La ayuda llega directamente a las organizaciones sociales en algunos casos. El ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, denunció en un programa de radio que desde la nación no están enviando módulos alimentarios, pero sí se están manejando en forma directa con las organizaciones sociales de la provincia. El funcionario dijo que debido a esto, la semana que viene viajará a Buenos Aires para plantear el tema que a todas luces no es correcto. El funcionario afirmó que hay agrupaciones que reciben ayuda de nación, “la semana que viene vamos a viajar a Buenos Aires porque no recibimos mercadería pero hay sectores que si lo recibieron. Queremos resolver este tema para poder colaborar en la provincia”.
Energía San Juan: empleados no descartan medidas directas
Sin ninguna respuesta por parte de la empresa los empleados decidieron tomar medidas si ésta no se soluciona hasta el día viernes. Los empleados de Energía San Juan decidieron esperar hasta el martes de la semana próxima una respuesta de la compañía a los reclamos que vienen planteando. En este sentido, ayer mantuvieron una reunión en la sede gremial del Sindicato de Luz y Fuerza y adoptaron la resolución de aguardar hasta el martes 13 que la empresa dispare la cláusula gatillo y dé respuestas a otros reclamos. De no mediar una respuesta satisfactoria, tomarpan medidas de acción directa. La protesta también involucra al EPRE porque entienden que hace una ño debería haber advertido la gravedad de la situación, ya que el ente regulador es el encargado de monitorear a la empresa.
NI UNA MENOS: tras 9 años de lucha de las agrupaciones, finalmente se reglamentó la Ley 26.485
Finalmente luego de nueve años de aprobada la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. la Legislatura de provincial mostró voluntad política, trató y reglamentó esta normativa que brinda una cobertura integral para casos de violencia de género y femicidios. Ahora se espera que se deje de utilizar la vieja ley provincial de violencia doméstica. Como es una normativa que abarca todos los espacios de desarrollo donde las mujeres transitan, permite denunciar situaciones de violencia fuera del ámbito familiar, ya sea en el trabajo, en la calle, en una fiesta. Pablo García Nieto fue quien pidió la palabra y dijo que el expediente 4231 que deriva del Poder Ejecutivo planteaba la reglamentación de la ley nacional de los artículos 19 al 32 y desde el 34 al 40. «La violencia de género es un tema que nos preocupa a todos. Es un flagelo que se da distintas maneras, por lo que adherimos a la una ley de orden público», dijo el diputado García Nieto. Éstos son los artículos que fueron reglamentados: PROCEDIMIENTO ARTICULO 19. — Ámbito de aplicación. Las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen procesal previsto en la presente ley. ARTICULO 20. — Características del procedimiento. El procedimiento será gratuito y sumarísimo. ARTICULO 21. — Presentación de la denuncia. La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita. Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante. ARTICULO 22. — Competencia. Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate. Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente. ARTICULO 23. — Exposición policial. En el supuesto que al concurrir a un servicio policial sólo se labrase exposición y de ella surgiere la posible existencia de violencia contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las VEINTICUATRO (24) horas. ARTICULO 24. — Personas que pueden efectuar la denuncia. Las denuncias podrán ser efectuadas: a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción alguna; b) La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales de acuerdo lo establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; c) Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla; d) En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada para hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en VEINTICUATRO (24) horas. La autoridad judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado público. e) La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de que una mujer padece violencia siempre que los hechos pudieran constituir un delito. ARTICULO 25. — Asistencia protectora. En toda instancia del proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda protectora ad honórem, siempre que la mujer que padece violencia lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y psicológica de la misma. ARTICULO 26. — Medidas preventivas urgentes. a) Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres definidas en los artículos 5º y 6º de la presente ley: a. 1. Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia; a.2. Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer; a.3. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos; a.4. Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que estuvieren en su posesión; a.5. Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; a.6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer; a.7. Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer. b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en el inciso a) del presente artículo, en los casos de la modalidad de violencia doméstica contra las mujeres, el/la juez/a podrá ordenar las siguientes medidas preventivas urgentes: b.1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente; b.2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma; b.3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor; b.4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales; b.5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas
Según la ONU: Argentina está entre los tres países de la región donde más aumentó el hambre desde 2015.
