Según el organismo, el incremento de precios es de 33 por ciento interanual. Cuál fue la categoría que más influyó y cómo era el pronóstico de las consultoras privadas. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de febrero 2026 fue de 2,9 por ciento. De esta manera, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 33 por ciento interanual. El índice de febrero es igual al de enero, cuando el INDEC también midió un aumento de precios del 2,9. A pesar de todos los parches y de no haber modificado la medición, Gobierno no logra disminuir la cifra de inflación. El pronóstico de los privados Las consultoras pronosticaban un IPC de entre 2,6% y 2,9%. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) —que recopila los análisis de las principales entidades financieras y de investigación locales e internacionales— el promedio estaba en torno al 2,7%. En general, los aumentos en Viviendas y servicios del hogar estaban a la cabeza, cerca del 6%, seguidos por Alimentos arriba del 3%. En los últimos meses, la comida comenzó a aumentar por encima del promedio general, en gran parte por las tensiones cambiarias, y eso hizo subir el número final del pronóstico. En la Ciudad de Buenos Aires el dato fue de 2,6%, lo que significó una baja respecto al 3,1% de enero. La explicación es que los estacionales bajaron 6,5% con respecto al mes anterior, con pasajes de avión (32,5%) a la cabeza. De hecho la inflación núcleo, que no incluye regulados ni estacionales, aumentó 1%. Pero en CABA los pasajes de avión tienen un peso de 1,45% en el cálculo, mientras que para el INDEC, dependiendo qué región del país sea, ese peso va de 0,02 al 0,26 del Gran Buenos Aires. Es lógico que en capital, al ser un distrito de mayor poder adquisitivo, la gente viaje más por ende se pondere más el transporte aéreo. La cuestión es que el tema de estacionales no influirá tanto en la medición nacional, por lo cual es muy probable que su IPC sea mayor que el de CABA, como viene sucediendo en los últimos meses por pocas décimas. En 2024 el número de la Ciudad estuvo unos 20 puntos arriba del nacional, pero eso se daba porque aumentaban más los servicios. Ya en 2025 se volvieron a emparejar y ahora el dato del INDEC suele estar apenas arriba, por el peso de la comida. Fuente: https://www.pagina12.com.ar/
UNICEF: más de 1.110 niños ya murieron o fueron heridos en Medio Oriente
Unicef confirmó que ya hay más de 1.100 niños muertos y heridos en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. El dato duplicó a las cifras difundidas por la Media Luna Roja hace una semana. Tras el estallido de la guerra en Medio Oriente con la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán hace 15 días, desde UNICEF confirmaron que la situación en la región se está convirtiendo en una crisis humanitaria sin precedentes: se reportaron más de 1.110 niños muertos o heridos en los últimos días, según un documento publicado por la organización esta semana. El balance actual, que amenaza con seguir creciendo de forma exponencial, indica una distribución del horror que abarca desde las principales potencias regionales hasta naciones vecinas. MÁS INFO «A diez días del inicio de la intensificación del conflicto en Medio Oriente, la situación se está volviendo catastrófica para millones de niños en toda la región. Desde el 28 de febrero, se ha informado que más de 1.100 niños han resultado heridos o muertos en la violencia», declararon en el documento. Los expertos de Unicef coinciden en que la guerra de Trump derivará en «un colapso sistémico», porque no se trata solo de las víctimas directas de los proyectiles, sino de la destrucción total de la vida cotidiana. Según los datos recolectados desde el 28 de febrero, la mayor parte de la letalidad se concentró en Irán, donde se presume que al menos 200 niños perdieron la vida. El Líbano también reporta cifras críticas con 91 menores fallecidos, mientras que en Israel se confirmaron cuatro y en Kuwait uno más. El aumentazo de muertos en Irán crece proporcionalmente igual a la cantidad de ataques entre los países beligerantes. Hace apenas una semana La Media Luna Roja iraní confirmó que habían muerto al menos 555 personas en la República Islámica. Según el organismo, en la primera semana alrededor de 131 ciudades fueron alcanzadas por los bombardeos y más de 100.000 rescatistas fueron desplegados en tareas de emergencia. Violaciones al derecho internacional Desde UNICEF fueron contundentes: la matanza y mutilación de menores, así como el ataque a servicios esenciales, «constituyen graves crímenes de guerra». El organismo pidió al Secretario General de la ONU que convoque a una asamblea para exigir «un cese inmediato de las hostilidades» y el inicio de negociaciones diplomáticas. El uso de armas explosivas en áreas densamente pobladas es uno de los puntos más críticos denunciados, ya que «afectan de manera desproporcionada a los más pequeños». La comunidad internacional observa con alarma cómo la falta de precaución en los métodos de guerra está borrando el futuro de toda una generación. «Los niños de la región, más exactamente los 200 millones que viven allí, cuentan con que el mundo actúe con rapidez», concluyó UNICEF al final del informe. Fuente: https://www.eldestapeweb.com/
