El juez Rago Gallo y el fiscal federal Francisco Maldonado se opusieron al pedido del represor de ser trasladado a la cárcel de Campo de Mayo. Ahora deberá resolver el Tribunal Oral Federal.
Olivera, quien fue condenado a prisión perpetua en el proceso que terminó en 2013, fundamentó su pedido en que estaría más cerca de su familia que vive en Buenos Aires.
Sin embargo la solicitud no encontró eco en el fiscal federal Francisco Maldonado y en el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quienes se opusieron al pedido de Olivera que actualmente está siendo juzgado por otros delitos de lesa humanidad en el proceso que se realiza en el rectorado de la UNSJ.
Ambos funcionarios, para tomar dicha resolución, se basaron en los antecedentes del exmilitar, quien se fugó en 2013 junto con De Marchi luego de finalizado el segundo juicio de lesa humanidad que se desarrolló en la provincia.
En aquella oportunidad, Olivera y De Marchi fueron autorizados por la Justicia a viajar a Buenos Aires para ser atendidos en el Hospital Militar por dolencias que no podían ser tratadas en la provincia. De dicho nosocomio, ambos se fugaron el 25 de julio de 2013, 21 días después de ser condenados.
En diciembre de 2016 fue recapturado De Marchi en el barrio porteño de Almagro, mientras que Olivera fue detenido en enero de este año en la casa de su exmujer, la psicóloga Marta Ravasi, ubicada en San Isidro.
Ahora el Tribunal Oral Federal deberá tomar la decisión final en cuanto a la solicitud planteada por Olivera. En el caso de que lo autorice, Olivera se reunirá con sus pares Juan Francisco del Torchio y Eduardo Daniel Cardozo, quienes están siendo juzgados en este juicio, y que ya fueron llevados desde Chimbas a la cárcel de Campo de Mayo.
La cárcel de Campo de Mayo fue cerrada en septiembre de 2013 luego de la fuga de Olivera y De Marchi, por orden del director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, quien tomó tal decisión por temor a otra fuga. En ese momento estaban alojados 25 genocidas.
En diciembre de 2016, el gobierno de Mauricio Macri la volvió a habilitar para alojar a represores condenados por delitos de lesa humanidad o con prisión preventiva mientras se sustancian los juicios en su contra.