La crisis económica producto del ajuste quedó evidenciado en un informe de la ONU que nos ubica entre los pocos países donde creció el hambre desde 2015. Un alarmante informe de la Organización de las Naciones Unidas deja en evidencia las graves consecuencias de la crisis económica que atraviesa el país. Argentina está entre los únicos países del continente que aumentó el hambre desde 2015. De acuerdo con el informe sobre seguridad alimentaria y nutrición en la región, el hambre aumentó en solo tres países: Argentina, Bolivia y Venezuela. La documentación data los últimos tres años, que coinciden en nuestro país con el comienzo de Cambiemos como gobierno. Si bien Haití es el país con mayor número de personas subalimentadas de la región, con 5 millones, aun así redujo el número como también sucedió en Colombia, México y República Dominicana. Según el documento el hambre afecta a 39.3 millones de personas, el 6.1% de la población regional. Otro problema del que documenta el informe es el aumento de la obesidad. Unas 250 millones de personas tienen sobrepeso en Latinoamérica, una realidad que preocupa a los especialistas. “La obesidad se ha convertido en la mayor amenaza nutricional de América Latina y el Caribe. Casi uno de cada cuatro adultos es obeso. El sobrepeso afecta al 7.3% (3.9 millones) de los niños y niñas menores de cinco años, una cifra que supera el promedio mundial de 5.6%”, señaló el informe. Fuente: www.eldestapeweb.com
Flagrancia: fuerte comunicado de juristas tras la medida de criminalizar la protesta
Luego de conocerse la medida que quienes corten calles serán juzgados por el sistema de Flagrancia. Juristas por los Derechos Humanos e igualdad de género en San Juan, presentaron una fuerte respuesta a la medida que intenta criminalizar y estigmatizar a quienes se manifiesten. COMUNICADO DE PRENSA RECHAZO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA EN SAN JUAN Desde nuestra organización “JURISTAS POR LOS DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO”, reafirmando nuestra postura crítica respecto de la ley provincial de procedimiento de flagrancia, nos expresamos ante la denuncia realizada por diversas organizaciones sociales según las cuales el Ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Sr. Armando Sánchez, expresara ayer que hay órdenes del Sr. Gobernador de “aplicar el procedimiento de flagrancia” a todos aquellos que corten calles, realicen marchas y diversas actividades de protesta, diciendo lo siguiente: En primer lugar como juristas, profesionales del derecho y ciudadanos nos preocupa la injerencia de un Poder sobre otro. De ninguna manera el Poder Ejecutivo puede ordenar al Poder Judicial la forma de llevar adelante su labor ni las conductas que debe o no considerar delito. Tal proceder violaría groseramente el principio de división de poderes consagrado en nuestro sistema republicano. En segundo lugar, y en relación a la decisión del Ejecutivo Provincial de aplicar el procedimiento de flagrancia a las manifestaciones (tal como lo habría expresado el Ministro) sostenemos lo siguiente: el procedimiento abreviado de Flagrancia establecido por la ley provincial 1465-O rige para los delitos que tienen una pena máxima en la escala penal de 20 años de prisión o reclusión o concurso de delitos que no supere dicho monto de pena. Sin embargo, este procedimiento no se aplica a los delitos que son competencia de los juzgados correccionales, es decir aquellos que tienen penas menores a 3 años. Por lo tanto, el delito establecido en el art. 194 del Código Penal (corte de calle) cuya pena máxima no supera los dos años de prisión, ESCAPA A LA COMPETENCIA DEL JUZGADO DE FLAGRANCIA. Por ende, si el Ministro Sánchez quisiera ver hecho realidad su deseo de aplicar flagrancia a las protestas públicas, no sólo debería interferir en la esfera del Poder Judicial, sino que además debería imputar a los manifestantes otro delito suceptible de ser juzgado con el procedimiento de flagrancia, cómo por ejemplo la comisión de daño a los bienes públicos. ¿Sabe el Ministro que en manifestaciones futuras se cometerán éstos delitos y que procederá la aplicación del proceso de flagrancia? La convicción de aplicar el proceso de flagrancia a manifestaciones nos llevan a dos posibles escenarios, ambos preocupantes: la imputación de delitos que no son inherentes a la protesta, forzando la aplicación de flagrancia, o la pretendida intencionalidad de modificar la ley 1465-O e incluir el Art. 194 del Código Penal. Es importante destacar que el Derecho a la Protesta como conjugación del Derecho a Peticionar a las