El Rectorado de la Universidad Nacional de General Sarmiento acusó de “censura” a la Municipalidad de San Miguel, luego de que la secretaría de Educación decidiera excluir de “La Noche de los Libros” una charla sobre infancias trans encabezada por Gabriela Mansilla, la madre de la primera niña en obtener un DNI en el marco de la Ley de Identidad de Género. “Frente a lo que no podemos interpretar más que como un acto de censura, la UNGS ha tomado la decisión de retirar completamente su participación en este evento cultural”, anunciaron desde la Casa de Estudios. Asimismo, añadieron que “no tenemos dudas de que quienes iban a participar de las actividades organizadas desde la UNGS comparten con nosotrxs la convicción de que como universidad no podemos acompañar espacios que excluyan palabras, que mutilan derechos y que atentan contra la pluralidad y la diversidad”. El comunicado completo Informamos que desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de San Miguel, institución organizadora  del evento  “La Noche de los Libros”, nos han comunicado la decisión de excluir de la lista de actividades organizadas por la Universidad Nacional de General Sarmiento la charla “Infancias trans, derecho a la identidad y diversidad de cuerpos”, a cargo de Gabriela Mansilla,  esgrimiendo que el contenido de la misma no se ajusta a la naturaleza del evento. Esta actividad formaba parte de un programa aprobado por lxs organizadorxs desde mediados de noviembre; de allí nuestra consternación al recibir el lunes, a tan solo cinco días de la realización del encuentro, la comunicación de que sería excluida. Frente a lo que no podemos interpretar más que como un acto de censura, la UNGS ha tomado la decisión de retirar completamente su participación en este evento cultural cuyo programa, organizado por la Biblioteca y la Editorial de la UNGS, incluía: el stand coordinado por la biblioteca y la editorial de la UNGS, las presentaciones sobre publicaciones de Acceso Abierto, los microtalleres de alfabetización informacional, los conversatorios con estudiantes, las lecturas de poemas, la caminata por la lectura, el cierre del proyecto Comunid@d de Lectores, la presentación de la colección de libros ContraTiempos, la performance de estudiantes de la UNGS sobre textos de la escritora Camila Sosa Villada. Todas estas actividades fueron coordinadas con organizaciones como Argentina Narrada, La Cuentera, Resonancia Conurbana, Colectivo de Lectores, Comunid@d de Lectores, bibliotecas públicas populares y escolares, entre otras, además de autorxs, investigadorxs, docentes, nodocentes. No tenemos dudas de que quienes iban a participar de las actividades organizadas desde la UNGS comparten con nosotrxs la convicción de que como universidad no podemos acompañar espacios que excluyan palabras, que mutilan derechos y que atentan contra la pluralidad y la diversidad. Rectorado UNGS Fuente: www.cynthiagarcia.com.ar

El fiscal federal Federico Delgado dictó la medida que alcanza al exsecretario de Finanzas Públicas y al exsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, pero también compromete a otros funcionarios clave, actuales y anteriores, de la gestión de Cambiemos. Por Néstor Espósito El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy las indagatorias de funcionarios y ex funcionarios del actual gobierno acusados de haber, desde el Estado, renegociado la deuda con los fondos buitres y, como empresarios, haberse quedado con bonos y letras con suculentas ganancias surgidos como consecuencia de esas negociaciones. Los pedidos de indagatoria abarcan, en concreto, a Luis Caputo, ex secretario de Finanzas Públicas; Santiago Bausili, subsecretario de Finanzas Públicas y Mario Quintana, ex secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete. Pero el contenido del dictamen proyecta sus alcances sobre otros funcionarios actuales y anteriores: Alfonso Prat Gay (ex ministro de Hacienda y Finanzas), Pedro Lacoste (ex viceministro de Hacienda), Vladimir Werning (secretario del viceministro), Marcelo Eugenio Griffi (Secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda), y Eugenio Bruno (Subsecretaría de Legales del Ministerio de Finanzas. “Surge con claridad una confusión de intereses derivada de una lealtad partida. En efecto, algunos funcionarios públicos tenían compromisos específicos con algunos de los bancos que llevaron adelante la operación. Esos compromisos generan un grado de sospecha sobre su imparcialidad, porque esa historia incidió en algunas de sus decisiones que debieron estar guiadas por el interés general, pero que terminaron beneficiando a sus ex empleadores. En otros casos, algunos funcionarios aprovecharon la ventaja derivada de su posición estratégica en el sector público y tomaron decisiones de inversión personales en base a información que conseguían a partir del conocimiento de las políticas que ellos mismos iban a adoptar”, sostiene el dictamen. Delgado repasó el contexto de la renegociación