El juez de Garantías Saúl Errandonea hizo lugar al pedido de la fiscal Florencia Salas. Los cinco jóvenes seguirán detenidos en la Unidad 44 de Batán. Tras las declaraciones indagatorias de los cinco detenidos por el abuso sexual con acceso carnal agravado a una adolescente de 14 años, la fiscal Florencia Salas solicitó al juez de Garantías que convierta la aprehensión en detención. Saúl Errandonea hizo lugar al planteo, por lo que los jóvenes de entre 21 y 23 años continuarán detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán.   Roberto Costa, Tomás Jaime, Lucas Pitman, Emanuel Díaz y Juan Cruz Villalbafueron aprehendidos el 1º de enero durante la madrugada en el camping El Durazno.El miércoles fueron trasladados a Tribunales para prestar declaración indagatoria ante la fiscal que entiende en la causa. El testimonio de los cinco jóvenes se mantiene bajo un fuerte hermetismo por parte de los operadores judiciales que esperan que la investigación avance más, antes de dar a conocer los detalles. No obstante, la fiscal Salas entendió que correspondía pedir la detención de los cinco imputados a la Justicia de Garantías, que este jueves hizo lugar al planteo. En tanto, en la fiscalía no tienen previsto llevar adelante medidas de prueba. Se espera también la autorización de la Justicia para que la adolescente de 14 años declare en Cámara Gesell, aunque también descartaron que se produzca este mismo jueves. A su vez, la Justicia ya dispuso que las pericias químicas para hallar material genético en los elementos secuestrados se realizarán el martes 8 de enero a partir de las 10.30.

Desde sus vacaciones en Villa la Angostura, el presidente confirmó una suba del 20 por ciento en enero y un 5 por ciento en febrero para autoridades superiores del Poder Ejecutivo, que incluye a ministros, secretarios y subsecretarios. La decisión fue oficializada esta mañana a través del Boletín Oficial. El presidente Mauricio Macri firmó un decreto desde sus vacaciones en Villa La Angostura, en el que dispone un significativo aumento del 25% a su sueldo y el de todo su Gabinete.El incremento que será en dos cuotas, del 20 por ciento en enero y un 5 por ciento en febrero, incluye a autoridades superiores del Poder Ejecutivo, entre los que se encuentran alrededor de 300 ministros, secretarios y subsecretarios. El decreto, con el número 1198/2018, lleva la firma del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete Marcos Peña; y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Con la medida también fueron modificados el valor del módulo básico del régimen retributivo para el personal de la Administración Nacional de Aviación Civil; la retribución mensual correspondiente a los cargos de rector, regente, y ayudante de trabajos prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios.

Este año, como todos los anteriores, fue bisagra. Habrá que acostumbrarse: los feminismos cuestionan todo y corren los límites de cómo se organiza la sociedad. 2018 será, para la militancia feminista, un año bisagra. Además del debate por la legalización del aborto, la masividad y transversalidad de las demandas del movimiento político más activo de la actualidad -y con una larga trayectoria en la construcción de alianzas y estrategias- se hizo visible para la política tradicional. A modo de balance, recopilamos algunos números de lo que quedó en el debate público la marea feminista este año y que será el piso desde el cual se parte el año próximo. -Debate por aborto: seis meses en el debate público, 770 especialistas y 38 senadores percha por el “no” El punto de partida del año fue el 19 de febrero. Ese día, un masivo pañuelazo frente al Congreso llamó la atención de uno de los oficialistas con más peso en Diputados. La historia oficial cuenta que al ver esa cantidad de gente a través de una ventana, sumado a que varias diputadas habían acordado presentar un pedido de sesión especial para tratar el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito el 8 de marzo (con una inmensa movilización afuera por el segundo paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans), este ex peronista advirtió al Poder Ejecutivo que valía la pena hacer algo.  