autoridades y el Derecho a expresarse se encuentra protegido por el Art. 14 de nuestra Constitución Nacional, y por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos (ambos tratados con Jerarquía constitucional). Tanto nuestra Constitución, como dichos Tratados, cuentan con mayor jerarquía que la orden emanada por parte de un Ministro o de un Gobernador. Vemos con suma preocupación la aplicación del proceso de flagrancia ante el ejercicio Constitucional de un derecho humano como lo es “el derecho a la protesta” y cómo lo son los innumerables derechos sociales que constituyen el reclamo de fondo en las protestas, considerando que la ley 1465 –O debiera modificarse excluyendo el proceso de flagrancia ante tal situación, tal como ocurre con la llamada “ley anti terrorista” 26.734 que en su Art. 3 incorporado al Art. 41 quinquies establece que “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.” Aprovechamos el presente comunicado para recordar que el dictado de órdenes contrarias a la constitución nacional, atribuyéndose facultades que son competencia de otro Poder del Estado podría encuadrar en el art. 248 del Código Penal. Exigimos que el gobernador de explicaciones inmediatamente, garantice la seguridad de todos los manifestantes, asegure el derecho a la protesta y no abandone las negociaciones con los movimientos populares, sindicatos y todo ciudadano en San Juan que pretenda manifestarse. Por último, instamos al Sr. Gobernador a que rectifique los dichos emitidos por el Ministro Sánchez y tome las medidas necesarias con dicho Funcionario. En un sistema constitucional y político como el nuestro, en donde la ciudadanía se expresa en épocas de comicios, quedando marginada por escasos o nulos mecanismos de participación directa (consultas e iniciativas populares, revocatoria de mandatos etc.), el “derecho a la protesta” cobra gran significación, siendo la única forma de ser visibilizados ante un sistema económico que cada día excluye a miles de familias. Por ello consideramos al derecho a la protesta como el más importante de los derechos, siendo el que permitió el nacimiento de otros también importantes. Como juristas comprometidos con los Derechos Humanos, poniendo nuestra profesión al servicio de los más humildes y desprotegidos instamos al respeto absoluto del mismo. JURISTAS POR LOS DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO Contacto: Dr. Javier Alamino (264 503-4917) Dr.Federico Sanna Baroli (264 415-8326) Dr. Reinaldo Bedini (264 661-6651).
Confirmado: el plus de fin de año será obligatorio para privados
Lo afirmó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. El bono de $5.000 sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas. Financiarán a quienes no puedan pagarlo. El ministro Dante Sica confirmó este miércoles que el pago del bono de fin de año, por 5 mil pesos, será obligatorio para el sector privado, pero no así para el público». «Ayer tuvimos una muy buena reunión entre la CGT y los sectores empresariales. El bono sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio para el sector privado. Hasta que el público no cierre sus paritarias, solo compete al sector privado. Estamos terminando de redactar el texto», puntualizó el funcionario. En ese sentido, explicó: «pusimos el límite de 5 mil pesos como no remunerativo. Para las empresas que puedan pagar más, eso ya sería remunerativo». «La idea de esta mesa de diálogo es que todos ponemos algo. Nosotros estamos resignando recaudación con el pago no remunerativo», añadió. Sica resaltó que «venimos manteniendo un diálogo fluido con todos los sindicatos. Reconstituimos la mesa de diálogo que en los últimos meses no había funcionado». «Los gremios planteaban que podría haber algún tipo de flexibilidad (para el pago del plus de fin de año). Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si puede haber algún tipo de financiación para las empresas que no lo puedan pagar», indicó a Radio Continental el ministro. Sica reconoció el «impacto de la crisis» en los salarios, pero aclaró que desde el Gobierno «estamos haciendo todo lo que podemos hacer para recuperar el crecimiento». En este marco, en la reunión de ayer también se dispuso que las empresas que pretendan despedir personal tendrán que encarar un proceso administrativo ante la Secretaría de Trabajo, como paso previo a concretar esa medida. Esta decisión se oficializará en los próximos días por medio de una resolución a publicarse en el Boletín Oficial. La intención es fijar un mecanismo que desaliente los despidos, en el marco de la recesión económica que sufre el país.
