PARA MEDIANAS Y GRANDES DEMANDAS, LOS AUMENTOS OSCILAN ENTRE 45% Y 65%. Son los datos para Capital Federal y GBA, donde operan Edenor y Edesur. Se considera el alza en el precio mayorista, la segunda fase de incrementos para las distribuidoras, y un ajuste por inflación del 11,6%. El ENRE comunicó ayer que a partir del 1 de diciembre las tarifas de Edenor y Edesur para usuarios residenciales se incrementarán en un 39% para consumos de hasta 400 kwh por mes, en un 38% para un gasto de 400 a 600 kwh mensuales, y en un 47% para los que utilicen más de 600 kwh por mes. Para las medianas demandas , la suba se ubicará entre un 50% y 55%, y para las grandes demandas será desde el 45% y 65%. En todos los casos, las variaciones son antes de impuestos, por lo que si se considera que la carga impositiva aumenta proporcionalmente, el alza efectiva es mayor. Los datos forman parte del informe que se considerará en la audiencia pública del 17 de este mes. El mismo documento detalla que a partir del 1 de febrero, habrá otras subas que se acumularán sobre las anteriores: para consumos residenciales de hasta 400 kwh: 16%, de 400 a 600 kwh: 14%, y de más de 600 kwh: 27%. Así el aumento total entre las dos etapas será del 61%, 57% y 86%, respectivamente. Para llegar a los aumentos de diciembre, el ENRE indicó que tuvo en cuenta el costo de distribución determinado en la revisión tarifaria para noviembre (cuando debía ser aplicado y no se hizo) actualizado al 1 de diciembre, más un ajuste del 11,6% en relación con la estructura de costos de Edenor y Edesur correspondiente a agosto, septiembre y octubre. El organismo consideró además un incremento del 35% en los precios mayoristas para pequeñas y medianas demandas, y del 25% para los usuarios con demandas superiores a 300 kW/mes y, una propuesta de asignación para el transporte en alta tensión presentada por el Ministerio de Energía de $31,3 /megavatio para el área metropolitana. Para llegar a esas conclusiones, el ENRE recordó que el 31 de enero pasado se aprobó la revisión tarifaria integral de Edenor y Edesur a aplicar en tres etapas el 1 de febrero de 2017, 1 de noviembre de 2017 y 1 de febrero de 2018. También dijo que con relación al diferimiento del ajuste del costo de distribución por precios, que «debió hacerse efectivo a partir de agosto, a los efectos de su reconocimiento en términos reales, deberá aplicarse dicho concepto a partir de diciembre utilizando también el mecanismo de actualización». Asimismo, el ENRE recordó que la revisión tarifaria integral establece «un mecanismo no automático de actualización semestral del costo de distribución, con el objetivo de mantener la sustentabilidad económico-financiera de la concesión». Agregó que ese mecanismo involucra dos instancias: en la primera se establece una cláusula gatillo de modo que si surge una variación igual o superior al 5% en los precios de la economía se habilitará una segunda instancia. En ésta se considera una fórmula de ajuste semestral en relación con la estructura de costos de las dos distribuidoras. Indicó que, como resultado de la aplicación de la fórmula de ajuste, la actualización del costo de distribución aprobado el 1 de febrero de este año es del 11,6%.a computar desde el 1 de agosto. En tanto, para calcular las tarifas de febrero, se estimó un ajuste del 10,9% considerando el semestre agosto-enero sobre el costo de distribución correspondiente a la tercera fase de la revisión tarifaria, y un incremento adicional del 20% en el precio mayorista. Fuente: Ambito.com
Está en riesgo la democracia: la oposición denunció «un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno»
