María Eugenia Vidal había iniciado una demanda por 300 mil millones de pesos que considera que le corresponden a la provincia de Buenos Aires y por los cuáles debería modificarse el reparto de la coparticipación, en detrimento de los demás estados provinciales. Ahora, la mandataria bonaerense aceptó retirar el reclamo, pero la administración central deberá tomar una medida que va en contra del objetivo de bajar el déficit.

Tras la reunión entre el Presidente Mauricio Macri y los gobernadores para debatir la reforma tributaria, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, anunció que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, retirará la demanda por los 300 mil millones de pesos del Fondo del Conurbano. Tras la fuerte presión ejercida por los mandatarios provinciales, el gobierno nacional cedió y se hará cargo de pagar «mayoritariamente» el monto reclamado a pesar de la intención de la administración central de bajar el déficit.

«La provincia acepta retirar el reclamo en la Corte con una solución gradual del tema del fondo y las provincias no se verán afectadas. La diferencia, la cubrirá mayoritariamente el gobierno nacional», detalló Frigerio en una conferencia de prensa brindada en Casa Rosada.

El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano se creó en 1992, a través de la Ley 24.073, por lo cual la provincia de Buenos Aires percibía el 10% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias, pero en 1996, por medio de la Ley 24.621, se estableció el tope de $650 millones anuales, que se mantiene desde esa época para el principal distrito de la República. Tras la crisis de 2001-2002, la inflación y las sucesivas devaluaciones, el Fondo se fue diluyendo, y dejó de ser una parte significativa del presupuesto bonaerense.

Ante esto, en agosto del año pasado Vidal reclamó una actualización e inició una demanda que llegó a la Corte Suprema. En la presentación, el Estado bonaerense pidió declarar inconstitucional el art. 104 inc. b) de la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628, en la parte que establece el tope.

La declaración de inconstitucionalidad permitiría a la provincia de Buenos Aires percibir el 10% de lo recaudado por el impuesto a las ganancias, sin el tope de $ 650 millones anuales. De esta forma, y aplicando la medida de forma retroactiva, el gobierno de Vidal hubiera cobrado unos 300 mil millones de pesos que el resto de los gobernadores no estaban dispuestos a ceder.