Son 15 días los que restan para que se venza el plazo para regularizar su situación con la AFIP y extender su licencia como operadora de servicios postales. Menos de un mes es lo que le quedaría de vida comercial a OCA. La mayor empresa de correo privada del país tiene plazo hasta el próximo 5 de diciembre para regularizar su situación con la AFIP y lograr que el Gobierno le prorrogue la licencia como operadora de servicios postales. Ese día vence el permiso para que la empresa siga operando mientras negocia un programa de pago de su deuda con el ente recaudador. Se trata de un monto cercano a los $500 millones por haber usado impuestos retenidos de terceros para financiarse y la suma aumenta en alrededor de $120 millones por mes. Para extender el permiso, OCA debe contar con el correspondiente libre deuda de la AFIP o no podrá seguir prestando sus servicios. La empresa actualmente opera con un permiso precario por 60 días que ya caducó. Las firmas postales deben presentar cada tres meses sus papeles vinculados con sus operaciones y cada año revalidar la actividad ante los organismos oficiales. El trámite de renovación es casi automático: deben abonar $5.000, llenar varios formularios y solicitar un certificado fiscal ante la AFIP. En el Gobierno evalúan la hipótesis de su eventual disolución como sociedad y una posible quiebra en el marco del concurso preventivo de acreedores que ya presentó y que se tramita en un juzgado de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad, OCA cuenta con 150 sucursales, 2.000 agentes oficiales, casi 7.000 empleados y una flota de 1.000 vehículos, todo lo cual está en riesgo si finalmente se queda sin licencia. Según su dueño, Patricio Farcuh, existe un plan para dejarlo fuera del negocio y la complicada situación financiera que padece la empresa fue provocada por desfalcos cometidos por referentes del gremio de Camioneros que manejaron OCA durante un período de casi 10 meses cuando lo echaron por la fuerza de su cargo, de acuerdo a lo informado por profesional.

Luego del encuentro en el CFI, los gobernadores opositores le responderán hoy a la Rosada por la propuesta de pacto fiscal. Quieren más flexibilidad y plazos para la reducción de Ingresos Brutos. El mapa desigual de Ingresos Brutos es un problema y, a la vez, podría servir de solución. La eliminación y baja de ese impuesto que Mauricio Macri impone en su pacto fiscal aparece en el podio crítico que los gobernadores opositores discutirán mañana con un doble plan: diseñar una contraoferta técnica y acordar una posición uniforme. Firman todas o ninguna. En el CFI, temprano, se reunirán los ministros de Economía -que ya fueron juntando objeciones y demandas- para bosquejar la «contraoferta» que al mediodía pulirán sus jefes antes de enviarla por mail a la Rosada. Las provincias tienen un repertorio de correcciones y tachas al plan PRO. No sólo las opositoras que forman el eje CFI. También, en voz baja, se quejan mandatarios de Cambiemos. Alguno, incluso, podría participar de la reunión. Uno de los puntos más picantes es el esquema para suprimir IIBB para la producción y limitar la alícuota a un 4%. Esa reforma golpea feo a varias provincias -Misiones y Mendoza, por caso- daña a casi todas y sólo no afecta a un par. En San Juan la exención es casi plena. En Córdoba se bajó, pero comercio está arriba del 4 por ciento. En Buenos Aires, que descansa sobre los fondos extra del pacto, comercio está en 5 o más. La hoja de ruta sobre la que se enfocarán ministros y gobernadores es dual: fijar en 5 por ciento la alícuota máxima y establecer un régimen diversificado que no estandarice valores y regiones. Quieren, también, que la progresión mude el dead line del 2022 al 2025. ¿Argumentos? Nación pide bajar/eliminar IIBB pero no contempla ningún esquema de compensación directa sino que ofrece la «solución del mercado» que se sintetiza en el siguiente silogismo: bajan los impuestos provinciales, crece la economía, se recauda más IVA y Ganancias por lo que coparticipan más fondos a las provincias. «Como teoría es muy linda», dice un peronista que recolectó posturas y propuestas de las demás provincias. La diversidad puede ir a una contraoferta para que la baja y las alícuotas impacten menos en las provincias que tienen mayor dependencia de IIBB. Como el hueco de Ingresos Brutos se cubriría con coparticipación federal, en la discusión entra la cuestión de Ganancias. El fin del artículo 104° tiene como lado B que lo recaudado por cheque va todo a ANSeS. Pero como ese tributo se podrá deducir de Ganancias y el revalúo impositivo