con los tenedores de bonos que no ingresaron a los dos canjes de deuda que formuló el kirchnerismo, los denominados “holdouts”. El fiscal señaló que una vez que asumió el gobierno de Mauricio Macri fue encarada una forma de solucionar esa cuestión pendiente. “    Como resultado de todo ese proceso se emitieron nuevos títulos de deuda denominados -BONAR- para afrontar el pago de los acuerdos que arribó a los U$S12.500 millones, aunque se elevó a la suma de los U$S16.500 millones”. Para ello se emitieron cuatro tipos de bonos. Y como derivación de ello, surgieron otros elementos financieros para afrontar el pago. “Los títulos fueron cedidos a bancos extranjeros como garantías para la obtención de fondos externos”, explicó el fiscal. Y enumeró la liquides que obtuvieron los bancos que participaron en la operatoria, cinco mil millones de dólares, en total. El dictamen pone el foco sobre dos de esos bancos: “En lo que aquí interesa, vamos a destacar la intervención del Deutsche Bank y el J.P. Morgan”. El propio Banco Central argentino informó que  “esas operaciones trajeron aparejadas ganancias para los bancos designados, tanto en concepto de comisiones como en el posterior canje de aquellos títulos en el mercado secundario”. “El 20 de febrero pasado se recibió el informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, donde se muestra la estructura de una determinada cantidad de títulos de deuda pública emitidos por el Estado, por una parte, y por la otra, las tenencias que ciertos funcionarios públicos poseen sobre algunos de esos valores”, subraya el dictamen. Es allí donde surge la imputación: “la biografía laboral de los funcionarios representa un elemento central para desentrañar si en los comportamientos investigados surge una negociación incompatible con el ejercicio de la función pública”. En especial, sobre Caputo, el documento recuerda que “entre junio y septiembre de 2018 se desempeñó como Presidente del Banco Central de la República. Antes de eso fue designado como Secretario de Finanzas de la Nación en diciembre de 2015, cargo que desempeñó hasta enero de 2017 cuando asumió como Ministro de Finanzas”. Pero “previo a ello, según se pudo reconstruir en la causa, Caputo trabajó en J.P. Morgan Argentina. Allí fue jefe de área de “Trading” de bonos y acciones y tuvo a su cargo el área de “Trading” de América Latina (1994-1998). Deutsche Bank. Desde junio del año 1996 hasta por lo menos el mes de septiembre de 2012, donde llegó hasta el puesto de Presidente de la institución en el país. A su vez, formó parte de las sociedades “LC Advisors” y Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión” desde por lo menos el 2011 hasta el año 2015 -en el último de los casos-. Habría manejado fondos de las siguientes sociedades ‘off shore’: Alto Global Fund, Argentina Fund, Noctua Partners LLC, Noctua Asset Managment y Affinis Partners II, LLC” (según surge del informe periodístico conocido como ‘Paradise Papers’). A título personal, tal como surge de sus declaraciones juradas, Caputo fue poseedor de un depósito de dinero en una cuenta del Deutsche Bank radicada en el exterior”. Según el fiscal, “lo relevante es que las biografías laborales de los imputados incidieron objetivamente en el ejercicio de la función pública. Por ello su lealtad, que debía estar solo guiada por los intereses generales del Estado, se vio dividida. Y como resultado de esa división, ganaron los bancos citados y se incrementaron sus patrimonios personales”. Pero además, Delgado pidió “extraer testimonios” (impulsar una nueva causa ante otro juzgado) porque “cabe la posibilidad de que las personas antes mencionadas hayan tenido información privilegiada o bien que hayan ejercido algún tipo de influencia sobre la decisión de emitir aquella deuda que luego ellos mismos adquirieron con parte de su patrimonio”. El dictamen ya está en poder del juez Sebastián Casanello, quien deberá resolver –en definitiva- si llama a indagatoria a los funcionarios y ex funcionarios acusados por el fiscal. Fuente: www.tiempoar.com.ar

El estudio reveló que 6,5 millones de niños padecen problemas de educación, hábitat, agua potable, salud, protección social, vivienda adecuada y saneamiento Unicef dio a conocer este martes un informe que refleja con contundencia la problemática social vinculada a la niñez: el 48% de los chicos argentinos son pobres y la mitad de estos muestra “severas” privaciones de derechos fundamentales, como vivir al lado de un basural, en una zona inundable o padecer problemas de acceso al agua potable. A lo largo de la presentación de un detallado estudio correspondiente al procesamiento de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer semestre de este año, Unicef informó que los chicos de 0 a 17 años alcanzan un valor de pobreza 10 puntos por encima del registro de la población general (38%) y en números de rostros visibles esto abarca a 6,3 millones de niños, niñas y adolescentes. “Tenemos una fuerte preocupación por