El exministro de Salud Ginés González García murió a los 79 años. Falleció en el Centro Quirúrgico Callao, donde estaba internado. De larga trayectoria en la función pública, González García había nacido ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos el 31 de agosto de 1945. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y se desempeñó como cirujano. Remedios accesibles, genéricos, aborto legal: Ginés González García y el legado del sanitarista Chocó con la Iglesia por repartir preservativos y con los grandes laboratorios por ir contra las marcas comerciales de las drogas. Defendió la interrupción voluntaria del embarazo mucho antes de que entrara en la agenda oficial. Tres veces ministro de Salud, fue reconocido entre los principales sanitaristas del país y tuvo una carrera con final sombrío. Corría el año 2005 cuando el monseñor Antonio Baseotto planteó que al entonces ministro de Salud, Ginés González García, había que “tirarlo al mar” por repartir preservativos y por defender la despenalización del aborto. Impulsor de los derechos reproductivos y la Educación Sexual Integral (ESI), no sólo había cosechado enemistades en la Iglesia. También entre los grandes laboratorios, a partir de haber impulsado el Plan Remediar y la Ley de Medicamentos Genéricos durante el convulsionado año 2002. Por las huellas que dejó, Ginés González García –quien murió de cáncer este viernes a los 79 años- es señalado como uno de los grandes sanitaristas de la Argentina. En la senda de Ramón Carrillo. Nacido en 1945 en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, se graduó como cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba y se especializó en políticas sanitarias, de medicamentos y administración en salud en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), la Academia Nacional de Medicina y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Este año, en una de sus últimas entrevistas, se refirió a la gestión de Javier Milei en materia sanitaria: «Ha habido una estampida de los precios y se demuestra una vez más que, en salud, un mercado sin Estado es un mercado negro». Acceso a remedios Se vinculó con la política a través del peronismo y los sindicatos. A fines de la década de 1980 era asesor de la comisión de salud del bloque del Partido Justicialista en Diputados cuando fue convocado por el entonces gobernador bonaerense Antonio Cafiero para ser ministro provincial. Desde allí abrió los Consejos Municipales de Salud e impulsó una Ley de Medicamentos que regulaba la distribución y el acceso gratuito para los sectores más necesitados. En enero de 2002 fue nombrado ministro de Salud de la Nación por el gobierno de Eduardo Duhalde. En una Argentina golpeada por la crisis de 2001, su gestión apuntó a organizar el sistema sanitario para llegar a la población más vulnerable. Con el Plan Remediar permitió el acceso a remedios gratuitos a más de 15 millones de personas. Y lanzó la Ley de Medicamentos Genéricos, resistida por los grandes laboratorios, que obligaba a médicos y farmacéuticos a informar y recetar en base a medicamentos genéricos para acceder a drogas más baratas que las de las principales marcas comerciales. Tras esos pasos, el sanitarista fue ratificado como ministro de Salud por Néstor Kirchner en 2003. Según datos oficiales, durante su gestión en Salud la mortalidad infantil se redujo de 16,5 a 13,3 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos. Además, se impulsaron campañas para reducir el tabaquismo y prevenir infecciones de transmisión sexual y el embarazo no planificado a través de la entrega gratuita de preservativos. Aquello que tanto enojó a Baseotto. Formación sanitarista En paralelo con su desempeño en la función pública, Ginéz González García desarrolló una carrera como formador de profesionales de la salud. En 1991 inauguró la fundación Isalud, que luego se convertiría en universidad. Por allí pasaron cientos de médicos de todo el país. Muchos años después, en 2019, González García fue reconocido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires por “su incansable labor en el ámbito de la salud pública, así como también su mérito como profesor y docente, sus numerosas distinciones y premios, tanto nacionales como internacionales, y sus participaciones en congresos y seminarios, en vistas de fomentar y promover un sistema de salud cada vez más integral e inclusivo”. En esa misma época se anunciaba su vuelta al Ministerio de Salud de la Nación, tras ser convocado por el presidente Alberto Fernández. Sin saber que le tocaría lidiar con una pandemia de alcances inéditos. El impacto de la pandemia “Argentina tuvo