Unidad Ciudadana, la fuerza opositora que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, emitió un comunicado tras la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, en el que denunció que «el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores». CFK advirtió en su Twitter que «está en riesgo la democracia», citando el título del comunicado que también colgó en la red social Telegraph. «El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar», advirtió Unidad Ciudadana. La carta completa: En Argentina el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar. En este marco, desde Unidad Ciudadana denunciamos la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes. Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país. Intento de disciplinamiento a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional. Tan sólo en la última semana en Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional ha logrado correr de su cargo a la Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó, y suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado, el Dr. Luis Arias, Juez en lo contencioso de La Plata. Asimismo, en otra clara muestra de apriete y amenazas a los representantes de los trabajadores, hoy el diario Clarín admite que el propio presidente Macri amenazó mediante dos de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir preso, en caso de no apoyar la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar en nuestro país. En el día de hoy el juez federal Ariel Lijo ha ordenado la detención del Ex Vicepresidente, Amado Boudou, por un posible “entorpecimiento” a la Justicia. Dicho juez, es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual Presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse. Mauricio Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Por derivaciones de ese expediente, renunció un Procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente. En este punto es claro que la actual situación procesal del presidente Mauricio Macri, en cuanto a la posibilidad de obstrucción de la justicia en causa propia es infinitamente más grave, por cierta, concreta y efectiva, que la del ex vicepresidente. Esta más que claro que la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga. Es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares. Hoy Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno, que consta de dos claros objetivos: Por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general. Finalmente, reafirmar que nunca nos opusimos ni nos opondremos a que se realicen todas las investigaciones judiciales necesarias a los funcionarios públicos, sean del anterior o del actual gobierno, en el marco del debido proceso y del respeto a las garantías constitucionales, propias de un verdadero Estado de Derecho. Buenos Aires, 3 de noviembre.
Uñac viajará junto a Macri a Estados Unidos
Participará del Concilio de las Américas, foro de debate económico. El gobernador Sergio Uñac viajará el próximo lunes 6 de noviembre a Estados Unidos integrando una comitiva encabezada por el presidente Mauricio Macri. El viaje se iniciará el lunes 6 y el evento principal está agendado para el día siguiente en Nueva York, donde se desarrollará el encuentro organizado por el Council of the Americas y por Black Rock, un fondo de inversión que maneja más de 5 billones de dólares en activos, según informó Telam. Además de Uñac y sus pares de Córdoba y Entre Ríos, integrarán la comitiva los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Economía y Finanzas, Luis Caputo; el canciller Jorge Faurie, entre otras autoridades. El Council of the Americas, con sede en Estados Unidos, desde 1965 reúne en foros de debate a los principales empresarios y líderes políticos mundiales para analizar la coyuntura en materia económica y política. Black Rock, en tanto, es una empresa de gestión de inversiones estadounidense cuya sede central se encuentra en Nueva York. Es considerada como la mayor empresa de gestión de activos del mundo, valorados en más de 5,1 billones de dólares en 2016
Detuvieron a Amado Boudou: pasaron las elecciones pero la campaña sigue
