Según un relevamiendo del Monitor del Humor Social y Político, un 65 por ciento de la población considera que el Gobierno es incapaz de disminuír la inflación, porque carece de conocimientos o poder para conseguirlo. Además, un 59 por ciento de los consultados consideró que la situación económica está peor que hace un año. Según un relevamiendo del Monitor del Humor Social y Político, que realizó D’Alessio Irol/Berensztein en exclusiva para El Cronista, del que participaron 1408 adultos en todo el país, para un 59 por ciento de los consultados la situación económica está peor que hace un año,mientras que apenas un 36 por ciento consideró que se encuentra mejor, el guarismo más bajo en los últimos 15 meses. En este sentido, advierten que la mayor preocupación social por la inflación comienza a poner en duda la capacidad del Gobierno para resolverla, ya que se aceleró en el comienzo del año y, con las paritarias en etapa preliminar, el poder adquisitivo disminuyó notablemente. Cabe destcar que 9 de cada 10 consultados la ponen al tope de los temas más preocupantes. Para un 73 por ciento de los consultados, bajar la inflación está directamente relacionado con la posibilidad de reducir los niveles de pobreza y un 52% lo considera clave para alentar la llegada de un mayor flujo de inversiones extranjeras. Sin embargo, un 65 por ciento considera que el Gobierno es incapaz de manejar esa variable económica, porque carece de conocimientos o poder para conseguirlo.  

El nuevo titular de la AFIP operó con empresas offshore y colocó sus ahorros en paraisos fiscales, pero declaró ante la Oficina Anticorrupción que estaban en fondos de inversión común en Estados Unidos. Leandro Cuccioli, quien reemplazará a Alberto Abad al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), operó en paraisos fiscales y posee acciones en dos fondos de inversión de las Islas Caimán, pese a haber declarado ante la Oficina Anticorrupción (OA) que los mismos tenían sede en Estados Unidos. El flamante funcionario macrista también integró el directorio de El Tejar, una agropecuaria argentina que se formó en 1987 y se convirtió en la mayor productora mundial de granos. Esa empresa fijó su sede en las islas Bermudas, otro paraíso fiscal, y allí mantuvo contacto con Ignacio Rosner, que también integró el directorio, quien hoy es el titular del ex Grupo Indalo, que debe más de $10.000 millones a la AFIP, que ahora encabezará Cuccioli. El nuevo titular de la AFIP había declarado ante la OA que la mayor parte de su patrimonio estaba fuera del país y sus inversiones en fondos de inversión común en Estados Unidos. Sin embargo, según los documentos que integran la investigación conocida como Paradise Papers, estos dos fondos – llamados CIPEF V y CIPEF VI y manejados por The Capital Group, para quien Cuccioli trabajó hasta 2015 – fueron creados en 2007 y 2011 para operar en mercados emergentes y están radicados en las Islas Caimán, paraíso fiscal. Cuccioli había colocado a principios de 2016 unos $602.357 en el fondo CIPEF VI, monto que a finales de ese año aumentó a $735.024,50. En tanto, en el fondo CIPEF V colocó sólo $13.315 a principios de ese año, que subieron hasta $16.247,91. Para excusarse, fuentes cercanas al nuevo titular de la AFIP le dijeron a La Nación que «The Capital Group es la compañía madre, que está en Estados Unidos y es la que administra esos fondos, por lo que el contador (de Cuccioli) fijó ese domicilio para esas inversiones». Como parte de The Capital Gruop, Cuccioli integró el directorio de El Tejar, al igual que Rosner, el financista que se hizo cargo del ex Grupo Indalo, el cual adeuda $10.000 millones a la AFIP. Su ex compañero deberá continuar con el reclamo de Abad. Según detallan los Paradise Papers, el titular de la AFIP aparece en 17 documentos como «director clase B» de esta empresa hasta 2015, según detalla el último documento. Además, la empresa operaba mediante dos cuentas del HSBC de las islas Bermudas, otro paraíso fiscal, y era integrada por múltiples cuentas offshore de distintas partes del mundo. Desde el grupo cercano a Cuccioli le dijeron al diario Perfil, uno de los medios que forma parte del consorcio de periodistas de los Paradise Papers junto a La Nación y América, que “Rosner representaba a Altima (que tenía el 60% de El Tejar) y Cuccioli fue en representación de The Capital Group, a través de los fondos Cipef, que tenían un 12 por ciento de El Tejar. Fue durante el período 2012-2013, cuando Cuccioli fue como observador primero, y después en 2014 cuando pasó a ser director de El Tejar”. Ahora, en caso de haber conflicto de intereses en la disputa entre el ex Grupo Indalo y la AFIP, adelantaron que la postura del nuevo titular del organismo recaudador «será excusarse si se determina que hay de un conflicto de interés cuando haya que abordar cualquier tipo de asunto vinculado directa o indirectamente a Rosner”.