ECUADOR: Frente Nacional Antiminero anuncia demanda de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Minería y convoca movilizaciones en rechazo a la expansión extractiva
Comunidades de varias provincias alertan sobre impactos ambientales, judicialización y expansión de concesiones extractivas El Frente Nacional Antiminero realizó este miércoles 11 de marzo una rueda de prensa para denunciar el avance de proyectos extractivos en Ecuador y alertar sobre los efectos de la nueva ley minera impulsada por el Gobierno. En el encuentro participaron representantes de territorios de Bolívar, Cotopaxi, Azuay, Loja, El Oro y la Amazonía. Durante la transmisión virtual, líderes comunitarios relataron conflictos sociales, afectaciones ambientales y procesos judiciales abiertos contra defensores del territorio. Las organizaciones sostienen que la normativa aprobada por la Asamblea el 26 de febrero favorece la expansión de la minería metálica en zonas productivas y áreas de recarga hídrica. Además, anunciaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de fortalecimiento minero. La acción legal será presentada el próximo 16 de marzo en Quito, con el respaldo de organizaciones como Yasunidos y Ecuarunari. Conflictos por minería en Bolívar y Las Naves Habitantes del cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, denunciaron impactos asociados al proyecto minero El Domo, que actualmente se encuentra en fase de construcción y prevé iniciar explotación en 2027. Según dirigentes locales, la actividad se desarrolla cerca de fuentes de agua utilizadas por comunidades agrícolas. Daisy Coles, residente del sector, afirmó que el proyecto se instaló sin consulta a las poblaciones cercanas. “Nuestro cantón es netamente agrícola, aquí producimos verde, naranja, cacao y limón, pero este proyecto está trabajando donde nacen las fuentes de agua”, dijo durante la rueda de prensa. El dirigente campesino Raúl Lema advirtió que cerca del 33% del territorio de la provincia de Bolívar ya está concesionado a empresas mineras. También señaló que existen tensiones sociales y militarización en la zona desde 2021. Denuncias de militarización y procesos judiciales Según organizaciones sociales, los cantones Las Naves y Echandía han estado bajo estado de excepción desde agosto de 2025. Las comunidades consideran que estas medidas han sido utilizadas para proteger operaciones extractivas y limitar las protestas. Lema aseguró que se han producido allanamientos y controles en las comunidades. “La militarización afecta el proceso de resistencia y la libre circulación de los habitantes”, afirmó. Las organizaciones también mencionaron un posible conflicto de intereses relacionado con inversiones en empresas mineras vinculadas al proyecto El Domo, aunque señalaron que estas operaciones han pasado por varias adquisiciones empresariales en los últimos años. Resistencia en Cotopaxi contra proyecto La Plata En la provincia de Cotopaxi, comunidades del subtrópico denunciaron el avance del proyecto minero La Plata en la parroquia Las Pampas. Representantes del movimiento de resistencia indicaron que varias demandas judiciales contra el proyecto fueron rechazadas recientemente. Juan Carlos Carvajal, dirigente comunitario, afirmó que las comunidades continuarán con acciones legales y movilizaciones. “No vamos a permitir que estos atropellos sigan pasando en nuestras comunidades”, dijo. Las organizaciones campesinas sostienen que las concesiones mineras afectan territorios productivos que abastecen alimentos a otras regiones del país. En Cotopaxi, varias parroquias agrícolas mantienen procesos de resistencia frente a proyectos extractivos. Preocupación en Azuay por proyectos en páramos Dirigentes de Cuenca y Girón denunciaron que el proyecto Loma Larga, ubicado en la zona de Kimsacocha, continúa generando preocupación en comunidades que defienden las fuentes de agua del páramo. Según los representantes locales, consultas populares realizadas en 2019 y 2021 prohibieron la minería metálica en estas zonas. Aun así, señalan que existen operaciones y presencia técnica en el territorio. Joaquín Martínez afirmó que la suspensión de licencias ambientales no ha implicado una salida real de las empresas. “La supuesta suspensión de la licencia ambiental es una farsa si la maquinaria y el personal técnico siguen ocupando nuestros páramos”, señaló. Denuncias de amenazas y minería ilegal En la provincia del Azuay, representantes de juntas de agua denunciaron conflictos relacionados con