De acuerdo a un paper interno, el organismo presidido por Javier Ureta Sáenz Peña, ordenó revisar los expedientes de menores que tendrían que cobrar el beneficio, argumentando que por no estar en edad de trabajar no se justifica la pensión. Además, les pondrán mayores condiciones a quienes sufren enfermedades graves como cáncer o HIV. Se conoció un documento interno de la Agencia Nacional de Discapacidad que ordena separar los expedientes de menores de edad que tendrían que cobrar pensiones. Según señaló una fuente de la Agencia al portal Nuestras Voces, el criterio para frenar las pensiones a niños y niñas con discapacidad es que “no tienen incapacidad laboral”.   Además, el mismo instructivo pone mayores condiciones para personas con cáncer, con síndrome de Down, HIV, Epoc, Parkinson, entre otros. También van a revisar sus bienes. Según la denuncia de los delegados de ATE, al frenar los expedientes se quedarán si cobrar sus pensiones que ya estaban por ser otorgadas a unas 20 mil personas.   EL polémico instructivo les ordena que las liquidaciones a los menores deberán separarse y elaborar un listado de todos los menores de edad. Una fuente interna señaló a los periodistas de sitio web que “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, lo que implica que aquellos que iniciaron el trámite no recibirán en lo inmediato las pensiones. Según señaló esa fuente, es porque como son niños “no tienen incapacidad laboral”.   Cabe recordar que, hace once meses, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley intentó dar de baja las pensiones de 170 personas. La funcionaria anunció que iba a revisar la medida, pero en los hechos muchas personas siguieron sin volver a cobrar las pensiones. Es por eso que la abogada de Red por los Derechos por las Personas con Discapacidad (REDI), Varina Suleiman, presentó un amparo y ganó en todas las instancias. Por su parte, el Gobierno, que había dicho que daba marcha atrás con la medida, apeló en cada caso en el que se ordenaba restituir las pensiones.   Al respecto, la asesora tutelar Mabel López Oliva detalló: «Las pensiones son parte de los sistemas de seguridad social para proteger a grupos vulnerables. Para los Estados, por los tratados internacionales, son grupos prioritarios. Cualquier intención de acotar o de achicar algo que ya está regulado, que es quien tiene o no tiene derecho, tiene que pasar un test de razonabilidad. En ese sentido agregó: «Las pensiones son lo último que se puede recortar”. “Todas estas personas no tienen vínculo con el mundo laboral, porque son niños y no lo deben tener”, advirtió la especialista en niñez.

El recorte que viene detrás del discurso meritocrático: Un estudio realizado por el CEPA advierte sobre el ajuste que sufrirá el programa destinado a jóvenes de bajos recursos. El presidente Mauricio Macri y su ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, relanzaron hace pocos días el programa Progresar –el plan de apoyo económico a jóvenes de hogares pobres, creado durante la gestión kirchnerista–. La medida fue anunciada con un discurso de tono grandilocuente. “Es la primera vez en la Argentina que existe un programa de becas tan amplias como la que estamos presentando hoy”, aseguró el Presidente. En este sentido, Macri prometió que “cada joven que lo necesite” tendrá “su beca”, pero diferenció su propuesta de la del gobierno anterior en que se exigirá a los estudiantes que “pasen de año”. “Vamos a hacer verdadero un programa, que no lo era, porque decirle a un chico que sobre ocho materias, reprobando 6 y aprobando sólo 2 él esta progresando es engañarlo, eso es mentirle, y mi compromiso con la verdad es absoluta desde el primer día, sobre todo cuando se pone en juego la educación”. Sin embargo, un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que este año 360 mil jóvenes dejarán de recibir la beca. Sucede que, bajo el discurso de que se premiará a los que más se esfuercen, Cambiemos fijó en realidad un presupuesto sensiblemente recortado para el programa. El CEPA accedió a un dossier del Ministerio de Educación con los números que el gobierno nacional manejó internamente para redefinir y relanzar el programa. Antes de entrar en el cálculo de ese recorte, vale la pena repasar el sentido con el que fue creado el Progresar en 2014, y el cambio de lógica introducido en este relanzamiento. El programa comenzó a implementarse hace cuatros como una ayuda de 600 pesos para los jóvenes de entre 18 y 24 años que retomaran sus estudios –en cualquier nivel, primario o secundario– o que, siempre proviniendo de hogares con ingresos menores a un salario mínimo, cursaran una carrera terciaria, universitaria o se estuvieran capacitando en un oficio. En 2015, el monto de la beca fue aumentado a 900 pesos, y el requisito de ingresos familiares pasó a ser de tres salarios mínimos. En promedio, en los últimos tres años el Progresar tuvo un número estable de beneficiarios, de entre 750 y 800 mil estudiantes, con un pico de un millón de becados en 2015. Tras la llegada del macrismo a la Casa Rosada, el monto de la beca estuvo congelado por dos años. De acuerdo al cálculo del CEPA, el poder adquisitivo de la beca de 900 pesos se redujo a menos de la mitad. Por esto, el aumento anunciado para el relanzamiento, que pone al piso de la beca en 1250 pesos, sigue estando por debajo del poder adquisitivo que tenía el estímulo en 2015. “El Plan