La Cámara de Casación apartó a un magistrado que había absuelto a una funcionaria acusada de extorsionar, durante años, a la comunidad Chuschagasta para desalojarla. La disputa llegó hasta el homicidio del comunero Javier Chocobar, en un crimen que quedó filmado y todavía puede verse por YouTube. El asesinato a sangre fría del comunero Javier Chocobar fue el corolario de una disputa que la Justicia tucumana podía haber frenado a tiempo. Esa apreciación es la que se desprende de un contundente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que resolvió apartar al juez tucumano que ignoró los reclamos de la comunidad indígena Chuschagasta, que venía advirtiendo la violenta presión que sufría por parte de las autoridades locales para entregar sus tierras a un empresario. Además, declaró a las tierras disputadas como legítima propiedad de los originarios y declaró delito a cualquier intento por disputársela. Fallo completo: pueblos originarios Un crimen que se pudo evitar El asesinato ocurrió el 12 de octubre de 2009 y quedó filmado en un video que todavía puede verse en YouTube. El empresario Darío Amín se presentó en el territorio que disputaba con miembros de la comunidad Chuschagasta, perteneciente a la Nación Diaguita, en la localidad de Trancas, al norte de la Provincia de Tucumán. Llegó armado y acompañado de dos ex policías, Humberto “el Niño” Gómez y José Valdiviezo. Tras un intercambio de palabras, comenzó una balacera contra los comuneros que terminó con dos de ellos heridos y Chocobar muerto. Uno de los agresores filmó el ataque y perdió la cámara en la revuelta. El video registra claramente el comienzo de la agresión, aunque el disparo mortal contra el cacique sólo queda registrado en audio. Hoy, los imputados enfrentan penas de cadena perpetua en una causa que ya fue elevada a juicio oral y que podría comenzar este año. https://www.youtube.com/watch?v=ggWGrch1Lrc Las advertencias desoídas Los Chuschagasta ya había recurrido a la Justicia cuatro años antes del crimen de Chocobar. Se generó una causa en Tribunales Federales que fue acumulando pruebas de que la comunidad era legítima propietaria de la tierra. En ese expediente, se fueron documentando las presiones que -según los comuneros- sufrieron sus miembros durante años por parte de la ex delegada comunal de la localidad de Ancajuli, Silvia Chiarello, su hermano Dante y otras personas bajo su mando. Todos, según se detalla en el expediente, amenazaban a los habitantes de la zona con dejarlos sin nada si no firmaban documentos de entrega del territorio al empresario Amín. En muchas oportunidades, los coaccionantes se presentaron armados, señalan las incontables demandas. Los testimonios, los informes de Gendarmería, el material fotográfico y otros elementos probatorios fueron nutriendo un expediente que terminó, de manera sorpresiva, con la absolución de los demandados (la delegada comunal y su hermano), en octubre de 2012, cuando ya Chocobar había sido asesinado. La sentencia fue firmada por el conjuez Mario Leiva Haro y fue impugnada por la querella (los denunciantes Clementino Salvador Cata y su hermana, Cesárea) y por el Fiscal General, Gustavo Gómez. Pese a ello, dos años más tarde, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la desvinculación de los acusados. Un fallo demoledor Sin embargo, la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal emitió una dura sentencia contra el accionar del juez Leiva Haro y la Cámara Federal de Apelaciones por no dar curso a las denuncias ni contrastar las pruebas recabadas. En una resolución del 21 de febrero de este año, anuló las absoluciones. “La sentencia, lejos de significar la aplicación de criterios de la sana crítica, trasunta en un acto jurisdiccional teñido de fundamentación aparente lo que fulmina su nulidad”, dice el fallo. “No se advierte por parte del tribunal de la anterior instancia el mínimo esfuerzo por dar respuesta a los embates efectuados por los apelantes en los respectivos recursos de apelación y expresión de agravios. Así pues, no se ha realizado un estudio exhaustivo de los hechos denunciados y su contraste con la voluminosa prueba que se ha recabado a lo