Javier Milei avanza en la letra chica del capítulo más polémico de la Ley Bases. Qué dirá sobre la adhesión de las provincias y la posibilidad de demandar al Estado. El Gobierno avanzará, en los próximos días, en la reglamentación de uno de los capítulos fundamentales de la Ley Bases: el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), con definiciones sobre la suscripción de las provincias y el marco en el que las empresas adherentes pueden demandar al Estado. Javier Milei ya avanzó en la reglamentación de una primera parte de la Ley Bases el último lunes, al definir la letra chica de los capítulos referidos a las privatizaciones y a la reforma del empleo público, con la que flexibilizó el despido de los trabajadores en planta permanente. Ahora le toca el turno al que es, quizás, el elemento central de la ley sancionada a fines de junio pasado. Con el RIGI, el Gobierno apuesta a generar el marco jurídico que asegure la llegada de inversiones que impulsen la economía en el contexto de la actual crisis. Finalmente, el RIGI aprobado por el Congreso involucra a inversiones mayores a los 200 millones de dólares para únicamente nueve sectores (industria forestal, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, petróleo y gas y siderúrgica), por lo que beneficiará mayoritariamente a empresas extranjeras. Además, limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos, aunque en un incremento con el correr de los años. También establece que por lo menos un 20% de los proveedores de los proyectos adheridos al RIGI deben ser pymes nacionales. Aunque la autoridad de aplicación del RIGI será el Ministerio de Economía, la reglamentación de la ley está siendo elaborada directamente por Presidencia de la Nación, específicamente por la Secretaría de Legal y Técnica. Tampoco interviene el Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger. Se espera que la reglamentación sea oficializada a fines de esta semana entrante, según informó la semana pasada el vocero presidencial, Manuel Adorni, y confirmaron fuentes oficiales a este portal. La demanda de las empresas al Estado Precisamente, uno de los puntos clave de la reglamentación del Régimen de Incentivo para las Grandes inversiones será afianzar la seguridad jurídica de las empresas que adhieran. El objetivo es evitar que los posibles vaivenes políticos futuros desalienten a las empresas a adherir al régimen en primer lugar. Para bloquear esta posibilidad, la letra chica del régimen permitirá que las empresas demanden al Estado en caso de un «cambio en las reglas del juego», según pudo saber El Destape de fuentes oficiales. Es decir, si este u otro Gobierno resuelve a futuro aumentar o crear, por ejemplo, un impuesto vinculado a la explotación minera, de forma tal que perjudique a las grandes inversiones hechas en el rubro, y este perjuicio pueda ser cuantificado, esas empresas quedarán automáticamente habilitadas a iniciar un juicio contra el Estado nacional (o provincial, si fuera el caso). Del mismo modo, las fuentes también confirmaron a este portal que la reglamentación habilitará a que estas demandas se realicen en más de un tribunal a la vez (por ejemplo, el CIADI), lo que aumenta las chances de fallo favorable. Hasta ahora, se contemplaba la posibilidad de iniciar la causa en solo un tribunal a la vez. El otro punto fundamental de la reglamentación del RIGI, agregaron las fuentes, es que permitirá que la adhesión de las provincias sea voluntaria y no obligatoria. Se trata, en verdad, de un condicionamiento del Gobierno hacia los gobernadores. En vez de forzarlos a aceptar un régimen polémico y criticado por extranjerizar los recursos naturales, serán los mandatarios provinciales los que deberán pagar parte del costo político tanto en caso de haberse suscrito, si el régimen sale mal, como de no haberse sucrito pese a las chances de creación local de empleo que otorga. El caso testigo es el de Río Negro y Buenos Aires. La provincia patagónica gobernada por Alberto Weretilneck fue la primera en adherir al RIGI, con el objetivo de garantizarse la inversión de la planta de GNL que permita exportar el gas de Vaca Muerta. En cambio, Axel Kicillof resolvió no suscribirse al régimen, ya sea justificadamente o no, y crear en paralelo una suerte de RIGI propio. Esto, argumentó el Gobierno, justifica la decisión de YPF y Petronas, ya sea técnica o política, de aprobar que la planta de GNL se construya en la pequeña localidad rionegrina de Punta Colorada y no en el puerto de Bahía Blanca, como se preveía. Por ahora, las provincias que adhirieron o anticiparon que adherirán al RIGI son báiscamente de Juntos por el Cambio (Jujuy, Mendoza, San Juan, Chubut, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y San Luis) o dialoguistas, ya sea del peronismo (Catamarca, Salta, Córdoba) o de partidos locales (Misiones, Neuquén). Fuente: https://www.eldestapeweb.com/

