Con la modificación del decreto reglamentario, el debate no deberá pasar por el Congreso. El cambio reinstala una visión biologicista de la salud mental y vuelve a incorporar el concepto del manicomio. El viernes se conoció la intención del Gobierno nacional de reformar el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 lo cual, denunciaron desde el CELS, sectores de la salud y académicos, es un retroceso para los derechos de los pacientes psiquiátricos ya que modifica la concepción de salud mental y la limita a una visión biologicista, así como también reinstala el concepto del manicomio, que aísla al paciente. De este modo, manifestaron que se contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y se atenta contra una Ley debatida por amplios sectores. El proyecto figura en el expediente del Minsiterio de Salud N° 120020000024933166 y, al modificar un decreto reglamentario, evitará pasar por el debate en el Congreso de la Nación, aunque modifique los postulados centrales de la Ley Nacional de Salud Mental.   Según denunciaron los entendidos en la materia, la reforma modifica la concepción de la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos, y reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista. Esto habilitaría sólo a aplicar «prácticas fundadas en evidencia científica» y se excluyen los aportes de disciplinas como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social, entre otras. Por otro lado, se vuelve a instalar el concepto del manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental”, lo que admite nuevamente que las personas estén en comunidades cerradas y aisladas, al tiempo que vuelve a considerarlos como «enfermos». Por su parte, al determinar una internación compulsiva, sustituye el requisito de inminencia del daño para sí o para terceros y reinstala el concepto de peligrosidad ya que permite una evaluación basada en riesgos potenciales. Además, las defensas de los pacientes deberían priorizar la opinión del equipo médico tratante para no inmiscuirse en el esquema terapéutico, lo que elimina la voz y los intereses del paciente. Por otra parte, se establece que el juez designará al defensor oficial impidiendo la actuación de oficio de acuerdo a la ley del Ministerio Público de la Defensa. La modificación que pretende el Gobierno, además, vuelve a instalar la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, porque reconoce que la persona puede ser declarada completamente incapaz, lo que contradice las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Finalmente, el Ministerio Público de la Defensa ya no será quien designe la máxima autoridad del Órgano de Revisión de la Ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación. De este modo, la Autoridad de Aplicación será la responsable de designar a quién controlará sus propias funciones, al tiempo que la composición plenaria desequilibra a los sectores involucrados y favorece la voz del médico. Por todo esto, los distintos organismos le solicitaron a Mauricio Macri que no dé lugar a esa modificación del decreto porque será inconstitucional. Además, le exigieron al Ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, que cumpla con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y asegure la participación de las organizaciones de los usuarios de servicios de salud mental y de personas con discapacidad en forma previa a la aprobación de los actos administrativos que las afecten.

La reforma laboral brasileña entró en vigor este fin de semana, cuatro meses después de su aprobación y en medio de protestas de los trabajadores que acusan pérdida de derechos, y conmemoraciones de las patronales que la ponderan como un nuevo marco para elevar la competitividad y reducir el desempleo. Combatida por los sindicatos desde que el Gobierno del presidente Michel Temer la presentó en 2016 como una herramienta para modernizar la legislación laboral de 1943 y facilitar las contrataciones, la reforma ya fue motivo de dos huelgas nacionales. Para el Gobierno, mediante flexibilizaciones que facilitarán las contrataciones, Brasil podrá comenzar a combatir el desempleo, que aflige a cerca de 13 millones de personas, e impulsar la recuperación de una economía que sufrió en 2015 y 2016, con caídas del PBI del 3,5 por ciento y del 3,6 por ciento, su recesión más grave en varias décadas. La Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor unión sindical del país y que promovió el viernes manifestaciones en decenas de ciudades de Brasil contra la iniciativa, puso en marcha una campaña para que la población firme una petición de respaldo a un proyecto de ley de iniciativa popular que pueda anular la reforma. Para la Confederación Nacional de la Industria, la patronal que más se movilizó en favor de la reforma, su entrada en vigor representa “el deseado avance en la construcción de relaciones de trabajo modernas y alineadas con la economía del siglo XXI”. Las nuevas normas dan prioridad, hasta por encima de la ley, a los acuerdos que los sindicatos puedan alcanzar con las empresas en asuntos como la flexibilización de la jornada de trabajo, los salarios y la reposición de horas extras. Reglamenta nuevas formas de contratación, como el trabajo intermitente (por días u horas), el trabajo desde casa y el trabajo tercerizado, que permiten a las empresas reducir sus costos laborales y disponer de trabajadores para actividades adicionales sin tener que incluirlos en nómina.