largo de la investigación”, continúa. La sentencia, además, reconoce la propiedad ancestral de las tierras que defendía Chocobar. “La Comunidad Los Chuschagastas cuenta con el reconocimiento del Estado Nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, indican los jueces Eduardo Rafael Riggi (presidente), Ana María Figueroa y Liliana Elena Catucci, miembros de la Sala I. Los magistrados, además, determinaron que cualquier intento de desalojo constituye un delito: “ello acredita la posesión de la tierra durante generaciones antepasadas, y deja huérfana y erige en delictiva cualquier pretensión que se articule sobre la disputa por el dominio del territorio que ocupa la Comunidad de Chuscha”. La Cámara hizo lugar al planteo de Gómez, que había señalado que la muerte de Chocobar es “consecuencia directa de la falta de la legalidad del presente proceso penal” y define al crimen como acontecido en el “contexto de una disputa territorial innecesaria, pues la Ley 26.160 declaraba la emergencia en materia de posesión”. Los camaristas, además, resaltan la insistente desobediencia judicial de los acusados y del empresario Amín, que durante años explotó la cantera de piedra laja del lugar, pese a que una medida cautelar se lo prohibía. “El acto de poner en posesión a Amín el 20 de noviembre de 2012 (…) configura por lo menos, a priori, un acto judicial que desconoce la Ley vigente que al momento del hecho establece claramente, que corresponde suspender todos aquellos actos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras pertenecientes a pueblos originarios.”, indica la sentencia. La jueza Figueroa consideró que “el tribunal a quo omitió tomar en consideración el alto grado de vulnerabilidad –social, étnica geográfica, laboral, familiar, personal- que presentaban las víctimas de la comunidad originaria”, planteo al que adhirieron sus dos colegas. De esta manera, el juez Leiva Haro queda apartado del caso y la absolución de los imputados, anulada. La causa deberá volver al tribunal de origen para que designe un nuevo magistrado que prosiga con la investigación, esta vez “con la celeridad y recaudos que las presentes actuaciones merecen”. El seguimiento de la tarea periodística estuvo a cargo de Mariana Romero Fuente Quediario.com.ar

En una de las tantas operaciones político-judiciales-mediáticas que emprendió el gobierno de la Alianza Cambiemos, una en particular se presentaba como más “sensible” para sus intereses de control informativo sobre la población: La “manipulación de las estadísticas del INDEC y la presión sobre sus funcionarios”, realizadas supuestamente por el dirigente justicialista porteño, Guillermo Moreno, cuando ocupó de manera antológica la Secretario de Comercio Interior entre los años 2006 y 2013; es decir, tanto durante el mandato de Néstor Kirchner, como en el primero y parte del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. “Se puede decir una mentira, pero no hacer nada”, decía el líder popular Juan Domingo Perón. El juez Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al dirigente justicialista, y ex Secretario de Comercio Interior durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de  Kirchner, Guillermo Moreno. Al gobierno nacional se le cae otra de sus mentiras difamatorias. “No hay ningún elemento probatorio que permita afirmar que (Guillermo) Moreno dio órdenes dentro del ámbito de ese instituto, tales como que se produzca un cambio en la forma de medición del IPC o en la metodología vigente”, precisó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, al rechazar el procesamiento pedido por el fiscal Carlos Stornelli, a fines del año pasado» El fiscal Stornelli impulsó la causa contra el dirigente justicialista Guillermo Moreno, en base a una denuncia realizada por una ONG en 20017, y fundamentada en recortes periodísticos. Lo cierto, es que otra de las operaciones político-judicial-mediática que lleva adelante el gobierno nacional, con el único fin de difamar a los funcionarios de los tres gobiernos anteriores, para imponer control informativo sobre la población y avanzar en tras sus objetivos políticos, quedó sin efecto. Fuente: www.infobaires24.com.ar