Progresar había sido planteado originalmente como un beneficio ‘puente’ para familias que cobraban la Asignación Universal por Hijo o tuvieran ingresos bajos. Se orientaba a poblaciones vulnerables y su objetivo era permitir que cuando los hijos continuaran o retomaran los estudios, y antes de que se inserten en el mercado laboral, el grupo familiar no dejara de percibir un ingreso como la AUH o el Salario Familiar por el hecho de que el hijo cumpliera los 18 años”, reseñó Hernán Letcher, director del CEPA. “El Progresar fue lanzado como un derecho, y de allí venía su espíritu universal, ahora quebrantado.” Un punteo de las principales pérdidas señaladas por el análisis del CEPA incluye los siguientes aspectos: El acceso al programa deja de ser universal y pasa a depender del presupuesto previsto (que como se verá más adelante es sensiblemente menor al previo). En términos de equidad, el programa cambia drásticamente. Pasa de ser un derecho, cuya finalidad era equiparar el acceso a la educación de los jóvenes de menores ingresos, a ser un sistema de becas meritocrático, atado al rendimiento académico. En el nuevo esquema planteado por el gobierno nacional, las becas Progresar son profundamente regresivas, ya que es un hecho ampliamente reconocido por los especialistas en educación la dificultad de los jóvenes de hogares con bajos ingresos que son primera generación universitaria para incorporarse a la vida académica (ver aparte las opiniones de Eduardo López, de UTE, y de Graciela Morgade, decana de Filosofía y Letras de la UBA). En el caso de los universitarios, el plan de becas exige ahora aprobar el 75 por ciento de las materias previstas para el año que esté cursando el alumno. Antes, el único requisito era ser estudiante regular, que en general implica aprobar al menos dos materias anuales. El nuevo requisito, como así también el establecimiento de montos de beca diferenciales muy significativos en función de las materias aprobadas y el promedio académico, discrimina fuertemente a los jóvenes de menores ingresos y bagaje cultural. Las alumnas de menores ingresos son doblemente discriminadas. La mayor carga del cuidado de personas y familiares que recae sobre ellas las pone en desventaja para cumplir con los requisitos de cantidad de materias aprobadas, algo que no se contempla en el nuevo programa. El CEPA advierte que, en el documento del Ministerio de Educación al que accedió, está previsto “un recorte de 362 mil becas”. Al hacer sus propias cuentas en base a otros datos detallados en ese informe interno, lo corrobora: “Para mantener las mismas becas con los aumentos previstos por el Gobierno para cada beca, sería necesario disponer de 17.320 millones de pesos aproximadamente. Pero se prevé sólo 10 mil millones. El ajuste será entonces de al menos 7320 millones”, indica Letcher. “En la práctica, ese ajuste se vincula a la reducción de la cantidad de cuotas, que pasan de 12 a 10 (2580 millones de pesos), y en la cantidad de becas (4740 pesos). Esto representa un recorte de casi 380 mil becas al valor de la actualización (1250 pesos). Apuntemos, una vez más, que el propio Gobierno estima ese recorte en

El Gobierno nacional oficializó el primero de los cuatro aumentos previstos en el año para los jubilados y para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que a partir de marzo será de 5,71%, correspondiente a la Ley de Movilidad Jubilatoria. La misma se votó a fines del año pasado y generó graves incidentes frente al Congreso.  Lo hizo a través de la resolución 2E/2018 del Ministerio de Trabajo publicada en el Boletín Oficial, y que lleva la firma del secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci Malvis. La misma estableció que «el valor de la movilidad correspondiente al mes de marzo de 2018, es de 5,71%». Asimismo, la normativa aprobó «los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia, que cesen desde el 28 de febrero de 2018 o soliciten su beneficio desde el 1° de marzo de 2018». A fines de 2017, varios expertos ya habían anticipado los números de la nueva fórmula. Tal fue el caso de Guillermo Jáuregui, especialista en Derecho de la Seguridad Social, quien sostuvo que la versión de movilidad vieja arrojaría un aumento aproximado del 12% en marzo de 2018, pero con la nueva fórmula las jubilaciones subirían 5,7%. Es decir que la jubilación mínima pasará en marzo a $ 7.659, en lugar de los $ 8.115 que resultaría de aplicar la fórmula aplicada por el Gobierno anterior. En otro orden, precisó que «la actualización de las remuneraciones mensuales se realizará multiplicando cada una de ellas por el coeficiente resultante de la división entre el índice correspondiente al mes de la adquisición de derecho y el índice correspondiente al de la remuneración devengada». «Las remuneraciones con aportes correspondientes a los titulares de los beneficios que hubiesen cesado con anterioridad al 28 de febrero de 2018 o los que continúen en actividad y hubieran solicitado la prestación antes del 1° de marzo de 2018, se actualizarán mediante la aplicación de los índices de actualización aprobados», puntualizó la resolución. Según el Gobierno, la ley por la que tanto abogó implicará un ahorro de $ 100 millones por las arcas públicas, en pos de objetivo del equipo económico de reducir el déficit fiscal, que junto con la inflación constituyen metas innegociables para el oficialismo. Fuente: www.ambito.com