El Observatorio de Tarifas de la Umet advierte acerca de una nueva ola de incrementos altos que se sumarían a los vigentes. En electricidad habrá subas que no respetarán la gradualidad y la razonabilidad establecidas por la Corte. En el gas, seguirá subiendo el precio, que hoy está en 4,50, hasta que alcance los 6,80 dólares. Hoy empiezan las audiencias públicas por las tarifas de Metrogas. El Observatorio de Tarifas de la Umet pronostica una nueva ola de incrementos altos por parte del Gobierno, que se sumarían a los vigentes. Además, hoy empiezan las audiencias en Córdoba, mañana en Bahía Blanca y el miércoles 15 en Buenos Aires por las tarifas de Metrogas. El Ejecutivo convocó a las audiencias porque está obligado por el fallo de la Corte de agosto de 2016, aunque apunta a que sean simplemente informativas y sin deliberación. Página12 tuvo acceso al documento que emitirá el Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y confirmó que en electricidad habrá incrementos abusivos, sin respeto por la gradualidad y la razonabilidad establecidas por la Corte. El Observatorio pronostica, además, que en gas las tarifas seguirán trepando sí o sí porque el Ministerio de Energía estableció que el gas debe llegar a un precio de 6,80 dólares en 2019. Actualmente el precio está en 4,50. “Está claro que las audiencias no son vinculantes, o sea obligatorias para el Poder Ejecutivo, pero tampoco está bien que sean simplemente informativas”, aseguró a Página 12 Marcos Rebasa, un abogado que dirige el OTA de la UMET. » La Corte resolvió que hubiera audiencias y dijo que debían ser deliberativas, con discusión y con ida y vuelta de opiniones. Si dos minutos después de una audiencia sale un aumento, quiere decir que no fueron ni informativas ni deliberativas: habrán sido decorativas.” Desde el ente sostienen que “el tarifazo es como una lluvia de inversiones al revés”, ya que «El Estado autoriza los aumentos, las empresas aumentan, los usuarios pagamos con aumento y nuestro dinero es usado para mantener el servicio”.

La iniciativa sufrió modificaciones desde que se presentó por primera vez el 31 de octubre pasado. El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne enviará este lunes el proyecto de reforma tributaria al Congreso de la Nación. La iniciativa presentará varios cambios con respecto al borrador que se conoció el pasado 31 de octubre y el Gobierno quiere que se apruebe en las sesiones extraordinarias que el presidente Mauricio Macri pedirá antes de fin de año. Las reglamentaciones técnicas estarán a cargo del titular de la AFIP, Alberto Abad, y se estima la futura ley entrará en vigencia al menos un año después de su sanción. Entre los cambios al proyecto original se destacan: Se elimina del proyecto el impuesto interno del 10 por ciento para el vino y los espumantes. Se mantiene en 8% el impuesto interno de la cerveza en lugar de la suba al 17% que contemplaba el proyecto original. Se dejaría de lado la eliminación progresiva del impuesto interno del 17% a la importación de celulares, monitores y artículos de computación. Este cambio surge a raíz del pedido de la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, quien sostuvo que la medida significaría un duro golpe para la producción y se perderían unos 10.000 empleos en la provincia. En lo que respecta al impuesto a las bebidas gaseosas azucaradas, se podría reducir al 12% el impuesto interno en lugar del 17% que figura en el proyecto original, aunque siguen las negociaciones. El viernes pasado a última hora de la tarde hubo una reunión entre el secretario de Política Económica, Sebastián Galiani, los representantes de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA) y a otros ejecutivos de las empresas del sector para presentar los reclamos. En particular, se discutió cómo afectaría a las economías regionales un aumento del impuesto interno a las bebidas azucaradas como el que se quiere aplicar, llevándolo del 8 al 17 por ciento. Por lo que pudo saber, Galiani, llamado en el sector «el Cerebro de la reforma», les manifestó que «el impuesto del 17% a las bebidas azucaradas tiene como objetivo una situación relacionada con la salud en particular con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)». Para CADIBSA, «el aumento de la alícuota es discriminatorio por el trato que se les da a las economías regionales en la reforma tributaria». Para entender el tema hay que destacar que varias provincias se verán afectadas entre ellas Salta, Tucumán, Entre Ríos y Corrientes. Pero habrá otras que tienen a las embotelladoras, como Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.  