La detención fue ordenada por el juez Ariel Lijo, quien esta misma semana fue denunciado por sectores afines al Gobierno de cajonear causas de corrupción. El magistrado le imputa el delito de asociación ilícita en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. El ex vicepresidente fue arrestado por miembros de Prefectura y se espera que esta misma mañana sea llevado a los tribunales de Comodoro Py. Dos días después de ser denunciado por sectores de la Justicia alineados con el Gobierno de cajonear causas de corrupción, el juez Ariel Lijo ordenó la detención de Amado Boudou en la causa por enriquecimiento ilícito. El arresto se concretó esta misma mañana y el vicepresidente fue llevado a una sede de la Prefectura Naval para ser trasladado luego a los tribunales de Comodoro Py. La causa en la que Lijo ordenó la detención de Boudou hoy viernes, en vísperas del fin de semana, lleva cinco años de trámite. La decisión del juez descolocó incluso a Alejandro Sánchez Kalbermatten, autor de la denuncia que dio origen el expediente. «Tengo que reconocer que Boudou siempre estuvo a derecho y que me sorprendió a mí también la detención», sostuvo apenas se conoció arresto y agregó: «No conozco los fundamentos. Debe ser por la gravedad del delito que se le imputa.» Lijo acusa a Boudou de lavado de dinero y asociación ilícita, una figura penal cuestionada y difusa a la que suelen recurrir los jueces para ordenar detenciones. El ex vicepresidente ni siquiera fue indagado, pero el juez fundamentó su decisión de detenerlo en que puede “entorpecer la investigación”. Además de la detención del ex vicepresidente, Lijo ordenó la de José María Núñez Carmona. En la causa también aparecen involucrados Agustina Kampfer, Alejandro Vandenbroele y Juan Carlos López. El magistrado no mandó a detenerlos, pero sí decidió citarlos a indagatoria. En su resolución, Lijo sostiene que el ex vicepresidente formó parte de una asociación ilícita “destinada a cometer delitos con miras a la obstrucción de beneficios económico derivados de la actuación al margen de la ley”. Eduardo Durañona, el abogado de Boudou, advirtió que en ninguna de las causas en que se lo investiga se lo acusa de asociación ilícita. “Me sorprende la orden de detención por una causa de tantos años y en la cual hasta hubo una autorización para salir del país concedida por la Cámara porque dijo que no había posibilidad de entorpecimiento”, declaró también Durañona, quien además detalló que todos los martes el ex ministro de Economía se presentaba en Tribunales para cumplir con los requerimientos de la Justicia. “El juez insistió en que hay ocultamiento de bienes, algo bastante curioso cuando hubo una pericia que duró más de dos años. Se está usando como maniobra hablar de asociación ilícita cuando en ninguna de las cusas que lo investigan está acusado de ese cargo”, remarcó Durañona, que diferenció lo que podría ser un requerimiento de justificación de la fiscalía a esta situación en donde “se están apurando todos los tiempos procesales”. La decisión de Lijo de detener a Boudou sin haberle tomado declaración indagatoria y sin siquiera haberlo procesado llega días después de que el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, junto a su ONG Será Justicia y la organización Usina de Justicia, denunciaran en el Consejo de la Magistratura que perciben que en su juzgado y los de otros magistrados –entre ellos Daniel Rafecas- se registra «una demora excesiva en la tramitación de causas que, de ser confirmadas, afectarían el debido proceso». El Colegio de Abogados de la calle Montevideo juega en sintonía con el Gobierno y fue el que pidió que se declare la inconstitucionalidad de la remoción del Procurador General por juicio político y se habilite que la puedan sacar por decreto. A partir de esa presentación, convalidada por el juez Pablo Cayssials, la Casa Rosada redobló su embate contra Alejandra Gils Carbó y esta misma semana consiguió que finalmente ella presentara su renuncia al cargo a partir del 31 próximo de diciembre. Fuente: Pagina/12
Eliminan obligación de liquidar divisas de exportaciones