minería ilegal y presencia de grupos armados en territorios rurales. También reportaron disputas por adjudicación de agua en zonas productivas. Miriam Quesada, integrante de organizaciones comunitarias, señaló que los habitantes enfrentan presiones constantes. “En esta semana hemos tenido amenazas de muerte con personas armadas dentro de los territorios”, dijo durante la transmisión. Las comunidades también expresaron preocupación por proyectos mineros en provincias amazónicas y en la cordillera del Cóndor, donde existen concesiones vinculadas a empresas internacionales. Mega proyecto Cangrejos genera debate en El Oro En la provincia de El Oro, organizaciones locales cuestionaron el proyecto minero Cangrejos, considerado uno de los más grandes del país. El plan contempla la explotación a cielo abierto en los cantones Santa Rosa y Atahualpa. Wilfrido González, del Frente por la Defensa del Agua y la Vida, indicó que la zona corresponde a áreas de recarga hídrica que alimentan ríos utilizados para la agricultura. “Nos preguntamos de dónde van a sacar el agua que requiere este proyecto”, afirmó. El dirigente también advirtió que la explotación podría durar 26 años y procesar hasta 80.000 toneladas diarias de material mineralizado. Según las organizaciones, las comunidades preparan movilizaciones y acciones legales contra el proyecto. Expansión del catastro minero preocupa a organizaciones Durante la rueda de prensa también se discutió la próxima apertura total del catastro minero en Ecuador. Según los representantes, el proceso permitiría analizar alrededor de 90 solicitudes de concesiones pendientes desde 2018. Las organizaciones sostienen que actualmente cerca del 25% del territorio ecuatoriano ya está concesionado para minería metálica. También alertan que nuevas exploraciones podrían ampliar significativamente esa cifra en los próximos años. En este contexto, líderes comunitarios señalaron que más de 160 personas han enfrentado procesos judiciales relacionados con protestas o acciones de defensa territorial. Expreso
Victoria Villarruel denunció a Luis Petri por «calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión»
La vicepresidenta presentó un escrito formal en Comodoro Py luego de que el ex ministro de Defensa y actual diputado la acusara de «golpista» y la señalara como posible aspirante a la sucesión presidencial. La vicepresidenta Victoria Villarruel denunció penalmente al diputado y exministro de Defensa Luis Petri por los delitos de “calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión”. Esto es en respuesta a los dichos del ex funcionario, quien la había acusado de “golpista” y de conspirar con la oposición para que al gobierno de Javier Milei le vaya mal. La declaración de Petri tuvo lugar tras el discurso del presidente Javier Milei ante la apertura en el Congreso de inicio de las sesiones ordinarias. El exministro dijo: “Ella no ha estado a la altura de las circunstancias. Claramente, cuando el presidente hablaba de quienes desde dentro o fuera del gobierno esperaban su caída, hacía referencia a una vicepresidenta que no ha estado a la altura”. Por dichas declaraciones, Villarruel respondió primero en las redes, y lo calificó como un “cosplayer”. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldo más bajos de todas las fuerzas», había consignado Villarruel en sus redes. Ahora, hizo la denuncia penal que cayó por sorteo en el Juzgado Criminal Correccional Federal 2 a cargo de Sebastián Ramos. La decisión de Villarruel de escalar la interna con funcionarios y exfuncionarios del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) fue tomada en momentos en que la Casa Rosada redobló las críticas en su contra y ratificó que la distancia abierta con el Presidente es irreversible. Los detalles de la denuncia La vicepresidenta acusó a Petri por los supuestos delitos de “calumnias o falsa imputación, injurias, amenaza de rebelión y delitos contra el orden público”. La denuncia formal fue en respuesta a los dichos de Petri en los últimos días, cuando acusó a la titular del Senado de asociarse con la oposición para para “apostar al fracaso del Gobierno”. “Yo te conozco por golpista”, fue la acusación que el diputado le arrojó a través de las redes sociales. Es que el que había tirado la primera piedra fue el exministro, cuando durante una entrevista televisiva criticó a Villarruel por su comportamiento durante el cuestionado discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el 1 de marzo. “No me sorprende (su comportamiento) porque ha estado fuera de lugar durante dos años. Así que, que esté fuera de lugar en la sesión mientras el Presidente estuvo haciendo su discurso”, dijo el ahora diputado. Luego calificó de “preocupante” al rol de la vicepresidenta en el Senado. “Fue una muestra más de que en estos dos años no estuvo a la altura de las circunstancias”, añadió. Ante todos estos dichos, Villarruel radicó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py por los delitos de “calumnias o falsa imputación, injurias, infracción artículo 213 bis del Código Penal, otros atentados contra el orden público y amenaza de rebelión”. Dice: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Fuente: https://www.datadiario.com/