Economía: el bono de $5000 abrió una nueva crisis
La publicación del decreto podría dilatarse porque la letra chica generó cruces entre empresarios y sindicatos con el gobierno. El gobierno quiere que los empleados públicos no lo perciban y que sea obligatorio para el sector privado. La UIA pone en duda la capacidad de las Pymes. No será fácil la redacción del decreto que el gobierno aspira a publicar mañana en el Boletín Oficial y que, en general, otorgará un bono de fin de año de $5000 en dos cuotas para los trabajadores del sector privado. Luego del acuerdo de intenciones sellado el martes en el Sindicato de la Sanidad en una reunión tripartita de la que participaron dirigentes de la CGT, el gobierno en la persona de Dante Sica y Jorge Triaca y la UIA con su titular Miguel Acevedo a la cabeza, fueron muy variadas las versiones acerca del alcance y modalidad de aplicación del plus de fin de año. El decreto, en principio, se daría a conocer el jueves. El mismo Dante Sica salió a aclarar esta mañana las características y el alcance de la medida con la que esperan que la CGT por la tarde resuelva formalmente dejar sin efecto el quinto paro nacional que habían anunciado sin fecha. Ante las versiones cruzadas, el mismo Ministro de Producción y Trabajo, en declaraciones a radio Continental reconoció que el bono no alcanzará a los empleados públicos que negociarán una actualización propia, que también podría incluir un bono, a partir de la reapertura de sus negociaciones paritarias. Con todo, aseguró que el bono sería de cumplimiento obligatorio para las patronales privadas y que, para el caso de aquellas que manifestaran no contar con los recursos para afrontarlo, el gobierno gestionará líneas de financiamiento especiales que podrían canalizarse a través de la banca pública. Por otro lado, en sus declaraciones, eximió el otorgamiento del bono a aquellos sectores que haciendo uso de las cláusulas de revisión hayan superado el umbral del 40%. Del mismo modo aclaró que aquellos sectores que ya hubieran acordado actualizaciones con cuotas pautadas a futuro podrán hacer uso del bono como un adelanto a cuenta de esos pagos. Las aclaraciones de Sica, lejos de traer tranquilidad generaron una batería de cruces entre los sectores involucrados que, incluso, podrían poner en riesgo la publicación del decreto para el día de mañana e incluso el propio acuerdo. Desde la UIA, uno de sus vicepresidentes, Daniel Funes de Rioja, aseguró que el 60% de las empresas no podrán hacer frente al pago y bregó por una flexibilidad del acuerdo para que, eventualmente, se puedan disponer en “tres o cuatro cuotas”. El dirigente de COPAL se quejó por las altas tasas de interés que deberían afrontar las empresas que se vean obligadas a pedir un crédito y pidió “financiamiento blando”. De ese modo se trataría de una suerte de subsidio estatal para el sector privado. La CAME, por su parte, adelantó que “no todas las empresas pueden afrontar un bono de $5000” y propuso “seguir dialogando con el gremio para analizar si se aumentan los planes de pago en más cuotas segmentando el tipo de empresa, que sea no remunerativo y como adelanto de futuras paritarias.» En el otro extremo a los referentes de la CGT tampoco le gustaron las declaraciones de Sica e incluso volvieron a amenazar con desempolvar la posibilidad de una medida de fuerza. En particular no están de acuerdo con la exclusión de los trabajadores que ya hubieran reabierto sus paritarias ni con la posibilidad de que el bono sea contemplado como un adelanto a cuenta de las cuotas futuras ya acordadas. En la Alimentación, por caso, ya entró en una impasse una reunión pautada para los primeros días de diciembre con el propósito de revisar el acuerdo sellado. Desde el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) integrado por el sindicato Camionero, el Smata y los sindicatos de la Corriente Federal repudiaron el bono por insuficiente e incluso consideran la posibilidad de tomar una medida de fuerza coordinada con las CTA.
