Además el magistrado pidió la detención de la madre de los empresarios y varios directivos de las firmas HLB y Ramallo S.A. El juez federal Ernesto Kreplak ordenó en la tarde de este miércoles la detención del empresario Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., en el caso que investiga las 96 muertes de los pacientes como consecuencia del fentanilo contaminado, y además solicitó allanamientos. El magistrado pidió también las capturas de los hermanos Diego y Damián García, quienes junto a Ariel llevan el control de las actividades de los laboratorios y ya fueron apresados. Además, Kreplak solicitó los arrestos de Nilda Furfaro -madre del empresario, que es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma-, el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano. Por último, los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano. La decisión del funcionario judicial se conoció luego de los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense sobre 20 historias clínicas, de las cuales 12 determinaron que hubo “un nexo concausal” del fármaco adulterado que incidió en el desenlace fatal de los pacientes. Ya entrada la noche del miércoles, se supo que Ariel García Furfaro se encontraba camino a entregarse ante la Justicia para ponerse a disposición de la causa que investiga las 96 muertes. La Policía se dirigió a su domicilio en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, pero no lo encontraron. En cambio sus dos hermanos fueron detenidos horas antes. Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/

La iniciativa obtuvo 138 votos a favor, 91 en contra y 7 abstenciones. Este miércoles, la Cámara de Diputados destrabó la comisión investigadora $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. La resolución se aprobó con 138 votos  positivos, 91 negativos y 7 abstenciones. La comisión estará encargada de investigar las denuncias por presunta estafa y lavado de dinero en torno a la plataforma financiera Libra. La estafa no habría sido posible sin el conocimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y un entramado de vínculos políticos y comerciales ligados al entorno presidencial, según explicaron los impulsores del proyecto. Si bien el Gobierno logró frenar la investigación durante tres meses, la oposición logró extender la investigación hasta el 10 de noviembre de 2025.