Se lanza la segunda edición de los programas Transporte inclusivo y Adaptación de baños
A través de estas políticas públicas destinadas a personas con discapacidad, se busca que puedan trasladarse de forma independiente y adaptar elementos de baño que mejoren su calidad de vida. El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Personas con Discapacidad, cuenta con dos programas de apoyo, contención y como herramientas para favorecer la autonomía e la inclusión para personas con discapacidad. Transporte inclusivo es uno, a través del cual se entrega movilidades adaptadas, manociclos o tricicletas, para que personas de 12 a 70 años puedan trasladarse. Este año se hará el segundo llamado a interesados y podrán acceder a manociclos, tricicletas y también a la entrega de un kit de seguridad, compuesto por un casco y un chaleco refractario. El otro programa es el de adaptación de baños, tanto para domicilios particulares de personas con discapacidad motora o movilidad reducida, como para instituciones que desarrollen acciones relacionadas con personas con discapacidad. En esta oportunidad, se incluyó un cupo para ONG’s en la iniciativa que, al presentar la documentación y ser aprobada, les permite acceder al material para adecuar las instalaciones con un inodoro alto para personas con discapacidad, mochila de baño para colgar de porcelana, tapa-asiento de inodoro para discapacidad, baranda rebatible, dos barrales de seguridad o pasamanos, lavamanos con ménsula, grifería para lavamanos adaptada. En el caso de domicilios particulares además del inodoro alto, la mochila para colgar, la tapa-asiento, la baranda rebatible, los dos barrales de seguridad, se incluye bidet para inodoro o bidet matic, una silla de ducha para interior de la bañera, un duchador de mano universal y 2 alfombras de ducha antideslizantes. En ambos casos reciben asesoramiento y luego se hacen verificaciones de que haya sido colocado el equipamiento con el fin propuesto. “Con estas herramientas, por un lado, se da cumplimiento a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la normativa vigente, en cuánto a promover la accesibilidad de personas con discapacidad, pero también garantizando el derecho a la igualdad y la no discriminación. Que todos los espacios tengan sanitarios adaptados responde a la necesidad de derribar barreras arquitectónicas, para que las personas con discapacidad puedan concurrir a esos lugares y desarrollar plenamente sus actividades”, resaltó la directora de Personas con Discapacidad, Paula Moreno. Durante el 2025, se entregaron 20 tricicletas y manociclos. En el transcurso del mes de marzo, ya han recibido dos de estas movilidades una persona de 15 años residente en Rawson que estudia en un Centro Educativo Terapéutico y otra persona de 13 años, de Chimbas que concurre a una escuela pública. En los próximos días, se hará entrega de dos tricicletas en Pocito y dos manociclos para personas que viven en Iglesia. A su vez, 12 personas accedieron al programa de adaptación de baños. Requisitos Para Adaptación de baños: Las personas interesadas en ser incluidas en el programa de Adaptación de baños deben presentar fotocopia de DNI, Certificado Único de Discapacidad vigente y que acredite discapacidad de tipo motora; una nota al ministro de Familia y Desarrollo Humano adjuntando el plano de la propiedad para la constatación en terreno por parte del equipo de Trabajo Social o de Ayudas Técnicas de Dirección de Personas con Discapacidad; certificación negativa de ANSES de todo el grupo familiar conviviente; constancia de CUIL de todo el grupo familiar conviviente, además de fotos actualizadas del baño de la vivienda. Deberán firmar una declaración jurada de residencia en el lugar y pasar por una evaluación socioeconómica del grupo familiar ya que los ingresos no deben superar el valor de 4 salarios mínimos. Mientras que las Organizaciones No Gubernamentales o entidades que requieran el equipamiento para sus dependencias deben presentar documentación vigente de Personería Jurídica, copia de los estatutos, fotocopias de los DNI de los integrantes de la Comisión Directiva (tanto presidente como el resto de las autoridades), constancia de CUIT y una nota dirigida al ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, solicitando la incorporación al programa que incluya un plano de la propiedad (que pueda constatarse en terreno por parte del equipo de Trabajo Social o de Ayudas Técnicas de la Dirección de Personas con Discapacidad) y fotos actuales del baño de la institución. Para