Víctima de un Estado ausente, murió la nena de 13 años que fue sometida a una cesárea de urgencia
Perteneciente a la comunidad qom, llegó a un hospital chaqueño con un embarazo de 29 semanas que agravó su cuadro de desnutrición. La reacción ultraconservadora contra la Educación Sexual Integral se cobró otra víctima, que en realidad fue víctima del Estado, que no protegió sus derechos sexuales y reproductivos ni garantizó su acceso a la salud y a una alimentación adecuada. El último parte médico dio cuenta del fallecimiento de la niña chaqueña de 13 años, perteneciente a una comunidad qom, que había sido sometida a una césarea de urgencia en el Hospital Julio C. Perrando, de Resistencia. Así lo confirmó a la prensa Liliana Ensisa, cordinadora del Programa de Salud Integral en la Adolescencia de la provincia de Chaco. La niña estaba desde ayer en estado crítico, con una falla multiorgánica, originada en una infección respiratoria grave, sumada al estado de gestación en el que llegó al hospital (cursaba la semana 29), que profundizó el cuadro de desnutrición crónica que padecía. Según fuentes del hospital, la adolescente no estaba escolarizada y convivía desde hacía dos años con un joven de 19. La niña había sido trasladada a la capital provincial el viernes 2, desde el Hospital del Bicentenario “General Güemes”, de Juan José Castelli, y estaba acompañada por su padre y una tía, menor de edad. El bebé que nació, prematuro extremo, pesaba menos de un kilo y murió a las pocas horas. Ensisa, médica pediatra, había asistido en junio a plenario de comisiones de Diputados que comenzaba a debatir el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, al cabo rechazado por el voto de los 38 senadores “percha”. Aquella exposición de Ensisa permitía entrever la realidad de la educación sexual integral en su provincia, con altas tasas de fecundidad en niñas de 10 a 14 años, y más grave aún en comunidades fuertemente vulneradas en sus derechos como los pueblos originarios. En Chaco, el porcentaje de embarazos adolescentes es del 23,6% del total. Y un 56,6% de ellos son no intencionales. Cada año se producen sólo en esa provincia 1881 egresos hospitalarios por abortos realizados en situación de clandestinidad. Un comunicado de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, difundido antes de que se conociera la muerte de la niña, expresó su “repudio, preocupación y alarma” ante el caso, y responsabilizó al Estado. “Cuando exigimos ¡que sea ley! es que queremos terminar con la naturalización de estas historias, en la que una niña es violentada, forzada y torturada socialmente a continuar una gestación y a parir por el sistema médico hegemónico, lo que significa poner en riesgo su salud y su vida, y por el otro lado someterla a la tutela de un Estado que le arrebata todo principio de autonomía sobre su cuerpo”.
