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La Minera Barrick recusó al juez Casanello por «prejuicio» contra la actividad

El presidente de las firmas »Barrick Exploraciones Argentina SA» y »Minera Argentina Gold SRL», Fernando Giannoni, planteó la recusación en un escrito presentado por el abogado León Arslanián.

La minera Barrick recusó y pidió apartar al juez federal Sebastián Casanello de la causa que investiga un supuesto incumplimiento de la Ley Nacional de Glaciares en los proyectos Veladero y Lama, por presunto «prejuicio y antipatía» contra la empresa que maneja las minas en San Juan, en contraste con su supuesta «marcada parcialidad» a favor de la Asamblea de vecinos de Jachal, querellante en la causa, según argumentó.

El presidente de las firmas «Barrick Exploraciones Argentina SA» y «Minera Argentina Gold SRL», Fernando Giannoni, planteó la recusación en un escrito presentado por el abogado León Arslanián en el que cuestionó al juez por citar a declaración indagatoria a siete ex funcionarios nacionales imputados por presunto incumplimiento de sus deberes con respecto a la Ley Nacional de Glaciares al permitir la instalación y funcionamiento de los proyectos mineros, según el texto al que accedió hoy Télam.

El magistrado deberá resolver sobre la recusación en su contra presentada por «prejuzgamieno» y en caso de rechazar los argumentos y resolver continuar al frente del caso, el tema será resuelto por la Cámara Federal porteña.

La minera, investigada por incidentes de contaminación en una causa que lleva la justicia sanjuanina, sostuvo que el magistrado que investiga el incumplimiento a la Ley Nacional de Glaciares 26.639 actúa con «marcada parcialidad en favor de la Asamblea querellante», donde se agrupan vecinos bajo el lema «Jachal no se toca» y por el contrario mostraría «prejuicio y antipatía en contra de Barrick».

Además, advirtió que Casanello insinuó en una resolución la posiblidad de cerrar Veladero al reiterarse episodios de contaminación, que la empresa negó, y ello pondría en riesgo 4 mil puestos de trabajo en San Juan.

Barrick «contrata el 18 por ciento de las pymes locales aportando con su explotación el 34 por ciento del producto bruto provincial», argumentó la minera entre otros aspectos al cuestionar la advertencia de Casanello sobre Veladero, mina que funciona desde el 2005 mientras que en el caso de Lama la construcción está suspendida.

En concreto, se cuestionaron dos resoluciones judiciales, de abril y agosto pasado, en las que el magistrado aludió a la «producción de eventos contaminantes, no uno sino varios, que obliga a considerar de modo definitivo su cierre pues son los hechos en su más cruda realidad lo que demuestran que las medidas de prevención fracasaron y los pronósticos fueron equivocados».

Para el presidente de Barrick, este párrafo «alcanza para determinar el apartamiento por incurrir en un prejuzgamiento inadmisible» al negar que los eventos contaminantes «hayan sido graves» y remarcar que eso «debe evaluarlo la justicia provincial competente».

Según la minera hubo un «prejuzgamiento inadmisible» en las resoluciones judiciales que demostrarían una «marcada animosidad contra Barrick Gold con afectaciones a la garantía constitucional y convencional de ser juzgado por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial»

Además, se refirió a «una clara parcialidad en favor de la Asamblea denunciante Jachal no se toca» y ello generaría un «fuerte temor de parcialidad».

La investigación judicial se abrió por un derrame en el valle Potrerillos y el río del mismo nombre del 13 de septiembre de 2015 y luego esa parte de la pesquisa quedó a cargo de la justicia local mientras que Casanello abrió una investigación por supuesta violación a la ley de glaciares, en base a una ampliación de denuncia recibida y que involucra a funcionarios nacionales.

Barrick aludió a una presunta «simbiosis» entre el juez y los denunciantes y lo criticó porque, sostuvo, «sin escuchar a la empresa ni permitirle defenderse ha dado por probado que la misma contamina y que con su actividad afecta la Ley de Glaciares disponiendo el llamado a indagatoria de los funcionarios públicos que no tomaron medidas para ordenar el cese o traslado de sus actividades».

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