En una carta entregada a Santiago Olivera, que asume hoy, le reclamaron un pronunciamiento acerca del rol de la institución durante la última dictadura. “Entre 1975 y 1982 al menos 102 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares”, señalaron.
Hoy inicia formalmente sus funciones el nuevo obispo castrense Santiago Olivera. Y por ese motivo un grupo de 85 organizaciones, entre ellas muchas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, le presentaron una carta en la que sostienen que “asume un obispado con una deuda histórica pendiente: admitir la responsabilidad institucional que tuvo en el surgimiento, sostén y reproducción del terrorismo de Estado en Argentina (1975-1983)”.
En el documento se le reclama al obispo Olivera que, al comenzar su nueva tarea, resuelva de manera inmediata la “apertura y puesta a disposición para las causas judiciales y los organismos de derechos humanos, de los archivos del Obispado Castrense, tanto de la curia como de las distintas capellanías” y que, junto a otras medidas, realice un “pronunciamiento público acerca del rol cumplido por la institución durante la última dictadura cívico-militar”.
Los firmantes, entre los que se incluyen también un número importante de personalidades vinculadas a los temas religiosos, señalan que “pasadas ya cuatro décadas, resulta una provocación que la Conferencia Episcopal Argentina continúe ‘reflexionando’ y escuchando testimonios de ‘víctimas de la guerrilla y víctimas del terrorismo de Estado’ acerca de ‘los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar’, como si desconociese lo sucedido o se hubiese mantenido al margen”.
El documento, entregado ayer al propio obispo Olivera, lleva la firma, entre otros, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Fundación Servicio Paz y Justicia, de Miembros de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, de varias delegaciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de asociaciones de ex presos políticos, de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires, Cristianos para el Tercer Milenio, CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Curas en la Opción por los Pobres, de distintas delegaciones de H.I.J.O.S., de la Junta de la Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos, a los que se suman numerosas adhesiones individuales de personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, la investigadora Nora Barrancos, sacerdotes, militantes políticos, religiosos y laicos católicos y protestantes de diferentes profesiones.
Fuente: Pagina/12