la realidad que están viviendo millones de niños en la Argentina porque se dan valores muy elevados de índices de pobreza que tienen un fuerte impacto”, expresó Sebastián Waisgrais, especialista de Monitoreo e Inclusión Social de Unicef Argentina, que presentó el estudio realizado junto con el Instituto de Estudios y Desarrollo Económica de la Universidad de Salta, la Universidad Nacional General Sarmiento y el Instituto de Equidad para la Infancia. Por otra parte, en el capítulo del estudio de Unicef referido a la pobreza monetaria (por ingreso) se determinó que el 42% de los niños de la Argentina residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir una canasta básica de bienes y servicios alimentarios. En cuanto a las diferentes variables multidimensionales se determinó también que la mayor parte de los chicos que padecen privaciones se encuentra en hogares monoparentales (52%), es decir, en aquellos manejados por mujeres solas u hombres solos. EL ESTUDIO DE UNICEF YA FUE PRESENTADO A LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL CAROLINA STANLEY Y A TODAS LAS AUTORIDADES QUE ESTÁN INVOLUCRADAS EN LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS. En cuanto a las diferenciaciones según el territorio, cabe destacar que en el Gran Buenos Aires la mayor parte de las falencias que padecen los niños está radicada en la falta de agua potable, el hábitat saludable y el saneamiento. En tanto, en el sur del país la protección social y los problemas de hábitat se presentan como los más relevantes. En el NOA y el NEA las principales falencias que tienen los chicos radica en problemas de saneamiento, el agua y el hábitat. Y en Cuyo y Centro del país se perciben mayores problemas en los niños que tienen deficiencia en la protección social, educación y saneamiento, en gran medida. Estos valores son aún más elevados y profundos en los niños cuyos hogares tienen un jefe o jefa de hogar con niveles educativos bajos y empleos informales o donde hay padres desempleados. Fuente: www.telesoldiario.com/

La falta de empleo es uno de los principales problemas que tiene la Argentina y en los últimos tres años se ha profundizado en forma exorbitante. El rubro industrial es uno de los más golpeados productos de la política económica y la apertura de importaciones, hasta el momento 107 mil trabajadores perdieron su trabajo. Según los datos de la propia Secretaría de Trabajo, se perdieron 107.900 puestos desde septiembre del 2015 lo que no solo evidencia como el sector se vino a pique producto de las políticas económicas aplicadas sino que generó una cifra récord en cuanto al desempleo. Desde la Unión Industrial Argentina señalan como los principales factores, además de las decisiones políticas, a la baja de la producción como consecuencia de la caída de la inversión y del consumo doméstico, mayores importaciones, suba de la tasa de interés y tercerización de actividades. El propio INDEC relevó que en 2016 la industria produjo un 4,6 por ciento menos, en 2017 se recuperó el 1,8 por ciento y este año, hasta septiembre, acumula una baja del 2,1 por ciento. En esos 33 meses, registró 20 meses de caídas interanuales. En esos primeros 9 meses, acumula 5 caídas interanuales negativas, la más profunda en septiembre pasado. Ese mes  la industria trabajó al 61,1 por ciento de su capacidad de producción, el segundo más bajo de los últimos 33 meses. “El descenso del peso del empleo industrial es un fenómeno que se observa en la mayoría de los países desarrollados durante las últimas décadas , debido a la relocalización productiva en países de salarios bajos y el proceso de automatización y robotización. Sin embargo, la velocidad y profundidad del proceso de destrucción local permite afirmar que se está frente a una situación de crisis y ajuste de empleo del sector industrial, que no se explica por el fenómeno detectado en las economías desarrolladas”, dice un Informe del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior de la UMET. Por su parte el director del Centro de Estudios de la UIA Pablo Dragún explicó a Clarín que la caída del empleo se debe a «una dinámica que venía en baja para algunos sectores hasta 2017, con presión importadora, a lo que se acentuó desde mediados de este año con el salto cambiario y la fuerte suba de las tasas de interés, que trajo aparejada una caída en la demanda y dificultades de financiamiento de capital de trabajo”. «Los datos de transición de empleo en la provincia de Buenos Aires marcan que las condiciones de ocupación de los trabajadores industriales que se pierden, un 16% pasa a estar desempleado, un 19% pasa al cuentapropismo y el resto un 22% van al comercio, seguido por otros sectores como construcción o transporte (7% cada uno). La pérdida de empleos industriales  implica una alta probabilidad de que se establezcan trayectorias laborales descendentes en lugar de ascendentes, por menores salarios en promedio o por pases a la informalidad o el desempleo”, concluyó.  