El enojo de los productores y embotelladoras de esas bebidas es porque desde el Gobierno se las califica como bebidas no saludables que son perjudiciales para la salud y dicen que eso no es verdad. Hoy los representantes del Centro Azucarero de Tucumán también expresarán sus quejas al Gobierno. «La suba del impuesto interno a las bebidas azucaradas tendrá un impacto negativo para la provincia productora de azúcar como la nuestra», manifestó un industrial representante del sector. Además, se sumarán a la protesta los productores cañeros. «El Gobierno debe considerar que la cadena de valor de la industria de las bebidas sin alcohol tiene como primer eslabón a los productores agropecuarios de 12 provincias. y junto con la producción de azúcar, el sector demanda alrededor del 50% de la producción de naranjas y pomelos del Litoral; entre el 5% y 20% de la producción total de otras frutas como manzanas, uvas, manzanas y duraznos provenientes de Cuyo y el Alto Valle de Río Negro. A eso hay que sumarle el 80% de la molienda húmeda del maíz que se usa para la fructuosa, abastecida desde la región pampeana y central del país lo que configura un fuerte golpe las economías regionales», manifestaron desde el sector. Por su parte, desde CADIBSA afirman que «se hicieron los números para poder crecer, pero con este impuesto, el sector se va a contraer, y entonces las inversiones futuras se van a reducir no tienen razón de ser». Por lo tanto, aseguran, en el caso de que el Gobierno no diera marcha atrás peligrarían los anuncios de inversiones en el sector. Desde el último martes una serie de reuniones impulsadas por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, provocaron que el Gobierno comenzará a dejar de lado la suba de impuesto internos que pensaba aplicar al vino, al champagne y a la cerveza. No hay que descartar que a partir de su tratamiento en el Congreso el proyecto podría tener más cambios en función de las negociaciones entre el Gobierno y los principales sectores afectados.

Con la firma de dos disposiciones que fueron publicadas en este lunes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un producto alimenticio, así como el uso y la distribución de un artículo médico. A través de la disposición 11474-E/2017, se prohibió la venta en toda la Argentina del aceite de oliva extra virgen «El mendocino». «El producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y a los artículos 6 bis y 155 del CAA por carecer de autorización de producto al consignar en el rótulo un número de registro inexistente, resultando ser un alimento falsamente rotulado y en consecuencia ilegal», justificó la autoridad regulatoria. En los considerandos de la medida, la ANMAT completó: «Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley 18284?. Por otra parte, a través de la disposición 11473-E/2017 la ANMAT prohibió el uso y la distribución del antiséptico BIOSAN-214. «BIOSAN-214 es un antiséptico para uso general de muy alta efectividad, activo sobre bacterias, hongos y algas, con un muy amplio espectro de acción/ Para desinfección general, se recomienda aplicarlo en diluciones de 1 a 10 directamente sobre la superficie a tratar. Mediante un atomizador o simplemente con un paño humedecido en el producto / Complex-Químicos y Servicios /Cont. Neto: 1 litro», indica el rótulo del producto. La medida se adoptó «a fin de proteger a eventuales adquirientes y usuarios del producto involucrado y toda vez que tanto la firma como el producto carecen de autorización, el rótulo resulta inapropiado y confuso por lo que podría tratarse de un medicamento o un producto médico».