En el marco de la idea reinante en la Casa Rosada de desburocratizar el Estado, el Gobierno decidió poner fin a la obligación de liquidar divisas por parte de los exportadores, como corolario de la serie de ampliaciones de plazo que fue realizando la administración de Cambiemos desde el inicio de la gestión. Si bien las normativas que establecieron períodos máximos para ingresar las divisas se habían reglado en 2001, fue durante los años K que los plazos se fueron reduciendo hasta llevarlo a 15 días, con el objetivo de aumentar la oferta de dólares y tratar de evitar que la escasez dispare el tipo de cambio. Esta imposición siempre fue criticada por las empresas que entendían que era de difícil cumplimiento al momento de concretar una venta en el exterior. Cuando Mauricio Macri asumió, el plazo para la liquidación de divisas en el sistema financiero estaba en 30 días, límite que había impuesto el kirchnerismo en mayo de 2012. Durante 2016, el Gobierno fue prorrogando gradualmente el plazo de los 30 días a los 5 años. En enero de este año, el tiempo para cumplir con la obligación de liquidar las divisas provenientes de ventas en el exterior se extendió a los 10 años con la intención de ampliar y mejorar la capacidad de financiamiento de los exportadores. Ahora, mediante un decreto que se espera se publique hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno directamente eliminará la obligación al entender que «se había convertido en una carga» y para «estar en línea con lo que ocurre en el mundo», tal como explicaron fuentes oficiales a Ámbito Financiero. Respecto a la posibilidad de que con esta medida ingresen menos divisas de las exportaciones y que consecuentemente una menor cantidad de dólares en el mercado local provoque un aumento del tipo de cambio, funcionarios analizaron que «en la práctica cuando llevamos el plazo a 10 años, ya no existía esta obligación» y agregó que «la tensión que pueda haber sobre el precio de dólar se va a corregir cuando alguien venda. Si hay alguna restricción, entonces el precio no es libre». Como ejemplo del impacto negativo que significó esta imposición, en el Gobierno explicaron que con la administración anterior las pymes argentinas perdieron 23 mercados porque los compradores no podían cumplir con el exiguo plazo de 15 días para pagar. Habrá que ver en la práctica como repercute esta disposición sobre los agroexportadores al momento de ingresar las divisas provenientes de las ventas de granos y derivados. Por caso, la semana pasada el campo liquidó 350,7 millones de dólares por sus ventas al exterior, con una baja del 30,7% en comparación con igual período de un año antes y un 2,4% con relación a la semana previa. De esta forma, el monto liquidado por los exportadores agrícolas desde comienzos de año asciende a 18.791 millones de dólares, lo que representa una baja del 10% período de 2016. Fuente: Ámbito.com
Colombia: la Farc se lanza de lleno al terreno electoral, Londoño será el candidato a la presidencia colombiana
“Entramos de lleno en la contienda política de 2018 con candidatos propios a la Presidencia y al Congreso. La gente del común y todos los que sueñan con una patria nueva tendrán su propia representación y contarán con una alternativa política para disputar la Presidencia”. Con esas palabras Iván Márquez anunció este miércoles los nombres del candidato presidencial y los candidatos a Cámara y Senado con los que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) entrará en la arena política. Tal como estaba previsto, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, será el candidato a la Presidencia de la República por ese partido y la dirigente de la Unión Patriótica, Imelda Daza, su fórmula vicepresidencial. La lista de Senado la encabeza Iván Márquez, seguido por Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Benkos Biohó, Victoria Sandino y Sandra Ramírez. Para la Cámara de Representantes las apuestas son: Antioquia, Olmedo Ruiz; Bogotá, Byron Yepes; Valle del Cauca, Marco Calarca; Atlántico, Jesús Santrich y Santander, Jairo Quintero. “Para Cámara hay cinco y nos la vamos a jugar por las zonas de mayor votación como el Valle del Cauca, Bogotá, Medellín, Antioquia, Barranquilla, Atlántico y Bucaramanga. Vamos a buscar en el resto de departamentos conformar unos acuerdos políticos, nuestra disposición es apoyar”, detalló Márquez. Sobre el regreso de Rodrigo Londoño a Colombia (se encuentra en Cuba por motivos de salud), Carlos Antonio Lozada señaló que ya están en “diálogo con el camarada Timo para últimar los detalles de