una diferencia de mortalidad baja, porque tuvo respiradores para todo el mundo y no se vio lo que pasó en Nueva York, Italia o España con gente que no tenía atención. Tuvimos vacunas de todas las procedencias y no hubo país que tuviera tanta variedad”, dijo González García este año al repasar su gestión durante la pandemia. Destacó que el país “perdió en esperanza de vida 0.8 años, pero Estados Unidos perdió dos años, Brasil pedió 3, y chile 1.4” y citó artículos de The Lancet que reconocieron la experiencia argentina. Pero ese fue también el contexto del ocaso de su carrera, acusado de haber dado trato preferencial a personas de su entorno para el acceso a las vacunas contra el Covid-19. Un día antes de su muerte, de hecho, la Cámara Federal había confirmado su procesamiento en la causa que investiga el tema. En mayo último, durante una entrevista con Radio 10, González García había dicho: “¿Sabés de qué estoy acusado? De nueve vacunas que estaban totalmente autorizadas y que les correspondían porque eran mayores de 60 años. Algunos de ellos tenían causas -comorbilidades- o eran personal estratégico como diputados o senadores que viajaban con el presidente. Y todos, además, fueron vacunados cuando ya había en esa categoría más de 35 mil vacunados. O sea que si me hacen juicio, tendría que haber 35 mil juicios. Es insólito”. En esa misma entrevista, cuestionó: “En vez de darme la oportunidad de explicar lo del vacunatorio, el gobierno (de Alberto Fernández) pidió mi renuncia”. Entre los múltiples mensajes de despedida y reconocimiento que se le dedicaron en las redes cuando se conoció la noticia de su muerte, muchos hicieron referencia a

El consumo masivo se derrumbó más de un 20% en septiembre a nivel nacional, de acuerdo a un informe de la consultora Scentia. Uno de los datos más preocupantes que arrojó el documento es que el rubro alimentación fue uno de los sectores más golpeados y donde las ventas más se resintieron. El informe conjuga el relevamiento sobre grandes supermercados y autoservicios independientes. La medición interanual entre ambos segmentos marcó un desplome del 22,3% a nivel nacional, del 14,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y del 27,3% en el resto de las provincias. En lo que va del año, la caída del consumo total a nivel nacional acumula una reducción del 11,9%. Por categoría, el rubro alimentación se derrumbó 19,6%, bebidas con alcohol un 25,1%, bebidas sin alcohol 26,7%, desayuno y merienda 21%, higiene y cosmética 24,1%, limpieza de ropa y hogar un 16% y los perecederos 16,8%. La consultora tomó como referencia a 7.000 puntos de venta en todo el país. A nivel interanual, el relevamiento a nivel nacional en supermercados mostró un desplome del 21,2%, del 19,4%  en el AMBA y del 22,9% en el Interior. Una fuente del sector supermercadista le dijo a este medio que la caída respecto a agosto fue de aproximadamente del 7%.  Para los autoservicios independientes, la caída interanual fue del 23,5% en el total, del 4,5% en el AMBA y del 30,8% en el Interior. Cae hasta la venta de alimentos Cuando los economistas hablan de “elasticidad” se refieren a un concepto en principio numérico, pero que tiene repercusión real en las compras que realizamos los agentes económicos ante cambios en variables como precios e ingresos. Existen productos donde pequeños cambios en los precios originan grandes cambios en el consumo. A ellos se les denomina “bienes elásticos”. Por otra parte, hay bienes en los que grandes cambios en precios no cambian significativamente la demanda. Éstos se denominan “bienes inelásticos”, por su condición de esencial para el desarrollo de la vida cotidiana. Para muchos la respuesta sería que al ser bienes de primera necesidad, los cambios en el precio de alimentos no van a implicar cambios significativos en el consumo. Sin embargo, la híper recesión promovida por el gobierno de Javier Milei hace colisión con esta regla. Las personas están dejando de comprar comida. Según el relevamiento mensual del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (Isepci) en comercios de cercanía de veinte distritos del conurbano bonaerense, la variación de los precios tuvo una baja del 3,2% en septiembre respecto al mes anterior. Los precios de las frutas y verduras en septiembre bajaron 6,06% ; los productos de almacén -3,23% y las carnes -1,25%. Desde septiembre de 2023, los precios en el almacén subieron 186,95%, las frutas y verduras 200,31%, y las carnes 149,53%.  