Una semana después, la administración nacional comunicaba desde la tapa de Clarín y La Nación que Mauricio Macri le daba “luz verde” al debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Eso mismo anunció el presidente en la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo de 2018. El debate comenzó formalmente en Diputados el 10 de abril y se extendió hasta el 13 de junio, cuando después de una noche en la que llegó a parecer todo perdido, la aparición de los legisladores de La Pampa permitió sumar los votos necesarios para la media sanción: 129 a favor, 125 en contra y 1 abstención. En el transcurso del debate en Diputados pasaron 690 expositores, de los cuales 344 fueron a favor y 346 en contra. A su vez, si bien los diputados y diputadas escucharon a más mujeres que a varones (64% vs. 34%), ellas se expresaron mayoritariamente a favor de la aprobación de la ley que ellos. De las casi 700 personas que hablaron, solo cuatro no fueron cisgénero. Hay muchas exposiciones para volver a escuchar, pero recomiendo mucho la de Ofelia Fernández, Luciana Peker, Dora Barrancos, Gabriela Guerreros, Darío Sztajnszrajber, Julia Mengolini, Norma Cuevas y Florencia Minici. Cuando el proyecto llegó al Senado la cuestión se puso más hostil. Por allí pasaron 143 especialistas, con una leve inclinación de las posturas a favor de la ley, aunque esto se logró en la última sesión de debate porque se quebró la tendencia de convocar mayormente a hombres que se expresaban en contra del aborto. Al igual que en Diputados, las mujeres se expresaron mayoritariamente a favor, mientras que la postura mayoritaria de los hombres fue en contra. Aquí también hubo intervenciones memorables: Aída Kemelmajer de Carlucci y Sonia Tarragona especialmente. El resultado final fue que 38 “senadores percha” le dijeron que “no” al derecho de las personas gestantes de decidir interrumpir un embarazo, con el pleno uso de su autonomía, y arrojarlas a los peligros y la injusticia de la clandestinidad. -Las cifras oficiales: 354.627 abortos por año o, lo que es lo mismo, 41 por hora Adolfo Rubinstein, el ahora ex ministro de Salud de la Nación rebajado a secretario, le puso un número exacto a la cantidad de abortos que se realizan en la Argentina año a año: 354.627 o, lo que es lo mismo, 41 por hora. Rubinstein informó que en el escenario actual el 70% de esos abortos son medicamentosos (se hacen con misorpostol) y que el 9% se realizan con métodos que ponen en riesgo la salud de las personas gestantes. En caso de legalizarse, la cantidad de abortos que se realizarían con medicamentos ascendería a 90%, lo que bajaría no solo la mortalidad materna sino también el costo que debe afrontar el estado por las eventuales complicaciones de las prácticas inseguras. Según el funcionario, el costo por aborto en el escenario actual (de penalización) es de $ 11.500 y pasaría a $ 1914 si se legalizara, lo que significaría un ahorro del 84%. «Esta diferencia tiene que ver con la reducción dramática de la tasa de complicaciones en el caso de que el aborto se realice en un entorno legal, sobre todo porque el aborto sería medicamentoso y gratuito, ya que la medicación sería provista por el Estado», detalló Rubinstein cuando expuso en el Senado de la Nación. Además, según la Asociación de Economía de la Salud, el Estado ahorraría 500 millones de pesos extra si hubiera producción pública de misoprostol o mifepristona. -Fortalecimiento de la red de profesionales por el derecho a decidir Uno de los saldos de haber sacado al aborto del closet fue el fortalecimiento de la red de profesionales de la salud que garantizan el cumplimiento de la legislación vigente desde 1921 en la Argentina. Actualmente hay más de 1000 profesionales del sistema de salud en todo el país que buscan asistir a las personas que deben interrumpir un embarazo garantizando el cumplimiento del fallo FAL de la Corte Suprema. La información de dónde encontrarles está en su web: http://www.redsaluddecidir.org/donde-encontrarnos-recursero/ -Segundo paro internacional de mujeres, travestis, lesbianas y trans El 8 de marzo, en línea con el día internacional de la mujer trabajadora, los feminismos argentinos consolidaron su alianza con las feministas de todo el mundo y convocaron al segundo paro internacional, que se hizo en más de 40 países con diferentes actividades. En Argentina, se trató del tercer paro de mujeres convocado por los feminismos: el primero había sido el 19 de octubre de 2016 a raíz del crimen de Lucía Pérez y el segundo fue el 8 de marzo de