lo que debe ser su regreso para que asuma como candidato oficial la conducción de la campaña que tendrá las propuestas que vamos a presentar. No solamente cuenta con el visto bueno de los médicos sino también con la anuencia de sectores importantes de la sociedad colombiana”. De acuerdo con Márquez, la Farc tiene la convicción de que se están gestando “los tiempos para hacer realidad las esperanzas de la gente del común”, por lo que instó al Gobierno y al Congreso de la República para que “tenga la estatura histórica para diseñar los requerimientos que respondan al trámite de la Reforma Política, las Circunscripciones Especiales de Paz, la JEP, la definición del marco de implementación y la Reforma Rural Integral que viene siendo amenazada por un proyecto de ley de tierras gubernamental”. Para Imelda Daza, la apuesta de la Farc estará dirigida a la búsqueda de un modelo más incluyente, más humano y que garantice la eliminación de la pobreza. Además, en su caso particular, quiere que el mensaje esté dirigido a las muejeres colombianas: “Yo particularmente, por mi condición de mujer y víctima, quiero dirigirme a la mujer colombiana, dadora de vida, constructora de paz. Las madres y abuelas de Colombia hemos dicho que no parimos hijos para la guerra. Representanos la mitad de la población pero además somos las mámas de la otra mitad. Asumamos esa condición de daroras de vida para comprometernos a fondo con la defensa de este proceso”. Daza manifestó además su preocupación por los asesinatos de líderes sociales en el país y fue enfática al señalar que en Colombia no se puede repetir un hecho similar a lo ocurrido con la Unión Patriótica. “No quiero pensar que esa terrible historia se repite, no aceptamos que se piense en esa terrible posibilidad. Por eso el compromiso por la construcción de otra sociedad deber ser de todos. Hay quienes intentan repetir el genocidio, es cierto, y lo demuestra el sistemático ataque contra líderes. No es posible que tan alegramente pensemos que se va a repetir la historia. Por eso hay que denunciarla”, señaló. El anuncio de la Farc se conoce menos de 24 horas después de que el Consejo Nacional Electoral dio vía libre al partido político, dándole la personería jurídica que les permitirá participar del debate electoral, para las elecciones de 2018. Fuente: El Espectador
Sergio Maldonado: «No cuenten conmigo para sembrar odio, nuestro único reclamo es justicia»
A tres meses de la última vez que se vio con vida a Santiago Maldonado y ante una Plaza de Mayo colmada, su hermano reclamó Justicia por la muerte del joven tatuador y por «todas esas víctimas que han desaparecido en democracia». Cerca de las cinco de la tarde, la Plaza de Mayo volvió a ser el escenario de una nueva movilización, la tercera, por Santiago Maldonado. En este caso, no para pedir su aparición con vida sino para reclamar Justicia por la desaparición y posterior muerte del joven de 28 años que fue hallado muerto en el Río Chubut tras un operativo de represión de Gendarmería contra la comunidad mapuche. Minutos antes de las seis de la tarde y acompañado por su esposa, Andrea Antico, y organismos de derechos humanos, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, subió al escenario y en un breve discurso exclamó: «No estábamos listos para la muerte» del joven y «todos los días vamos a pedir Justicia, hasta que sepamos la verdad». Sergio, quien estuvo presente durante toda la investigación para dar con el cuerpo de su hermano y fue el encargado de hablar con la prensa, recordó que «desde el comienzo» el «reclamo ha sido la verdad y justicia». Por eso, no sólo pidió que se conozca lo que ocurrió con su hermano, sino también con «todas esas víctimas que han desaparecido en democracia». Ante una plaza repleta, Sergio agradeció «a todos los que se movilizan» y les dijo que «Santiago los quiere en paz». Más temprano, la familia Maldonado había publicado un comunicado oficial en el que remarcaron que «junto a ustedes pedimos de forma pacífica que se sepa la verdad» porque «sólo así podrá descansar en paz ¡Justicia por Santiago!», exclamó desde el escenario.