En los últimos 12 meses de gestión Macri, los sueldos en blanco perdieron más de 15 puntos contra la inflación
A pesar de que la CGT aceptó el aún impreciso bono de hasta 5 mil pesos en negro que impuso el Gobierno, se conoció que mientras que entre septiembre de 2017 y el mismo mes de este año los precios se dispararon un 40,5 por ciento, en el mismo período los salarios de los empleados formales sólo subieron un 25.4 por ciento. A pesar de que la CGT aceptó el aún impreciso bono de hasta $5 mil en negro que impuso el Gobierno como «paliativo» para no lanzar un paro nacional, se conoció que sólo en los últimos 12 meses de la administración de Mauricio Macri los salarios de los trabajadores en blanco perdieron 15,1 puntos contra la inflación oficial. Es que la Secretaria de Trabajo que conduce Jorge Triaca, inestable en su cargo, informó que entre septiembre de 2017 y el mismo mes de este año los sueldos formales aumentaron un 25,4 por ciento, mientras que en ese mismo período la inflación del INDEC escaló un 40,5 por ciento. Los datos fueron publicados por el periodista Ismael Bermúdez en Clarín, según quien, en consecuencia, se desprende que el poder de compra de los salarios formales se contrajo un 10,7 por ciento. La información sobre los sueldos en blanco surge de la “Remuneración Imponible promedio de los trabajadores estables» (RIPTE), que elabora Trabajo y que toma en cuenta las remuneraciones imponibles con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y el total de trabajadores dependientes que figuran en las declaraciones de las empresas. Según estos índices, mientras que en septiembre de 2017 el sueldo promedio bruto era de $25.136,35, para el mismo mes de este año (antes de los descuentos de jubilación y Salud) escaló a $31.523. No obstante, la derrota de lo que subieron las remuneraciones en blanco frente al incremento de los precios desde que gobierna Macri es estrepitosa. En los últimos dos años y 9 meses, en promedio, los salarios formales tuvieron un incremento de 99,5%, de acuerdo a los datos de Trabajo, mientras que en ese período la inflación media acumulada fue 132,8% (40,9% en 2016, 24,8% en 2017 y 32,4% entre enero y septiembre de este año). Esto quiere decir que la inflación subió 33,3 puntos más que los sueldos.
Vioelencia de Género: desde el Gobierno de San Juan dieron a conocer las preocupantes estadísticas sobre la problemática
Los datos analizados corresponden al primer semestre del año que alcanzó la cantidad de 1912 denuncias, de las cuales, el 77% corresponden a nuevos casos y el 23% a reincidentes. Sin embargo, hasta el mes de octubre, el número que se maneja es de 4276 en total. [wpvideo J8gIio6L] La directora de la Mujer, Adriana Ginestar, expresó que “es la primera vez que se ha logrado presentar de forma pública el análisis de datos de la violencia familia donde se analizan todas las formas de violencia a la mujer. Cuando analizamos los datos, la violencia en el ámbito familiar sigue siendo de origen sociocultural”, sostuvo. En cuanto a los principales tipos de violencia denunciados en San Juan, los primeros lugares la ocupan la “psicológica y la física que es la de mayor porcentaje, también la violencia económica es muy fuerte en la provincia”, dijo Ginestar. Y, en las estadísticas presentadas se expresa que, “el tipo de violencia ejercida es en un 53% psicológica y física y en un 43% solo psicológica”, según el informe. La vicedirectora de la mujer, Victoria Benítez, alertó que “la física siempre va de la mano de la psicológica”. Los departamentos en los que mayor número de mujeres se animaron a contar y expresar la situación que vivían, se encuentran Rawson, Chimbas, Capital, Rivadavia, Caucete, Pocito y Santa Lucía ya que en ellos se concentra el 83% de las denuncias. “La cantidad de casos está relacionada con el número de habitantes por departamento, el contexto sociocultural y acceso a información sobre sitios destinados a brindar ayuda a las víctimas”, sostienen los datos presentados. Las principales víctimas se encuentran entre los 18 y los 28 años de edad, mientras que, los agresores de estas, rondan los 29 a 39. Sobre el nivel académico de mujeres y agresores, se determinó que, las primeras, en un 47% tienen sus estudios secundarios completos, en un 37% nivel secundario y en un 10% terciario y universitario, es decir que, tienen mayor preparación formal que los varones. Estos últimos, tienen en un 27% el secundario completo y en un 4% el universitario o