El hecho ocurrió en un camping, donde la menor festejaba Año Nuevo con su familia. Cinco hombres fueron detenidos este martes acusados de haber violado a una adolescente de 14 años en el sector de carpas de un camping de Miramar. Los acusados, de entre 21 y 23 años, fueron detenidos luego de que la chica radicara junto a su madre una denuncia en la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia de la localidad balnearia, ubicada al sur de Mar del Plata. Lucas Pitman (21), Emanuel Díaz (23), Tomás Jaime (23), Roberto Costa (21) y Juan Cruz Villalba (23) fueron imputados por el delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado». Según la denuncia, la menor fue abusada en el sector de carpas del camping El Durazno, ubicado en el acceso a Miramar, donde pasaba fin de año en un bungalow junto a su familia Según la reconstrucción que realizaron los investigadores sobre el hecho, todo ocurrió en la madrugada del 1 de enero, en pleno festejos de Año Nuevo. La víctima fue con sus padres a recibir el nuevo año un día antes y se hospedó en uno de los bungalows, en tanto que los cinco jóvenes marplatenses acamparon en una zona arbolada del predio. Tras el brindis y luego de un tiempo, la madre se percato de la ausencia de su hija, por lo que salió a buscarla por el camping y la encontró en una carpa junto a los acusados. La mujer llamó al 911. Personal policial llegó al lugar y detuvo a los acusados, mientras que la menor y su madre radicaron la denuncia. A pesar del hermetismo en la investigación, trascendió que las primeras pericias confirmaron que la menor presentaba lesiones en la zona vaginal compatibles con un abuso sexual. Los investigadores tratan de establecer cómo y cuándo fue la vinculación de la menor con los abusadores. Mientras tanto, la Justicia secuestró la camioneta y la carpa que utilizaron los detenidos Dentro de las diligencias que encomendó la fiscal, personal de la comisaría de la Mujer de Miramar y de la Policía Científica secuestró en las últimas horas la camioneta Renault Trafic color blanca en la que se movilizaron los jóvenes para llegar al predio y una carpa tipo iglú, de color azul, así como también todas las prendas de vestir de los imputados En los próximos días la menor será entrevistada en una Cámara Gesell, donde los investigadores buscarán más precisiones sobre lo sucedido.

La suba del dólar y el mayor edeudamiento llevaron el índice a esa cifra. Un año atrás, la deuda pública era el 53,41% del PBI y con el cupón PBI del 55,8 %. Por la devaluación del peso y mayor endeudamiento, la deuda pública interna y externa en pesos y en moneda extranjera, llegó al 30 de septiembre pasado a 307.656 millones de dólares, equivalente al 95,4% del PBI. En tanto, si se incluye lo que todavía se adeuda por el cupón PBI, asciende a U$S 320.955 millones y el porcentaje sube al 99,5%. Es decir, la deuda pública nacional representa un PBI entero. Estas cifras forman parte del “Informe preliminar” de Secretaria de Finanzas, a cargo de Nicolás Dujovne. Un año atrás, la deuda pública era el 53,41% del PBI y con el cupón PBI del 55,8 %. El salto se produjo luego de la la fuerte devaluación que redujo el valor en dólares del PBI y de la deuda en pesos. A fin de 2017, el PBI estaba valuado en US$ 540.000 millones y 9 meses después, Finanzas lo ubicó en US$ 322.500 millones, lo que representa una caída del 40% en dólares Según el informe, desde 2011 el porcentaje de la deuda en el PBI viene creciendo por el efecto del estancamiento económico, la toma de más deuda y el aumento del valor del dólar. Sin el cupón PBI, pasó del 38,9% en 2011 hasta el 52,6% en 2015, al 53,3% en 2016, 57,1% en 2017 y ahora en el tercer trimestre de 2018 al 95,4%. Fuente: http://www.infonews.com/