Transporte Inclusivo: fotocopia de DNI del solicitante y en el caso de un menor, del grupo familiar; Certificación Negativa de ANSES; constancia de CUIT/CUIL (en el caso de menores de todos los integrantes del grupo familiar); Certificado Único de Discapacidad vigente en el que se acredite la discapacidad relacionada al área motora (la misma debe constar en el diagnóstico del C.U.D.); certificado de Aptitud Médica para el uso de manociclo o tricicleta, que respalde la necesidad y la posibilidad del uso del dispositivo; constancia o certificación de asistencia a establecimiento educativo, laboral, de rehabilitación o recreativo; una nota dirigida al ministro de Familia y Desarrollo Humano firmada por el solicitante o los padres o tutores legales, en el caso de un menor, detallando el motivo por el que solicita la movilidad. Deberán someterse a una evaluación socioeconómica ya que los ingresos del grupo familiar del solicitante, no deberán superar el valor de cuatro salarios mínimos vitales y móviles. Los interesados pueden consultar mayores detalles en la oficina del Departamento Social de la Dirección de Personas con Discapacidad ubicada en el Anexo Ministerial ubicado en calle Hipólito Yrigoyen 2950 (este), Santa Lucía.
Industriales de Buenos Aires exploran ampliar inversiones en San Juan
Se trata de empresas de los rubros metalmecánico, construcción y desarrollo de parques industriales. Ya se instalaron en el Parque Industrial de Albardón y analizan otros terrenos en la provincia. Tras el primer acercamiento en la Expo Parques Industriales del año pasado, un grupo de empresarios industriales del clúster de Berazategui (provincia de Buenos Aires) mantuvo una nueva reunión para avanzar en sus proyectos de inversión en San Juan. Este encuentro de carácter informativo se llevó a cabo con la participación del secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín y el director de la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones (ASJDI), Martín Palisa. Martín comentó sobre el encuentro que “los inversores se encuentran evaluando otras zonas estratégicas de la provincia, con especial interés en departamentos cercanos, con la mira puesta en el crecimiento que proyecta San Juan de cara al futuro. Es un crecimiento más del que estamos viendo en San Juan en estos momentos, donde muchos industriales se están acercando y buscando cómo invertir, pensando en el San Juan del futuro, sobre todo en servicios ligados a la minería».
Orrego participó del encuentro de cierre de la Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores
El gobernador de San Juan asistió al evento organizado por AmCham en las oficinas de Microsoft, donde se reconoció a empresarios destacados y se destacó el potencial de inversión en el país. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó en la ciudad de New York del evento de cierre de la Argentina Week 2026, un encuentro que reunió a empresarios, inversores internacionales y funcionarios argentinos con el objetivo de posicionar al país como destino de inversiones. La actividad se desarrolló en las oficinas de Microsoft en Times Square y fue organizada por AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país. El encuentro reunió a más de 270 asistentes entre representantes del sector privado y autoridades nacionales y provinciales. Durante la jornada participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, junto a gobernadores de distintas provincias. El evento funcionó como cierre de las actividades de la Argentina Week, iniciativa que busca fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos y promover oportunidades de inversión en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria, tecnología e infraestructura. En ese marco, AmCham entregó el Premio AmCham al Empresario del Año 2025. El reconocimiento al Empresario Argentino del Año fue otorgado a Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista Energy, mientras que el premio al Empresario Estadounidense del Año fue para Mark Nelson, vicepresidente de Chevron Corporation. Durante la recepción también se otorgaron menciones especiales a compañías destacadas por su compromiso con la inversión productiva y el crecimiento económico argentino en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Entre las empresas reconocidas se encuentran Andes Corporación Minera, Galan SDE, Generación Eléctrica Argentina Renovable, Minas Argentinas, Rincón Mining, SIDERSA, Southern Energy, Terminal Timbúes, VMOS e YPF Luz. La agenda continuará con nuevas actividades institucionales, entre ellas una presentación en el consulado argentino en Nueva York, donde gobernadores argentinos expondrán ante empresarios y financistas estadounidenses las oportunidades de inversión y los proyectos estratégicos de cada provincia, con el objetivo de atraer capitales y fortalecer el desarrollo productivo del país.
