luego de conocerse la iniciativa del legislador Héctor Blanco, la presión del lobby sojero no tardó en hacerse escuchar. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Entre Ríos y la Federación Agraria cuestionaron la iniciativa. Gabriel Guiano, presidente del Colegio de Agrónomos, dijo que hay un nivel de “crispación” en torno al uso de agroquímicos e intentó relativizar la demanda social de prohibición de agrotóxicos diciendo que hoy “automáticamente se relacionan casos de cáncer con agroquímicos, y la realidad es que sabemos que algunos de éstos son potencialmente cancerígenos, los menos, porque casi no quedan dentro de los habilitados». Por su lado, Ricardo Garzia de la Federación Agraria dijo que «prohibir el uso de glifosato en Entre Ríos sería un acto de demagogia en base a prejuicios y emociones».   Lo grave de la situación es que, de espaldas a los pueblos entrerrianos fumigados, y en línea con las argumentaciones -falaces a la luz de la evidencia de la propia OMS- del agronegocio, los senadores no titubearon en ingresar el proyecto a escondidas y en cuestión de horas lo aprobaron y giraron a la cámara de Diputados para su sanción definitiva. El proyecto aprobado en el Senado Determina que el Ministerio de la Producción y no el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación de la nueva ley de agroquímicos. A tal punto es evidente que el proyecto se redactó a las apuradas -sin el necesario consenso social- que en su redacción los senadores pasaron por alto que Producción no tiene rango de ministerio tras el recorte de gastos políticos implementado por el gobernador Gustavo Bordet. En el artículo 13 de la iniciativa se establece que el Ministerio de la Producción “podrá formalizar convenios de colaboración (…) con el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (…) a los efectos de coordinar su participación institucional en el dictado de cursos de capacitación y/o actualización y en aquellos aspectos contemplados en la presente, inherentes a esas instituciones”. Nula participación de la Sociedad Civil en el Consejo Provincial Fitosanitario (órgano asesor del Ministerio de la Producción para la aplicación de la ley) El artículo 31 de la ley crea el Consejo que estará conformado, además de los representante de organismos del Estado provincial, por SEIS INTEGRANTES de las entidades que representan al “lobby sojero” (Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Federación Entrerriana de Cooperativas, Sociedad Rural Argentina, Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y un representante de las organizaciones de aplicadores de fitosanitarios.  Y SÓLO DOS representantes “de organizaciones ambientales no gubernamentales interesadas en la materia, que posean Personería Jurídica vigente”, REQUISITO QUE DEJA SIN REPRESENTACIÓN AL COLECTIVO “PAREN DE FUMIGAR LAS ESCUELAS” que llevó a adelante la denuncia que permitió el desarrollo del primer juicio oral en la provincia contra las fumigaciones con agroquímicos. Sanciones Quienes violen las “laxas” disposiciones de la nueva ley de agroquímicos, serán sancionados con “llamado de atención, apercibimiento o multa de 500 y 25.000 litros de gasoil”, es decir un monto de entre 9 mil y 400 mil pesos, a la cotización actual del combustible. Distancias En el artículo 20 del proyecto de los senadores se “prohíbe el uso y la aplicación (de agroquímicos) dentro de las plantas urbanas”. (igual a la