En la jornada del miércoles 29 de marzo de 2023, una mayoría de legisladores que integran la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales elevó a votación de la Cámara de Diputados de Mendoza una declaración que afirma que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”. En consecuencia, el texto también llamó a desconocer los relevamientos  territoriales de tres comunidades mapuches de Malargüe y San Rafael, efectuados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el marco de la ley nacional 26160 (dictada en 2006 y prorrogada en sucesivas ocasiones). Lo que ocurrió en el recinto legislativo es corolario de una escalada de declaraciones y denuncias esgrimidas por funcionarios mendocinos y medios de comunicación desde que se conocieron, públicamente, los resultados arrojados por dichos relevamientos. Tras la aprobación de la declaración por la Cámara de Diputados, más de mil autoridades académico-científicas de todo el país, así como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el mismo INAI, manifestaron su preocupación frente a lo infundado de la medida y el avasallamiento de derechos que acarrea. Como antropóloga social que ha realizado investigación etnográfica y trabajo colaborativo con grupos mapuches y mapuche-pehuenches del sur de Mendoza durante los últimos 10 años, me urge detenerme en, por lo menos, dos dimensiones de esta grave declaración 1.LA ETERNA SOSPECHA SOBRE LA PREEXISTENCIA MAPUCHE Es indispensable repetir que, en el caso de los grupos originarios que fueron sometidos militarmente recién en la década de 1870, cuando hablamos de preexistencia étnica y cultural, según la Constitución nacional (art. 75, inc. 17) y el Convenio 169 de la OIT (art. 1), se trata de preexistencia al momento de imposición de soberanía del Estado nacional/provincial sobre territorios indígenas conquistados. En este sentido, vale recordar que el pueblo mapuche habitó a ambos lados de la Cordillera de los Andes mucho antes del trazado de la frontera internacional entre Argentina y Chile como países independientes. Incluso, más allá de la indiscutida presencia mapuche en Mendoza previo a la avanzada militar nacional a fines del siglo XIX, el registro arqueológico, la documentación histórica y la memoria colectiva dan cuenta de la existencia de amplias redes indígenas (intercambios, matrimonios, rivalidades, migraciones, reuniones políticas) desde tiempos prehispánicos. Esto significa que “araucanos”, “pehuenches”, “puelches” ejercían territorialidad en ambas vertientes andinas; proceso histórico que permite explicar dos situaciones contemporáneas: Primero, ningún especialista niega que, ya en el siglo XVII, el mapudungun (idioma mapuche) y numerosas prácticas culturales eran compartidos a lo largo de una extensa área transandina que incluye el sur mendocino.  Segundo, varias de las comunidades que viven en el sur mendocino afirman su identificación como mapuche-pehuenche en virtud de historias y memorias familiares que recuperan la experiencia histórica de linajes interconectados y trayectorias comunes. Entonces, la estéril discusión en términos nacionalistas sobre las identidades indígenas del presente sólo demora el diálogo bienintencionado sobre las políticas y problemáticas territoriales que urge abordar. Por otro lado, es preciso decir que no es injerencia (tampoco posibilidad) de funcionarias/os ni de investigadoras/es diagnosticar quién es qué cosa, ya que ninguna identidad funciona como un repertorio de rasgos susceptibles de ser chequeados por certificación externa. Tampoco debería admitirse que se propaguen frases como “pseudo mapuches” o “mapuches autopercibidos” en un claro intento de caricaturizar el derecho de autoadscripción. En este debate, y para quienes estén realmente interesados en la interpretación histórica, la tarea es reconstruir, en diálogo con las propias comunidades, las condiciones que propician que, hacia fines del siglo XIX, se generalice el uso de la identificación “mapuche” como resultante de relaciones de dominación y sometimiento que moldean las percepciones de fronteras identitarias (en términos de un nosotros indígena abarcativo frente a las sociedades nacional/provincial). Si en algún sentido es real, como desliza un sector de estudiosos mendocinos, que el “tema mapuche” es un asunto “más politizado que académico” tiene que ver, precisamente, con que la clasificación de “indios chilenos” y su reproducción al infinito como “extranjeros” se origina en el relato político-ideológico que las elites gobernantes e intelectuales del siglo XIX impusieron para justificar, en nombre de la patria y la soberanía argentinas, la avanzada militar y el exterminio físico sobre territorios y grupos hasta el momento autónomos.  El respaldo mayoritario de la Cámara de Diputados a la afirmación “los mapuches no son un pueblo originario argentino” pone en acto, dramáticamente, contradicciones ya identificadas al analizar procesos de reemergencia, territorialización y memorias indígenas en el sur provincial. En Mendoza, existen dos enunciados paradójicamente ligados. Por un lado, que los mapuches fueron advenedizos que reemplazaron a las poblaciones nativas “autóctonas” (puelches y pehuenches); por tal razón, hay quienes sostienen que atender sus reclamos es moralmente inadmisible. Por otro lado, el mismo imaginario atribuye validez a los colectivos mapuches de las provincias patagónicas y de Chile por su visibilidad continuada, aunque siempre combatida, durante el siglo XX. Parece desprenderse, entonces, que el criterio mendocino de argentinidad/extranjería de “lo mapuche” está más regido por deseos de expulsión de estos sujetos fuera de su composición geográfico-social que por inexistencias fácticas del pasado y del presente. ¿Qué otra cosa sino denotan expresiones del tenor “un problema que no queremos los mendocinos” o “lo que no queremos los mendocinos es que nos inventen problemas”, oídas en la Legislatura el pasado 29 de marzo?  2.LOS PODERES PÚBLICOS COMO GUARDIANES DE LA PROPIEDAD PRIVADA Luego de conocerse los últimos reconocimientos territoriales, en el marco de la ley 26.160, el gobernador de Mendoza y el intendente de Malargüe alarmaron a la ciudadanía afirmando que las posesiones relevadas pondrían en peligro los intereses petroleros del área en cuestión. Además, el mismo intendente y las cámaras comerciales y turísticas locales se expresaron, fervientemente, contra cualquier medida que atropelle el “derecho de propiedad privada”. Como si se hablara del núcleo inviolable de un proyecto civilizatorio que prometieron los “célebres pioneros” del sur mendocino: “no podemos aceptar un avasallamiento sobre la propiedad privada. La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael brega por