El Gobierno insistirá con la reforma laboral pese a la CGT. La decisión de avanzar en ese sentido la volvió a reafirmar ayer el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.   El Gobierno nacional insistirá el año próximo en una reforma laboral, tal como lo adelantó el presidente Mauricio Macri durante la cumbre del G20 y se comprometió en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del crédito stand buy en vigencia. La decisión de avanzar en ese sentido la volvió a reafirmar ayer a través del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a pesar de la advertencia en contrario que hicieron esta semana los cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña. También a contramano de las circunstancias políticas propias de que 2019 es un año electoral, más aun después de que el Gobierno ya tuvo que recular con un proyecto de reforma laboral hace exactamente un año, cuando quedó varado en el Senado en medio de una multitudinaria protesta popular que alcanzó también a la reforma jubilatoria, finalmente sancionada. En declaraciones periodísticas, Sica sostuvo que la flexibilización laboral para darle «competitividad» a la economía «es más importante para los trabajadores que para los empresarios» y se manifestó confiado en llegar a acuerdos con la CGT y las centrales empresariales.  «Vamos a impulsar la reforma laboral. Continuaremos con el diálogo con la CGT y con los sectores empresariales para bajar los costos extra salariales que nos quitan competitividad», aseguró. Sica precisó que la reforma laboral con la que el Gobierno buscará avanzar se centra en la reducción de los costos extra salariales, pero no en el salarial (el ingreso) ni en la productividad. Sobre ese tipo de costos a bajar Sica precisó que se trata de los temas relacionados con riesgos de trabajo (se aprobó en 2017 una reforma de las ART que muchas provincias aún no ratificaron), la judicialización y la inasistencia laboral. Según el ministro, «hay que trabajar sobre multas y penalizaciones que generan costos a empresas y que no percibe el trabajador. Hay empresas pymes, que son las que más trabajo generan, que a veces están inhibidas de contratar más porque un empleado a los tres meses te hace un juicio y pone en jaque hasta la propia empresa». Sica aseguró que no estarán dentro de la reforma laboral los asuntos más sensibles, como el régimen de indemnizaciones, la modalidad de contratación y el seguro de desempleo, a partir del Repro. El miércoles pasado el cosecretario cegetista Daer había advertido que «en vez de amagar con una reforma laboral que no va a pasar en el Congreso, el Gobierno debería llamar de nuevo y reabrir esa instancia para discutir el piso del salario mínimo». Al día siguiente la CGT formalizó el pedido mediante una nota en la que pidió una «urgente» convocatoria al Consejo del Salario para actualizar el mínimo. Fuente: losandes.com.ar

Un nuevo informe de la Procuraduría sobre Crímenes contra la Humanidad arroja que, hasta el 15 de diciembre de 2018, en la Argentina hay 3.081 personas que alguna vez fueron investigadas por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar. De ese total, 675 personas llegaron a ser procesadas. En finales de 2018, son 1.384 las personas investigadas por delitos de lesa humanidad que están libres, 989 son las detenidas (641 con el beneficio del arresto domiciliario, 262 en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o provincial, 86 en la Unidad Penal de Campo de Mayo) y 35 están prófugas (673 corresponde a personas fallecidas). Esto implica que alrededor de 2.000 genocidas con causa judicial están fuera de la cárcel. Los condenados por delitos de lesa humanidad son 891. El informe sostiene que a más de 40 años de la dictadura genocida, todavía hay 251 causas en etapa de instrucción (previo a llegar a juicio). Hasta el momento, desde el año 2006 hasta ahora, el Poder Judicial condenó a 891 personas por delitos de lesa humanidad, incluyendo a uniformados y civiles. Además de los imputados todavía no juzgados, hay otros culpables que todavía no fueron identificados y siguen impunes. Corresponde señalar también que entre los beneficios solicitados, también se registra que más de 100 genocidas pidieron obtener la aplicación del 2×1 sobre los años de condena. La condena social logró frenar este beneficio, pero cada vez se profundiza más la obtención de la excarcelación al cumplir los dos tercios de la condena. A partir de la reapertura del proceso de juzgamiento a los responsables de delitos de lesa humanidad, estos son algunos de los números de los juicios. A pesar de los retrocesos de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia desde el 10 de diciembre de 2015 con el Gobierno macrista, siguen los juicios y la lucha por el Juicio y Castigo a todos los genocidas y los partícipes civiles. Fuente: http://www.laimposible.org.ar Para ver el informe completo, ingresar en Juicios en números: durante 2018 finalizaron 17 debates y aumentó la cantidad de imputados con prisión domiciliaria