El ex presidente Alberto Fernández manifestó su intención de quitarse la vida, informaron dos fuentes cercanas del ex jefe de Estado al periodista Roberto Navarro. La ex primera dama Fabiola Yáñez denunció al exmandatario por violencia de género en el marco de una audiencia que indaga la intervención de presuntos intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado.  Según advirtió Yáñez en la acusación realizada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a través de la plataforma de Zoom, se encuentra viviendo una situación de «terrorismo psicológico» y «acoso telefónico». Seguido de ello, manifestó su deseo de instar la acción penal a pesar de que previamente lo había rechazado debido a amedrentamientos y solicitó que se dispongan medidas de protección que incluyan la prohibición de acercamiento. Asimismo, reclamó a la justicia un cambio de custodia ya que tenía asignada una «persona de confianza» del expresidente. El juez Julián Ercolini se refirió a un «contacto amenazante» que configura, por ende, «un escenario de riesgo» para la ex primera dama. El magistrado ordenó urgentes medidas de “restricción y protección”.  Al solicitarlas, remarcó que «existe mérito suficiente para proceder al dictado de medidas cautelares urgentes que resguarden a la persona víctima de sucesos delictivos en contexto de violencia de género».  Si bien no se trata de un delito del fuero federal, Ercolini intervino en el marco de la Ley  26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que dispone que -más allá de su competencia- el juez interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente. La causa, sin embargo, está caratulada como “N.N. s/ averiguación de delito”. En diálogo con el canal La Nación Más, el abogado de Yáñez, Juan Pablo Fioribello, afirmó: «Ella me dijo que había recibido golpes físicos de parte del ex presidente, que no iba a aguantar más, que había estado muy angustiada con todo esto y que se contactó con el juzgado para denunciarlo penalmente». «Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Sólo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa«, afirmó Fernández en un breve comunicado publicado en redes sociales. El ex mandatario expresó: «Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió». Las medidas dictadas por Ercolini Según la resolución judicial a la que tuvo acceso El Destape, Ercolini determinó: Ercolini, además, requirió la “promesa” de Alberto Fernández de someterse al procedimiento y de “no obstaculizar la investigación conforme lo previsto”. Fuente: https://www.eldestapeweb.com

La justicia falló en su contra por su desempeño en la Secretaría de Comercio respecto del INDEC. Por seis años no podrá postularse como candidato. El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno fue condenado a tres años de prisión e inhabilitado a ejercer cargos públicos por seis. El fallo del Tribunal Oral Federal 2 de la Capital Federal lo halló culpable de manipular los datos estadísticos del INDEC durante su paso por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por su parte, el referente nacionalista aseguró en un fragmento publicado en sus redes sociales de la entrevista que le realizaron desde una radio de San Juan que «la condena es por abuso de autoridad» y que la manipulación de estadísticas no es parte de las acusaciones probadas en su contra. «Es un fallo muy importante: el tribunal llega a la conclusión de que las estadísticas públicas son estadísticas públicas (sic). Y se terminó el debate», afirmó. Moreno estaba imputado por los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica. En su alegato final, en el que exigió 4 años de prisión y 10 de inhabilitación para el ex funcionario, el fiscal Diego Luciani pidió investigar a la ex ministra de Economía Felisa Miceli. Los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini también sentenciaron a la misma pena a Beatriz Paglieri, exdirectora del IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC en la misma época en que el referente del partido Principios y Valores tuvo a cargo el área. Moreno fue secretario de comunicaciones entre 2003 y 2006, y de Comercio Interior desde el 2006 hasta 2013. Es su tercera condena penal, las otras dos están en revisión. Fuente: https://www.tiempoar.com.ar

Cinco diputados de La Libertad Avanza (LLA) se retrataron sonrientes junto a quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron durante la última dictadura. La visita tuvo lugar el 11 de julio pasado en la Unidad 31 de Ezeiza. La foto, que se conoció en las últimas horas, da cuenta de la mancomunión entre legisladores oficialistas y genocidas de la última dictadura. Página/12 reconstruye sus trayectorias a partir de una imagen en la que la agrupación H.I.J.O.S identificó a los perpetradores que posaron en la foto con los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Alida Ferreyra Ugalde. Alfredo Astiz: Exmarino. Actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Es responsable, entre otros crímenes, de haberse infiltrado en el incipiente movimiento de derechos humanos. Se hizo pasar por hermano de un desaparecido, señaló a las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y a otros siete militantes que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz, quienes fueron