La abogada de la Correpi, María del Carmen Verdú, y la titular de la Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudiaron la normativa que habilita a las fuerzas de seguridad a disparar sobre personas en situación de fuga. «El gobierno pone en práctica la teoría del ´enemigo interno´», advirtieron. Organismos de Derechos Humanos y antirrepresivos advirtieron esta mañana la peligrosidad de la implementación generalizada de la denominada doctrina Chocobar. “Es la conversión en ley del gatillo fácil”, dijo María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi. En tanto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que “el gobierno está poniendo en práctica la teoría del «enemigo interno». Ambas organizaciones salieron a repudiar el protocolo que autoriza a las fuerzas de seguridad a disparar sobre personas sobre situación de fuga y que se publicó hoy en el Boletín Oficial. La decisión del gobierno fue adelantada por Tiempo en su edición del domingo. Verdú recordó que, antes de la Cumbre del G20, el Ministerio de Seguridad había asegurado que el uso de armas letales estaría limitado a una situación de peligro contra los líderes presentes en Argentina para participar de las deliberaciones en Costa Salguero. “A partir de la publicación en el Boletín Oficial vemos que quieren ampliar esa resolución para uso general. Es la conversión en ley del gatillo fácil”, sentenció. La abogada explicó que “cada una de las hipótesis que ponen para justificar el uso de armas letales son las excusas que dan los efectivos en los juicios por fusilamiento de gatillo fácil: delito de lesiones (caso Chocobar), o que la policía suponga que el otro está armado aunque no lo esté (caso Céspedes)”. “En las normas del manual de capacitación de la Policía Federal, vigente de marzo 2002, establece que tiene que haber una causa suficiente, razonable y demostrable en juicio en enfrentamiento con personas armadas con el mínimo de riesgo posible para terceros. Y también se establece que, en caso de fuga, no se justifica el uso de armas excepto que en su huida el agresor continúe haciendo fuego. Prescribe que entre matarlo o dejarlo escapar, hay que dejarlo escapar. Todas las técnicas y tácticas policiales privilegian la vida de las personas. Disparar es el último recurso disponible sólo para protección propia y de terceros”, explicó. La abogada recordó que “hay dos tratados internacionales de la Asamblea de la ONU, uno de 1979 y otro de 1999, incorporados a la normativa de aplicación interna, que son los códigos de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que contemplan sólo usar arma de fuego cuando otros medios sean ineficaces, respetando y protegiendo la vida”. En tanto, Carlotto señaló que «el gobierno está poniendo en práctica la teoría del «enemigo interno» que se utilizó durante la dictadura». “No vamos a tener miedo como ellos quieren. No nos deprimimos, seguiremos luchando por recuperar el pais”, concluyó la referente de Derechos Humanos. Desde el Parlamento, la diputada Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) sostuvo que la resolución es “muy grave, Bullrich autoriza el uso de armas de fuego, permiso de fusilar a pibes, pobres y disidentes”. Por otra parte, el Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, aseguró que «en lugar de proteger la vida de los ciudadanos, el Estado impone la violencia”, y señaló que el reglamento “comete un fraude de etiqueta ya que incluye, bajo el ropaje del cumplimiento del deber y la legi?tima defensa, situaciones en que el peligro ha cesado (…) Este supuesto permitiría absolver al policía Chocobar por el asesinato de Pablo Kukoc, perpetrado cuando este huía sin representar grave e inminente peligro la vida de terceros”. Advirtió además que la resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich “viola los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana en 1990″. HIJOS Capital expresó: “Lo dijimos y ella lo confirma: Patricia Bullrich es el brazo armado de la miseria planificada”. El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos publicó: “El gobierno, de manera inconstitucional, legaliza el gatillo fácil y la Doctrina Chocobar. ¡No podemos permitirlo!”, llamó. Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) analizó y adviertió: “Luego de haber derogado el Programa de Uso de la Fuerza y debilitar los controles internos, con esta nueva medida el gobierno busca evitar también el control judicial. A partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente. De este modo, se privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes”. A su vez, AGD UBA manifestó: “Llamamos a las y los docentes a pronunciarse en contra de esta resolución, que significa un retroceso en nuestras libertades democráticas y un aval a la barbarie de los aparatos del Estado”.