terciario. Ginestar dio a conocer también que los ingresos que mantienen las mujeres denunciantes de la provincia. “Hay un 22% de mujeres que no tienen ningún tipo de ingresos, trabaja el 29% y la cuota alimentaria solo la recibe el 0,5% de las víctimas de violencia familiar. El 72% de agresores trabaja por lo que se puede ver que, además, de violencia psicológica y física que es la mayor porcentaje, la violencia económica es muy fuerte en la provincia”. Para esto, se propuso el programa Mujeres Activas que ayudó a capacitarlas para que se conviertan en emprendedoras. Además, hubo avances en el tema de cuota alimentaria para que no deje ser percibida, principalmente, luego de denunciar la violencia sufrida por parte de los hombres. “A través del trabajo con jueces de paz, hemos ido consensuando que, cuando se dicten la prohibición de acercamiento o exclusión de hogar, fijen de forma provisoria la cuota alimentaria”, explicó la directora de la Mujer. Empoderamiento de la mujer, el arma fundamental para animarse a denunciar De la mano de los movimientos feministas se lograron una gran cantidad de derechos, aunque, también, el empoderamiento de las mujeres por el que muchas se animaron a denunciar situaciones de violencia en los hogares que durante años fueron naturalizadas. Sin embargo, la perspectiva cambió, principalmente en las más jóvenes, lo que se puede ver en la franja etaria que más denuncia. Al respecto, la vicedirectora de la Mujer, sostuvo que “hay mujeres que tienen naturalizada la violencia por eso se trata, a través de la concientización, que se visibilice que la violencia no es solamente un golpe, existe la violencia económica, la sexual, la manipulación, la violencia patrimonial, entre otras”. Posteriormente, opinó que “las mujeres estamos en un momento histórico. Ahora hay algún tipo de descrédito hacia los movimientos feministas que no está bueno porque, gracias a ellos, hemos conseguido un montón de derechos”. Además, con el feminismo se acabó la “cuestión de naturalizar, de empezar a romper modelos de opresión que existían y existen actualmente, lo que es una cuestión de empoderamiento”. “Que la mujer pueda visibilizar que si, por ejemplo, no quiere tener relaciones sexuales, no hay que tenerlas y no está la obligación porque no somos objetos de pertenencias de los varones, me parece que son mil pasos para adelante”, concluyó Benítez sobre el movimiento feminista que cada vez suman más adeptas que luchan por conquistar los mismos derechos que los hombres y, sobre todo, por los de sus cuerpos. Fuente: http://www.diariohuarpe.com
San Juan: menos derechos, a partir de hoy cortar calles ya es un delito a juzgar por Flagrancia
Desde este miércoles 7, quienes corten calles serán juzgados por el sistema de Flagrancia. El ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez notificó a los representantes de las agrupaciones sociales para evitar incidentes convocándolos al dialogo. «Los convocamos sobre todo para tener más diálogo y de 20 invitados, alrededor de 4 mostraron su desacuerdo con esta medida y con lo que charlamos. Pero cortar calles es infringir la ley, nadie los trata de delincuentes. Lo que debemos crear son consensos y no generar molestias a otras personas. Una vez cortaron la calle para pedir una silla de ruedas. ¿Por qué no hicieron el pedido de la manera correspondiente? Directamente tomaron esa medida», señaló el ministro al programa «El dedo en la llaga», de radio La Red. https://www.youtube.com/watch?v=mb_i8mAhKtQ&feature=youtu.be Luego de conocerce este grave anuncio (en un contexto de creciente crisis social y economica) que vulnera los derechos de los ciudadanos a protestar -amparados en la constitucion nacional, las organizaciones sociales, politicas y de derechos humanos no se hicieron esperar y salieron al cruce de los anuncios del gobierno provincial. Según fuentes de este portal, desde el Ministrio de Gobierno convocaron a una reunión esta tarde para tratar este tema y la no posibilidad de pasar las elecciones (PASO) para el 24 de marzo, día Nacional de la «Memoria por la Verdad y la Justicia». A continación algunos de los comunicados que se dieron a conocer a la prensa: Desde el Movimiento de Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa de San Juan queremos informar que ante el comunicado anunciando la Jornada Nacional en la provincia, el Ministro de Desarrollo Humano convocó esta tarde a una reunión de Organizaciones Sociales para expresar que a partir del día de la fecha