secuestrados, torturados y arrojados vivos al mar. Secuestró e hirió a la adolescente Dagmar Hagelin. Se jactaba por su “tackle”. Hijo de un marino, la Armada hizo desaparecer su legajo. Condenado a perpetua. Mario Marcote: Exintegrante del Servicio de Informaciones de la policía de Santa Fe. Le decían el “Cura” porque andaba con un crucifijo y daba la bendición en forma de piña. Sobrevivientes recordaron que violó a una niña de 16 años en uno de los juicios que se le siguió. Tiene tres condenas en su haber. Juan Carlos Vázquez Sarmiento: Integró la Fuerza Aérea Argentina. Actuó en la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA). Fue condenado por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro. Secuestró a Manuel Pérez Rojo, Patricia Roisinblit –estando embarazada– y a la hijita de ambos, Mariana Pérez. Espera juicio por los crímenes en la RIBA. Miguel Britos: Reportaba en la Superintendencia de Seguridad Federal, conocida como Coordinación Federal. En la madrugada del 17 de febrero de 1977 participó de un operativo en la calle Pergamino 397: allí estaban Adriana Claudia Marandet y Eduardo Edelmiro Ruival. A él lo asesinaron a sangre fría. A ella la llevaron al Atlético y desde entonces está desaparecida. Condenado a prisión perpetua. Carlos Suárez Mason: Es el hijo homónimo del comandante del Primer Cuerpo de Ejército. Integró la Marina y actuó en la ESMA. Al “hijo de Sam” lo detuvieron en noviembre de 2006, y en 2017 el Tribunal Oral Federal 5 lo condenó a prisión perpetua Antonio Pernías: Integró la Marina. Estuvo destinado en la ESMA entre 1975 y 1979. Era oficial de inteligencia y operaciones. En marzo de 1978, “Trueno” o “Rata” estuvo a cargo de la Pecera, donde los secuestrados eran forzados a hacer trabajo esclavo. Estuvo destinado al Centro Piloto París, la embajada paralela de la Armada. Condenado a prisión perpetua. Adolfo Donda: Integró la Armada. Actuó en la ESMA, donde llegó a ser el jefe de inteligencia del grupo de tareas. Tiene dos condenas a prisión perpetua en su haber y una sentencia a quince años de prisión por haber sido parte de la apropiación de su sobrina, Victoria Donda Pérez, nacida en el campo de concentración de Avenida del Libertador. Gerardo Arráez: Integró la Policía Federal Argentina. Estuvo en el Departamento Sumarios de la Superintendencia de Seguridad Federal. Actuó en los centros clandestinos conocidos como Banco y Olimpo. Condenado a 25 años de prisión. Victoria Villarruel lo visitó en prisión, según publicó El Destape. Manuel Cordero Piacentini: Militar uruguayo. Integró el Servicio de Información de Defensa (SID) de Montevideo. Actuó junto a la banda de Aníbal Gordon y fue uno de los eslabones del Plan Cóndor. Le decían “Manolo”. Condenado a 25 años de prisión. Julio César Argüello: Integrante de la policía bonaerense. Prestó funciones en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Condenado a prisión perpetua. Marcelo Cinto Courtaux: Fue parte de la estructura de inteligencia del ejército. Fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. Huyó largos años de la justicia. Lo encontraron en 2017 en un locutorio en Santa Fe y Pueyrredón. Cuando los efectivos policiales revisaron qué llevaba en sus bolsillos, tuvieron una sorpresa poco grata: tenía un recorte periodístico sobre el abogado Pablo Llonto con una foto y estaba resaltado que daba clases en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Condenado a prisión perpetua. Su hijo homónimo era asesor de Victoria Villarruel en la Cámara de Diputados. Raúl Guglielminetti: Integró el Batallón de Inteligencia 601. Se lo conocía como Ronco o Rogelio Guastavino. Actuó en Automotores Orletti, Campo de Mayo y Neuquén. Fue custodio de Reynaldo Benito Bignone y Raúl Alfonsín. Condenado a prisión perpetua. Honorio Carlos Martínez Ruiz: Prestó funciones en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) desde 1970. En 1975, renunció para irse a trabajar a una inmobiliaria. En octubre de ese año pidió su reincorporación. Actuó como personal inorgánico en Automotores Orletti y la base Bacacay. Le decían “Pájaro” o “Pajarovich” y fue parte de la banda de Aníbal Gordon. En democracia, fue detenido por el robo al Banco Nación –ubicado frente a la sede central de la SIDE.  Fuente: https://www.pagina12.com.ar

Un crimen y un mensaje mafioso a tono con el discurso negacionista Susana Beatriz Montoya, esposa de un militante del ERP desaparecido durante la última dictadura, fue hallada sin vida este sábado. “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”, escribieron en una de las paredes de su casa los supuestos autores. Su hijo, Fernando Albareda, había recibido amenazas con simbología nazi en diciembre, luego del triunfo de Javier Milei. Cautela y alarma en las organizaciones de Derechos Humanos.  