La normativa, que cuenta con varios apartados polémicos, garantiza la flexibilización. Los principales puntos.
El presidente de Brasil, Michel Temer, sancionó este jueves la polémica reforma laboral propuesta por su gobierno y aprobada el martes por el Senado, una ley que para el mandatario «preserva los derechos» de la clase obrera, más allá de las numerosas críticas que reunió.
Acorralado por escándalos de corrupción y con una popularidad por el suelo, Temer obtuvo con la sanción de la reforma laboral -una de sus banderas desde su asunción al poder en mayo de 2016–una importante victoria en su gestión.
Permite a las mujeres embarazadas y en período de lactancia realizar trabajos insalubres.
Para el dirigente, «la desobediencia jurídica» vigente «desestabiliza al país» y, por eso, su reforma «es un paso muy avanzado».
No obstante, la nueva ley laboral despertó numerosas críticas. Según las encuestas, más del 70% de la población estaba contra la reforma.
Uno de los puntos más polémicos establece que «lo acordado valga por encima de lo legislado», es decir, los convenios pactados entre trabajadores y empleadores tendrán valor legal, aún cuando no se ajusten totalmente a las normativas en vigencia.
Dificulta y encarece el acceso a la Justicia Laboral.
Asimismo, el proyecto acaba también con la llamada «contribución sindical obligatoria», más conocida como «impuesto sindical», que descuenta a los empleados un día de trabajo anual para destinarlo al gremio en que están afiliados, y flexibiliza el control del lugar de trabajo insalubre para las mujeres embarazadas y lactantes.
En otros apartados, la normativa regula el trabajo desde casa y ofrece hasta la posibilidad de negociar el horario de almuerzo.
Revoca los 15 minutos de descanso antes de las horas extra para las mujeres.
El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, al frente del equipo económico de Temer, subrayó que la legislación laboral «tiene que regular una nueva realidad, en la que la tecnología permite el trabajo remoto y el desplazamiento».
Sin embargo, la Iglesia Católica y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) habían advertido que la reforma laboral era negativas para la población más precaria del país.
El rechazo de los sindicatos obreros a esta y otras reformas propuestas por el gobierno de Temer, como la de jubilaciones y pensiones, se expresó en los últimos meses con dos huelgas generales, las cuales no tuvieron una adhesión masiva de los trabajadores.