también afectará esos ingresos, las provincias temen que se reduzca los fondos a coparticipar. Una doble navaja: baja la recaudación propia por IIBB y baja, además, lo recaudado por Ganancias que se reparte entre las provincias. Otro punto que los gobernadores quieren retocar es la renuncia a demandas ante la Corte. En Nueva York, Macri le planteó a Miguel Lifschitz el tema, ya que Santa Fe tiene una sentencia por el 15 por ciento de ANSeS. El gobernador le anticipó su negativa. En Casa Rosada señalan a San Luis, de Alberto Rodríguez Saá, y La Pampa, con Carlos Verna, como las provincias díscolas que se niegan a firmar. Ayer se confirmó que Macri encabezará la reunión del jueves, en un intento por meterle presión a los gobernadores. La cita en el CFI servirá para unificar no solo letra y demandas, sino sobre todo postura política. Algunos mandatarios son más proclives a firmar, en la medida que haya correcciones, y otros se muestran más duros. La compensación multimillonaria a la provincia de Buenos Aires es otra bomba sucia. En las provincias cayó pésimo que el documento inicial no figure los montos y aparezcan, luego, con 21 mil millones para 2018 y 44 mil millones para 2019. “Es cierto que es plata de Nación, pero lo que va a Buenos Aires deja de ir a las demás provincias”, sintetiza un funcionario provincial. Con 36 horas por delante para discutir entre los mandatarios y negociar con Nación, era pocos, muy pocos, los que apostaban a que el jueves se firme el pacto fiscal de Macri.

Mauricio Macri ordenó, analizar y trabajar en el tema tras una reunión sectorial; quieren mandar la iniciativa al Congreso en febrero. El Gobierno buscará darle una nueva forma a la protección legislativa de los glaciares, de manera que arbitre entre el cuidado ambiental y el desarrollo de actividades económicas en la zona de la Cordillera de los Andes que, según los empresarios, hoy están prácticamente vedadas. Macri mismo les encomendó a los técnicos del Gobierno presentes en el encuentro que se pusieran a trabajar en el tema, confirmaron fuentes que participaron de la reunión. El objetivo del Presidente es que en febrero del año próximo esté listo el proyecto de ley para modificar el texto vigente. La iniciativa oficial está en línea con los últimos proyectos que encaró la Casa Rosada, todos polémicos, como la reforma impositiva o la laboral, pero que al mismo tiempo buscan allanar el camino para el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Es un punto que ayer volvió a señalar el Presidente. En la decisión de Macri sobre los glaciares pesaron varios motivos. Por ejemplo, los empresarios le plantearon que había unos US$ 18.000 millones en inversiones potenciales en minería frenadas por la incertidumbre que genera la ley. A los argumentos de Elsztain (el dueño de shoppings y oficinas participa en el sector a través de Austral Gold), Miguens (el ex propietario de Cervecería Quilmes tiene Patagonia Gold), Álvarez y otros empresarios, como Fernando Giannoni, director ejecutivo de Barrick, que estuvieron en el encuentro, se sumaron las dudas respecto de la norma vigente que tienen los propios funcionarios. No sólo el secretario de Minería, Daniel Meilán, sino también Aranguren, cuyos técnicos ya habían advertido que la actual ley de glaciares podría impedir en el futuro la instalación de nuevos proyectos hidroeléctricos. Representantes provinciales Había representantes de las gobernaciones de Jujuy, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz, Río Negro y San Juan. Esta última sostuvo que la obra para la construcción del túnel Agua Negra, principal componente del corredor bioceánico que conectará el centro de la Argentina con el puerto de Coquimbo, en Chile, podría resultar afectada por la ley de glaciares. Fue un modo de aportar su visto bueno a la cruzada presidencial. En la reunión también estuvieron el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, y Héctor Laplace, jefe de los trabajadores mineros reunidos en AOMA. Este último confirmó a LA NACION: «El tema central del encuentro fueron los glaciares. Tenemos un problema importante con la ley, que no nos deja hacer minería en la cordillera. Nadie se va a meter con los glaciares. El problema es el ambiente periglaciar [las áreas donde operan los congelamientos]. Algunos consideran que eso podría llegar hasta la provincia de Buenos Aires, sólo porque hay heladas», resumió. E insistió: «Esto genera una gran complicación porque está prohibida toda la actividad industrial». Según los mineros, la actual ley es confusa y no permite tener certidumbres básicas