Comenzó auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad
La Cámara de Diputados de San Juan inició este jueves 12 de marzo la auditoría de primer seguimiento de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015. El proceso es llevado adelante por el organismo certificador TÜV Rheinland. La auditora Anabel Barú fue recibida en la sala de reuniones del segundo piso del edificio Anexo de la Legislatura. Del encuentro participaron el secretario Legislativo, Gustavo Velert, y el secretario Administrativo, Jorge Fernández. También estuvieron presentes la responsable de Calidad, María Eugenia Orozco; la directora de Procedimientos y Servicios Generales, Daniela Sánchez; la jefa de Personal, Silvina Lazzaro; la directora de Despacho Administrativo, María Alejandra Calvo; la asesora de Presidencia, Karen Patinella, junto a otros jefes de distintas áreas del edificio Legislativo. Tras los saludos protocolares y las presentaciones formales, se dio inicio al proceso de auditoría en las diferentes áreas de la institución. La evaluación se desarrollará hasta el viernes 13 de marzo. En la ocasión, Anabel Barú agradeció la bienvenida y explicó que el objetivo de esta instancia es verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad continúe implementado, mantenido y mejorado de manera eficaz, garantizando su conformidad con los requisitos de la norma, con las disposiciones propias de la organización y con los compromisos establecidos en su política y objetivos de calidad. Asimismo, destacó que la finalidad central de la norma es promover la mejora continua, fortaleciendo la transparencia, la organización y la eficiencia institucional, en beneficio tanto de la institución como de la ciudadanía. Durante la reunión también se recordó que la Cámara de Diputados de San Juan fue distinguida con el Máximo Premio Provincial a la Calidad, reconocimiento que posicionó al organismo como referente para otras instituciones que posteriormente solicitaron asesoramiento y capacitación en materia de gestión de calidad. Los procesos alcanzados por el actual Certificado son: Edificio Histórico Coordinación y seguimiento del trámite legislativo desde su inicio hasta su difusión y archivo, incluyendo los trámites realizados en: Secretaría Legislativa, Mesa de entradas y salidas, Dirección de Asuntos Legislativos, Despacho Legislativo, Taquigrafía y Digesto Jurídico. Servicios de apoyo a la labor parlamentaria incluyendo las tareas realizadas en Audio y Fonoteca, Informática, Prensa, Comunicaciones, Técnica & Mantenimiento, Higiene & Seguridad, Personal y Servicios Generales. Prestación de servicios bibliotecarios y de información al usuario, incluyendo las tareas de atención al público y actividades de extensión cultural, protección y difusión del patrimonio bibliográfico histórico y documental, procesamiento, digitalización, restauración y reencuadernación, gestión de referencia y préstamo de los recursos bibliográficos en Biblioteca Sarmiento Legislador. Visitas Guiadas. Áreas involucradas: Información Parlamentaria. Edificio Anexo Seguimiento y tramitación del expediente administrativo desde su inicio hasta su rendición ante el órgano de contralor pertinente, incluyendo los trámites realizados en Secretaría Administrativa, Mesa de entradas y salidas, Asesoría Letrada, Contabilidad y Finanzas, Compras, Tesorería, Patrimonio, Comisión de Recepción, Suministros, Liquidación de Sueldos, Despacho Administrativo y Personal. Servicios de apoyo a la labor administrativa incluyendo las tareas realizadas en Técnica & Mantenimiento, Higiene & Seguridad, Informática, Notificaciones, Personal, Prensa y Comunicaciones. Edición, impresión, publicación, distribución y venta de libros. Creación, promoción, difusión y evaluación de concursos literarios. Impresión y terminación gráfica. Incluyendo los trámites realizados en: Fondo Editorial, Diseño Gráfico e Imprenta. Servicio de gestión de programas de capacitación y otras acciones pedagógicas destinadas al desarrollo de las capacidades profesionales, el fortalecimiento institucional, la garantía de derechos y la promoción del bienestar, para agentes legislativos y público en general a través del Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP). Elaboración de Normas Administrativas: Despacho Administrativo
«TARDE PIASTE»: la Justicia rechazó el amparo presentado por la CGT contra la Reforma Laboral