Uñac, molesto con el Gobierno Nacional por medidas impositivas
Sergio Uñac, junto con otros gobernadores están dispuesto a llevar su inconformidad a Casa Rosada. A la preocupación por la agenda económica que empezarán a discutir con Mauricio Macri a partir del jueves que viene, en las últimas horas, varios gobernadores sumaron furia y reclamos que plantearán cara a cara al Presidente. Los dueños de la cólera son los gobernadores cuyas provincias se verán directamente afectadas por los cambios impositivos que anteayer anunció el Gobierno. La lista incluye a Mendoza, Tucumán, San Juan, Salta y Tierra del Fuego. El lote es variopinto: incluye a peronistas, oficialistas, ganadores y perdedores de las últimas elecciones. Con matices, más o menos directamente, esos gobernadores ya manifestaron su malestar. El enojo por el proyecto oficial tensa la negociación con la que el Gobierno pretende conseguir el apoyo de los jefes provinciales para avanzar con la reforma tributaria y con otros cambios que considera elementales, como la reforma laboral. Ya ayer el malestar de las provincias se notó en el Senado (ver aparte). Representantes de las provincias afectadas cruzaron por la reforma impositiva al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que ayer dio su informe mensual en el Congreso. Entre los gobernadores, la más directa fue Rosana Bertone, muy molesta con la intención de reducir a cero los impuestos para celulares, televisores y monitores, que hoy tributan el 17 por ciento. La mandataria fueguina le pidió una audiencia «urgente» a Macri y despotricó contra la reforma vía Twitter. «La aprobación de este proyecto significaría la disolución territorial de nuestra provincia», escribió en la red social poco después de reunirse con su gabinete. «Voy a defender a rajatabla las condiciones jurídicas que han hecho posible que la provincia pueda desarrollarse», añadió la gobernadora. Los números explican el malestar. La industria electrónica representa el 30 por ciento del PBI de Tierra del Fuego y es su principal contribuyente y empleador. Según calculan en la provincia, de prosperar, el cambio impositivo afectaría unos 9600 puestos de trabajo, un 20 por ciento del total de empleos de la isla. Tanto Bertone como el tucumano Juan Manzur, el sanjuanino Sergio Uñac y el salteño Juan Manuel Urtubey llevarán su enojo al cara a cara con Macri el jueves próximo. Todos prevén poner el impacto de la reforma impositiva sobre una mesa en la que ya esperan discusión el reclamo bonaerense por el Fondo del Conurbano, el futuro del impuesto al cheque y de Ingresos Brutos (que representa más del 70% de la recaudación de las provincias), la ley de responsabilidad fiscal y la transferencia de las cajas previsionales de las provincias a la Nación. También llevará su queja el mendocino Alfredo Cornejo. Parte de Cambiemos, el gobernador fue escueto en las críticas: calificó el aumento de la alícuota a vinos y sidras (del 0 al 17%) de «inadmisible». Sin embargo, dejó el enfrentamiento directo con la Casa Rosada en manos de la vicegobernadora y ex ministra de Economía de la provincia, Laura Montero. Igual que Bertone, la ex senadora nacional embistió contra los planes del Gobierno a través de Twitter y eligió al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como blanco directo de sus críticas. «Evidentemente @NicoDujovne no entiende nada de las economías regionales y de la crisis a la que fueron sometidas en la época K», disparó. El embate contra el ministro no quedó allí: «@NicoDujovne Ud. no dimensiona el daño y arruina años de trabajo público/privado en el posicionamiento del vino en el mercado», añadió la vicegobernadora, tras advertir que la suba del impuesto al vino provocará una caída del consumo, afectará la rentabilidad de las bodegas más chicas y conducirá a una mayor concentración del mercado, además de «dañar directamente» el empleo. Las quejas por el cambio impositivo se multiplicaron en San Juan y en Salta. En la primera, donde el peronista Uñac ganó con holgura las elecciones legislativas, el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, adelantó que el tema «será parte de lo que el gobernador plantee» en la cita con Macri, y advirtió: «La medida es contradictoria. El gobierno nacional ayudó a nivelar el stock y ahora pone cargas impositivas al sector, que esperaba una buena temporada de precios». En Salta se encendieron alertas por el impacto en el turismo, muy asociado a la llamada «ruta del vino». El tucumano Manzur, otro peronista que ganó cómodo las legislativas, no quiere saber nada con el aumento en el tributo a las gaseosas y otras bebidas con azúcar. El azúcar es el principal producto industrial que se elabora en Tucumán. La suba también afectaría la producción de limón, otro de los pilares económicos de la provincia