todos los cortes de calle, marchas y diversas actividades públicas de carácter social serán penadas con la aplicación del procedimiento de flagrancia que rige en la provincia. Informó que dicha reglamentación se ejerce desde hoy al mediodia por pedido del Sr Gobernador Sergio Uñac. Cómo así también, que ante movilizaciones hacia cualquier ministerio o repartición, estás, será interpretadas como un cese de diálogo y acuerdos. Consideramos que esta medida anunciada pone en riesgo la democracia y atenta contra el libre derecho de peticionar ante las autoridades de todos los ciudadanos. En momentos difíciles tanto sociales, económico como políticos es una medida que resulta insensible a las necesidades de todo un pueblo. Y demuestra además, como veníamos diciendo, que este ajuste propuesto el gobierno nacional y avalado por las provincias que aprobaron el presupuesto, no pasa sin represión Por tal motivo consideramos posponer la jornada convocada para mañana y tratar junto a las demás organizaciones sociales y políticas de la provincia este grave atentado hacia la democracia y la libre expresión y las medidas a seguir. Vanesa Valle Desocupados Raúl Furlan Jubilados Federico Suero Coordinador Provincial CORRIENTE CLASISTA COMBATIVA En San Juan, el ajuste no pasa sin represión Siguiendo los lineamientos nacionales, el gobierno de san Juan, mediante el ministro de desarrollo humano comunico en el día de ayer a las organizaciones sociales que se aplicara penas con flagrancia a toda protesta en la calle. En San Juan, el gobernador Uñac, que adelanto las elecciones provinciales para especular una posible candidatura a presidente, ahora quiere tapar el sol con la mano. El creciente aumento de movilizaciones masivas en la provincia se debe a la profundización de la crisis económica, que deja a muchos trabajadores, estudiantes y mujeres sin recursos para vivir. Lo anunciado por el gobierno significara que, los estudiantes y docentes no podrán reclamar por los ajuste en las universidades, los vecinos no podrán reclamar contra los tarifazos, los trabajadores contra los despidos o suspensiones; así como otros sectores se verán limitados en plena democracia de poder protestar contra el ajuste. Aunque pretenda distanciarse del PRO adelantando elecciones, es fiel sostén de la gobernabilidad y cómplice del ajuste ya que sus legisladores votaron el presupuesto del FMI. Si se cierran programas educativos o de salud, Uñac también es responsable por aprobar el ajuste. Por lo tanto se equivoca en su respuesta. En un momento de mayor sufrimiento de la población, la respuesta es criminalización y disciplinamiento de las protestas sociales. Desde el MST- Nueva Izquierda, hacemos un llamado a la más amplia unidad de acción a todas las agrupaciones del campo popular a enfrentar juntos este nuevo avance represivo del gobierno provincial. Ante el ajuste del gobierno de Macri y la complicidad de Uñac, la movilización en las calles es la garantía para defender nuestros derechos. Mary Garrido Secretaria General MST- SAN JUAN Repudiamos enérgicamente los dichos del Ministro de Desarrollo Humano de la Provincia de San Juan, Armando Sánchez. El Ministro convocó en la tarde del día martes 5 de Noviembre a los movimientos sociales para informarles que había órdenes del Sr. Gobernador de “aplicar el procedimiento de flagrancia” a todos aquellos que corten calles y/o participen en marchas y diversas actividades de protesta. Hoy miles de argentino/as y sanjuanino/as sufren las consecuencias de un modelo económico que no les permite satisfacer sus necesidades básicas. Ante ello, el reclamo por tierra, techo y trabajo se ve cada vez más intensificado. Esta situación se da en consonancia con los intentos de prohibir la histórica Marcha del Orgullo en la ciudad de La Plata por parte del intendente PRO Julio Garro, el aumento de la política represiva de Mauricio Macri, y del ascenso de la extrema derecha en Brasil. Es inaudito que un gobierno peronista, o que al menos se jacta de serlo, amenace con prohibir la movilización en las calles ¿Acaso no conoce el Ministro Sánchez la historia del 17 de Octubre? Exigimos que el gobernador de explicaciones inmediatamente, garantice la seguridad de todos los manifestantes, asegure el derecho a la protesta y no abandone las negociaciones con los movimientos populares, sindicatos y todos los espacios que estamos sufriendo el ajuste del gobierno nacional avalado por nuestro gobernador. En segundo término, más allá de nuestras