La deflación celebrada por Milei proviene de la anomia de ingresos en sectores populares. El último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)  da cuenta del persistente desplome de las ventas en los medianos y pequeños comercios, que obviamente es consecuencia directa de la disminución sin pausas de la actividad económica. Respecto a julio la caída es del 1,6% y en la comparación interanual es de -10,5%. Pero quizás lo más significativo es la medición acumulada de los ocho meses de 2024 (ocho meses del gobierno actual) que muestra una disminución del 16,2%, que claramente es superior al promedio interanual. Al observar estos datos desagregados, el descenso de la compra de alimentos da por encima del promedio general. En lo que va del año se vendieron menos del 20,5% alimentos. Esto implica que las familias, sobre todo las que viven en los barrios populares, debieron reducir el consumo de alimentos de productos, mucho de los cuales son esenciales para una buena alimentación. Fuente: https://www.eldestapeweb.com

“El Frente Sindical ha resuelto la profundización del plan de lucha con un horizonte de disputa con el gobierno nacional, que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario”, afirmaron los gremios de la educación superior. Luego de las masivas marchas realizadas este miércoles en distintas regiones del país, las universidades realizan este jueves un paro de 24 horas contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. En medio de la toma de decenas de universidades y las clases públicas, el Frente Sindical de Universidades Nacionales llevará a cabo la medida de fuerza tras el aval de la Cámara de Diputados al veto del Gobierno al proyecto presentado por la UCR y Unión por la Patria. «El Frente Sindical ha resuelto la profundización del plan de lucha con un horizonte de disputa con el gobierno nacional, que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario«, considera el comunicado del gremio. Los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) habían anunciado que seguirán en plan de lucha y el martes votaron que las distintas tomas de entre 24 y 72 horas se iban a llevar a cabo en las facultades de Ciencias Exactas, Derecho, Medicina, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Ingeniería, Sociales, Psicología y Filosofía y Letras de la Casa de Estudios. El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales. Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación alas universidades nacionales, detallaron fuentes oficiales. La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y en respuesta a la solicitud que habían hecho legisladores del PRO y el MID ante el Gobierno nacional en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa de Gobierno. Hasta este martes, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorias. Ese cuerpo está encabezado por Juan Manuel Olmos, dirigente peronista y vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández. La conclusión del dictamen firmado por Barra establece: «A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.º 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales». Se justifica en que «el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521». Fuente: https://www.tiempoar.com.ar

Por Emilia Trabucco* Por tercera vez en la historia, Jujuy se convirtió en la sede del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que tuvo lugar los días 11, 12 y 13 de octubre. La ola feminista inundó con más de 80.000 mujeres y diversidades las calles de San Salvador de Jujuy, a pesar de la profunda crisis económica y social que atraviesa la Argentina. A pesar del incuestionable hecho político que supuso nuevamente su convocatoria, la prensa volvió a mostrar su voluntad de invisibilizarlo. El movimiento feminista y transfeminista logró así llevar adelante el capítulo 37 de un Encuentro que marca profundamente la historia de organización de miles de mujeres y diversidades, y especialmente, en un contexto marcado por el gobierno de ultraderecha de Javier Milei y sus aliados, que ha identificado al feminismo popular como uno de sus principales enemigos. Durante el evento, se llevaron a cabo más de cien talleres, donde se discutió la realidad que atraviesan las mujeres y diversidades como parte de la clase trabajadora en nuestro país y América Latina, y dónde además, el objetivo fue articular planes de acción conjunta, alrededor de las consignas comunes. Las discusiones estuvieron principalmente atravesadas por el hambre y la violencia que sufren millones de personas. La situación se ha agravado a un ritmo inédito en Argentina desde la puesta en marcha desde el 10 de diciembre de 2023 de un programa de ajuste y transferencia de ingresos desde los bolsillos de millones de trabajadorxs al empresariado local e