para la inversión. Los asistentes se llevaron de la reunión con Macri más de lo que esperaban. Las últimas referencias al tema habían pasado por la necesidad de reglamentar la ley vigente, algo que Macri no hizo, entre otras cosas, porque los equipos técnicos de diferentes ministerios no lograron ponerse de acuerdo en un texto final. Desde hace tiempo desde el sector minero (tanto los empresarios como el gremio) rechazan la norma porque consideran que limita fuertemente el desarrollo de la actividad. Desde ese punto de vista, el aventón de Macri a una nueva iniciativa legislativa los sorprendió favorablemente. El Presidente descarta que se meterá en un terreno fangoso con el intento de modificar la ley. Tiene el ejemplo cercano de su antecesora Cristina Kirchner. En 2008, una ley de la diputada Marta Maffei que tenía como objetivo proteger los glaciares chocó con el veto posterior de la presidenta Cristina Kirchner. Pero los legisladores volvieron a la carga. En 2010 se presentaron dos propuestas distintas de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus. Se reglamentó en 2011, pero nunca se hizo el Inventario Nacional de Glaciares que preveía la ley, un paso necesario para su puesta efectiva en marcha. Una iniciativa polémica Freno industrial En una reunión del Presidente con empresarios, sindicalistas y provincias se acordó trabajar en un texto menos restrictivo que la norma actual. Ley vigente La ley actual fue aprobada en el kirchnerismo en medio de una fuerte polémica, pero nunca terminó de entrar en vigor por demoras en ciertos pasos. Inversión Según los privados, hay US$ 18.000 millones de potencial inversión frenados por la indefinición sobre glaciares. Tres partes que están de acuerdo El Gobierno El propio presidente Macri se comprometió a liderar el proyecto de reforma de la ley, para que esté listo en febrero. El ministro Aranguren había advertido que la actual ley no incentiva la inversión y afecta a varios proyectos hidroeléctricos. Las empresas La CAEM, presidida por Marcelo Álvarez, plantea, en coincidencia con el Gobierno, que la ley actual frena inversiones. En la gestión de la reunión con Macri estuvieron empresarios de renombre como Eduardo Elsztain y Carlos Miguens. El gremio Héctor Laplace, jefe de los trabajadores nucleados en AOMA, dice que «nadie se va a meter con los glaciares. El problema es el ambiente periglaciar», porque no está bien definido en la ley, lo que impide hacer minería en la Cordillera.

Fue consensuado entre las jurisdicciones y se ratificará en el Consejo Federal. Santa Cruz y San Luis quedaron fuera del acuerdo. A poco más de un mes de finalizar el ciclo lectivo 2017, pese a que aún no se anunció en forma oficial, ya existe un acuerdo sobre los extremos que planteará el calendario escolar del año que viene. Las distintas jurisdicciones, a excepción de San Luis y Santa Cruz, consensuaron comenzar las clases el 5 de marzo y terminarlas el 14 de diciembre. Luego, cada distrito tiene cierto margen de maniobra para definir, por caso, los días que comprenderá su receso invernal a desarrollar en julio. Asimismo, como es habitual, la semana típica de desfase entre los distintos niveles también se replicaría en 2018. La secundaria arrancaría siete días más tarde que la primaria. La confirmación del calendario oficial se dará en el Consejo Federal, en el que participarán el ministro de educación nacional Alejandro Finocchiaro y todos los ministros provinciales. El encuentro se realizará en San Fernando, Provincia de Buenos Aires, entre el 5 y 6 de diciembre. Las dos provincias que se apartaron del consenso lo hicieron por motivos dispares. San Luis, por su parte, suele tomarse ciertas licencias a la hora de delinear su calendario escolar y desoír los acuerdos generales. Santa Cruz, en cambio, todavía tiene grandes dificultades para reacomodar su ciclo lectivo 2017 debido a los 105 días de paro docente que dejaron a los chicos sin clases. En agosto, el Consejo Provincial de Educación santacruceño estableció que el calendario primero se extendiera hasta el 22 de diciembre para luego retomar el 1° de febrero hasta su finalización el 31 de marzo del año próximo. A su vez, determinó que el ciclo 2018 empezaría el 1° de abril y terminaría el 21 de diciembre. Sin embargo, la medida despertó un fuerte rechazo por parte de los gremios. En tanto, la Provincia de Buenos Aires que, aunque muy lejos de Santa Cruz, quedó en el segundo lugar en el ranking de pérdida de días de clases -17 en el año por el conflicto con los gremios docentes- también se acoplará al calendario consensuado.