La dimisión la comunicó la vocería presidencial pasada la medianoche. El ahora exfuncionario es amigo íntimo de Milei y también su abogado. En los audios detalla una serie de coimas a laboratorios desde el Estado.  El escándalo que sacudió al ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, alcanzó su punto de hervor en las oficinas de La Casa Rosada. El rumor de la renuncia del abogado a la titularidad del organismo comenzó a circular a media tarde de ayer. La filtración de audios donde se lo escucha dar detalles de una dinámica de coimas a los laboratorios para garantizar contratos con el Estado terminaron por eyectarlo ante la incapacidad del presidente Milei de dar una respuesta comprensible sobre esos audios. Este jueves, nueve minutos pasada la medianoche, la cuenta de X que tiene la Vocería Presidencial dio cuenta del final de Spagnuolo al frente de la ANDIS, aunque no dijo una palabra sobre las acusaciones del ahora ex funcionario sobre Martín Menem, Karina Milei y el propio Presidente. «Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo», dice el tuit de la vocería a cargo de Manuel Adorni. En otro tramo, señala el tuit que «el ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento». En rigor no desmienten la veracidad de los audios que trascendieron. Todo comenzó cuando se emitieron una serie de audios en el programa Data Clave. Ahí se escuchaba una voz que se adjudica a Spagnuolo y que refería a un diálogo que habría tenido con Javier Milei: «Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina’”. En otro audio, dice: «¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?» y agrega: «Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, me van a decir ¿flaco, todo bien, pero venís a pedir guita con estos delincuentes?». Además, señalaría que de esos negociados Karina y Martín Menem se llevarían «de medio palo para arriba de medicamentos por mes». «Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%», dice el titular de Andis, amigo de Milei. El repudio tras conocerse los audios no tardó en reflejarse en redes sociales, en la opinión pública y también en el Congreso. Fuentes cercanas a la ANDIS aseguran que Spagnuolo es el protagonista de una crónica de una salida anunciada: su permanencia en el organismo tiene que ver únicamente por su relación personal con el presidente Javier Milei. Incluso señalan que no tenía diálogo con Martín Menem. Quienes lo defienden afirman que «nunca lo dejaron cambiar el sistema» de contrataciones y acuerdos con los laboratorios. Su designación fue una indicación directa del Presidente apenas asumió en 2023. Destacan que el vínculo es de larga data y que Spagnuolo llegó a ser abogado de Milei antes de que asumiera la presidencia en polémicas causas como, por ejemplo, la cautelar que presentó para frenar licitaciones del gobierno de Alberto Fernández luego de ganar el balotaje. El abogado llegó al organismo con la indicación de recortar. El congreso alzó la vozLa filtración de audios no pasó inadvertida en el Congreso en el marco del debate por el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición exigió que Spagnuolo explique los presuntos audios. El diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda, FIT) dijo: “ Se aprovechan de la discapacidad. Pasó un día y no hubo aclaración alguna por parte del titular de la Andis”. Por su parte, Pablo Juliano (Democracia por Siempre) sumó críticas, reclamando el cese de “del titular de la Andis reconociendo supuestos pedidos de coimas a laboratorios”. Juliano atribuyó la existencia de estos señalamientos a la falta de transparencia en la gestión actual y propuso que ordenar la agencia sería un paso imprescindible para evitar estas denuncias. En la misma línea, Esteban Paulón (Encuentro Federal) dijo que los audios representan “un jubileo de la corrupción”. El diputado anunció la presentación de una citación parlamentaria para que Spagnuolo y Karina Milei expliquen ante el plenario y den preciosiones sobre las grabaciones. La denunciaEl abogado Gregorio Dalbon denunció penalmente al presidente Javier Milei y a su secretaria general, Karina Milei, por el “cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa de fondos públicos”. Dalbon destacó que ANDIS es “la columna vertebral de la política de discapacidad” y que “el desvío de fondos en este ámbito impacta en la población más frágil de la sociedad”. Encuadra los hechos en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública. Pide los allanamientos de la ANDIS, la Secretaría General de Presidencia y las oficinas de la droguería vinculada. Reclamó el secuestro de los teléfonos celulares de Spagnuolo, el requerimiento a la Unidad de Información Financiera para que analice los movimientos bancarios de la droguería, y a la Inspección General de Justicia para que informe su composición societaria y autoridades. El camino de Spagnuolo«Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?». Esa fue la frase que recibieron Marlene Spesso y su hijo Ian Moche, el niño con autismo que es activista y concientiza sobre el trastorno, durante una reunión que tuvieron con Spagnuolo en medio de los recortes que afectan a las personas con discapacidad, que ven sus tratamientos demorados, postergados o directamente suspendidos por el ajuste y la motosierra del Gobierno de Javier Milei. El único

Tras haber conseguido dos tercios, la Cámara de Diputados trata ahora sobre tablas el bono.  La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave en la que se discutirá el veto del presidente Javier Milei a dos proyectos sensibles: la declaración de emergencia en discapacidad y el aumento a jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). La agenda legislativa promete un debate cargado de tensión política y fuerte presencia de las organizaciones sociales en las calles. El oficialismo defenderá la decisión de Milei, argumentando que las medidas votadas por el Congreso comprometen el equilibrio fiscal. En la vereda opuesta, los bloques opositores buscarán revertir el veto y marcarle un límite al Ejecutivo en temas de alta sensibilidad social. El oficialismo necesita asegurar un tercio de los votos (86 diputados) para ratificar el veto. Si eso no ocurriera, el rechazo a las decisiones presidenciales pasarían al Senado, donde deberían enfrentar el mismo trámite.  Con números ajustados y negociaciones abiertas hasta último momento, la sesión en Diputados puede convertirse en un punto de inflexión en la relación entre el Congreso y la Casa Rosada. La discusión sobre la emergencia en discapacidad y el aumento a jubilados pondrá a prueba la capacidad de la oposición para construir mayorías y desafiar el poder presidencial en dos temas altamente sensibles para toda la sociedad. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. Fuente: https://www.eldestapeweb.com/