La central obrera había planteado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 que algunos puntos de la ley ya aprobada son inconstitucionales. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 rechazó este miércoles el recurso de amparo que había presentado la Confederación General del Trabajo (CGT) por considerar que son inconstitucionales ciertos puntos de la Reforma Laboral que fue aprobada el mes pasado en el Congreso. La central obrera había solicitado una medida cautelar innovativa para declarar la nulidad e invalidez constitucional de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802 (publicada el 6 de marzo en el Boletín Oficial). Estos puntos específicos legislan sobre el convenio de transferencia de la función judicial en materia laboral desde el ámbito nacional hacia la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Qué dice el fallo contra la CGT El magistrado a cargo de la causa argumentó su negativa de frenar la ley basándose en cuatro fundamentos técnicos: Cómo sigue el proceso judicial para frenar la Reforma Laboral A pesar de este freno inicial a la estrategia sindical, la causa judicial no está cerrada y el proceso continuará su curso habitual para resolver la cuestión de fondo sobre la reforma laboral. En la misma resolución donde rechazó la cautelar, el juzgado ordenó correr traslado para que el Estado Nacional, en un plazo máximo de cinco días, presente su informe oficial (previsto en la Ley de Amparo) y ofrezca las pruebas correspondientes para defender la constitucionalidad de la ley. Fuente: https://www.minutouno.com/
Expertos internacionales dicen ante CIDH que se cometen crímenes de lesa humanidad en régimen de excepción de El Salvador
Un grupo de expertos conformado por cinco juristas de reconocimiento internacional entrega este martes un informe en una audiencia con la CIDH. El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) entrega este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que asegura que hay “base razonable para creer” que en El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad. El informe, presentado en el 195 período de sesiones de la CIDH, celebrado en Guatemala, sostiene que durante el régimen de excepción se han reportado 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y 403 muertes en cárceles. “A la luz de lo documentado y del derecho penal internacional, existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en El Salvador, incluyendo asesinato, encarcelamiento o privación grave de la libertad en contravención de normas fundamentales, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos”, indicó la conclusión XVI del informe. Según los juristas, hay “responsabilidad internacional” no solo del Estado, sino “de las personas físicas de manera individual, de acuerdo con los principios del derecho penal internacional”. “El régimen legal vigente en El Salvador conforma un entramado legal que permite la violación sistemática de derechos fundamentales inderogables, configurando una base razonable para demostrar la perpetración de crímenes de lesa humanidad”.Claudia Martín, una de las expertas que elaboraron el informe. En la audiencia, Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust, aseguró que reconocen que los Estados tienen obligación de proteger a la población y garantizar la seguridad pública, sin embargo, advirtió que toda política pública debe respetar los derechos internacionales. «Seguridad, sí, pero no a costa de crímenes de lesa humanidad», afirmó durante la audiencia transmitida por la CIDH. Detallan que los crímenes de lesa humanidad son “actos graves cometidos de manera generalizada o sistemática contra una población civil”, no necesariamente cometidos en un conflicto armado, y que responden a una política de Estado o de una organización. El estándar “base razonable para creer”, según el informe, es el empleado por la Corte Penal Internacional (CPI) para “determinar si ejerce sus facultades de oficio para iniciar una investigación de los hechos”. Según el informe, el GIPES analizó actos que incluyen encarcelamiento, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violación y violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos. “Se documentó tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes: golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica, falta de acceso a alimentos, agua, salud y ventilación”, indica el informe. Sostienen que los actos fueron “generalizados” y “sistemáticos”. “El estado de excepción no fue una desviación temporal, sino la base estructural sobre la cual se pudieron normalizar graves violaciones de derechos humanos bajo la apariencia de legalidad”, indica el informe. También señaló que el cierre “progresivo y deliberado del espacio cívico, los actos de estigmatización, la vigilancia ilegal, la persecución judicial, las detenciones arbitrarias, la tortura y la adopción de legislación restrictiva contra periodistas, opositores políticos e integrantes de medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil” constituyen “persecución” por “razones políticas”. El grupo instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a “crear una misión internacional de determinación de hechos sobre violaciones de derechos humanos para asegurar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas”, y recomendó al Estado de El Salvador establecer una comisión independiente de revisión de casos con apoyo internacional, así como poner fin al régimen de excepción y a las reformas penales relacionadas con el régimen. Consideró