internacional, un programa de saqueo de los recursos naturales estratégicos, de destrucción del Estado, del entramado productivo y de fuga de divisas. En este marco, las más afectadas son las mujeres y las diversidades, quienes mayoritariamente habitan las filas de la pobreza, la desocupación y el empleo precario, y que sostienen las ollas en los territorios abandonados por las políticas públicas. Los feminismos son conscientes de las graves consecuencias que atraviesan los pueblos del mundo ante el avance de las corrientes de ultraderecha fascista, expresión de un sistema capitalista y patriarcal en crisis, donde los poderes concentrados hacen pagar los costos de dicha crisis a las grandes mayorías. Las consignas también  incluyeron la lucha contra el fascismo, por la soberanía sobre los territorios y bienes comunes, y la solidaridad con el pueblo palestino, víctima del genocidio perpetrado por el gobierno israelí. La persecución y violencia política contra referentes del campo popular -la otra cara de la moneda de un modelo excluyente y explotador- también atravesó el Encuentro, ya que se recrudece aún más cuando de líderes mujeres y de la diversidad se trata. Se volvió a denunciar la violencia política contra Cristina Kirchner, se exigió una vez más  la libertad para Milagro Sala, referenta de la organización Tupac Amaru, y para todxs lxs presxs y perseguidxs políticxs. Milagro Sala fue la primera presa política del gobierno de Mauricio Macri al frente de la presidencia y de Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy.  La detuvieron luego de un acampe, acción contemplada como derecho constitucional, el 16 de enero de 2016: 3000 días, 8 años y 15 causas armadas en su contra. El caso de la dirigente social de la Tupac Amaru no es un caso aislado. La provincia de Jujuy, de la mano de Gerardo Morales y sus alianzas económicas, políticas y judiciales tanto a nivel provincial como nacional -e incluso internacional-, han generado un verdadero laboratorio de represión, hostigamiento y acallamiento de las voces de las organizaciones populares que se han opuesto a sus políticas de hambre y violencia, y que hoy se despliega en todo el país de la mano de La Libertad Avanza. El ejemplo más cercano fue la aprobación de la Reforma Constitucional jujeña, aprobada en 2023 bajo una intensa represión y encarcelamiento de líderes opositores a Morales, incluso llegando al punto en que la policía provincial ingresó a la Universidad Nacional a llevarse a docentes que participaron de las manifestaciones. No hay que perder de vista que la provincia de Jujuy constituye el territorio nacional con mayores reservas de litio -el llamado “oro blanco”- de la región, formando parte del “Triángulo del Litio» con Bolivia y Chile, que concentra más del 85% de las reservas mundiales del mineral. Ello configura a la provincia como un territorio a controlar por los sectores locales e internacionales que practican el extractivismo, sin dejar a cambio absolutamente ningún beneficio para la población. Cabe recordar el rol central que cumplió Jujuy en la consumación del golpe de estado contra el gobierno popular de Evo Morales en Bolivia en 2019, donde Elon Musk, el hombre más rico del mundo y hoy defensor de Milei, hizo públicas sus intenciones injerencistas ya en aquel momento. Por todo esto es que el Encuentro Plurinacional se llevó a cabo en esta provincia, donde las demandas subrayan la necesidad de una respuesta colectiva ante el creciente autoritarismo y la desprotección de los derechos sociales. El contexto social, político y económico en el que se desarrolló el Encuentro este año, es absolutamente desfavorable para los sectores más postergados de la sociedad argentina. Mientras el equipo económico de Javier Milei festeja las alzas de los bonos argentinos en las bolsas financieras,  la baja del riesgo país y se prepara para las elecciones del año próximo, hay millones de compatriotas que viven bajo la línea de la pobreza y la indigencia: estos números se ubicaron en el 52,9% y 18,1% respectivamente, creciendo en más de 11 y 6 puntos desde la asunción del gobierno libertario. El Encuentro también estuvo atravesado por la discusión sobre el desfinanciamiento universitario y educativo, ya que en la semana previa, el Congreso de la Nación aprobó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, una iniciativa que intentaba resolver la grave situación que atraviesan las Universidades Nacionales ante la política de ajuste. Previamente, el Congreso también había aprobado el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria, propuesta para amortiguar la destrucción del poder adquisitivo de