Tras la renuncia de Gils Carbó, apartaron a la Procuvin del caso Maldonado
La fiscal Ávila tomó una medida acorde a los nuevos tiempos judiciales y puede dar vuelta el caso del joven desaparecido y muerto. La Procuración contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) fue apartada de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. La decisión fue adoptada por la fiscal Silvina Avila, después de que el juez federal Gustavo Lleral decidiera reasumir el curso de la investigación. La Procuvin colaboraba con Avila mientras era ella quien estaba al frente de la investigación, pero una vez que el juez reasumió el timón, ella consideró que ya no era necesaria la intervención de la procuraduría especial. La medida llega en la misma semana que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre, un viejo anhelo de Mauricio Macri. Maldonado desapareció el 1 de agosto tras participar de una protesta de los mapuches en Esquel que fue reprimida por la Gendarmería y fue encontrado muerte en el Río Chubut, a mediados de octubre. La Procuvin era el único estamento del Ministerio Público Fiscal que específicamente estaba investigando el accionar de la Gendarmería Nacional en el contexto de la muerte de Maldonado. Según informó la agencia DYN, La decisión de la fiscal, que fue tácitamente avalada por el juez, generó malestar entre las querellas, que evaluaban una presentación para pedir la continuidad del organismo. La Procuvin estaba desarrollando un informe propio sobre la base de las pruebas recogidas para entregarlas como aporte a la investigación del juez Lleral. Fuente. El Destape
Los empresarios de la cerveza se oponen a la suba en el impuesto: dicen que el impuestazo hace peligrar inversiones por u$s 1.800 millones
El director de la Cámara de la Industria Cervecera, Alejandro Berlingeri, salió a cuestionar el plan de reforma tributaria anunciado por el Gobierno, que contempla un aumento en la alícuota del impuesto a la cerveza (pasaría del 8% al 17%). En ese marco, aseguró que «pone en riesgo el plan de inversiones que la industria venía anunciando para el período 2016-2020, por 1800 millones de dólares». Según Berlingeri, ya se ejecutó el 25% de ese plan de inversiones que lleva adelante la industria cervecera y que tiene que ver con «variedades nuevas de productos, con envases y con desarrollo de maltas». «Todos los socios me están comunicando que este plan está en revisión o suspensión», afirmó el empresario en declaraciones al programa «Mañana Sylvestre», que se emite por Radio 10. Asimismo, indicó que la industria ya tiene una carga impositiva del 52% y que «no va a poder absorber el aumento del impuesto interno que va del 8% al 17% nominal». En ese sentido, agregó que «como no lo va a poder absorber lo va a trasladar a precios». Berlingeri sostuvo que la industria cervecera se siente discriminada con la reforma impositiva. «Si el objetivo era la salud, recordemos que la cerveza es la bebida con menos graduación alcohólica», señaló al tiempo que agregó: «Si piensan que afectan a las tres cervecerías grandes están equivocados. Esto afecta a más de mil emprendimientos en todo el país, a cada pueblo, municipio o localidad que tiene su empresa de cervecería artesanal». Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo el último martes que el proyecto de reforma tributaria será de implementación gradual e implicará subas en impuestos internos para bebidas con alcohol, incluyendo vinos, cervezas y sidras, y gaseosas azucaradas, tal como lo había adelantado ámbito.com. Según el proyecto, la alícuota del impuesto interno a los vinos y sidras subirá de 0 a 17%; de las cervezas del 8 al 17% y el champaña también de 0 a 17%. Fuente: Diario de Cuyo
Prohíben la venta de un aceite de oliva en todo el país
La ANMAT prohibió la comercialización en todo el país de un aceite de oliva porque «no cumple con la legislación alimentaria vigente». La disposición fue publicada en el Boletín Oficial. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves la comercialización en todo el país del aceite de oliva marca Almacén Boutique porque «no cumple la legislación alimentaria vigente». La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria llevó adelante un monitoreo con toma de muestra del producto, chequeó con el Departamento de Bromatología de la provincia de Catamarca si el establecimiento estaba autorizado, pero el registro era «inexistente». Además, el informe de laboratorio concluyó que la muestra analizada no cumplía con lo establecido por el Código Alimentario Argentino. “Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto “Aceite de Oliva”, marca: Almacén Boutique, RNE N° 03000263, así como de todo alimento del RNE citado, por las razones expuestas en el Considerando”, señala la disposición publicada en el Boletín Oficial.