Por Nicolás Fassi Desde Córdoba Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de Córdoba expresaron su más profunda preocupación luego del asesinato, ocurrido el sábado, de Susana Beatriz Montoya, esposa del subcomisario y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Ricardo Fermín Albareda, torturado y desaparecido durante la Dictadura Cívico Militar iniciada en nuestro país en 1976. El hecho también conmocionó a las más altas esferas de la política y la justicia de Córdoba por tratarse de la madre del militante de HIJOS Córdoba, Fernando Albareda. En diciembre del año pasado, con el cambio de gobierno, la llegada al poder de Javier Milei y el discurso procesista de la vicepresidenta, Albareda hijo fue víctima de amenazas y amedrentamiento en su vivienda con la aparición de carteles con simbología nazi. De acuerdo a la información trascendida, en medio de un total hermetismo en la causa, todo apunta a que no se trataría de un mero episodio de robo sino todo lo contrario, ya que en una de las paredes de la vivienda dejaron una inscripción intimidante. “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”. Según fuentes de la investigación, la frase estaba escrita en rojo, en principio con lápiz labial. Sin embargo, desde los distintos sectores involucrados prefirieron la cautela a la espera de la autopsia y de las primeras conclusiones respecto del móvil del episodio. “No se descarta nada”, es la escueta frase que obtura cualquier especulación. En principio, la puerta de la vivienda de la víctima no habría estado forzada. La causa recayó en la Fiscalía del Distrito 4, Turno 3, a cargo de Juan Pablo Klinger. Montoya, de 76 años, residía en un barrio de la zona norte de la Capital y no contaba con consigna policial. Su cuerpo fue hallado en horas de la tarde en el patio del inmueble con un fuerte golpe en la cabeza. Fue el propio Fernando quien dio aviso a la policía al llegar y encontrarse con el cuadro luego de que su madre no respondiera a sus continuos llamados. Desde la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos de Córdoba se guarda especial cautela sobre el caso ante el estupor y el respeto a la familia tras el asesinato de Montoya. Tras una jornada en la que se buscó acompañar a Albareda, se espera que en la próximas horas haya un pronunciamiento oficial. No obstante, las amenazas y las particularidades del episodio encendieron las alarmas, denotando la extrema preocupación por el crimen. La misma tesitura se guarda en el Panal, sede de la Casa de Gobierno de Córdoba, desde donde anticiparon que aguardarán el desarrollo de la investigación para sentar postura. Cabe recordar que en diciembre de 2023, al conocerse las amenazas a Albareda, el propio gobernador Martín Llayora fue uno de los primeros en mostrar un enérgico repudio al episodio. Quienes sí se pronunciaron fueron los diputados nacionales Gabriela Estevez y Pablo Carro, de Unión por la Patria. “Asesinaron a la madre de un hijo de desaparecidos que había recibido amenazas de muerte en diciembre del año pasado en Córdoba. Exigimos el esclarecimiento inmediato de este hecho”, indicó la parlamentaria en su cuenta de la red X. A su turno, Carro señaló que “el negacionismo y el horror de un tiempo que no puede repetirse. Tras meses de amenazas, asesinaron a Susana Montoya, esposa de Ricardo Albareda, desaparecido en la última dictadura, mamá de Fernando Albareda. Junto a su familia, exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho”. «Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente cuando verdaderamente pasan a la acción», dijeron ayer desde los organismos de DDHH de Córdoba en un comunicado conjunto.  Una historia de terror En diciembre, Albareda se encontró con carteles intimidatorios en la puerta de su casa. “Se te terminaron los amigos en la Policía.” “Te vamos a juntar con tu papito.” “Vas a morir”. Todos estaban escritos en fibra negra junto a cruces esvásticas y seis balas de calibre 22 largo. En declaraciones a distintos medios locales, Albareda dijo que recibe amenazas todos los meses, pero que hacía tiempo que no involucraban a su familia de manera directa. En aquel momento, al ser consultado por Página/12, no dudó en vincular el episodio a la llegada del negacionismo al poder. “Las amenazas que solían llegar antes siempre las recibía yo, papelitos en el auto, notas por debajo de a puerta, llamadas a mi teléfono. Incluso a las llamadas las respondía de vez en cuando con puteadas”, subrayó. Convivió con aquellas intimidaciones durante la instrucción de la causa que investigó el secuestro y la desaparición de su papá y, sobre todo, durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos ex miembros del D2. “Nos metimos en el nido de víboras de la Policía de Córdoba, el temible D2”, sostuvo en diálogo con este diario. El accionar de la patota del D2 quedó reseñada en La Sombra Azul, del periodista Mariano Saravia. Torturado por sus compañeros policías Ricardo Fermín Albareda fue secuestrado en 1979 por la temible patota policial D2, cuya sede se encontraba al frente de la Catedral de Córdoba, en pleno centro de la capital mediterránea. Al momento de ser “chupado” por sus propios compañeros de uniforme, se desempeñaba en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP. El 25 de septiembre de ese año fue llevado al centro clandestino conocido como El Embudo, Chalet de Hidráulica o la