En medio de algunos cambios que se darán en la metodología de medición de la inflación y del nivel de vida, se confirmó la salida de dos importantes funcionarios.  Este martes, el Gobierno confirmó la salida de dos funcionarios clave del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En primer lugar se confirmó la salida de la directora de Índices de Precios de Consumo, Georgina Giglio, y por otro lado la renuncia de Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida.  Desde el organismo de estadísticas oficiales, cuyo director continua siendo Marco Lavagna, indicaron que estas salidas respondieron a diferencias de criterios y formas sobre la gestión de equipos. Además sostuvieron que estos cambios no afectarán a la realización y los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), de donde surgen buena parte de las cifras oficiales acerca de la condiciones y el nivel de vida de los habitantes de todo el país.  También agregaron que “cualquier novedad de naturaleza metodológica se comunica oportunamente, en cumplimiento de buenas prácticas estadísticas”.  Pese a estas aclaraciones por parte del Gobierno, las suspicacias no tardaron en aparecer. Es que es sabido que el INDEC está en proceso de adoptar nuevas metodologías tanto para medir la inflación, como los índices de pobreza o nivel de vida de la población.  Hubo incluso versiones acerca de un supuesto enfrentamiento directo entre Manzano y Lavagna por los resultados de algunos trabajos de campo. Se trata de cambios que afectarán la credibilidad del organismo. Si bien los analistas continuan confiando en las estadísticas oficiales, los cuestionamientos están a la orden del día, ya que las cifras de inflación de los últimos meses, muchas veces no se condicen con la realidad cotidiana del público.  Los reemplazos En reemplazo de Georgina Giglio, irá Josefina Rim desde el 1 de septiembre. Rim ya había ocupado ese cargo entre octubre de 2017 y diciembre de 2020. Residió en Corea tras su primer paso por el Indec, donde completó un doctorado en Gestión de Innovaciones Globales para la producción de estadísticas de precios, en el marco del programa internacional Global Digital Innovation de la Universidad KAIST.  Es licenciada en Economía por la UNCuyo, con estudios de posgrado en Economía (UTDT) y un Magíster en Métodos Cuantitativos y Econométricos Aplicados por la Universidad Aix-Marseille, Francia.  Giglio confirmó que regresará a la dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires por “motivos personales”, aunque seguirá “estrechamente relacionada con el Indec y a los equipos de la Dirección Nacional de Índices de Precios y, en definitiva, del Sistema Estadístico Nacional”.  Por su parte, Manzano, que ingresó al INDEC en los años de Mauricio Macri, con la gestión de Jorge Todesca, tenía a cargo las mediciones de mercado de trabajo e índices de pobreza. De hecho, había validado para ser aplicada la nueva medición de pobreza. Aún no tiene reemplazo confirmado.  Fuente: https://www.datadiario.com/

Discapacidad: la Justicia frena el veto de Milei y sienta un precedente clave La Justicia Federal le propinó un revés al Gobierno Nacional al declarar la invalidez del veto presidencial a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. El fallo, dictado por el Juzgado Federal de Campana, responde a una acción de amparo y, si bien sus efectos se limitan al caso particular, establece un importante precedente judicial. La decisión judicial declaró específicamente la invalidez del Artículo 3 del Decreto 534/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo vetó por completo la Ley 27.793. Es importante aclarar que, como señaló la periodista Vanesa Petrillo al difundir el fallo, la medida aplica únicamente al caso concreto de los demandantes y no tiene alcance general. Amparo a favor: La Justicia hizo lugar parcialmente al amparo presentado por dos personas, cuyas iniciales son O.G.J. y D.R.N.Orden a la obra social: El fallo ordena que se comunique a la obra social de dos menores (B.N. e Y.N.) para que adecúe sus prestaciones de acuerdo a lo que establecía la ley de emergencia, ahora restituida para ellos.Costas a cargo del Estado: El juez impuso que los costos del proceso judicial queden a cargo del Estado Nacional.Aunque el Gobierno puede apelar la medida, este fallo representa la primera resolución judicial que anula los efectos del veto presidencial en materia de discapacidad y abre la puerta a que se presenten recursos de amparo similares en otros juzgados del país. El Economista