que violan el derecho internacional. El GIPES está conformado por cinco juristas reconocidos internacionalmente: Susana SáCouto, Claudia Martín, Gino Costa, José Guevara y Santiago Cantón. El informe fue respaldado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), InterJust, el proyecto de investigación Impactum y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto, de la Universidad de Ghent, Bélgica. El informe se basa en información oficial, nacional e internacional, y en reuniones con víctimas, sociedad civil, academia, abogados y periodistas. Los fondos se destinarán a la unidad presupuestaria y línea de trabajo 08 Apoyo a otras instituciones, 01 Programas educativos a través de socios estratégicos, para la “Asociación para la Promoción Humana”. Según la correspondencia enviada por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, los fondos servirán para “la ejecución del proyecto de becas cofinanciadas destinado a la formación integral de 376 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en comunidades de escasos recursos y que finalizan sexto grado en escuelas públicas en el departamento de La Libertad, para permitir la reinserción de estos en el mercado laboral y dar continuidad a sus estudios superiores”. El Gobierno ha negado violaciones a derechos humanos denunciadas por organizaciones, como torturas, capturas arbitrarias y muertes de detenidos bajo custodia estatal. Por ejemplo, en noviembre de 2022, ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, aseguró que la tortura no existe como política penitenciaria. En ese entonces, Carlos Javier Hernández, subdirector de asuntos jurídicos de la Dirección de Centros Penales, dijo que no se reporta “ningún hecho o acto de violencia o amotinamiento” en los centros penitenciarios y enumeró programas penitenciarios. En ese entonces, la encargada de la Fiscalía General de la República dijo que había 11 investigaciones por tortura desde 2019, cinco activas y 15 judicializadas, en cuatro de las cuales ya hay condenas. Fuente: https://diario.elmundo.sv/
Los senadores cobrarán más de 11 millones luego del acuerdo de aumento salarial en el Congreso
Es por el aumento de los trabajadores que acordaron en paritarias un aumento que acumula en el quinto mes del año un 12,5% de suba. La dieta de los senadores está atada a la mejora salarial de los empleados legislativos. Luego del acuerdo salarial con los trabajadores del Congreso, entre las autoridades parlamentarias y los gremios del sector, las dietas de los Senadores nacionales superarán desde mayo los $11 millones brutos mensuales. En el marco de una reunión paritaria que se realizó en las últimas horas se pactó una actualización progresiva del valor del módulo. El acuerdo salarial fue firmado por el Secretario Administrativo, Alejandro Fitzgerald y el Secretario Parlamentario, Agustín Giustinian. Según pudo saber Tiempo, el esquema de mejora salarial arranca con un aumento del 2% a partir de diciembre de 2025 con corte en febrero de este año del 2,2%, acumulando una suba del 6,85%. Ese porcentaje impactará directamente en los bolsillos de los senadores por el sistema de “enganche” aprobado en 2024, que volvió a atar los ingresos senatoriales a las negociaciones paritarias del personal del Congreso. En tanto, en marzo se agrega un 2%, abril un 1,7% y mayo cerrará con un 1,5%. La suma de todos estos porcentajes conforma el 12,5% de suba total acordada. Traducidos en salario, las dietas de los senadores también se ajustarán mes a mes, con ingresos brutos estimados de $10.684.381,65 en enero y $11.497.077,40 en mayo. Desde el escandaloso aumento de junio del año pasado (cuando tras otro acuerdo paritario, su salario pasó a $9,5 millones en bruto) los senadores tienen la posibilidad de renunciar a los incrementos tras una disposición firmada por la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel. Se trata del decreto 344/25 del senado que en el artículo 3 establece: “Invítase a los senadores de la Nación a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente, sus respectivas dietas, informándolo por nota a la Presidencia, en mérito a las facultades que les son propias”. De esta manera, la renuncia la debe presentar a través de una nota formal cada legislador de manera individual. En caso de no realizar ese trámite, el aumento se aplicará automáticamente junto con la actualización del valor del módulo. Según la normativa vigente, a través de la resolución 8/24 que fue aprobada en una votación a mano alzada hace dos años la dieta de los senadores se fija en 2.500 módulos. A ese monto base se agregan dos ítems adicionales. Primero, los gastos de representación, que equivalen a 1.000 módulos. Segundo, el concepto de desarraigo que corresponde a 500 módulos, y está destinado a cubrir los gastos de estadía en la Ciudad de Buenos Aires de los senadores que representan a provincias que no son el distrito porteño. Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/
